Las dos bodas y los $85 millones del amigo del presidente Bukele

Un video de una boda en Acapulco demuestra que Nayib y Yaniv son muy buenos amigos. Cuando fue alcalde capitalino, Nayib Bukele votó para otorgar un millonario contrato a ETS, la empresa de su amigo israelí Yaniv Zangilevitch. En 2016, cuando fue la primera licitación, la empresa y Bukele incluso compartieron el mismo apoderado legal: el abogado Cañas Alemán. Cuatro años después, y sin la oposición de un concejo que vio un potencial conflicto de interés en dos licitaciones fallidas, la alcaldía de Ernesto Muyshondt adjudicó un contrato de casi 85 millones de dólares a ETS, un matrimonio a 15 años para la instalación de videovigilancia. 

Ilustración FACTUM/Andrea Maida


Nayib y Yaniv son muy buenos amigos. Sus nombres parecen un juego de letras, casi un anagrama de no ser por la v. Nayib (Bukele) es el presidente de El Salvador y Yaniv (Zangilevitch) es el director de la empresa radicada en México EyeTech Solutions (ETS), que recién acaba de ganar una licitación millonaria para dotar a la Alcaldía de San Salvador de un sistema de cámaras de videovigilancia. ETS ganó el contrato con la alcaldía capitalina después de que fue rechazada dos veces por el concejo municipal que presidió el entonces alcalde Nayib Bukele entre 2015 y 2018. No fue por decisión del ahora presidente: Bukele, en el primer intento, quiso entregarle el contrato millonario al empresario Yaniv. En la alcaldía no se lo permitieron.

La curiosidad del parecido de sus nombres se lo recordó la primera dama, Gabriela de Bukele, al presidente durante el brindis en la boda de Yaniv el pasado 1 de febrero de 2020, en el lujoso Jardín de Eventos 7.17, en Acapulco, México. La amistad con el empresario israelí llevó al presidente salvadoreño a asistir a su boda. A la pareja presidencial la acompañó su hija Layla.

―Es el presidente más popular del mundo. Acaba de ganar ese título y a mí me agrada mucho que esté aquí con nosotros ―dijo Yaniv a sus invitados al presentar a su amigo Nayib y antes de pronunciar unas frases en hebreo y darle el micrófono al presidente salvadoreño.

―Bueno, muchas gracias. La verdad es que conocí a Yaniv hace cinco años y cuando… ¿eh? (la primera dama lo interrumpe para hacerle el comentario de sus nombres) Sí, y se llama igual que yo, pero al revés. Y entonces pensé que jamás se iba a casar, la verdad, pero parece que Mirelle (Muzquiz, ahora esposa de Zangilevitch) dijo “bueno, le voy a hacer el favor”, y aquí estamos en esta boda tan hermosa ―dijo el mandatario a los invitados.

El presidente entonces presumió de su buena amistad con el empresario israelí.

―Es más, a Yaniv… hemos estado en El Salvador, hemos estado en la frontera con Estados Unidos, en Baja California, hemos estado en Acapulco, hemos estado en la Ciudad de México, hemos estado en Israel, hemos estado en Guatemala, hemos estado en el Mar Muerto, hemos estado en Jerusalén, hemos estado en Tel Aviv. Así que solo lo conozco cinco años, pero creo que lo conozco bastante como para saber que está perdidamente enamorado de Mirelle ―dijo Bukele y le siguieron los aplausos de los amigos de su amigo.

Revista Factum tiene en su poder un fragmento de video en el que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se encuentra en la boda del empresario Zangilevitch en Acapulco, México, el sábado 1 de febrero de 2020.

El sitio de transparencia de la Presidencia no ha dado cuentas del viaje de Bukele a Acapulco, México, para asistir a la boda de Zangilevitch. Y el portal de transparencia de la Alcaldía de San Salvador solo tiene registrado un viaje a Israel en los últimos días de su administración municipal, en abril de 2018.

Zangilevitch recién ganó en enero pasado un contrato otorgado por la Alcaldía de San Salvador, por casi 85 millones de dólares, que venía peleando desde que su amigo Bukele era el alcalde de esa municipalidad. Un contrato que entonces no pudo ganar por la oposición de algunos concejales dentro de la alcaldía y de las otras empresas que competían.

ETS terminó siendo contratada por la alcaldía capitalina para la instalación de videovigilancia luego de tres años y seis meses de pelear por esa adjudicación. La historia de este proyecto de seguridad está marcada por la amistad entre Bukele y Zangilevitch: en 2016, una comisión evaluadora formada por miembros de la alcaldía -y ahora funcionarios del Ejecutivo como Jorge Kattán y Vladimir Hándal- recomendaron la contratación de la empresa UDP Eyetech El Salvador-ETS México, filial de ETS, pese a que la empresa fue fundada dos meses antes de la licitación. El alcalde Bukele votó a favor de la contratación de esa empresa, cuyo representante legal en el país había sido también apoderado legal de Bukele hasta un día antes de tomar aquella decisión.

Si la adjudicación se revirtió en febrero de 2017, y falló en agosto de ese mismo año, fue por la oposición de algunos concejales que hicieron ver el conflicto de intereses entre una empresa sin experiencia y cuyo representante legal había sido contratista de la alcaldía. Los otros ofertantes también hicieron sus reclamos. Fue una licitación que pasó por dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia, por la ruptura política de Bukele con su expartido, el FMLN, y que terminó con la bendición del nuevo alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.

Una empresa para el espionaje

El nombre del empresario Yaniv Zangilevitch es conocido en el mundo de la ciberseguridad en México, junto al de otros como Ariel Zeev Picker, director de SeguriTech, la empresa que invitó al director de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, a un viaje a México en octubre de 2019. La empresa EyeTech Solutions de Zangilevitch ha ganado contratos millonarios con estados mexicanos en donde no solo implementa herramientas para la seguridad pública como videovigilancia, también es conocida por vender aplicaciones para interferir llamadas telefónicas y mensajería y para identificar y localizar usuarios de teléfonos celulares.

En noviembre de 2016, el procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, compró de forma directa a ETS un “sistema de intercepción y localización de teléfonos (GI2) de la marca Verint”, según una investigación periodística publicada en Reporte Indigo, de México, para la que tuvo la colaboración de la organización R3D. El reportaje detalla que el GI2 es de origen israelí y se trata de una “unidad para apoyar operaciones encubiertas en campo”.

“El sistema crea una red virtual que emula antenas celulares públicas, transmitiendo en el área de su operación. Los teléfonos se conectan a esa antena sustituta y el software puede obtener el control activo de los equipos conectados”, explica el periódico. El costo del contrato fue de 25 millones 520 mil pesos mexicanos, es decir, alrededor de 1 millón 377 mil 400 dólares.

También en noviembre de 2016, el estado mexicano de Baja California, uno de los destinos que el presidente Bukele aseguró haber visitado junto a su amigo Zangilevitch, contrató de forma directa a ETS para comprarle “equipamiento de vigilancia, análisis de comunicaciones y forense celular” para la Procuraduría General de Justicia del estado. Ese contrato fue por 16 millones de pesos, alrededor de 863 mil 672 dólares, según la investigación periodística de Reporte Indigo.

México no tiene regulaciones específicas, aparte del derecho a la privacidad que consagra su Constitución, sobre intercepción de llamadas telefónicas o geolocalización. Las investigaciones periodísticas apuntan que no es ilegal que las autoridades compren sistemas para el rastreo y para la intervención de las telecomunicaciones. De hecho, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) adquirió en 2018 el sistema Geomatrix, un software creado por la israelí Rayzone Group, que permite rastrear geográficamente cientos de miles de teléfonos celulares con tecnologías 2G, 3G y 4G (LTE).

El principal señalamiento para estas tecnologías que adquieren las autoridades es que no hay controles judiciales para su uso. Reporte Indigo reveló que entre 2016 y 2017 solo el uno por ciento de todas las geolocalizaciones que se hicieron con Geomatrix tuvieron una autorización judicial previa y que en México, a diario, se hacen alrededor de tres mil intervenciones telefónicas exitosas.

Zangilevitch, de 38 años, es residente temporal en México con permiso de trabajo y con entradas y salidas múltiples. El 9 de marzo de 2011, ETS le otorgó un poder general amplio por tiempo indefinido, con el que en la práctica se convirtió en el administrador único de la empresa. Su perfil en Linkedin revela que Zangilevitch fue especialista en contraterrorismo de la oficina del primer ministro israelí, en los períodos de Ezer Weizman y Shimon Peres, entre 1997 y 2009. Antes de ello, fue oficial de operaciones especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel.

La Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones de El Salvador faculta exclusivamente a la Fiscalía General de la República, con su Centro de Intervenciones Telefónicas, para hacer este tipo de seguimiento y su uso solo puede autorizarse mediante una resolución judicial previa y con números telefónicos y tiempo limitados. En teoría, la Fiscalía salvadoreña es la única que puede hacer intervenciones telefónicas en el país, aunque es una incógnita si los servicios de inteligencia del gobierno hacen estos rastreos. La información del funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado, por ejemplo, está reservada bajo el argumento de la seguridad nacional.

ETS ganó la licitación con la Alcaldía de San Salvador el 17 de enero por 84 millones 881 mil 670.45 dólares y la decisión del concejo municipal se ratificó el 10 de febrero pasado, una semana después de la boda de Zangilevitch con Muzquiz en Acapulco, a la que asistió Bukele.

¿Qué debe proveer la empresa de Zangilevitch? En síntesis, más de mil cámaras de videovigilancia de alta resolución, con capacidad de lectura de números de matrículas de vehículos, en cien distintos puntos del municipio de San Salvador. ETS brindará mantenimiento y capacitación para el equipo, así como para un centro de monitoreo o control para supervisar el funcionamiento y la vigilancia a través de las cámaras. El contrato durará quince años.

Un capricho millonario

EyeTech Solutions estableció una sucursal en El Salvador en mayo de 2016. A principios de junio, el Centro Nacional de Registros (CNR) inscribió a la nueva empresa. Se llamó UDP Eyetech El Salvador-ETS México. Su representante ante el CNR fue Adolfo Rodrigo Cañas Alemán, un abogado que también, para esas fechas, trabajaba como representante del alcalde Nayib Bukele en asuntos concernientes a lo penal.

Revista Factum tiene en su poder actas notariales en que consta que Cañas Alemán fue delegado para hacer esas representaciones de Bukele desde el 31 de marzo de 2016, para el tema penal, y el 8 de agosto de 2016, para comparecer ante la Corte de Cuentas de la República. Otra acta notarial en poder de esta revista, fechada el 10 de enero de 2017, da cuenta de que a Cañas Alemán se le revocó su facultad para representar legalmente al alcalde de San Salvador. Un día después, el 11 de enero, la alcaldía le adjudicó a UDP Eyetech El Salvador-ETS México el proyecto de la videovigilancia.

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Actas de la alcaldía de San Salvador que demuestran que el abogado Cañas Alemán fue apoderado legal de Bukele al mismo tiempo que representaba a una empresa que pretendía ganar un millonario contrato con la alcaldía.

El 17 de agosto de 2016, la alcaldía de Bukele abrió la licitación LP-06-AMSS-2016, que se llamó “Adquisición y operación de sistema automatizado integral de monitoreo, videovigilancia, data center y C4 para el municipio de San Salvador”.

ETS, mediante su apéndice salvadoreño representado por Cañas Alemán, se metió a concursar, pese a que el mismo abogado era delegado del alcalde.

Factum consultó con Cañas Alemán sobre si no consideró que existió un conflicto de intereses al representar él a una empresa que quería un contrato con una alcaldía y que a la vez él mismo representaba al alcalde de esa comuna con la que buscaba el contrato. “De conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, no he incurrido jamás en las incapacidades que señala el artículo 25 de la mencionada ley ni en los impedimentos que establece el artículo 26 del mismo cuerpo legal, en consecuencia y en apego a las leyes, no ha existido conflicto de intereses de ninguna índole”, respondió el abogado.

Los artículos de la ley a los que se refirió Cañas Alemán tratan sobre la capacidad de contratar y de los impedidos para ofertar en licitaciones públicas. Según Cañas Alemán, su relación con la Alcaldía de San Salvador que gobernó Bukele fue como “contratista” y no como empleado de la institución, para lo que, en ese caso de trabajar bajo la planilla municipal sí hubiera tenido prohibido ofertar en nombre de UDP EyeTech El Salvador-ETS México.

El concejo municipal, tras aprobar las bases de licitación en agosto de 2016, nombró una comisión evaluadora para recomendar la mejor oferta y esa comisión la integraron Carlos Ernesto Palacios Castro, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones; Jaime David Batres Amaya, jefe del Departamento de Presupuesto; Hans Alexander Morales, asesor jurídico de la gerencia legal; Jorge Miguel Kattán Readi, director de administración; y Vladimir Roberto Hándal Monterrosa, gerente de tecnologías de la información.

Una fuente de la Alcaldía de San Salvador en el período de Bukele, que tuvo conocimiento de primera mano sobre esa licitación y que accedió a hablar con Revista Factum en condición de anonimato, asegura que al revisar a las empresas concursantes se topó con el nombre de Cañas Alemán, el representante de la empresa de Zangilevitch en El Salvador. El funcionario municipal reclamó a la comisión evaluadora al considerar que existía un conflicto de interés, pero esta no informó sobre este punto al concejo.

“Los servicios profesionales que presté hace más de seis años a la mencionada alcaldía fueron en calidad de contratista, que me fue adjudicada mediante los procesos que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por lo que nunca he ejercido como funcionario o empleado de dicha institución y de ningún otro municipio en el país”, recalcó Cañas Alemán.

El 11 de enero de 2017, el concejo conoció el informe de la comisión evaluadora, que resaltó que la empresa de Zangilevitch superó las puntuaciones mínimas requeridas para el proyecto de videovigilancia. Por ejemplo, destacó el ofrecimiento de cámaras de la marca Bosch y cámaras LPR, capaces de leer los números de las matrículas de los vehículos, de la marca Genetec, una oferta que a juicio de los comisionados era mejor que las de los otros ofertantes. La comisión recomendó al concejo contratar a la empresa del amigo de Bukele y así fue. Incluso, el mismo alcalde Bukele votó a favor del contrato. Fue una votación de ocho a favor de catorce miembros del concejo municipal.

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En la primera licitación, el alcalde Bukele votó a favor de contratar a la empresa de su amigo Zangilevitch.

Zangilevitch, desde México, entonces había ganado un contrato con la alcaldía de su amigo por 109 millones 40 mil 461.28 dólares que iba a durar veinte años.

Pero las otras empresas que concursaron con UDP EyeTech El Salvador-ETS México pidieron una revisión y alegaron que la empresa de Zangilevitch apenas tenía dos meses de haberse fundado en El Salvador cuando se abrió la licitación del proyecto, por lo que carecía de experiencia. Las empresas que se resintieron fueron Soluciones Tecnológicas Integradas de El Salvador, Internet Telecomunication Company de Guatemala, sucursal El Salvador, y NEC de Colombia.

La alcaldía de Bukele entonces le revocó el contrato a la empresa de Zangilevitch el 7 de febrero de 2017. Y el israelí, a través de Cañas Alemán en El Salvador, contraatacó. La empresa demandó al concejo municipal ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, porque se le revocó un contrato que ya había sido adjudicado.

El segundo intento que también fracasó

El 22 de marzo de 2017, la comuna volvió a abrir el concurso para el proyecto de videovigilancia. Y ETS, pese a haber demandado al concejo municipal, volvió a participar. La licitación tenía ahora un código y un nombre distintos a la primera: “DR-Cafta LA-02-AMSS-2017, Adquisición y operación de sistema automatizado integral de monitoreo, videovigilancia, data center y C4 para el municipio de San Salvador (segundo proceso)”. Y la filial de ETS también cambió su nombre a EyeTech Solutions Sucursal El Salvador.

Pero la comisión evaluadora de ofertas de la alcaldía no cambió: la volvieron a integrar los mismos funcionarios que la primera vez.

Para el segundo intento de adjudicación, además de ETS Sucursal El Salvador quisieron obtener el contrato de videovigilancia las empresas Soluciones Tecnológicas Integradas de El Salvador, C. Mer Industries y NEC de Colombia.

Fue en esta segunda ocasión en que se licitó el proyecto de la videovigilancia que empezaron a formarse las fisuras irreparables entre Bukele y su expartido FMLN.

El 2 de agosto de 2017, el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem), Rogelio Rivas, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, se presentó en el concejo para pedir la destitución de su cargo como miembro suplente en el Isdem de la síndica de la alcaldía, Xochitl Marchelli Canales. Esa sesión del concejo municipal fue determinante en la relación del alcalde con su antiguo partido político.

Rivas se quejó ante el concejo de que ya no podía trabajar con Canales porque la involucraba en un complot en contra de él dentro del Isdem, orquestado por el FMLN. Y también la relacionaba a un audio que le fue filtrado al periódico El Faro en junio de 2017. Rivas tuvo conocimiento de que Miguel Sáenz Varela, del Consejo Nacional del FMLN, habló de él en una conversación grabada en marzo de ese año. En el audio, Varela aseguraba que a Rivas lo tenían vigilado y que sabían que el presidente del Isdem se autopromocionaba porque, según el partido, Rivas tenía aspiraciones electorales. Varela recordó que el gobierno del FMLN tenía el control de los aparatos de inteligencia y que mantenían vigilancia sobre personas de su interés.

Canales no estuvo ese día en el concejo municipal cuando Rivas fue a pedir su destitución. Bukele le dio la razón a quien más tarde se convertiría en su ministro de Seguridad en el Órgano Ejecutivo y mocionó la petición del presidente del Isdem. La destitución de la síndica Canales, promovida por Rivas y Bukele, logró los votos en el concejo municipal. Esa situación fue la precursora del caso posterior que se conoció como el de “la manzana”, en que Canales acusó a Bukele de haberla maltratado verbalmente y de haberle arrojado una manzana después de haberla llamado “bruja” dentro del concejo municipal.

Tras abrir las grietas con el FMLN, en esa misma reunión del concejo municipal Bukele y los regidores de la alcaldía conocieron la resolución de la comisión evaluadora de ofertas para la videovigilancia y, nuevamente, el mismo grupo que había recomendado en enero pasado a UDP EyeTech El Salvador-ETS México lo hizo de nuevo con ETS Sucursal El Salvador, siempre bajo la representación del abogado Cañas Alemán.

Bukele, sin embargo, pidió declarar desierta otra vez la licitación. Esta vez, el alcalde usó un argumento en contra de la oferta de la empresa de su amigo: austeridad. Y es que para la segunda licitación, Zangilevitch había ofrecido el mismo proyecto para veinte años, pero por un monto de 119 millones 526 mil 301.13 dólares. Es decir, el amigo del alcalde subió su oferta en 10 millones 495 mil 839.dólares más que la primera vez.

El despacho legal Alemán Advisors, ubicado en el final de la 67 avenida sur y calle El Progreso, es la dirección legal de la empresa EyeTech El Salvador-ETS Mexico y EyeTech Solutions Sucursal El Salvador, la cual es manejada por el abogado Adolfo Rodrigo Cañas Alemán, quien fue apoderado legal de Bukele entre el 31 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El alcalde dijo que no era conveniente adjudicarle el proyecto a ETS Sucursal El Salvador por el incremento que sufrió la oferta y prometió no proceder a una contratación directa, ya que la ley faculta a las instituciones públicas a que luego de declarar desierta una licitación en dos ocasiones se puede buscar de forma directa a un contratista. Otros concejales como Edwin Zamora, de Arena, dijeron que era mejor que la siguiente administración municipal se encargara de licitar el proyecto de videovigilancia. El concejal Fabio Castillo, del FMLN y amigo de Bukele, dijo que confiaba en el “buen juicio, objetividad y sapiencia” del alcalde, “siempre y cuando no tenga simpatías ni antipatías personales”.

La fuente que trabajó en la alcaldía de Bukele aseguró a Factum que lo que ocurrió en realidad fue que los concejales del FMLN, más fieles al partido, ya habían retirado sus votos a favor de EyeTech Solutions Sucursal El Salvador, debido al aparente conflicto de intereses que detectaron.

Los concejales de Arena, por otra parte, mantenían sus dudas sobre ETS Sucursal El Salvador y no estaban de acuerdo con darle la adjudicación. Gerardo Calderón, exconcejal por Arena de ese período, dijo a esta revista que no tomaron a bien la recomendación de la comisión evaluadora para darle el proyecto a la empresa de Zangilevitch. “Nosotros, cuando hicimos nuestro trabajo de evaluar la recomendación, notamos eso del precio y esas diferencias. También vimos una inclinación de la comisión evaluadora hacia la empresa, por eso rechazamos”, dijo Calderón. El exconcejal comentó que en ese entonces no tenía conocimiento de la amistad entre Zangilevitch, director de ETS en México, y el alcalde Bukele. De haberlo sabido, dijo, hubiera sido otra causal para rechazar a la empresa.

ETS Sucursal El Salvador demandó al concejo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en noviembre de 2017. La razón esta vez fue que la alcaldía decidió declarar desierta la licitación para la videovigilancia, a pesar de la recomendación de la comisión evaluadora favorable para la empresa de Zangilevitch.

Fuentes del FMLN que han sido consultadas para esta investigación, que han pedido el anonimato, también admiten que no tenían conocimiento de la amistad entre Zangilevitch y Bukele en ese entonces.

Los miembros de esa comisión evaluadora que recomendó dos veces a la empresa del amigo de Bukele ahora trabajan en Casa Presidencial. Palacios Castro es el director de adquisiciones y contrataciones institucionales de la Secretaría Privada de la Presidencia; Batres Amaya es el jefe de presupuesto de la gerencia financiera institucional; Morales es miembro de la comisión del servicio civil de la Presidencia y ha representado a Casa Presidencial en audiencias del Instituto de Acceso a la Información Pública para mantener en reserva información concerniente al Organismo de Inteligencia del Estado; Kattán Readi es secretario para el Desarrollo Económico y Social y también es tío del presidente; y Hándal Monterrosa es secretario de Innovación.

La segunda boda

Factum intentó contactar con los miembros de aquella comisión evaluadora a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia para saber si ellos tuvieron conocimiento en su momento de la relación de amistad del entonces alcalde con el empresario israelí y el conflicto de intereses que acarreaba otorgarle un contrato de decenas de millones de dólares a Zangilevitch bajo la administración de Bukele. También se pidió gestionar una declaración del presidente Bukele sobre su amistad con Zangilevitch y lo ocurrido con las licitaciones fallidas para la videovigilancia en San Salvador cuando él fue el alcalde. Al cierre de esta edición no hubo una respuesta de la secretaría.

La empresa ETS, en México, tampoco respondió los cuestionamientos que se le hicieron a través de correo electrónico acerca del conflicto de interés que significó concursar en El Salvador para ganar un contrato millonario en una alcaldía gobernada por el amigo de su director. No hubo respuesta tampoco a la pregunta de si ETS o Zangilevitch, personalmente, pagaron el viaje y estadía de Bukele en Acapulco, a principios de febrero de este año, para la boda del empresario.

La Alcaldía de San Salvador dirigida por el arenero Ernesto Muyshondt le otorgó el 17 de enero de 2020 el contrato de videovigilancia a la empresa ETS de Zangilevitch. El período del contrato es de quince años y por un monto de 84 millones 881 mil 670.45 dólares. Lo que no pudo hacer Bukele en dos ocasiones lo culminó Muyshondt. El periódico El Diario de Hoy publicó el 10 de febrero pasado una nueva contradicción en el embrollo de las licitaciones para la videovigilancia en San Salvador: la empresa NEC Ciudad Segura ofreció el mismo proyecto por menos: 79 millones 836 mil 137.71 dólares. Es decir, el concejo municipal que preside Muyshondt ignoró una oferta de 5 millones 45 mil 532.74 dólares menos que lo que va a pagar con la empresa del amigo de Bukele.

Factum consultó con Muyshondt por qué le entregó el contrato a ETS. “Siendo la única empresa de las dos que ofertaron que cumplió todo y además que presentó la mejor oferta de acuerdo con la recomendación de la comisión evaluadora”, respondió el alcalde. Tres concejales del FMLN se abstuvieron de votar.

El concejo municipal que dirigió Bukele entre 2015 y 2018 tuvo una mayoría del FMLN; mientras que el concejo municipal que gobierna Muyshondt es de mayoría de Arena. Pese al antagonismo de estos dos partidos políticos, sus comisiones evaluadoras tuvieron algo en común a la hora de recomendar la adjudicación del proyecto de videovigilancia de San Salvador: los dos grupos siempre prefirieron la oferta más cara y, como coincidencia, también prefirieron la propuesta de la empresa del amigo de Bukele.

Muyshondt también reveló a esta revista que ETS va a desistir de las demandas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la comuna. “Ellos después de ganar ofrecieron retirar la demanda”, dijo el alcalde.

La alcaldía capitalina, en diciembre de 2017, decidió poner en reserva de información pública los dos procesos de licitación fallidos y los bloqueó para siete años, según el índice de información reservada.

Xochitl Marchelli Canales recibió un amparo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2019 contra la destitución ilegal de su cargo como miembro suplente del Isdem que promovieron Rogelio Rivas y Nayib Bukele.

Bukele rompió con el FMLN en 2017, en medio de los vaivenes de la licitación para la videovigilancia, los desencuentros con la síndica Canales y su enfrentamiento con la dirección del partido por buscar la candidatura para la Presidencia.

Foto publicada en distintas redes sociales de Nayib Bukele.

El pasado 14 de febrero, el presidente colgó en sus redes sociales una fotografía con la leyenda “Feliz día de San Valentín”. En la foto posan el presidente, la primera dama y su hija, con la misma ropa que usaron para la boda de Zangilevitch en Acapulco. De fondo, hay un corredor de piedra lisa iluminado con líneas de luces colgantes rodeado por plantas y decoraciones similares a las del Jardín de Eventos 7.17, donde se casó su amigo.

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