@revistafactum #EditorialFactum ♬ sonido original – Revista Factum
Los sucesos que ocuparon la agenda mediática salvadoreña en la última semana, con un supuesto pleito e investigación dentro del partido Nuevas Ideas, demuestran el precio que el país debe pagar cuando quienes deciden sobre nuestras vidas, los actores políticos, hacen de la mentira un hábito.
El contexto político salvadoreño ha llegado a ese límite, como quedó claro en la última semana, en la que un asesor de seguridad del gobierno, que se ha manejado desde la opacidad, reveló información delicada acerca de un diputado oficialista.
Ni la palabra de uno ni la del otro es garantía de confianza. Como tampoco es digna de credibilidad la palabra de dos de los más grandes ejemplos de la mitomanía nacional.
Es tan ingenuo confiar en la palabra del expresidente que debió exiliarse y nacionalizarse como nicaragüense y que hoy alega, para justificar sus contradicciones, que le hackearon la cuenta de su red social.
Y tampoco podemos confiar en la palabra del presidente de la República en funciones, quien continúa actuando con la desfachatez de asumirse como fiscal, juez y verdugo.
El Salvador se balancea sobre la cuerda floja del escepticismo cuando la estrategia de políticas públicas ha sido sepultar la transparencia. Llegamos a un escenario en el que nada de lo que se informa nos aporta certidumbre.
Si le concedemos mansamente el monopolio de la agenda mediática a actores populistas, terminaremos atestiguando al Estado de Derecho como un espectáculo.
La última semana buscaron imponernos la narrativa de una “lucha contra la corrupción” que, en apariencia, incluye al partido oficialista.
Entonces conviene preguntarnos: ¿Es creíble un doble agente que revela sus secretos en redes sociales? ¿A qué obedece este supuesto pleito interno? ¿Por qué la lucha contra la corrupción incluye solo a algunos funcionarios?
Todo esto mientras enterraban de la agenda algo tan grave como la destitución del director del Centro Penal la Esperanza, ese mismo Centro Penal del que ha habido serias acusaciones de corrupción bajo el contexto del Régimen de Excepción.
O mientras se destapaba otro caso más de corrupción en el Ministerio de Salud; o mientras descubrimos la existencia de una empresa del condenado exfiscal Luis Martínez y el actual comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán.
Conviene mirar para arriba y preguntarnos para qué quieren que creamos lo que nos quieren vender.
Opina