Gentrificación y desplazamiento son conceptos que tienen nexos entre sí. Se trata de situaciones en las que las poblaciones de recursos más escasos suelen ser las mayores afectadas. Para que ambos procesos se lleven a cabo, se requiere de violencia.
En los últimos seis años, más de cuatro mil personas en El Salvador han debido abandonar sus hogares sin quererlo. Son desplazados en un país que, en teoría, dejó de tener un conflicto interno hace 30 años.
La residencial Altavista ha sido, en los últimos cinco años, el bloque habitacional más expulsor de personas por razones de violencia. Es la colonia que más desplazados forzados internos registra la PNC entre 2016 y julio de 2021.
Los habitantes de Panchimalco viven azotados desde hace más de una década por la violencia de pandillas, la falta de servicios básicos y el miedo de hasta buscar a sus familiares desaparecidos.
Los desplazados forzados internos en El Salvador han permanecido invisibilizados durante años, pero se cuentan por miles. En los últimos seis años, la Policía ha registrado más de 4 mil casos. Quienes huyen salen sobre todo de Soyapango, Ilopango, San Salvador, Colón y San Miguel.
Los desplazados forzados internos fueron reconocidos legalmente solo después que un grupo familiar de 33 personas denunció al Estado luego de huir dos veces en un mismo año: por agresiones de pandillas y de agentes policiales. La atención de las víctimas es precaria y debe enfrentarse a un monstruo de burocracia.
El Salvador se ha preocupado poco en registrar de forma sistemática el desplazamiento forzado interno. Las cifras están dispersas y varían mucho entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, las que ya empezaron a contar un aumento de casos por el régimen de excepción.
La PDDH, en su segundo informe, no solo insta nuevamente al presidente Sánchez Cerén a reconocer el fenómeno del desplazamiento interno por violencia sino a crear albergues para proteger a las víctimas.
La presentación del segundo Informe sobre Desplazamiento Forzado por Violencia pudo haber sido el escenario para que la directora de atención de víctimas del gobierno hablara sobre… esas víctimas. Pero la funcionaria prefirió el silencio.
La directora de programas de Cristosal lo plantea: mientras El Salvador no reconozca el fenómeno del desplazamiento forzado interno por la violencia, no se podrá medir su impacto en la sociedad y las víctimas seguirán desprotegidas.
La presión internacional y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional han hecho que, al menos en público, el gobierno cambie su discurso. Ahora dicen reconocer el desplazamiento interno pero lo hacen con matices.
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