Policía perfiló como pandillero a empleado de granja penitenciaria ligado a Nuevas Ideas

Guillermo Enrique Benítez García, empleado de la granja de rehabilitación de Ilobasco, fue arrestado en abril de 2022 durante el régimen de excepción. Fue perfilado como miembro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios por la Policía Nacional Civil. Meses antes, el diputado de Nuevas Ideas, Francisco Villatoro, intentó contratar a Benítez García como su agente de seguridad y luego como su asistente técnico con un salario de $2,700 pese a sus antecedentes policiales y una detención por posesión y tenencia de drogas. Esta es la historia de un hombre que burló los controles de contratación del Estado y hasta fue presidente de la Federación Salvadoreña de Boxeo Amateur. 

Ilustración FACTUM/Mariana Matal


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Un sargento y tres agentes de la Policía Nacional Civil hacían un patrullaje en la lotificación El Rosario, en el cantón Los Naranjos del municipio de Juayúa, en Sonsonate, cuando recibieron una alerta. Era la tarde del 23 de abril de 2022 y la llamada anónima que tomaron les advertía de que en la casa del lote ocho y polígono “A” de esa zona estaba reunido un grupo de siete personas sospechosas y con “tatuajes en diferentes partes del cuerpo”. Uno de ellos era empleado de la Dirección de Centros Penales, una dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. 

Se cumplían 27 días desde la entrada en vigencia del régimen de excepción en El Salvador, la medida aprobada por la Asamblea Legislativa como respuesta a los 87 homicidios cometidos el 26 de marzo de ese mismo año. Los policías entraron a la propiedad y arrestaron a siete personas, seis hombres y una mujer. El acta policial, a la que esta revista tuvo acceso, consigna que los detenidos fueron identificados como miembros de la pandilla Barrio 18, facción Revolucionarios (18-R).

Entre los arrestados resalta el nombre de Guillermo Enrique Benítez García, actualmente de 32 años,  que en el momento de la detención estaba a cargo de una jefatura en un centro penal de menores. Pero esa no fue la única vinculación que Benítez García tuvo con el Estado salvadoreño. 

El presunto pandillero estuvo a punto de trabajar como seguridad de un diputado de Nuevas Ideas. El diputado Francisco Villatoro y su suplente, Roxana López, hicieron trámites para que Benítez García fuera su agente de seguridad en el inicio de la actual legislatura, en mayo de 2021, pero la Policía no permitió esa contratación. Cartas oficiales, consultadas por Factum, dan cuenta de esta conexión. 

Benítez García también fue presidente de la Federación Salvadoreña de Boxeo Amateur durante varios meses de 2021, un nombramiento avalado por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), a cargo del hermano del presidente de El Salvador, Yamil Bukele. 

“Se procede a la detención en flagrancia de (…) Guillermo Enrique Benítez García, empleado del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia como orientador de rehabilitación para jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil del Centro Penitenciario para menores de Ilobasco, Cabañas, (…) alias Guillermo”, detalla el acta de remisión enviado el 24 de abril de 2022 por el puesto policial Los Naranjos, desde el correo p.losnaranjos@pnc.gob.sv, a la subdelegación de Juayúa, en Sonsonate.

Las otras seis personas detenidas junto al funcionario público fueron fichadas por la  Policía como “homeboys”, nombre genérico con el que los pandilleros se refieren a los miembros de sus pandillas. 

La información del sistema penitenciario consigna que el empleado del Ministerio de Justicia fue trasladado al centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, después de que el juzgado especializado de Santa Ana le decretó prisión provisional el 1 de mayo de 2022. El registro policial del 19 de mayo de 2022 detalla que permanecía en el sector 5, celda 3-M/A, de esa penitenciaría.   

La hoja de vida de Benítez García, que se encuentra entre los documentos policiales a los que tuvo acceso esta revista, detalla que desde enero de 2020, hasta antes de ser arrestado en abril de 2022, trabajó como educador en la Granja de Rehabilitación para jóvenes en conflicto de Ilobasco, en Cabañas, una plaza que tiene como función principal vincular a los reos a la educación formal y coordinar sus necesidades con otras instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales y áreas del centro de rehabilitación.  También daba respuesta a las solicitudes que le hacían los juzgados respecto a la situación académica de los reos. 

Transparencia, integridad y respeto eran parte de los valores solicitados para ese trabajo, según el manual que describe los puestos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 

Y tuvo ese cargo a pesar de arrastrar un antecedente penal desde el 26 de julio de 2008, cuando fue arrestado por agentes de la delegación Flor Blanca, San Salvador, por posesión y tenencia de drogas. Información del sistema penitenciario consultada por Factum confirma que ese caso no se judicializó, por lo que el proceso no pasó a un juzgado y Benítez García fue puesto en libertad. 

Un excompañero de trabajo de Benítez García aseguró que el empleado de Centros Penales también desempeñó funciones en la granja penitenciaria de Zacatecoluca, en La Paz, un recinto que en la actualidad se ha convertido en un lugar de resguardo para los reos enfermos por las condiciones de hacinamiento por el régimen de excepción. 

En relación a ese cargo, la información en el currículum de Benítez García es confusa, pues únicamente describe que trabajó como orientador en el Ministerio de Justicia entre septiembre de 2016 y enero de 2020. 

Benítez García se graduó de licenciado en Educación Física y Deporte de la universidad cubana de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”, en la Habana, en julio de 2015. Su bachillerato lo cursó en el Liceo Nuestra Señora de Los Ángeles, de Apopa, y aprobó cursos como entrenador y árbitro de boxeo en El Salvador y Cuba.  

Esta revista buscó al director de Centros Penales, Osiris Luna, para preguntarle por qué contrataron y ascendieron a una persona perfilada como pandillero por la Policía Nacional Civil, y le confiaron tareas importantes con jóvenes vinculados a estas organizaciones. Al cierre de esta publicación no respondió. 

El comunicador David Cruz, quien tiene asignadas las instituciones de Seguridad, ni siquiera escuchó la petición de información  que hizo esta revista. “Fíjese que ahorita estoy ocupado y voy a una zona sin señal”, dijo y le colgó a una periodista.  

Por su parte, Alejo Carbajal, empleado de Comunicaciones de Centros Penales, no respondió  las llamadas ni el mensaje que se le dejó en su celular. 

El vínculo con Nuevas Ideas

En mayo de 2021, cuando los diputados oficialistas tomaron posesión de su cargo para el período 2021-2024, el nombre de Guillermo Enrique Benítez García fue plasmado en las listas de los candidatos a agentes de Protección de Personalidades Importantes (PPI). Los diputados oficialistas de Nuevas Ideas, Francisco Villatoro, quien buscará la reelección en 2024, y su suplente, Roxana López, querían que les brindara seguridad.  

El 21 de mayo de 2021, desde el correo electrónico evelinnavarrete688@hotmail.com, fue enviado un mensaje a la inspectora Yanira del Rosario Vanegas de Alvarado, jefa del departamento de apoyo técnico Administrativo de la División  de Protección a Personalidades (DPP), con la hoja de vida de Benítez García. El correo llegó a la bandeja con el asunto “supernumerario Roxana López suplente San Salvador” e iba reenviado de un correo vinculado a Nuevas Ideas: ftnuevasideas@gmail.com

La DPP es el departamento de la Policía que tiene a su cargo la contratación de los agentes de seguridad de los funcionarios, que son conocidos como PPI o supernumerarios. Los diputados propietarios tienen asignados cuatro agentes y los suplentes a dos, según las nóminas de los supernumerarios disponibles en los documentos oficiales. Cada diputado decide quiénes son sus agentes de seguridad, pues en la mayoría de casos son personas de su confianza.

En el desarrollo del proceso de evaluación, según la información policial, se asignó en las matrices del proceso de selección que Benítez García sería el PPI del diputado Francisco Villatoro, que integra la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y tiene un discurso confrontativo sobre el combate a las pandillas. Benítez García fue evaluado en la Policía el 24 de mayo de 2021, según el listado general de entrevistados para PPI.   

En la matriz de desempeño y en correos electrónicos intercambiados entre personal de la Asamblea y la Policía se detalla que Benítez García no presentó la licencia de portación de armas de fuego, que no estaba apto para manejar un arma, además de que no presentó una carta de desvinculación de parentesco con el diputado, pues ambos comparten el apellido García (el diputado se apellida García Villatoro). Los anteriores son dos requisitos indispensables para obtener la plaza a la que aspiraba, según las matrices policiales de los supernumerarios contratados en la Asamblea Legislativa entre 2021 y 2023. Pero también había otro aspecto, el más grave, el empleado de Centros Penales cargaba con un antecedente policial desde 2008, cuando fue capturado por posesión de drogas.  Por esa razón, la PNC decidió no contratarlo, según le explicó en una nota un jefe policial al diputado Villatoro.  

Correo electrónico enviado por integrantes de Nuevas Ideas a la inspectora Yanira Vanegas, de la División de Protección a Personalidades de la Policía, en el que compartían la hoja de vida de Guillermo Benítez García para que fuera supernumerario de la suplente Roxana López.

El 7 de junio de 2021, el comisionado Osmín Cortez Figueroa, jefe de la División de Protección a Personalidades, envió una nota al diputado Villatoro para informarle que la solicitud de contratación de Benítez García no procedía debido al antecedente delincuencial de posesión de drogas.

Una copia de esa correspondencia fue enviada al director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y a la División de Bienestar Policial y Talento Humano. Factum tuvo acceso a ese documento. 

Un documento consigna que cuatro meses después de que la Policía bloqueara la contratación de Benítez García como PPI, el diputado Villatoro solicitó al jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, que le aprobara la contratación del empleado de Centros Penales como su asistente técnico con un salario de $2,700. 

Factum validó la constancia enviada por Villatoro con empleados legislativos; sin embargo, esta revista no pudo corroborar si Benítez García fue contratado en la Asamblea, pues no ha estado registrado en el sistema de planillas de esa institución. 

Esta revista buscó al diputado Villatoro a través del departamento de Prensa Legislativa y en dos de sus números telefónicos asignados para preguntarle sobre su vínculo con Benítez García, perfilado por la policía como pandillero y con antecedentes penales, y sobre su insistencia en contratarlo en la Asamblea Legislativa, pero no fue posible contactarlo. 

La tarde del 28 de septiembre de 2023 se buscó al diputado Villatoro en la Asamblea Legislativa, pero el personal de seguridad no permitió el acceso aduciendo que solo se puede ingresar cuando el personal legislativo brinda la autorización. 

El 17 de agosto de 2023 fue expuesta en redes sociales la captura de un supuesto empleado de la Asamblea Legislativa identificado como Jorge Ernesto Meléndez Fuentes, “Chucha Seca”, por tener vínculos criminales. Las autoridades no detallaron en qué departamento trabajó ni a cual grupo criminal estuvo ligado. 

“Estamos limpiando la @AsambleaSV. Jorge Ernesto Meléndez Fuentes, “Chucha Seca”, ya está en prisión. No volverá a ver la luz del día. No vamos a tolerar a NINGÚN empleado con vínculos directos o indirectos con estructuras criminales. Esta investigación apenas comienza y ya ha dado frutos. Seguimos”, escribió el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en su cuenta de X. 

Fotografía difundida de Jorge Meléndez Fuentes, supuesto empleado legislativo vinculado a estructuras criminales. Fotografía cortesía.

La campaña mediática de ese arresto incluyó el otorgamiento de un período de gracia del presidente de la Asamblea Legislativa, entre el 17 y el 30 de agosto de 2023, para que todos los empleados de la institución presentaran su solvencia de antecedentes penales y policiales. Los trabajadores legislativos que no lo hicieran fueron amenazados con ser despedidos. A la fecha, la Asamblea no ha reportado el número de trabajadores que cumplió con esa solicitud. Se pidió el dato a la oficina de Comunicaciones Legislativa, pero hasta el cierre de esta publicación no fue revelado. 

Su paso por el boxeo amateur

Benítez García también se ha abierto campo en el ámbito deportivo. Cuando buscaba un trabajo como PPI fungía como presidente de la Federación Salvadoreña de Boxeo Amateur, un nombramiento que avaló  el comité  directivo encabezado por Yamil Bukele, presidente del INDES, el 20 de enero de 2021 y que estuvo vigente por ocho meses, según consta en las actas de esa institución. Benítez García se convirtió en dirigente deportivo gracias al voto por unanimidad de una asamblea celebrada el 15 de enero de 2021 en la que participaron 18 personas.

Compartía su tiempo laboral entre sus funciones como empleado del ministerio de  Seguridad y presidente de una federación deportiva.  Estuvo a cargo de la federación en la comisión normalizadora que finalizó el período 2017-2021 y que fue el puente para la transición de una nueva junta directiva electa a través de una Asamblea de socios, como lo dicta la Ley de los Deportes. 

Personas que estuvieron vinculadas al mundo del boxeo aseguran que les pareció sorpresivo el nombramiento de Benítez García, porque no es un hombre que haya estado enrolado en la disciplina durante mucho tiempo. Únicamente lo recuerdan en 2018 cuando llegaba a entrenar a la federación con un grupo de agentes de la PNC. 

Se buscó al presidente del INDES para consultarle por qué aceptó como presidente de la Federación de Boxeo a un funcionario perfilado como pandillero activo de la 18-R, pero no se obtuvo respuesta. Tres  personas colocadas como referencias personales y profesionales en la hoja de vida de Benítez García tampoco respondieron a las llamadas, o no quisieron decir una palabra sobre su faceta como boxeador, empleado de Centros Penales o presunto pandillero.

Dos personas que conocen a Benítez García dieron buenas referencias. Una exempleada de la Federación de Boxeo que trabajó en el período en que fue presidente lo describió como una persona responsable y se mostró sorprendida cuando se le dijo que estaba perfilado como pandillero activo. Un excompañero universitario dijo que trabajó por cambiar asuntos deportivos y también aseguró desconocer sus antecedentes penales. 

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