CIDH registra el 2019 como un año de amenazas y agresiones a la prensa en El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) 2019 en el que se resume que durante el año pasado “continuaron las agresiones, amenazas y falta de garantías para el trabajo periodístico en El Salvador”.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


En su apartado dedicado a El Salvador, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró “restricciones en el acceso a periodistas de algunos medios en conferencias de prensa, bloqueos en coberturas periodísticas y restricciones a preguntas de periodistas investigativos”. La Relatoría tuvo denuncia de al menos 20 agresiones a comunicadores en el año. Por su parte la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 77 restricciones al ejercicio periodístico en el mismo período.

La RELE mostró especial preocupación frente a diferentes declaraciones y campañas de difamación en redes sociales contra comunicadores por parte de altas autoridades públicas –incluyendo el presidente Nayib Bukele– contra trabajadores de medios de comunicación y que, además, terminaron en “el acoso por razón de género hacia mujeres periodistas.”

Para la Relatoría Especial cobró especial relevancia en el año pasado los ataques y amenazas vía redes sociales hacia mujeres periodistas como el sufrido por Valeria Guzmán de El Faro, quien recibió amenazas, insultos misóginos y desacreditación profesional, después de publicar un  reportaje titulado “El puente construido en Twitter todavía no existe en Torola”; como también le sucedió a Karen Fernández de Focos TV o Mariana Belloso, de la Prensa Gráfica y conductora del programa radial Morning Club.

La RELE constató que este acoso digital fomenta la autocensura de muchos periodistas en redes sociales por miedo a las represalias. “[El ciberacoso] por parte de seguidores del presidente Nayib Bukele se ha vuelto común en las redes sociales en contra de personas que cuestionan o discrepan las decisiones de su gobierno […] Este acoso se mantiene en estos momentos con otras periodistas”, dijo Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, quien también ha sido víctima de ataques digitales.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, (derecha) camina en los pasillos del Hotel Crown Plaza en San Salvador, el 3 de diciembre de 2019, durante una visita organizada e invitada por el gobierno salvadoreño. Foto FACTUM/ Salvador MELÉNDEZ.

Nayib bajo la lupa de la RELE

Aunque el año pasado correspondió a dos gestiones presidenciales distintas, la mayoría de observaciones se centraron en la gestión de Bukele. Desde el mismo día de la toma de posesión, se detalla cuando un fotoperiodista de El Diario de Hoy fue obligado a borrar material gráfico tras haber captado un incidente entre una persona de la tercera edad y un miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP).

“Lo que es preocupante es que es el mismo presidente Bukele quien se dedica a desligitimar la voz de periodistas y medios de comunicación. Esto muchas veces logra que sus seguidores, que son muy fanáticos, terminen agrediendo a periodistas o los medios”, dijo la presidente de la APES.

Ese tipo de declaraciones estigmatizantes se ha visto desde  antes que asumiera Bukele la presidencia. La Relatoría Especial también puso especial énfasis en las declaraciones hechas por Bukele en su cuenta de Twitter que, a su juicio, consisten en declaraciones estigmatizantes, incluso antes de asumir en el cargo.

El 30 de abril de 2019, el entonces presidente electo escribió (Sic):

“Hoy FACTUM se graduó de Fake News, ‘interpretando’ tuits con cosas que no tienen NADA QUE VER”.

También, según información de público conocimiento, la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) acusó al periodista de la revista Factum, Fernando Romero de ser un “sicario periodista”, luego de que este cuestionase un viaje de una autoridad gubernamental (Sic): «Pueblo salvadoreño identifique a este sujeto. Es uno de los SICARIOS «periodistas» pagados por el hombre de las harinas. Él y otros andan tras un funcionario», escribió en redes sociales el sindicato a través de un usuario que luego cambió de nombre en esta red social.

La Relatoría Especial también fue informada que el 17 de febrero la Fiscalía General de la Republica (FGR) citó a siete periodistas de la revista Factum para declarar como testigos en un caso de corrupción que el medio de comunicación destapó en su artículo “Audios revelan que expresidente Funes pagó para comprar diputados”. Dicho citatorio indicaba que se aplicaría el apremio en caso que los periodistas no se presenten en las ocasiones en que fueran requeridos, contrario al Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH que reza que: «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».

La presidencia ejerció censura previa

Aunque la APES documentó acoso físico y amenazas a periodistas –más en el interior del país, donde autoridades de seguridad pública tratan de amedrentar a fotoperiodistas y periodistas comunitarios tomando fotografías de sus documentos de identidad y credenciales–, la asociación documentó una gran cantidad de casos en que el Ejecutivo trató de impedir la cobertura de conferencias de prensa y otras actividades.

Sobre ello, la Relatoría Especial fue informada sobre el impedimento de cobertura y la prohibición de entrada a una conferencia de prensa por parte de la Presidencia de El Salvador al periodista y el fotoperiodista de El Faro, Gabriel Labrador y Víctor Peña, respectivamente, así como al periodista de la Revista Factum, Fernando Romero, el 6 de septiembre, cuando el gobierno de la república hizo el lanzamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de El Salvador (CICIES), que cuenta con el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mismo 6 de septiembre, el presidente Bukele intentó desmentir el bloqueo y republicó un comunicado de su secretaría de Comunicaciones, aduciendo que  la decisión de restringir el acceso a estos dos medios obedecía a supuestos malos comportamientos de sus periodistas en conferencias previas. Según la Secretaría, la orden se mantendría en firme «hasta que no exista un compromiso serio por parte de los medios de comunicación restringidos este día de respetar la labor de los demás periodistas y de la institución».

Bukele incluso se mofaría de Revista Factum y El Faro a través de su cuenta oficial de Twitter:

Los periodistas involucrados explicaron que respetan el desarrollo de las conferencias, solo que a raíz de la negativa de los organizadores a darles espacio para hacer preguntas directas, levantaban la voz para ser escuchados por las autoridades presentes. 

Cinco días después, Presidencia de la República bloqueó el trabajo de otro periodista de Revista Factum, que intentó darle cobertura a la presentación del proyecto ferroviario Tren del Pacífico, y se le dijo que por órdenes superiores ningún periodista de este medio podía ingresar a Casa Presidencial.

El 19 de septiembre, Revista Factum solicitó a la Presidencia de la República la copia del protocolo que habrían violado sus periodistas. Según la resolución firmada por Gabriela Gámez Aguirre, oficial de información de la presidencia, el 9 de octubre de 2019, la secretaría de prensa de la institución notificó que no tenían ningún protocolo de periodistas; mientras que la Secretaría de Comunicaciones  afirmó que dicho protocolo se encontraba en proceso de legalización, razón por la cual no podía ser remitido de momento. “No obstante, cuando este se encuentre debidamente suscrito, se hará la remisión al solicitante”, decía la resolución.

Seis meses después, el documento aún no ha sido enviado.

La prohibición se levantó el 12 de septiembre, pero se siguió obstaculizando la participación de periodistas de estos medios en las rondas de preguntas a funcionarios. 

Todo esto fue una violación al artículo 13.2 de la Convención Americana que señala explícitamente que “el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa” y al principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión que consagra que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley”.

La Relatoría también tuvo información sobre la suspensión de toda pauta publicitaria oficial a El Diario de Hoy por denunciar el bloqueo contra periodistas de El Faro y Revista Factum; además, recibió información de que el Ministerio de Trabajo en El Salvador estaría realizando inspecciones laborales selectivas a medios de comunicación.

Impunidad en caso de violencia contra la prensa

La Relatoría Especial también le recordó al Estado salvadoreño que se mantienen en la impunidad los casos de la periodista y presentadora del canal 29 de Apopa, Roxana Contreras, y el del camarógrafo del canal 21, Samuel Rivas, ambos asesinados en 2017. 

Además recordó que la RELE tiene información sobre la solicitud del gobierno de Holanda para que el Coronel Mario Reyes Mena, entre otros, sea llevado ante la justicia de El Salvador por el homicidio de cuatro periodistas holandeses que fueron asesinados en una emboscada del ejército en 1982.

Par la CIDH, los  Estados tienen la obligación de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes. “Para la Comisión es fundamental que el Estado de El Salvador investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”.

La CIDH también manifestó su preocupación por la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa Nacional para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Algo denunciado por  diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, la Relatoría Especial cuenta con información que demuestra que el Ministerio de Trabajo del gobierno en funciones estaría realizando inspecciones laborales selectivas. “En esa línea, según un comunicado emitido por la Mesa de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras Relacionadas a la Información, los medios seleccionados para las inspecciones habrían sido elegidos por cuestiones políticas», reza el documento.

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