La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), María Antonieta Josa de Parada, cree que el Órgano Judicial debe ejercer su papel de contrapeso, como entidad de control jurídico, de las decisiones políticas que se tomen desde el Ejecutivo y que sean apoyadas por la mayoría del Legislativo. “Es el único que queda”, dice en esta entrevista, en la que habla de la selección de candidatos para sustituir a cinco magistrados propietarios y a cinco suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Asamblea Legislativa que entrará en funciones desde el próximo 1 de mayo elegirá a los nuevos magistrados de la Corte entre los 15 candidatos propuestos por el CNJ y entre 15 propuestos por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes). Josa cree que en el ejercicio democrático de la república, las minorías deben ser escuchadas, y que la Corte debe, desde ya, vislumbrar los recursos que deberá atender, sobre todo por afectaciones ante las decisiones que se tomen desde dos poderes de estado dirigidos por la misma persona: el presidente Nayib Bukele. La Corte deberá cumplir su deber, dice la presidenta del CNJ, de ser la entidad de control constitucional de las decisiones políticas.
En esta entrevista, dos días antes de que los consejeros seleccionaran a los candidatos a la CSJ, Josa habló de las dificultades del proceso y de los señalamientos sobre deficiencias en las entrevistas que hizo el consejo a los más de 60 abogados aspirantes. La presidenta explicó cómo siguieron los lineamientos de su manual de selección, aprobado desde 2018, y que, para ella, es un baremo (cuadro de evaluación de méritos). Y reseñó sobre cómo se les dificulta a ella y a sus consejeros ajustar los elementos objetivos, como calificaciones sobre currículos académicos y profesionales de los aspirantes, con las evaluaciones subjetivas.
Sobre la marcha de las primeras preguntas sobre el manual de selección de candidatos a jueces y magistrados, Josa explicó que hay tres fases en la evaluación que hace el CNJ: el análisis curricular, que equivale a un 50 por ciento de la calificación total. Luego la entrevista presencial, que vale un 40 por ciento. Y el examen psicológico y sociolaboral, que representa un 10 por ciento, aunque este último, según Josa, es el que arroja resultados determinantes para la elección.
¿Un 10% de toda la evaluación puede ser el determinante para elegir a un candidato a magistrado? ¿Hablamos de una selección cualitativa entonces?
Así es. Es que siempre se da un porcentaje, pero hay personas que por ejemplo tienen ese 10 por ciento porque son idóneas para el cargo según sus cualidades, su comportamiento, su conducta. Son profesionales que no solo denotan probidad, sino que la demuestran en sus acciones. Ese 10 por ciento es bien importante. Es que si solo fuera por competencia, por oposición, pues al CNJ no le quedaría más que simplemente escoger las mayores notas, los primeros quince. Pero como realmente es una valoración que implica una serie de indicadores que se plantean de forma subjetiva, aunque necesite de elementos objetivos, eso es lo difícil de la selección.
¿Por eso en estos procesos el CNJ ha elegido personas que resultaron con calificaciones de currículo más bajas que otras?
Como primera experiencia para este pleno, y con este manual, podríamos decir que uno se puede quedar con ciertos sinsabores. En mi caso, para mí, puede haber candidatos con bastantes cualidades pero que al final no alcanzaron los votos del pleno. Yo creo que se podría indicar que es por esa razón. Hay personas que tienen declaratorias de responsabilidad en la Procuraduría de Derechos Humanos, que tienen vinculación político-partidaria y no necesariamente formal, y esas situaciones para mí pueden tener peso, pero para otros compañeros no. El tema valorativo es bien delicado.
Parecería que es casi cuestión de azar.
No. Siempre hay parámetros de medición, hay puntajes. Si tiene doctorado, tiene un punto; si tiene infinidad de cursos, tiene otro punto; porque no tiene ninguna denuncia o si la tuvo y se resolvió que no tiene ninguna responsabilidad, también eso influye en la calificación, en el porcentaje. Si tiene publicaciones, si tiene investigaciones, si es abogado en el libre ejercicio o si es funcionario. Todo eso influye y tenemos candidatos que en esa primera parte completan todo, pero ahora viene la disyuntiva: tenemos jueces que en sus carreras judiciales tienen denuncias en la Fiscalía o en la Sección de Investigación Judicial por sus decisiones como juzgadores. Y puede ser que ellos han tenido la razón en sus decisiones, pero pasan años con esas denuncias y no son resueltas por las autoridades, allí las andan cargando. Cualquier decisión que tome un juez es susceptible de denuncia por la parte afectada. Hay que saber valorar esas situaciones. Para nosotros, por método, una denuncia resta puntos. Pero nos decía una persona de la sociedad civil que solo que un candidato tenga una condena por cualquier autoridad debe excluirse, porque no hay moralidad notoria. ¿Debe ser así? Porque, mire, aquí nosotros no estamos juzgando. Y al final es cada consejero quien, según sus propios parámetros, decide si un candidato aprueba o no.
¿Entonces la tienen más difícil los que ya son funcionarios judiciales, porque han estado más expuestos a denuncias, sean o no responsables?
Lo que he podido percibir a partir de la experiencia de estos procesos es que realmente quien no hace nada no tiene nada. Me explico: aquel juez que toma decisiones difíciles, que tienen un impacto social, es muy probable que tenga señalamientos. Ahora, lo que también quiero decir es que el CNJ no es un juzgado. Nuestras valoraciones no tienen que ver con el principio de la presunción de inocencia, porque aquí no juzgamos candidatos. Aquí de lo que se trata es que los candidatos demuestren si tienen niveles de moralidad aceptables para el cargo. Ahora, esta aspiración sí se ve afectada por condenas previas, por resoluciones de responsabilidad. Hemos tenido casos de candidatos con expedientes por conducción temeraria, por cuotas alimenticias. Y bastante por cuotas alimenticias. Todas las instituciones nos envían informes sobre estas personas. Esta es la parte objetiva que nos ayuda a hacer nuestras valoraciones.
¿Pero un juez, un magistrado, o un candidato que ya haya estado en la carrera judicial tiene o no más ventajas ante el CNJ que un abogado en el libre ejercicio?
Ventajas y desventajas. Ventajas porque conocen el interior del sector público. Ahora, para estos casos, por resoluciones de la Sala de lo Constitucional, tenemos parámetros y lineamientos que a estos candidatos que son funcionarios se les debe exigir más. Los criterios que nos ha dado la Sala de lo Constitucional nos dicen que la exigencia es mayor, porque sus evaluaciones pasan entonces por la verificación de sus logros en la función pública para poder continuar. Ahora, recuerde que la Constitución ordena que nuestra Corte Suprema de Justicia esté integrada por personas con diversas formas del pensamiento jurídico. Por ello, la experiencia que tienen los abogados en el libre ejercicio, con otra visión distinta a la del sector público. Ellos tienen una percepción distinta de la administración de justicia y nadie puede decir que la administración de justicia no necesita mejorar, no necesita fortalecerse. Si mire, estas entrevistas han pasado por preguntas acerca de cómo mejorar mecanismos de la Corte Suprema de Justicia y mejorar la eficiencia de su presupuesto. Entiendo su inquietud. A un funcionario se le exige más y sí es más rigurosa su evaluación.
¿De qué instituciones les vienen los informes de los candidatos?
Aquí les tenemos el escrito para participar del proceso, la declaración jurada, el currículum y foto, la tarjeta de abogado, el título, el acuerdo de autorización de abogado, partida de nacimiento, DUI, NIT, acreditaciones académicas, acreditación docente, escrito de trayectoria profesional y las cartas de la Corte de Cuentas, de la Policía Nacional Civil, de Centros Penales, del Ministerio de Hacienda, de la Sección de Probidad, de la Sección de Investigación Judicial y de la Sección de Investigación Profesional, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República y del Tribunal de Ética Gubernamental.
María Antonieta Josa, presidenta del CNJ, muestra una de las cuadrículas usadas para la evaluación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema. Foto FACTUM/Cortesía
¿Y a usted qué le parecen las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ordenan que todo el proceso de selección de candidatos sea transparente, que las entrevistas y las deliberaciones de los consejeros sean públicas?
Definitivamente es un reto. No es fácil. No lo es. Hay temor a la exposición, al qué dirán, a que las decisiones de los consejeros sean cuestionadas. Y eso es lo que de alguna manera se siente difícil. Desde la experiencia de la selección de 2018, parte de las críticas constructivas fue que precisamente faltó más deliberación entre consejeros. Esperamos deliberar más a profundidad en esta ocasión. Pero, sí, es difícil. Los compañeros a veces se sienten, ¿cómo le digo?, pues… hay temor. No estamos acostumbrados a eso. Pero ahora los veo más dispuestos a esta parte deliberativa y a razonar sus votos, y espero que logremos alcanzar ese objetivo.
Las organizaciones sociales criticaron semanas atrás, con las entrevistas, que las repreguntas de los consejeros a los candidatos eran superficiales, nada incisivas, sin buscar profundidad para conocer a los candidatos. Aunque también yo vi algunas entrevistas como la de la magistrada de la Sala de lo Penal Doris Luz Rivas, quien sí fue bastante cuestionada por algunos consejeros y, de hecho, su entrevista duró más de lo normal. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, como en esa parte queda a discreción de cada consejero; sin embargo, fue bastante recurrente el hecho de que para los jueces y magistrados tratamos de encontrar cuál es el plus que ellos tienen para que busquen su reelección. Sí recuerdo que a otras magistradas se les preguntó por sus logros, pero quizás no fue tan cómo se hubiera querido. Recuerde que los abogados, en términos generales, a veces hablamos y hablamos y no se contesta lo que se pregunta y lo que se quiere escuchar. Pero créame que ese tipo de respuestas también se evalúan y quedan como evasión o como que el candidato no puede expresarse. Yo creo que sí hubo preguntas en ese sentido para jueces y magistrados. Nosotros tuvimos alrededor de 214 preguntas en total para los candidatos. Esas preguntas están publicadas y pueden ser consultadas.
También faltaron preguntas que buscaran profundizar sobre cómo mejorar el trabajo de la Sección de Probidad, precisamente porque el desempeño de esta oficina con el tiempo ha venido a menos. Y llama la atención que, de hecho, uno de los candidatos entrevistados por el CNJ fue precisamente el jefe de esta sección. ¿Por qué dejaron pasar este tema?
No fue una pregunta general, pero a todos a quienes se preguntó respondieron que sí existe la necesidad de contar con una nueva ley de probidad, que la Ley de Enriquecimiento Ilícito debe ser derogada, que se fortalezca la Dirección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ya no es sección de probidad. Que se actualicen las sanciones para los funcionarios que incumplan con la presentación de sus declaraciones de patrimonio. Aquí cuestionamos a funcionarios sobre por qué la política anticorrupción de la Corte no está integrada en el plan estratégico y solo se presenta como un anexo. Me mandaron una nota por allí cuestionándome si yo no sabía que existía una política anticorrupción. Pero, pues sí, yo sé que existe y yo la he estudiado, pero la pregunta es por qué solo está como un anexo y no como parte integral del plan estratégico de la Corte Suprema de Justicia. Al final, lo que buscamos acá es conocer a los candidatos y sus posturas.
Y para usted, ¿qué postura debe adoptar la Corte Suprema de Justicia ante dos poderes de la República que están tomados por una misma persona? Si la Asamblea Legislativa, el órgano que es la sede de la pluralidad política y de los contrapesos, ya está al servicio de una sola persona, ¿puede el Órgano Judicial ser el contrapeso necesario en la República?
Sí, como contrapeso, sí. Pero la política de la Corte Suprema de Justicia siempre debe ser de control jurídico, dándole la razón a quien la tenga y negarle la razón a quien no la tenga. Creo que sí debe tener una política interna y empezar a pensar sobre los recursos que probablemente van a empezar a llegar. Todo tiene que estar basado en el fortalecimiento institucional del estado y en la democracia de nuestro país. Eso debe mantenerse. Mire, con todo esto que se está diciendo acerca de que está en riesgo la democracia, yo en lo personal creo que aunque se tenga mayoría de una correlación política en la Asamblea Legislativa, las minorías no pueden excluirse. Las minorías deben ser escuchadas. Yo no veo que le sea favorable a la Asamblea ser una aplanadora. Es que si no va a ser considerada ninguna otra posición, allí sí estará en peligro nuestra democracia.
¿Entonces la Corte Suprema de Justicia está llamada a ser el contrapeso de los otros dos poderes?
Es que tiene que serlo. Esta Corte, y en específico la Sala de lo Constitucional, ha estado más cauta que la anterior de 2009 a 2018. Pero sí ha mantenido resoluciones que ejercen control constitucional y significan contrapeso de las decisiones que se toman en los otros órganos.
¿Y cree que también el órgano judicial corre peligro de ser cooptado por abogados partidarios del presidente?
Recuerde que siempre, desde épocas anteriores, ha habido intereses por tomarse la Corte Suprema, aunque no necesariamente de partidos políticos en específico. Sí de personas en particular. Porque yo no puedo decir que como presidenta del CNJ recibo presiones de partidos políticos, pero sí he visto a lo largo de mi carrera presiones de personas con intereses sobre candidatos o jueces. Ahora, el peligro existe, y que se llegue a manejar todo por una persona, aunque tarde ese proceso, no se escapa de las posibilidades. Imagínese si se llega a ocupar todo, el CNJ, la Corte, por una sola fuente de pensamiento desde el ámbito político, pues allí ya estaremos bastante complicados, porque todo estaría politizado y está demás decirlo que eso afectaría nuestra democracia.
Entonces la Corte Suprema…
Es un ente contralor…
¿No es fuera de lugar que sea el contrapeso político del Ejecutivo y el Legislativo?
Es el único que queda de este gobierno. Eso es claro.
Josa terminó esta entrevista diciendo que la transmisión de la deliberación sobre los aspirantes sería pública y transmitida por Facebook y que se esperaba mayor calidad en las intervenciones de los consejeros para elegir a los 15 candidatos que presentarán a la Asamblea Legislativa. Estos 15 candidatos del CNJ, más los otros 15 elegidos por votación por la Fedaes, son los que integran el banco de elegibles del que los diputados de la nueva legislación 2021-2024 elegirán a cinco propietarios y cinco suplentes como magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta 2030. El proceso de selección de candidatos por el CNJ ya concluyó. Dos magistradas actuales que buscaban la reelección, Elsy Dueñas y Doris Luz Rivas, quedaron fuera de la competencia.
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