Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El presidente Nayib Bukele optó por nombrar director a un oficial que llegó a la Policía proveniente de la Fuerza Armada en 1993, recién firmados los Acuerdos de Paz, como parte de un grupo de militares que no se habían dado de baja del ejército y los cuerpos de seguridad cuando pasaron a la nueva institución. Como subdirector de áreas especializadas el nuevo director había designado a Godofredo Miranda, uno de los oficiales más cuestionados en la historia de la PNC, pero Bukele lo removió vía Twitter tras un rechazo masivo del nombramiento.

Fue uno de los dos días más importantes en la carrera policial del entonces subcomisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. El 21 de octubre de 2003. El día en que la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema declaró ilegal la decisión que lo había apartado de la PNC tres años antes por acusaciones de plantar evidencia a un hombre investigado por narcotráfico.

Arriaza Chicas regresaba a la Policía que a principios de la década 2000 dirigía Mauricio Sandoval, el operador político y de inteligencia al que el presidente Francisco Flores había dado las riendas de la seguridad pública en los años en que las pandillas empezaban a fortalecerse en las cárceles del país mientras las bandas de contrabandistas y robafurgones mutaban a organizaciones de narcotráfico en el oriente.

Con aquel regreso empezó una especie de segunda vida para Arriaza Chicas en la PNC, marcada en los años de Antonio Saca -el último presidente arenero- por un perfil discreto. Ya con la llegada del FMLN al poder, y convertido en comisionado, Arriaza volvió a oficinas de mayor linaje. Pasó por la regional metropolitana de San Salvador, una de las más exigentes en el nivel operativo, hasta instalarse como jefe máximo de las unidades especiales de la PNC durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

Esa subdirección era la responsable de la unidad -el Grupo de Reacción Policial- que encubrió el asesinato de la agente Carla Ayala. También de la FES, la unidad élite involucrada en ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.

Con el tiempo, la autoridad y liderazgo de Arriaza entre las unidades élite llegó a ser de las más fuertes en toda la Policía, de acuerdo con tres jefes de alto rango consultados para esta nota.

Foto de la dirección policial anunciada el 4 de junio de 2019, la cual cambió luego de que el presidente Nayib Bukele ordenara remover a Godofredo Miranda (segundo desde la derecha). La foto, publicada en la cuenta de Twitter de la Policía, ha sido removida también.

No falta ironía al asunto. Fueron los gobiernos de la exguerrilla los que dieron al exmilitar la confianza que, desde finales del quinquenio Funes, le permitió llegar a la cumbre en su carrera policial, el 1 de junio de 2019, cuando el presidente Nayib Bukele lo juramentó como director general de la Policía Nacional Civil.

Con el nombramiento de Arriaza Chicas, el presidente Nayib Bukele devolvió el mando de la PNC a un viejo oficial de los extintos cuerpos de seguridad que llegó a la nueva policía creada por los Acuerdos de Paz a principios de los 90. El asunto no pasaría de ser una referencia histórica sino fuese porque Arriaza es hijo de una escuela que ha tendido a privilegiar la confrontación directa, de fuerza -incluso la cuestionada legalmente- para atender la seguridad pública.

La policía de Arriaza Chicas había nombrado, en principio, al comisionado César Baldemar Flores Murillo como subdirector general y al comisionado Godofredo Miranda Martínez como subdirector de áreas especializadas.

Sobre los dos últimos pesan hojas de vida conflictivas. Flores Murillo fue acusado ante un tribunal por su encubrimiento de la llamada Sombra Negra, un grupo de exterminio de pandilleros formado por policías.

Godofredo Miranda,  que tuvo por unas horas la subdirección de áreas especializadas y operativas en sustitución de Arriaza, es uno de los oficiales más cuestionados en la historia de la PNC.

A Miranda, de hecho, el nombramiento le hubiese dado también una nueva vida pública en la Policía. La primera estuvo marcada por la violación y asesinato en 1999 de su sobrina, Katya Miranda, en un terreno familiar en la playa Los Blancos de La Paz. Miranda estuvo ahí cuando los crímenes ocurrieron y, a pesar de que entonces era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal (DIC), dejó que la escena del crimen se contaminara y entorpeció las investigaciones, según una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).

Miranda sirvió como testigo en el caso que la Fiscalía abrió contra su hermano Edwin, padre de Katya, y su padre Carlos, abuelo de la niña, por abandono de menor y violación respectivamente. El oficial, sin embargo, nunca fue acusado de nada, a pesar de que un fiscal general dijo a la PDDH que sí había habido negligencia en la investigación.

En 2009, la inspectora general de la PNC abrió tres expedientes a Miranda por supuesta complicidad con la banda de narcotraficantes Los Perrones. Todas esas investigaciones fueron sepultadas en 2011 por el general David Munguía Payés, nombrado ese año ministro de Seguridad Pública por el expresidente Mauricio Funes.

El martes 4 de junio, en la mañana, la Policía hizo oficiales los nombramientos de Miranda y Flores Murillo en sus redes sociales. A primeras horas de la tarde, en cuentas de Twitter, medios de comunicación y ciudadanos recordaron los señalamientos a Miranda por la violación y asesinato de su sobrina Katya.

#ArchivoFactum Godofredo Miranda fue nombrado hoy como subdirector de Áreas Especializadas y Operativas de la @PNC_SV. Miranda en 1999 era el subjefe de la División de Investigación Criminal y él estaba en el predio donde asesinaron a su sobrina Katya. https://t.co/pMj6Y6iAJW

— Revista Factum (@RevistaFactum) June 4, 2019

A las 9:46 de la noche, el presidente, en su cuenta de Twitter,  ordenó a la Policía remover Miranda y dio a entender de que el reemplazo debería contar con su visto bueno antes de la aprobación.

Se ordena a la @PNC_SV la remocion de Godofredo Miranda de la sub dirección de áreas especializadas.

El nuevo nombramiento deberá contar con mi visto bueno antes de ser aprobado.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 5, 2019

Cincuenta y nueve minutos despúes, la PNC contestó a Bukele a través de Twitter que enviaría tres ternas para cubrir las subdirecciones, con lo que daba marcha atrás a los nombramientos anunciados horas antes.

Señor Presidente @nayibbukele su orden ha sido cumplida y se le presentarán tres ternas de mandos con el grado de Comisionado para los cargos de SD. General, de Investigaciones, Admon, Seguridad Pública, SAEO e Inteligencia para ser evaluados y autorizados por su autoridad.

— PNC El Salvador (@PNC_SV) June 5, 2019

No está claro si el presidente estaba al tanto de todos los nombramientos hechos en la Policía antes de revocar el de Godofredo Miranda. Dos fuentes consultadas por Factum en la corporación policial aseguraron que la lista inicial de subdirectores era “del conocimiento” de Casa Presidencial.

Por ahora solo ha quedado en firme el nombramiento del comisionado Arriaza Chicas en la dirección general.

Factum contactó al nuevo director por medio de un servicio de mensajería digital. No fue posible obtener la opinión del comisionado.

Los tenientes del decreto 221 y los primeros días

El 12 de mayo de 1994, el entonces presidente Alfredo Cristiani firmó un decreto ejecutivo, el número 221, que transfería a 25 oficiales militares de la situación activa a la de reserva. Es decir, los daba de baja de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad para todos los efectos prácticos, un requisito pactado entre el gobierno Cristiani, la guerrilla del FMLN y Naciones Unidas para la formación de la nueva policía: ningún miembro de la PNC podía estar de alta en el ejército. El problema era que los 25 militares, sin haberse dado de baja, habían ingresado a los mandos de la nueva policía un año y medio antes.

Foto del decreto 221, de 1994, que mandaba a la situación de retiro a los oficiales de la Fuerza Armada que habían ingresado a la PNC año y medio antes.

“Debo expresar mi singular preocupación por la existencia de indicios acerca de la participación de miembros de alta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, escribió el peruano Diego García-Sayán, jefe de la División de Derechos Humanos de ONUSAL, la misión de Naciones Unidas que supervisó la implementación de los Acuerdos de Paz en El Salvador, en 1994 en el informe A/49/281 entregado al secretario general de la ONU ese año.

La preocupación de García-Sayán y otros funcionarios internacionales, quedó visto pronto, tenía que ver con el riesgo de que las unidades de investigación criminal adoptaran los viejos pecados de los cuerpos de seguridad, como la fabricación de casos o la manipulación de evidencias, y con la posibilidad de que grupos de policías corruptos ampliaran las relaciones con organizaciones internacionales de narcotráfico que había empezado a cosechar durante la guerra civil. Ambas cosas sucedieron.

En aquella lista del decreto 221 aparecen los nombres de los tenientes Arriaza Chicas, Flores Murillo y Miranda Martínez, así como los de otra veintena de oficiales que ocuparon puestos de mando en la PNC desde su formación hasta 2009. Varios de esos policías terminaron implicados en sospechas de connivencia con organizaciones de narcotráfico y otros delitos.

A Arriaza Chicas nunca se le acusó formalmente de recibir sobornos de narcotraficantes o de tener complicidad con ellos. Esto sí ocurrió con otros oficiales incluidos en el decreto 221, como Ricardo Menesses, Luis Ernesto Núñez Cárcamo o el mismo Miranda, quienes llegaron a ocupar las oficinas más altas de la Policía, incluida la de director en el caso de Menesses.

Los casos que empañan el currículum del nuevo director de la PNC no tienen que ver, en principio, con narcotráfico, sino con algunas investigaciones realizadas en los primeros años de la nueva Policía en las que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la misma Fiscalía lo cuestionaron. Los casos más relevantes son supuestas amenazas a Violeta Rivera, una periodista de El Diario de Hoy que investigó la muerte del estudiante Adriano Vilanova a manos de agentes de la PNC en 1995; la supuesta manipulación de un testigo en el caso conocido como la masacre de Valle Nuevo en 1997; y acusaciones de tolerar fraude procesal en el operativo de captura del narcotraficante Nelson Comandari en 1996.

El 22 de octubre de 1996, un hombre encontró el cadáver de su hijo y de otras seis personas, entre ellas tres niñas, en una casa del reparto Valle Nuevo, en Ilopango. Fue la primera masacre tras el fin de la guerra y fue atribuida por la Fiscalía a una venganza entre Miguel Ángel Pozo Aparicio, salvadoreño, y José Gonzalo Gaitán Barrero, colombiano, dos narcos que peleaban plaza en El Salvador.

Años después, en 2013, una investigación de la Fiscalía que no llegó a judicializarse reveló que hubo, en su momento, sospechas de que policías antinarcóticos de la PNC hayan estado involucrados en la masacre, y de que la Policía manipuló el caso para sacarse de encima a Pozo, un operador del Cartel de Cali que les estorbaba en el control de las rutas salvadoreñas. Pozo Aparicio fue condenado a 30 años de prisión como reo ausente en 1997. Fue capturado en 1998 y murió en la cárcel en 2017.

La condena de Pozo se basó en el testimonio de uno de los autores materiales de la masacre, quien lo señaló como autor intelectual. En 1998, investigaciones de la Fiscalía que no se judicializaron apuntaban a que Arriaza había intervenido en la preparación de un testigo en ese caso, algo que, sin embargo, nunca fue comprobado.

En 1999, la PDDH investigó una serie de amenazas contra Violeta Rivera, una reportera de El Diario de Hoy que en 1995 fue parte del equipo periodístico de ese matutino que investigó la muerte del estudiante Adriano Vilanova y reveló que miembros de la recién fundada PNC lo habían asesinado. La investigación de la Procuraduría arrojó indicios sobre la supuesta participación de Arriaza Chicas en la intimidación de la periodista.

Un oficial entrevistado por la PDDH en la delegación de Soyapango declaró, por ejemplo, que había una investigación interna porque Arriaza había amenazado a Rivera con vincularla a ella y a su esposo con Pozo Aparicio. En el informe sobre el caso, la Procuraduría concluyó que la periodista había sido “amenazada, intimidada e investigada injustamente” con el fin de que dejara de investigar a los “policías directamente implicados” en varios hechos, incluido Arriaza Chicas.

La Procuraduría, además, consideró sospechoso que Arriaza estuviese involucrado en la investigación de Pozo cuando él era, entonces, jefe de la División de Finanzas, la cual no estaba relacionada con las pesquisas por la masacre de Valle Nuevo.

El subcomisionado Arriaza Chicas nunca fue procesado por estos casos. Los problemas reales para él empezaron con la llegada de Mauricio Sandoval a la dirección de la PNC en 1999. La relación entre el nuevo director y el exteniente, que no era buena, entró en crisis por una investigación que en 1996 involucró a Nelson Comandari, un narcotraficante.

El 12 de octubre del 96, un grupo de policías de la delegación de Soyapango allanaron una propiedad de Comandari como parte de una investigación por el robo de equipo informático. Ahí, según los partes policiales, los agentes encontraron un fusil AK-47 y droga. Dos años después, la Fiscalía abrió una investigación que incluyó a Arriaza, jefe de los agentes que participaron del allanamiento. El jefe policial y sus subalternos fueron acusados de fraude procesal y enviados temporalmente a prisión. Al final, sin embargo, un tribunal de sentencia absolvió a Arriaza.

Entre los procesados por este caso estuvo también Juan Armando Huezo Grande, a quien la PDDH también había señalado de intimidar a la periodista Rivera después del caso Vilanova.

Después de eso, la PNC abrió un proceso administrativo que, bajo la batuta de Sandoval, concluyó primero en una sanción sin goce de sueldo y luego en destitución. Arriaza dejó la Policía en 2000. Regresó tres años después, cuando la Corte Suprema ordenó su restitución.

De todos los casos en los que se le ha implicado, el que le costó su salida temporal de la PNC parece más bien ligado a una vendetta interna. En 2002, la misma PDDH que había señalado a Arriaza por otros casos concluyó en un informe especial que el proceso de depuración emprendido por Mauricio Sandoval y que incluyó a Arriaza había sido ilegal, no respetó el debido proceso y, en definitiva, no sirvió para resolver los problemas internos de la PNC, como la fabricación de evidencia, la obstrucción de justicia y ya entonces los primeros contactos con el narcotráfico.

Las unidades especializadas

Arriaza Chicas regresó a la Policía a principios de 2004. Empezó de nuevo, como responsable de la delegación de Santa Tecla. En los años que siguieron fueron otros antiguos compañeros en los viejos cuerpos de seguridad, acuerpados todos en 1994 por el decreto 221, los que se hicieron cargo de la PNC. Ricardo Menesses era director, Godofredo Miranda estaba en la DAN, Pedro Baltazar González era subdirector, Douglas Omar García Funes era jefe de áreas especializadas. Todos fueron investigados en 2010 por supuestos vínculos con narcotraficantes. Arriaza Chicas mantuvo el perfil bajo y su nueva hoja de vida limpia.

Con la llegada del gobierno Sánchez Cerén, Arriaza se hizo cargo de la región metropolitana de San Salvador, la más violenta del país. Ya en 2017 el comisionado era el jefe de las unidades especializadas, entre ella la Unidad de Mantenimiento del Orden y el Grupo de Reacción Policial (GRP), desmantelado en 2018 tras el asesinato de la agente Carla Ayala en un hecho marcado por la negligencia y la impunidad.

La #PolicíaSV continuará con lineamientos de trabajo emanados del Presidente de la República, @Nayibbukele, en el combate frontal contra la delincuencia y en ese sentido se apoyará con la @FUERZARMADASV, en lo que se refiere a la línea 2 del #PlanDeSeguridadCuscatlán

— PNC El Salvador (@PNC_SV) June 5, 2019

Arriaza fue también responsable máximo de las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador (la FES), en donde de acuerdo con una investigación de Factum se enquistaron escuadrones de exterminio, que valieron a la PNC señalamientos por parte de Naciones Unidas y grupos defensores de derechos humanos.

En las últimas horas, durante su primera entrevista televisiva como recién nombrado director general de la PNC, el comisionado Arriaza Chicas ya dio algunas pistas de las líneas que seguirá en su gestión. Para prevención, dijo, hay otras instituciones del Estado.

Sobre los grupos de exterminio no negó que hubo, durante su gestión, casos graves en unidades especializadas, pero matizó usando una línea que ya es parte del guion de la PNC en estos casos: se trata de casos aislados que no son parte de una política institucional.

Y reiteró que la Fuerza Armada, algunos de cuyos miembros también fueron señalados por desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias durante la administración Sánchez Cerén, seguirá acompañando a la PNC en labores de seguridad pública.

Los orígenes del comisionado Arriaza Chicas, y de los oficiales que hasta ayer en la noche estaban listados como sus principales colaboradores, hablan de una forma específica de entender la doctrina de la PNC. Una que Arriaza ya dejó delineada en sus primeras intervenciones ante la prensa salvadoreña como jefe máximo de la policía: “Nosotros como Policía Nacional Civil nos vamos a dedicar al combate directo a aquellos que no quieren entender que las cosas tienen que ser por el bien, no por el mal”.