Según testigos, el exjefe del Grupo de Reacción Policial tuvo dos oportunidades para detener al asesino de Carla Ayala y no lo hizo. Un tribunal decidió que el actual proceso de ascenso del subcomisionado fue uno de los motivos para liberarlo.
Foto FACTUM/Archivo
El tribunal especializado contra una vida libre de violencia contra la mujer ordenó el pasado 10 de septiembre la libertad inmediata para el subcomisionado Julio César Flores Castro, ex jefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quien se mantenía en prisión desde junio del año pasado por estar vinculado al asesinato de la agente Carla Ayala, cometido en diciembre de 2017.
El argumento del tribunal para ordenar la libertad fue un examen psicosocial que sostuvo que el imputado “mantiene su interés de encontrarse en libertad para reencontrarse con su núcleo familiar y continuar con un proceso de ascenso dentro de la corporación policial”, según reveló una fuente judicial a Revista Factum.
Flores Castro seguirá procesado pero en libertad. Este proceso se encuentra bajo reserva total.
La agente Carla Ayala fue asesinada el 29 de diciembre de 2017 después de asistir a una fiesta navideña repleta de policías en las instalaciones del GRP, la unidad élite que fue disuelta tras el crimen.
De acuerdo con la investigación fiscal a la que Factum tuvo acceso, Flores Castro fue quien invitó, vía llamada telefónica, a Ayala y a una amiga suya a que participara de la fiesta que terminó con el asesinato de la agente.
El principal acusado del homicidio es otro policía: Juan Josué Castillo, conocido como “Samurái”, todavía prófugo. Decenas de entrevistas realizadas a agentes involucrados en la muerte de Ayala señalan que Flores Castro tuvo dos oportunidades para detener a Castillo y no lo hizo. Por eso se le acusa del delito de “Incumplimiento de deberes”.
El exjefe del GRP fue capturado en la segunda etapa investigativa del proceso. Antes había sido trasladado como jefe a la subdelegación de Soyapango y posteriormente fue suspendido en sus labores oficiales.
Investigadores policiales le realizaron dos entrevistas al exjefe del GRP horas después del asesinato de Carla Ayala. En esas entrevistas, el subcomisionado contradijo su versión y la de varias de sus subalternos que también estuvieron aquella noche en la fiesta.
Flores Castro tiene tres procesos disciplinarios internos abiertos; sin embargo, su destitución o la continuidad de su cargo dependen de la resolución final que tenga el caso. Mientras tanto, el exjefe del GRP aspira a un ascenso dentro de la Policía, según se desprende del examen que aparece en el expediente judicial.
Factum llamó a la unidad de Prensa de la Policía Nacional Civil para consultar si, efectivamente, Flores Castro ha sido restituido y si continuará su proceso de ascenso. Dos empleados de la unidad de Prensa dijeron que no tenían información.
De acuerdo con la resolución judicial que estuvo a la vista de esta revista, el mismo examen psicosocial que sirvió de base para dejar en libertad a Flores Castro reveló que el subcomisionado “a nivel emocional, presenta ansiedad, preocupación y temor”. La prisión preventiva le fue sustituida con dos medidas alternativas: no salir del país y llegar a firmar al tribunal cada 15 días.
La agente Ayala fue asesinada tras una fiesta realizada durante la noche del 28 y la madrugada del 29 de diciembre del 2017. Al final de la fiesta, Flores Castro, el jefe del GRP, designó a dos agentes para que fueran a dejar a Ayala a su casa. A la patrulla se subió un tercer agente, el de indicativo “Samurái”, quien, según la versión de los dos policías encargados de ir a dejar a Ayala, le disparó durante el trayecto a su casa. Después de ese hecho, el agente Samurái, ebrio y en sandalias, pudo escapar hasta tres veces del grupo élite de más alto nivel de la Policía salvadoreña, según los relatos de sus propios excompañeros.
La reconstrucción de este caso ha sido particularmente complicada para la Fiscalía ya que, según lo dijo al inicio de la investigación Guadalupe Echeverría, entonces jefa de la unidad Antihomicidios, la policía no estaba colaborando y más bien estaba entorpeciendo el proceso.
El cuerpo de la agente Carla Ayala permaneció desaparecido nueve meses hasta que fue encontrado en un cementerio a finales de septiembre de 2018.
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