Nuestro sistema penitenciario cuenta con una población considerable de personas arriba de los 60 años y que estaría en altísimo riesgo, como otras con enfermedades crónicas. La higiene no ha sido una preocupación.
Una disposición tan extrema de suspender derechos afecta no solo a los condenados, sino también a los procesados, quienes tienen presunción de inocencia. Además, existe mayoritariamente una población penitenciaria que no pertenece a pandillas.
Solo el tiempo me ha dado la razón. La indiferencia con la que como sociedad vimos a las pandillas nacer, crecer, desarrollarse, mutar y ser organizaciones criminales y un problema social ahora tiene sus consecuencias.
¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para atender este problema criminal y social? Muy poco, como evidencian las cifras. Las personas desaparecen frente a la sociedad misma, lo cual no ha provocado reacción alguna en el Estado.
