¿Qué tipo de intereses resultan beneficiados cuando se presiona -directa o indirectamente- para censurar a un medio de comunicación o a periodistas que se dedican a contrastar el discurso gubernamental? Contrario a lo que muchos piensan, e incluso celebran, no son los intereses de las mayorías los que están representados en estas decisiones. Las formas de ejercer presión nos recuerdan que en las acciones de censura predominan los intereses de los gobiernos poco transparentes y de corporaciones inescrupulosas que disfrutan de disfrazar sus intereses, entre límites ambiguos, discursos viscerales y populares.
Esta semana, Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, decía en una entrevista a El Diario de Hoy que por las señales que veía en Canal 33 no descartaba que la televisora estuviera siendo sometida a presión desde el Ejecutivo. Se refería a la decisión, sin margen de negociación, de sacar a Focos de la programación del canal; y a la posterior renuncia de Saúl Hernández como director ejecutivo del medio. Y sí, yo también lo sospecho. Y así como no puede descartarse la censura, tampoco descartaría que estemos ante una práctica de autocensura, es decir, una medida de contingencia ante un gobierno que acumula cada vez más poder y que, en público y en privado, amenaza con socavar a aquellos que se atreven a cuestionarlo.
Brevemente repaso algunos hechos que antecedieron la salida de Focos de Canal 33. Como codirectora del proyecto, fui notificada a principios de marzo que el acuerdo de confianza que teníamos con Canal 33 para la transmisión semanal estaba por terminar. A partir del 1.º de abril de 2021 debíamos empezar a pagar por la difusión. Para un medio pequeño como Focos, esto implica una inversión significativa, pero estábamos dispuestos a hacerla porque queríamos permanecer en televisión abierta. Y, observando la incertidumbre política que nos rodea, hasta nos pareció una ventaja si podíamos firmar un contrato que protegiera nuestra difusión en televisión. Mientras preparábamos la contraoferta, a tan solo una semana de la notificación original, fui informada de que la petición de pago ya no estaba vigente. La decisión final era que debíamos salir del aire a partir del 31 de marzo.
Los periodistas de Focos sabíamos que a los propietarios del canal les preocupaba cómo recibía el Ejecutivo algunos de nuestros contenidos. Es decir, la salida de Focos llega en este contexto de alerta y de vigilancia por nuestras publicaciones. Basta ver en redes sociales quiénes celebran que nuestro espacio pierda difusión en televisión: he identificado tuiteros y youtubers afines al presidente, diputados electos y ex candidatos de Nuevas Ideas, que festejan y se burlan con el mismo entusiasmo irreflexivo con el que aplauden y replican cualquier decisión del Ejecutivo.
En la notificación verbal que recibí sobre la salida de Focos, se me indicó que Canal 33 empezaba un proceso de reestructura, que reduciría su apuesta por el periodismo. Aunque el canal es una corporación privada, su función es pública; y sus audiencias merecemos entender porqué en un ambiente de amenazas a la libertad de prensa deciden reducir sus contenido periodístico. La salida de Focos de la televisión y las preocupaciones sobre qué pudo haber motivado esta decisión debe, por lo menos, llevarnos a preguntarnos qué está en juego, los intereses de quién o quiénes salen favorecidos cuando se intenta callar espacios críticos. Sobre todo, porque difundir información que cuestiona y contrasta con la narrativa gubernamental también implica que se cumple el derecho fundamental de los y las ciudadanas de acceder a la mayor cantidad de información posible, para comprender y tomar mejores decisiones sobre nuestras vidas y comunidades.
Las formas de censura y/o autocensura que pueden estar detrás de la salida de Focos de Canal 33 nos recuerdan que en este país se mantienen los grupos de poder económico y político que siguen negociando con derechos fundamentales como la libertad de expresión. La tratan como si fuese su bien privado, su moneda de cambio, su propiedad. La libertad de expresión, como muchos otros derechos, queda subordinada a intereses privados. Ganan unos pocos, muy pocos, perdemos muchos.
Hace unos años inicié un ejercicio académico que no llegó muy lejos, por lo cínica y básica que, en ese momento, me resultaba la explicación. Mi ejercicio pretendía explicar cómo, además de la pauta gubernamental o la entrega de sobornos, los gobiernos y grandes corporaciones lograban dominar a su conveniencia la agenda de algunos medios de comunicación. Lo que descubrí con las primeras preguntas que hice sobre el tema fue que en muchos de los casos no hay un mecanismo súper sofisticado de presión. Los propietarios de algunos medios son amigos, parientes, socios o están en la misma red de contactos de funcionarios del gobierno. Algunas llamadas, un almuerzo, una reunión informal pueden bastar para advertir que un contenido no es bien recibido, o que tal o cuál noticia puede minar un acuerdo de negocio. Así, compadrazgos, matrimonios, negocios, o promesas de negocios, son los que se anteponen a la necesidad de difundir información de interés público.
La libertad de expresión y prensa, el derecho de acceso a la información, el derecho de los ciudadanos de construir criterio a partir del mayor número de fuentes y voces posibles, queda supeditado a los intereses del amigo, del compadre, del socio. Al reducir la libertad de expresión a un negocio, también se irrespetan los derechos de trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación. Sus necesidades, expectativas y dignidad no son consideradas a la hora de cerrar tratos que atentan contra la libertad de expresión y prensa. Para estos grupos inescrupulosos, la libertad de expresión se reduce a una moneda de cambio.
Muchos de los seguidores del presidente Bukele se quejan de estas prácticas, pero las atribuyen solo a gobiernos pasados. También yo, como muchas otras y otros periodistas, rechazamos estas formas de censura y autocensura, y nos es imposible no reconocer que hoy también siguen ocurriendo. Por eso eso fundamos nuevos espacios, hacemos transparentes nuestros criterios editoriales, reclamamos por la profesionalización del ejercicio periodístico, hacemos redes de medios para promover el aprendizaje y la autocrítica, exigimos que los funcionarios se animen a debatir en nuestros espacios, a contestar racionalmente, y no a atacarnos visceralmente.
Cuando la libertad de expresión y prensa se entregan arbitrariamente, se comprueba una vez más que aquí los intereses de los grupos de poder valen más que los derechos humanos universales. Pasa con la prensa, pasa con el derecho de acceso al agua, con la protección del medio ambiente, con el derecho a la vivienda y al salario digno… La lista de los derechos que se canjean al mejor postor seguirá siendo larga, si no empezamos por reconocer y denunciar públicamente a los mercaderes, sus formas y sus intereses.
*Karen Fernández es directora y periodista de Focos
Opina