La Asamblea plantó una ley para frenar violaciones del gobierno durante la cuarentena

Sesenta y cinco diputados dieron una nueva prórroga de 15 días a la emergencia nacional que se declaró desde el 14 de marzo de 2020 por la pandemia. Con ello, Arena y FMLN renunciaron a un nuevo decreto de emergencia que habían elaborado y en el que legislaban prohibiciones para los reiterados abusos de policías y militares que han ocurrido durante la cuarentena domiciliaria. Pero a última hora, en el pleno, los diputados alcanzaron a aprobar esa normativa no como emergencia nacional, pero sí como una nueva ley especial de protección para las personas, una ley que obliga a respetar derechos humanos, y que, según adelantó el presidente Nayib Bukele, será vetada.

Foto FACTUM/Fernando Romero


La Asamblea Legislativa aprobó este jueves por la noche una extensión de 15 días más a la emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus. Con esta prórroga del decreto legislativo de emergencia, el gobierno de Nayib Bukele tiene sustento legal para que el Ministerio de Salud pueda tomar medidas especiales para contrarrestar los contagios. Puede el gobierno, por ejemplo, sostener la cuarentena domiciliaria obligatoria. 

Pero la Asamblea también aprobó una nueva Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas durante el Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia COVID-19. La razón de esta ley es emitir prohibiciones explícitas y normas de actuación para las autoridades encargadas de implementar la cuarentena domiciliaria, como el sistema de salud, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.

La nueva ley es una respuesta de la Asamblea Legislativa, por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra los abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos que cometieron policías y militares como detenciones arbitrarias por, supuestamente, irrespetar la cuarentena obligatoria. También ha habido denuncias públicas de acoso sexual a mujeres por parte de policías y soldados, violaciones a la integridad física de las personas, exhibición de detenidos ante medios de comunicación cuando no existe ninguna acusación formal de delito por parte de la Fiscalía General de la República y, no menos grave, agresiones y hasta disparos con armas de fuego contra civiles.

Los diputados apuraron el paso para elaborar esta normativa tras el anuncio del presidente Bukele de endurecer aún más las medidas, para lo que se advirtió de decomiso de vehículos y pago para recuperarlos y hasta la obligación para las personas de abrir las puertas de sus casas para que personeros del gobierno ingresen, en violación a la Constitución de la República.

Los decretos legislativos y ejecutivos que sostienen la emergencia nacional y la cuarentena, e incluso la restricción de derechos constitucionales que dejó de tener vigencia esta semana, llegaron a un punto de enredo en cuanto a la ejecución de medidas del órgano ejecutivo. Ello llevó a que la Sala de lo Constitucional emitiera resoluciones para detener los abusos policiales y militares desde que Bukele decretó la cuarentena domiciliaria el 21 de marzo pasado.  La sala fue activada por un recurso de hábeas corpus que presentaron ciudadanos detenidos de forma ilegal por la policía, bajo la suposición de que habían violado la cuarentena por no tener una justificación, a criterio de agentes y soldados, para estar en las calles.

Pero los abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos se cuentan ya por cientos en menos de un mes. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó este jueves de 471 denuncias de violaciones por parte de las autoridades. Entre el 21 de marzo que inició la cuarentena domiciliaria obligatoria y el 13 de abril, el procurador Apolonio Tobar ha recogido 149 denuncias por violaciones a la libertad y a la integridad personal, 107 casos relacionados con el derecho constitucional a la salud, 84 casos relacionados con el derecho de acceso a la información, 71 denuncias por violaciones al derecho al trabajo y 60 por violaciones a los derechos al agua, a la alimentación y a la no discriminación.

La tarde de este sábado 18 de abril, la Fiscalía General de la República difundió un comunicado de prensa en el que comunicó que «ha abierto varias investigaciones por avisos de supuestas violaciones a derechos fundamentales en personas recluidas en los llamados Centros de Contención y en el municipio de Puerto de la Libertad, que ha sido acordonado». El mensaje de la Fiscalía llegó un día después de que el presidente ordenó marcar un cerco sanitario en la zona del Puerto de La Libertad sin médicos, pero con militares. Bukele informó que todas las personas de este municipio debían permanecer en sus casas y todos los negocios debían cerrar, hasta nuevo aviso, sin excepciones.

Nueva prórroga

La nueva prórroga a la emergencia nacional se aprobó en una situación extraña en que diputados de Arena y el grupo parlamentario del FMLN se retractaron de emitir un nuevo decreto de emergencia que incluiría todas las prohibiciones para evitar más abusos del gobierno y para obligarlo, en su lugar, a equipar por completo a todo el personal de salud que atiende a pacientes positivos del virus.

De hecho, los diputados promovieron una prórroga de cuatro días de esa misma emergencia nacional para redactar la nueva normativa. Por ello, la emergencia decretada el 14 de marzo, con treinta días de vigencia, terminó el 12 de abril. Fue entonces que la Asamblea extendió cuatro días más el mismo decreto, para que venciera el 16 de abril a la medianoche. El plan era aprobar un nuevo decreto el jueves 16 con una vigencia de treinta días y con las garantías de respeto a los derechos humanos ya incluidas.

En la sesión plenaria del jueves, los representantes del gobierno de Bukele negociaron por la tarde su postura: mantener el decreto 593 de emergencia nacional vigente por un mes más. Pero no lo lograron: los grupos parlamentarios de Arena y el FMLN lograron un acuerdo en torno al nuevo decreto. Uno que no fue del agrado del presidente Bukele porque ata de manos a la policía y al ejército. El presidente, desde su cuenta de redes sociales, incluso se burló de las nuevas sanciones para quienes violentaran la cuarentena, como las amonestaciones verbales y las multas de hasta diez salarios mínimos.

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, advirtió el jueves por la noche, minutos antes de que se reanudara la plenaria, que ese decreto nuevo de emergencia iba a ser vetado y culpó por adelantado nuevamente a Arena y FMLN de las muertes que produzca el virus en El Salvador. El presidente legislativo, Mario Ponce, del PCN, ya había dado horas antes su postura: “El 80 por ciento ha sido propuesta de Arena y un 20 por ciento es propuesta del FMLN. Allí no estamos nosotros si no hay ciertos cambios que hemos querido hacer, que son tres o cuatro. Si no, nos vamos a mantener en aprobar la prórroga del 593”.

De hecho, Ponce y el gobierno no eran los únicos que buscaban extender la misma emergencia nacional vigente desde el 14 de marzo. El grupo parlamentario de GANA, afín al gobierno de Bukele, así como los pecenistas, el diputado del Cambio Democrático Juan José Martel y cuatro legisladores disidentes de Arena que ahora son seguidores de Bukele respaldaban la postura del gobierno. Pero no tenían los votos suficientes, 43, para aprobar la prórroga.

Castro abandonó la Asamblea. Con él habían llegado el secretario jurídico, Conan Castro; el ministro de Gobernación, Mario Durán; abogados asesores y personal de prensa de Casa Presidencial. Arena regresó a sus curules, pero no el FMLN. El presidente Ponce ya había reanudado la sesión, que había sido suspendida para darle tiempo a la comisión política de terminar de redactar el nuevo decreto de emergencia, pero el FMLN, cinco, diez, veinte, treinta minutos después, no aparecía en el Salón Azul. Se rumoró que habían cambiado de opinión. No había transcurrido ni una hora desde que la diputada jefa de la fracción efemelenista, Nidia Díaz, había asegurado ante la prensa que el nuevo decreto de emergencia era mucho mejor porque atendía “las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y las recomendaciones de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud”. Arena entonces también se retiró del pleno para reunirse en privado.

Fue entonces que sucedió el primero de dos giros sorpresivos de la sesión plenaria: el FMLN apareció. Los diputados se sentaron en sus curules. El diputado del PCN Antonio Almendáriz, jefe del grupo parlamentario del PCN, pidió la palabra para solicitar que se aprobara cualquier instrumento legal para darle continuidad a la emergencia nacional y fue así que recurrió a promover una prórroga al actual decreto 593. Pero no por 30 días, sino por 15.

Una jornada atípica se vivió la noche del jueves pasado en la Asamblea Legislativa salvadoreña. Foto FACTUM/Fernando Romero.

El diputado no partidario Leonardo Bonilla tomó la palabra para mocionar que la prórroga fuera mejor por 30 días. Y los diputados de Arena aparecieron para regresar a sus sillas. El diputado arenero Emilio Corea pidió a Ponce que le explicará “qué se estaba votando”, porque habían estado reunidos y no escucharon. El presidente legislativo le informó que estaban a punto de votar por la prórroga del decreto legislativo 593. Es decir, Ponce le dijo a Corea que lo que su partido había propuesto como nuevo decreto de emergencia ya no iba a ser votado.

Ponce pidió a los diputados que decidieran sobre la prórroga. Hubo 65 votos. Y así se aprobó la extensión de la actual emergencia nacional por 15 días más, hasta el próximo 1 de mayo. Votó todo el grupo parlamentario del FMLN. Votaron 20 diputados de Arena, incluido su jefe de bancada, Carlos Reyes, que horas antes había presentado su propuesta de nueva emergencia, con respeto a los derechos humanos de las personas, como la mejor.

Pocos diputados areneros se mantuvieron íntegros y no votaron. De hecho, algunos que no emitieron voto fueron los que ayudaron a elaborar el nuevo decreto como Rodrigo Ávila. Otros diputados areneros propietarios optaron por retirarse antes de toda esa escena y dejaron a sus suplentes. Corea, el que preguntó qué estaba pasando, también votó. 

“GANA, PCN, CD (que siempre apoyaron) y finalmente se sumó todo el FMLN y algunos pocos de Arena. Funcionó la presión. Ojalá no sea necesaria dentro de 15 días”, escribió Bukele escondido desde su Twitter.

El segundo giro sorpresivo fue que la plenaria, a punto de terminar con el sonido del gong golpeado por el presidente legislativo, sería forzada a continuar por, ahora sí, Arena y FMLN, que tenían nuevas propuestas cada uno. Ponce les advirtió que cerraría antes esa sesión plenaria, la número 98, para que el decreto de prórroga de la emergencia nacional pudiera llegar a Casa Presidencial y ser sancionada por el presidente y mantener al país con sustento legal para las medidas de prevención de Salud.

Los diputados de GANA reclamaron que ya no tenían nada más que hacer en el Salón Azul y que no tenían por qué ser obligados a quedarse y se retiraron del pleno. Para ellos, fue suficiente cumplirle a Bukele. Lo mismo para los cuatro disidentes areneros, que se marcharon con la misión cumplida. El diputado Ponce cerró la plenaria 98, hizo sonar el gong y de inmediato abrió la sesión plenaria 99.

Arena y FMLN propusieron, respectivamente, una ley de protección de derechos y unas disposiciones transitorias de respeto a los derechos humanos durante la emergencia por la pandemia. En síntesis, los dos grupos parlamentarios presentaron sus complementos que habían incluido en el nuevo proyecto de emergencia nacional que recién había fracasado: prohibiciones explícitas para las autoridades para evitar violaciones y reafirmación de derechos de los ciudadanos, además de sus deberes de acatar las cuarentenas dictadas desde el ejecutivo. 

Tras presentar sus propuestas por separado, areneros y efemelenistas pidieron que las dos mociones se fundieran en la nueva Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas durante el Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia COVID-19. Fueron 60 votos a favor, en los que se sumaron los del PDC, y con ello lograron legislar el mandato de la Sala de lo Constitucional de darle una guía de actuación al gobierno de Bukele en el respeto de los derechos constitucionales de las personas mientras ejecuta su cuarentena domiciliaria.

El presidente, sin embargo, puede vetar la nueva ley que lo obliga a respetar los derechos humanos. Y ya anunció que así lo hará.

La Asamblea Legislativa, a su vez, también puede superar ese veto con los mismos votos de Arena y FMLN. Y luego la Sala de lo Constitucional podría reafirmar su mandato hacia el presidente de no continuar violando los derechos de las personas, una situación que ya fue condenada por organizaciones de derechos humanos y hasta por oficinas de legisladores estadounidenses que no son ajenos a las prácticas de autoritarismo de Bukele. Mientras tanto, la cuarentena domiciliaria obligatoria  para prevención de contagios sigue vigente hasta el 28 de abril, con una emergencia nacional que durará, por el momento, hasta el 1 de mayo.

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