La prohibición afecta a los exmilitares y a sus familiares inmediatos. Para el departamento de Estado, oficiales como los generales Bustillo y Orlando Zepeda, o los coroneles Inocente Montano y Alfredo Benavides, estuvieron involucrados en graves violaciones de derechos humanos y en la planificación y ejecución de la masacre cometida en la UCA en noviembre de 1989.
Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció públicamente este miércoles 29 de enero la prohibición de ingreso a los Estados Unidos de 13 exmilitares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, crimen cometido en noviembre de 1989.
Según un comunicado de prensa, el Departamento de Estado tiene “información confiable” de que los exmilitares Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, José Alberto Sierra Ascencio y Guillermo Alfredo Benavides estuvieron involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
La designación habla de participación en la “planificación y comisión de ejecuciones extrajudiciales” de los seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, Elba y Celina Ramos, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La orden también afecta a los familiares inmediatos de los señalados.
En la designación hay oficiales y soldados. El coronel Benavides, jefe de la Escuela Militar en 1989, y el coronel Inocente Montano, exviceministro de Seguridad Pública, son los únicos detenidos por el caso. Benavides cumple la condena que le fue impuesta en 1992 a 30 años de cárcel por la matanza en la UCA. Benavides estaba en libertad desde 1993, beneficiado por la Ley de Amnistía. Tras la derogación de esa ley, en 2016, el militar fue detenido en febrero de 2017 y por orden judicial cumple su condena. Montano está detenido en España, extraditado desde los Estados Unidos, donde espera juicio en la Audiencia Nacional.
El informe de la Comisión de la Verdad sostiene que la orden para el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas fue dada al coronel Benavides por el entonces coronel René Emilio Ponce (fallecido en 2011), entonces exjefe del estado mayor, junto con los generales Bustillo (jefe de la Fuerza Área), Zepeda (viceministro de Defensa) y los coroneles Elena Fuentes (jefe de la primera brigada de infantería) y Montano.
Algunos de estos oficiales, miembros de la promoción militar conocida como La Tandona, tuvieron formación en la célebre Escuela de las Américas de los Estados Unidos.
Bustillo también está procesado por la masacre de El Mozote, donde casi mil personas, muchos de ellos niños, fueron asesinados por tropas del batallón Atlacatl en diciembre de 1981. El pasado 24 de enero, Bustillo admitió en el juzgado de San Francisco Gotera, que juzga el caso desde septiembre de 2016, que la masacre fue responsabilidad de la Fuerza Armada de El Salvador, un hecho inédito dentro los oficiales de alto rango.
Desde 2014, por disposición del Congreso de los Estados Unidos, se buscó identificar y prohibir la entrada a Estados Unidos de funcionarios extranjeros involucrados en “graves violaciones de derechos humanos”. Las designaciones se pueden hacerse de forma pública o privada.
Las designaciones bajo la Sección 7031 (c), contraria a otras designaciones en leyes especiales como la lista Global Magnisty, se hacen sin la imposición de sanciones económicas, como congelar sus activos en instituciones financieras estadounidenses.
Reacciones encontradas
Para Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la designación hecha por Estados Unidos aduciendo que se tiene “información confiable” es una prueba más de que los exmilitares están implicados en la ejecución de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. Escalante espera que también sea visto así por las autoridades judiciales ante un eventual proceso penal.
Lisandro Quintanilla, defensor de los militares, restó importancia a la designación porque, según él, se trata solo de una decisión soberana del gobierno estadounidense, quien tiene la potestad o no de dejar ingresar a un extranjero a su territorio. “No tiene ninguna trascendencia judicial como lo han querido destacar algunos sectores interesados”, aseguró. “Aquí los más afectados son los ‘familiares inmediatos’ que no están siendo acusados de nada pero que ahora castigan con la prohibición de entrada”, dijo.
Foto principal: El coronel Guillermo Benavides (al fondo) junto a los soldados Ángel Pérez Vásquez y Antonio Avalos (centro), esperan en las sillas del pasillo al lado del Juzgado de Paz de San Salvador, donde se les notificó sobre la Solicitud de Extradición que pide la Audiencia Nacional de España. La Corte Suprema desestimó la orden de captura y ordenó que solo Benavides se mantuviera detenido por su condena de 1992. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.
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