La Fiscalía General abrió en enero de 2017 una investigación contra López Jerez por sospechas de lavado de dinero, luego de que una acusada de evadir $12 millones entregara al juez un audio donde se escucha al abogado, quien era su defensor, negociar beneficios procesales para ella con el exfiscal general Luis Martínez.
Ilustración FACTUM/Mariana Macal
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“Se hizo acuciosa revisión de su perfil, especialmente en lo que respecta a la moralidad y competencia notorias; se constató que cumplía con los requisitos constitucionales y legales y de manera especial su preparación académica, idoneidad, experiencia y aptitud para el cargo”. Esa fue la frase que usó el partido oficialista Nuevas Ideas para justificar el nombramiento del abogado Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala de lo Constitucional hasta 2024, en reemplazo de Óscar Pineda Navas, uno de cinco magistrados destituidos el 1 de mayo de 2021.
López Jerez había sido magistrado de la Sala de lo Civil desde el 24 de septiembre de 2015. Pero, usando como excusa un discurso anticorrupción en el Órgano Judicial, el 1 de mayo de 2021, los diputados oficialistas lo ascendieron a la Sala de lo Constitucional, una de mayor rango por el tipo de casos que resuelve, y le dieron la presidencia de la Corte, obviando un antecedente: la Fiscalía General lo investigaba desde enero de 2017 por sospechas de lavado de dinero.
El funcionario a quien el oficialismo le confió la administración del Órgano Judicial tiene antecedentes en la Fiscalía y en la Policía por una investigación por lavado de dinero. Se vio envuelto en una cadena de petición de favores en un caso de evasión de $12 millones en impuestos. Además, según vaciados telefónicos que constan en un proceso judicial, se rodeó de un círculo íntimo de amigos que incluye a figuras como el exfiscal general Luis Martínez, procesado por corrupción, y el diputado Guillermo Gallegos, con quienes hizo viajes turísticos.
La investigación por lavado de dinero contra López Jerez inició después de que fue el abogado defensor de la comerciante Bertila Ponce de Olmedo, condenada por evadir impuestos por $12.2 millones en 2008 desde Ferjasa y Águilas, dos sociedades anónimas en las que ella tuvo participación como representante legal.
El reporte de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la Policía Nacional Civil (PNC), con referencia fiscal 54-UDIF-2016 y actualizado al 31 de diciembre de 2019, detalla que la investigación contra López Jerez fue asignada a una fiscal el 9 de enero de 2017, cuando él era magistrado de la Sala de lo Civil.
El caso, identificado en la Policía con el número DIPEDDF-005-DIDF-001-2017, también describe que López Jerez estaba identificado como un actor criminal de delincuencia común; que gozaba de libertad y que su fuente de financiamiento provenía de ilícitos.
Correo electrónico enviado por el encargado de informática de la División de Investigación patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la PNC al departamento que elabora el mapa de criminalidad que tiene adjunto la Matriz planteada actualizada al 31 de diciembre de 2019 con los nombres de las personas que en ese momento estaban siendo investigadas por lavado de dinero. En la casilla 183 de documento de Excel está el detalle del caso en contra de Óscar Alberto López Jerez.
La revisión de 6,000 páginas del expediente del caso de evasión de impuestos contra la clienta de López Jerez; el análisis de documentos compartidos por un grupo de ciberactivismo conocido como “Guacamaya Leaks”; el acceso a los mensajes telefónicos que forman parte de una acusación en contra del exfiscal Luis Martínez y consultas con fuentes judiciales ubican al actual presidente de la Corte como objetivo de una investigación por lavado de dinero, que estuvo identificada en la Policía como el caso “Martínez”.
Las diligencias en contra de 12 personas, que incluyó a López Jerez y a la comerciante Bertila Ponce, también estuvieron dirigidas hacia el exfiscal Martínez, quien permanece en arresto domiciliario porque tiene pendiente un juicio por actos de corrupción.
Mensajes de texto del chat de BlackBerry intercambiados en 2015 entre el entonces fiscal general Luis Martínez y José Luis Córdova, como intermediario, confirman la petición de favores procesales para Bertila Ponce, así como la mediación de López Jerez para influir en el rumbo del caso de su clienta. Córdova era en aquel momento asesor de la familia implicada en el caso: de apellido Martínez, pero sin vínculo familiar con el exfiscal. Se refería a la familia como sus clientes, pero no especificaba el tipo de relación, pues no está registrado como abogado en la Corte Suprema de Justicia, según confirmó esta revista.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar López Jerez (izquierda) sonríe al lado del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, previo al discurso del segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele, el 1 de Junio de 2021.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
La trama del caso por lavado
López Jerez ha estado vinculado a Bertila Ponce de Olmedo al menos desde 1998. En el caso por evasión de impuestos, fue su defensor poco menos de un año, entre el 22 de octubre de 2014 y el 5 de octubre de 2015. Renunció al caso once días después de ser elegido como magistrado de la Sala de lo Civil, según lo justificó al juzgado del caso. Su compañero en el equipo jurídico era el abogado José Roberto Cálix Ortez.
El abogado Cálix Ortez, consultado por esta revista, dijo que no hablará de este caso por respeto al secreto profesional. Se le solicitó que hiciera un enlace con su clienta Bertila Ponce o que compartiera su número de contacto, pero al cierre de esta publicación aseguró que ella no había tomado la decisión de acceder a la petición.
El proceso contra la comerciante inició cuando la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda denunció a Ferjasa y Águilas por evasión de impuestos en el año fiscal 2008. Ferjasa fue inscrita en el rubro de venta de productos y mercadería diversa y prestación de servicios de bienes raíces. Águilas fue creada para hacer exportaciones e importaciones de bienes y compra y venta de artículos del hogar. Ambas están inscritas con la misma dirección: el local 9, segunda planta de la quinta etapa de Metrocentro, en San Salvador. Según el Registro de Comercio hasta el 7 de junio de 2023 siguen activas, pero sus últimos balances fueron presentados en 2010.
Se buscó a los representantes de ambas sociedades en la dirección registrada en Metrocentro, pero ya no operan allí. En uno de los locales hay una cooperativa de ahorro y crédito y el otro está vacío, disponible para ser alquilado. Un vigilante del centro comercial aseguró que esas sociedades cerraron sus puertas desde hace más de siete años.
También se buscó al presidente de la CSJ, pero su personal de comunicaciones ignoró las peticiones de entrevista con el funcionario desde la semana pasada.
Cuando López Jerez aún era abogado de Bertila Ponce, la comerciante le reveló a un juez que desde antes de 2008 mantenía relaciones comerciales con dos empresarios de apellidos Martínez Santiago y Martínez Pascual, que son padre e hijo respectivamente. Ella dijo, según consta en el expediente judicial de este caso, que el trato era que ellos le remesaban el dinero de siete sociedades a las cuentas de Ferjasa y Águilas y ese efectivo estaba a su disposición de manera permanente.
Según la confesión de la acusada, el dinero remesado nunca le perteneció, pero le permitió acreditar a su favor “una bonanza financiera” que le abriría puertas para extender sus operaciones comerciales.
“Cuando lo ven débil a uno, financieramente hablando, pocas son las personas que creen que uno crecerá empresarialmente…dichas personas me aseguraron verbalmente que sobre ese dinero que remesaron a las cuentas de Ferjasa y Águilas han pagado en su totalidad los respectivos impuestos”, plasmó Ponce en un escrito dirigido al juez del caso el 18 de agosto de 2016.
Esa misma fecha, y junto al escrito, Ponce entregó al juez una memoria USB Kingston que contenía un audio grabado en una reunión realizada el 29 de diciembre de 2014, fecha en que López Jerez aún era su abogado. Ella describió que en el audio se escuchaba al hermano de una de las personas con quien hizo negocios en el momento en que “sostuvieron reuniones con el fiscal general de la época (Luis Martínez) con quien se tomaron acuerdos, pactos, convenios, para influir en el desarrollo de este proceso judicial”.
“Soy la persona acusada injustamente mientras los señores Martínez se burlan de mí como el chivo expiatorio que usaron para evadir al fisco, en contubernio con el exfiscal Luis Antonio Martínez”, escribió Ponce al juez de la causa.
La fiscal del caso le pidió al juez la USB con el audio para abrir una nueva investigación, y el 12 de septiembre de 2016 el juzgado accedió a entregarla. La investigación por lavado de dinero que abarca a López Jerez inició en enero de 2017, después de que Bertila Ponce fue condenada a tres años de prisión por la evasión de los $12.2 millones de impuestos.
En El Salvador, la evasión de impuestos es una operación sospechosa que está incluida entre los delitos generadores de lavado de dinero, según está enumerado en el artículo seis literal la de la ley Contra el lavado de dinero y de activos.
Los mensajes que delatan peticiones
En el celular del exfiscal general no quedó huella de conversaciones directas con López Jerez entre el 23 de enero de 2015 y el 22 de agosto de 2016, según el vaciado del teléfono que le fue decomisado a Martínez al ser capturado. Ese vaciado también determinó que el número de celular de López Jerez fue borrado dos veces del dispositivo móvil del entonces fiscal general.
Sin embargo, otras conversaciones revelan que el ahora presidente de la CSJ y el exfiscal se reunían con frecuencia y que, para ponerse de acuerdo, utilizaban como intermediarios a amigos en común como Juan Torres, expresidente de la FEDEFUT, y a José Luis Córdova.
Las imágenes del ex fiscal general, Luis Martínez, detenido por diversos delitos, entre ellos, vender justicia, asombraron a los salvadoreños en agosto de 2016.
Foto Factum/Salvador Meléndez
“Bro en el caso bomba a petición d los peritos d la corte d cuentas la fiscal del caso mirna mercedes flores quijada esta citando a mis clientes Pablo y darwin Martínez a declarar…urge detenerlo”, le escribió un mensaje en el chat de BlackBerry el abogado Córdova al fiscal Martínez el 2 de septiembre de 2015, a las 3:42 de la tarde.
Córdova estaba preocupado por sus clientes: los empresarios de apellido Martínez a los que Bertila Ponce acusó de depositar dinero en las cuentas de Ferjasa y Águilas.
“Dice López jerez (entonces defensor de Bertila Olmedo) q la fiscal va con todo. Q t verá otro rato…Ayúdame en serio porfa ya no les puedo fallar”, suplicó Córdova al entonces fiscal Luis Martínez, el 7 de septiembre de 2015.
El círculo de amigos de López Jerez
El magistrado Óscar López Jerez saluda al diputado Guillermo Gallegos en el salón azul de la Asamblea Legislativa. Foto Factum/Gerson Nájera
Tres meses antes de su nombramiento como magistrado de la Corte Suprema, López Jerez planificó un viaje a Los Ángeles, Estados Unidos, con el diputado Guillermo Gallegos, jefe de fracción de GANA y primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Así se lo contó por mensajes instantáneos el diputado de GANA al exfiscal Luis Martínez, el 4 de junio de 2015, con la intención que se sumara al plan: “Y con Oscar bamos a los angeles sibquieres ir nos vamos a dar un vueltin”.
En esa conversación, Luis Martínez dijo que tenía mucho trabajo y que no los podía acompañar, pero se ofreció como intermediario para decirle a su viejo amigo Juan Torres, residente en Estados Unidos, que paseara con ellos. Ese día, el diputado y el fiscal también bromearon sobre López Jerez: “Llevare amarrado a Oscar vaya hacer q no nos dejen entrar en los angeles por la cara de loco q tiene jajajjaa”.
Se buscó al diputado Gallegos, por medio de su asistente, para preguntarle por su amistad con el presidente de la Corte Suprema, y por el viaje que efectuaron tres meses antes de su elección, pero no se obtuvo respuesta. También se le dejó un mensaje de Whatsapp en su teléfono celular, el cual leyó, pero no respondió.
Otro intercambio de mensajes detalla que la ahora fiscal adjunta de la Mujer y Grupos Vulnerables, Marina Haydee Martínez de Ortega, le solicitó al exfiscal Luis Martínez que recomendara a su esposo Orlando Ortega con López Jerez para que pudiera trabajar en el Órgano Judicial. La petición hecha el 3 de noviembre de 2015, en palabras de la fiscal, era para que Luis Martínez le diera “un empujoncito” con su amigo. En el momento de la conversación, Martínez accedió a hacer la petición de su subalterna y,aunque no quedó detallado el resultado de esa gestión, hasta enero de 2021 el esposo de la fiscal trabajó en el centro judicial de Santa Tecla.
Esta revista llamó a su celular a la fiscal Martínez de Ortega el pasado 22 de agosto de 2023, para preguntarle si el favor solicitado en noviembre de 2015 había tenido frutos, pero ella colgó después del saludo.
Su trayectoria y sus defendidos
Óscar López Jerez fue nombrado magistrado presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional desde el 1 de mayo de 2021, sin haber seguido el proceso legal de selección. No fue entrevistado por los diputados de la Comisión Política ni tampoco fue nominado por una asociación de abogados para ese cargo. Tampoco formó parte del listado de aspirantes que, por requisito constitucional, entrega el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a la Asamblea Legislativa. Únicamente fue trasladado de la Sala de lo Civil a la Sala de lo Constitucional para tomar el lugar del magistrado Óscar Pineda Navas.
En su trayectoria como magistrado, ha protagonizado resoluciones que han sido cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil. En 2016, por ejemplo, apoyó la liberación de militares acusados de perpetrar la masacre de los jesuitas de la UCA en 1989. En 2017, votó para ocultar información de funcionarios investigados por la Sección de Probidad; entre ellos el expresidente Mauricio Funes; y en 2021 votó para que pandilleros salvadoreños no sean extraditados a Estados Unidos.
En septiembre de 2021 fue incluído en la Lista Engel, junto con los otros cuatro magistrados impuestos por el oficialismo el 1 de mayo de 2021. Esa clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos enumera a personas han participado en corrupción, impunidad o debilitamiento de la democracia en Honduras, Guatemala y El Salvador.
El abogado Óscar Alberto López Jeréz, juramentado como el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia por el partido Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021, llega al Palacio Judicial en San Salvador, el 3 de mayo de 2021. Foto Factum/ Salvador Meléndez
La hoja de vida que López Jerez entregó cuando se postuló a la Corte Suprema en 2015 detalla que fue asesor jurídico del Ministerio de Defensa entre 1987 y 1989; fue colaborador en los juzgados Primero de Hacienda y Quinto de lo Penal entre 1989 y 1990 y fue asesor del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2012.
Como abogado particular defendió al diputado Reinaldo Cardoza en la acusación por enriquecimiento ilícito de más de $1.5 millones en su patrimonio y también a Bertila Ponce de Olmedo por señalamiento de estafa en 1998 en perjuicio una sociedad y tres personas, entre ellas a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, acusado por Estados Unidos de ser uno de los líderes del Cártel de Texis.
El 16 de junio de 2010, López Jerez presentó en la Corte Suprema un recurso de exhibición personal a favor de Elena Villatoro Funes, presentadora de televisión y hermana del ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, para prevenir un posible arresto durante las diligencias de una investigación de la Fiscalía por el delito de trata de personas.
El recurso judicial no prosperó, porque según resolvió la Sala de lo Constitucional Villatoro no fue acusada formalmente por el delito.
Una relación de antaño
La relación entre López Jerez y el exfiscal Luis Martínez existe desde al menos 1999 cuando ambos iniciaron juntos la defensa de Juan Torres, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), absuelto de una acusación de corrupción durante su administración por un desfalco de 35 millones de colones, equivalentes a $4 millones.
Edición del 8 de noviembre de 2003 de La Prensa Gráfica en la que sale una fotografía de los abogados Óscar López Jerez y Luis Martínez que conformaron la defensa de Juan Torres Polanco en el caso FEDEFUT.
La camaradería entre ellos quedó en evidencia en febrero de 2016, cuando López Jerez ya era magistrado de la Sala de lo Civil, y viajó con el fiscal al 50 aniversario del Super Bowl en San Francisco. Se encontraron al histórico jugador de los Lakers Brian Shaw, una casualidad con la que se deleitó López Jerez, pues es un amante del baloncesto. Los tres amigos también vieron el juego de fútbol americano entre Denver Broncos y Carolina Panthers y estuvieron en la fiesta del aniversario del Super Bowl, según se detalla en los mensajes intercambiados entre el exfiscal Martínez y Juan Torres.
Esa edición, cuyos boletos para el partido fueron vendidos en promedio a $5,178 por persona, fue amenizada por Beyoncé, Chris Martin de Coldplay y Bruno Mars que cantaron juntos durante el medio tiempo. En los mensajes no consta quién pagó los boletos o las entradas al show.
“Ya tamos SF…ya en hotel…vine con achachachaaas (apodo con el que se referían a López Jerez)”, escribió Luis Martínez a Juan Torres la tarde del 6 de febrero de 2016.
La incógnita del expediente
Fuentes fiscales consultadas por esta revista, quienes accedieron a hablar del tema sin ser identificadas, no encontraron rastro del expediente por lavado que involucra a López Jerez, al exfiscal Martínez y a los empresarios de apellido Martínez en la Fiscalía. Se pidió a la encargada de prensa, Rosy Arce, que confirmara si la investigación sigue activa o fue archivada, pero no atendió la petición de información hecha por Factum.
Una publicación del periódico El Faro de septiembre de 2016 da detalles de la reunión del 29 de diciembre de 2014, en la que estuvo presente el ahora presidente de la Corte Suprema para discutir favores judiciales para su clienta que, según el audio publicado por ese medio, serían solicitados al entonces fiscal Luis Martínez. El encuentro, según ese reportaje, ocurrió en las oficinas de Almapa, que es la sociedad que maneja la popular cadena de almacenes Bomba.
Entre el 21 y el 22 de agosto de 2023, esta revista llamó seis veces a Almapa para consultarles sobre su vinculación en el caso, pero nadie atendió en el número de teléfono registrado. También se hizo la petición escrita por medio de una carta que fue entregada en la sucursal de almacenes Bomba, ubicada en Metrosur. Tampoco hubo respuesta.
En el audio de la reunión en la que se discutieron favores procesales que fueron solicitados para beneficiar a Ponce, según la publicación de El Faro, se escucha a López Jerez acreditar sus influencias con el entonces fiscal Luis Martínez para evitar la detención de su defendida. Se referían al funcionario como el “número uno”.
―¿Qué pasó ese día? Para que vean una muestra de un botón. Yo conozco bien al “número uno”, sé cómo es ―dice López Jerez, en referencia a Luis Martínez―. Entonces, de repente, me cae una llamada. Ya estábamos notificados que venía la audiencia inicial contra la niña Bertila. En el requerimiento fiscal pidiendo detención provisional para ella”, es la primera frase de López Jerez transcrita en esa publicación.
El ahora magistrado presidente después explica a los empresarios de la familia Martínez, vinculados al caso de evasión de impuestos y lavado de dinero junto con Ponce, el contexto en el que hizo la petición a Luis Martínez:
― Yo no tenía ningún compromiso con ustedes hasta ese día. Estaba claro que no querían nada conmigo y tienen todo el derecho de tener el abogado que quieran. De repente, me cae una llamada del número uno: ‘Mirá, Óscar, mirá ese volado, tratá ahí que le den medidas sustitutivas a la niña Bertila’ ―relata López Jerez aquella llamada telefónica con Luis Martínez―. ‘No, Luis, mirá ―le digo―, disculpá, aquí sí te voy a pedir una cosa…” Claro, por teléfono no le podía decir todas las cosas. ‘Te voy a pedir que me ayudés y vos le digás a la fiscal del caso que cambie verbalmente en la audiencia su petición de detención provisional a medidas sustitutivas, vea’… No es obligación del F1 pedir medidas sustitutivas, pero iba pidiendo la detención provisional. Le dije a él: ‘Mirá, papá, echame la mano y que ella pida la (medidas sustitutivas)… porque esta onda no es así…’
López Jerez dice en el audio que el exfiscal general le dio indicaciones a su subalterna para que no siguiera pidiendo la detención provisional en contra de Ponce:
―Yo le dije (a Luis Martínez): no, hablá con la fiscal y que en audiencia cambie su petición. Allá como a la… quizá una hora, hora y media, me habló él: ‘Vaya, ya hablé con la fiscal’, me dijo. ‘Ya le di instrucciones’. ‘Vaya, así se hace, vergón’. Y chivo, salió todo cachimbón.
El delito de evasión de impuestos es castigado con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, según el Código Penal. La comerciante Bertila Ponce tuvo una condena menor y varias consideraciones por ese delito: un proceso judicial abreviado en el que confesó doble facturación, que según una explicación contable consiste en presentar una declaración de impuestos con información falsa; y su condena de tres años de cárcel fue reemplazada por trabajos de utilidad pública.
El juez, que probó el desfalco millonario al fisco, justificó que no la mandó a prisión porque por la crisis carcelaria no se cumpliría el mandato de ley que es la “rehabilitación”.
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