Patrimonio arrasado

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Hace algunos años, en diciembre de 2011, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, tomó una decisión por la que siempre será recordado. Mandó a remover un colorido mosaico de la fachada de la Catedral Metropolitana que el artista Fernando Llort había colocado en 1997. Aquella destrucción estuvo marcada por la ignorancia: Escobar Alas dijo que desconocía que era un bien protegido.

Pero esa ignorancia es mucho más profunda que el mero hecho de desconocer que, en 2008, la Asamblea Legislativa había protegido con un decreto a todo el Centro Histórico de San Salvador, donde se encuentra la Catedral Metropolitana. 

Una ignorancia que trasciende a los curas y a los funcionarios públicos que, en teoría, han sido privilegiados con algún tipo de conocimiento. 

Es ignorar que los espacios públicos, las plazas, las iglesias, la vida en las calles, los monumentos, la música tradicional, la comida que se vende en las esquinas, la historia, los quioscos centenarios forman parte de algo que, aunque no lo veamos, está presente. La identidad. Lo que somos, lo que nos define como pueblo.  

La decisión de destruir una parte del Palacio Nacional causó mucha indignación por múltiples razones. Porque la remoción de los suelos del Palacio, encargada al Ministerio de Obras Públicas, se trató como la reparación de un bache y no como un edificio histórico que pertenece a todo un país; porque los escombros fueron arrojados a un río, confirmando, por si hiciera falta, que al Estado le importa un carajo el medio ambiente; y porque, hasta la fecha, no ha habido una explicación de quién tomó esa decisión y con qué objetivo. 

¿Tanto escándalo por unas baldosas? ¿Tanto escándalo por unos azulejos frente a Catedral? Sí, porque esas destrucciones han violado leyes para la protección de nuestro patrimonio. Sí, porque no podemos normalizar que la ignorancia marque nuestro destino. Y sí, porque esos pedacitos, como parte de monumentos o manifestaciones artísticas, le pertenecen a un pueblo y no un cura o un déspota.  Son parte de la historia e identidad de esta nación. 

La destrucción del Palacio se ha esparcido por el centro histórico. Esta semana hemos visto cuadrillas del MOP destruyendo casas y edificios cercanas al Palacio Nacional. Algunos de esos lugares albergaban a comerciantes que fueron desalojados hace dos semanas por, supuestamente, no tener permisos. 

¿Para qué está demoliendo? Aún no lo sabemos. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién se beneficiará? ¿De quién es el centro ahora? Buscamos esas respuestas. 

Lo cierto es que todas esas obras distan mucho de lo que el Ministerio de Cultura había vendido a la ciudadanía. 

En marzo de 2023, previo a la aprobación de una ley que supuestamente buscaba reordenar el Centro Histórico de San Salvador, la ministra de Cultura Mariem Pleitez se reunió con los diputados y les dijo que había pocos inmuebles en buen estado. Es urgente avalar un proceso para rescatarlos, les dijo. 

Es muy difícil imaginar la conservación del patrimonio cultural del Centro Histórico si la rehabilitación está siendo dirigida por una retroexcavadora. Es imposible tenerla sin una pizca de coherencia y respeto a las leyes. 

Nadie está en contra del reordenamiento del centro capitalino, una petición tan añeja como el oportunismo de muchos políticos que se han querido colgar de ella. Pero el reordenamiento no puede ser dirigido desde la ignorancia y con mentalidad de bulldozer; sin escuchar a los usuarios del centro que buscan algo más que una selfie; botando los cimientos de una nación para convencernos, por si falla la propaganda, que la historia de El Salvador comenzó en 2019.


Foto FACTUM/Natalia Alberto

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