El nuevo organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recién empezó a funcionar el mes pasado. Una de las primeras decisiones de los magistrados fue asignarse gastos de representación mensuales por entre 800 y 1,000 dólares.
Foto FACTUM/TSE
Los nuevos magistrados del TSE sumaron a sus salarios mensuales para 2020 entre 800 y 1,000 dólares para “gastos de representación” que provendrán del presupuesto ordinario que el Estado le asigna al tribunal cada año. Los titulares de la autoridad electoral ya tomaron los primeros acuerdos en sus sesiones de organismo colegiado que empezaron en agosto pasado, luego de ser elegidos por la Asamblea Legislativa el 30 de julio. Entre esas primeras decisiones estuvo la de retomar acuerdos que en el TSE anterior (2014-2019) habían quedado suspendidos, como la de asignarse más dinero para sus cargos de magistrados.
Antes de llegar a una decisión final, la Secretaría General del tribunal generó un memorándum con fecha del pasado 13 de agosto, en el que comunicó a distintas oficinas del TSE, incluido el despacho de la presidenta, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, la decisión del organismo colegiado de incrementar salarios mensuales con distintas sumas a la magistrada Martínez, a los otros cuatro magistrados propietarios y a los cinco suplentes. En ese mismo memorándum, el secretario general, Louis Alain Benavides, también comunicó el acuerdo de asignar gastos de representación por 1,414.29 dólares para magistrados propietarios y 1,022.86 dólares para suplentes.
Dos autoridades del TSE que hablaron con Revista Factum bajo la condición de anonimato, pues la revelación de sus identidades podría perjudicar sus cargos, aseguraron que si bien el memorándum se generó, este nunca se concretó en todas sus partes. De hecho, los magistrados, dijeron las fuentes, terminaron desestimando el incremento salarial para 2020 —que iba a consistir en casi 2,500 dólares para la magistrada presidenta, 1,500 dólares para los otros cuatro propietarios y 1,000 dólares para los cinco suplentes—. Una de las fuentes dijo que los magistrados recibieron advertencias de asesores y personas cercanas acerca de que se iban a exponer a un “rechazo social” si presentaban su proyecto de presupuesto para 2020 con esos incrementos salariales. Sin embargo, matizó, optaron por mantener la decisión de asignarse los gastos de representación, pero con una reducción que oscila entre los 800 y los 1,000 dólares mensuales.
La Secretaría General del TSE generó este memorándum desde el 13 de agosto de 2019 en el que comunicó que los magistrados iban a incrementarse sus salarios y también se iban a asignar gastos de representación. Al final, solo estos últimos serán añadidos. Foto FACTUM
Los gastos de representación consisten en dinero que utilizan los funcionarios para actividades fuera de oficina que tienen que ver con su trabajo: como acudir a reuniones fuera o pagar almuerzos o cenas de trabajo, por poner dos ejemplos. El dinero que se les otorga a los funcionarios como gastos de representación no son afectados por el Impuesto Sobre la Renta. Estos gastos son adicionales al salario mensual que recibe cada magistrado, de 3,518.48 dólares para un propietario y de 1,981.11 dólares para un suplente.
Para que estos gastos de representación empiecen a desembolsarse desde enero de 2020, deben ser aprobados antes por la Asamblea Legislativa. Los diputados de la comisión de hacienda que fueron consultados por esta revista dijeron que van a estudiar las decisiones de los organismos colegiados o juntas directivas de instituciones estatales que están buscando incrementar de forma desmedida salarios y otros gastos, aunque sugieren con antelación su desacuerdo. En el caso del TSE, por ejemplo, según lo que se había pactado pero luego se desestimó, los aumentos para los magistrados iban a ser de entre el 42 y el 71 por ciento de sus salarios.
“Estamos claros en que debe haber austeridad. No estamos en esa disposición. Ahora, todavía no tenemos el presupuesto que debe presentar el Ministerio de Hacienda. Al tener eso lo vamos a rechazar, pero no puedo adelantarme. Pero no estoy de acuerdo, es incorrecto”, dijo el presidente de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, José Guadalupe Vásquez, diputado de GANA.
Otro diputado de la comisión de hacienda que pidió que no se publicara su nombre dijo que antes de aprobar o rechazar incrementos o asignaciones de gastos extras debe analizarse cada caso, pero sobre el TSE señaló que es difícil tener un visto bueno para que estos cargos aumenten sus remuneraciones, pues no se trata de puestos que requieran habilidades especiales ni tampoco su actividad es permanente. De hecho, la función del tribunal es administrar elecciones que ocurren cada dos o tres años.
El diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien no dio su voto en la sesión plenaria del 30 de julio para elegir a los magistrados del TSE por “evidentes vinculaciones formales y materiales con partidos políticos”, reclamó que “antes de estar bien remunerados, los funcionarios deben responder a los intereses comunes”. “No pueden los salvadoreños legitimar remuneraciones onerosas de los funcionarios si las condiciones del país no son favorables de igual manera para toda la población”, dijo Bonilla. Este legislador no es miembro de la comisión de hacienda, pero agregó que evalúa pedir que lo incluyan en la comisión —sin derecho a voto— cuando se aborde el estudio del presupuesto general de la nación para 2020.
Factum trató de contactar con el secretario general del TSE, Louis Alain Benavides, y con la presidenta del tribunal, Dora Esmeralda Martínez, para conocer sobre los memorándums y las discusiones que han tenido los magistrados acerca de incrementos salariales y gastos de representación, pero no hubo ninguna respuesta desde sus oficinas. Tampoco respondió el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien fue consultado por medio de la unidad de comunicaciones del ministerio.
Hacienda es el primer filtro presupuestario para las instituciones y, por último, son los diputados de la Asamblea Legislativa —por dictamen de la comisión de hacienda— los que aprueban sus proyectos de presupuesto para cada año entrante.
El representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, consideró que los aumentos salariales de los funcionarios y la asignación de gastos de representación deben estar justificados y documentados por cada institución, porque de lo contrario sería perjudicial para las finanzas públicas que se disponga de forma arbitraria del dinero.
La autoridad del TSE que habló con Factum dijo que los magistrados hablarán en público de las actividades futuras del tribunal, como el plan de mantenimiento cartográfico para verificar la viabilidad de los centros de votación designados y el número de votantes por centro, el plan de inicio y cierre del padrón electoral y el plan de comunicación electoral, para publicitar las próximas elecciones legislativas y municipales de 2021. Y es posible, dijo la fuente, que también se aborde en público la asignación de gastos de representación para los magistrados.
Otra actividad prevista para 2020 es la selección y capacitación de las personas que van a participar en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Para ello, magistrados como Guillermo Wellman han pedido más presupuesto para el TSE. “La primera lucha que tenemos que hacer es que se le aporten mejores recursos al TSE para llevar a cabo una buena elección”, dijo Wellman a El Diario de Hoy el 12 de septiembre pasado. Pero no mencionó que el TSE también piensa incurrir en gastos de representación para sus magistrados.
Los pactos entre magistrados para asignarse gastos de representación provienen, al menos, desde 2016. La Asamblea Legislativa rechazó desde entonces las intenciones del tribunal. Foto FACTUM
La asignación de gastos de representación no es una campaña original de los nuevos titulares. El TSE anterior acordó en 2016 recetarse 850 dólares para cada magistrado propietario y suplente. Pero el acuerdo que se tomó en ese organismo colegiado no fructificó en la Asamblea Legislativa.
Una de las autoridades del TSE que fueron consultadas mencionó que en esta ocasión ya existe un preacuerdo con los grupos parlamentarios que propusieron a los nuevos magistrados para que estos gastos de representación se oficialicen y se empiecen a desembolsar desde 2020.
El pasado 30 de julio, el partido GANA propuso a Dora Esmeralda Martínez de Barahona como presidenta del TSE. La magistrada es esposa de uno de los fundadores de GANA. Mientras que el partido Arena propuso a uno de sus asesores con más años de trabajar junto a los diputados areneros, Guillermo Wellman. El FMLN propuso para reelección al magistrado Julio Olivo, quien presidió el TSE entre 2014 y 2019. Mientras que por la Corte Suprema de Justicia se eligió a Rubén Atilio Meléndez, quien fue suplente en el período anterior, y a Noel Antonio Orellana, quien se desempeñaba como gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa.
Organizaciones sociales y abogados criticaron la elección por las vinculaciones partidarias de los nuevos magistrados, que ahora podrían gozar de una nueva prestación económica con los gastos de representación si consiguen el aval del Ministerio de Hacienda y de la Asamblea Legislativa.
Opina