En los últimos meses, el aparato de propaganda del oficialismo se ha encargado de promover de forma masiva y casi exclusiva aquellos fragmentos de la opinión pública que entran en sintonía con su versión respecto a la criminalidad y la violencia social.
Foto Factum/Archivo
“Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”, mencionó Bukele en su discurso de tercer año de gestión. Y desde entonces, con un efecto cascada, funcionarios, personajes públicos afines al oficialismo y operadores políticos desde el exterior bombardean con incansables mensajes de admiración por los supuestos éxitos de esta medida. Algunos se han aventurado a afirmar públicamente que El Salvador es, con el régimen de excepción, “el país más seguro de América Latina”.
De forma complementaria, pero no menos importante, existe un eco digital por parte de personeros del gobierno en las distintas redes sociales en el que se promueven mensajes de ciudadanas y ciudadanos que se sincronizan, en forma y, a veces, en contenido, con los comentarios oficialistas.
Como parte de una efectiva campaña publicitaria, el enfoque comunicacional del Estado, además de explotar las emociones del público para garantizar su atención, se ha basado en enaltecer y promocionar aquellos atributos de la marca que más gustan a los espectadores y disimular, o si es posible eliminar, aquellos rasgos que resultan desfavorecedores o perjudiciales. El resultado de esta operación es la transmisión de una visión reduccionista y sesgada sobre los problemas que acontecen al país.
La realidad es más densa de lo que la propaganda oficial difunde y merece ser estudiada con rigurosidad científica para tener una comprensión más amplia de los fenómenos sociales en estudio. El Iudop realizó, en septiembre de 2022, su más reciente estudio de opinión pública que abordó, entre otras temáticas de la coyuntura nacional, diferentes aspectos relacionados al régimen de excepción.
Según los datos de la encuesta, la aprobación ciudadana hacia la medida continúa siendo alta. Tres de cada cuatro salvadoreñas y salvadoreños dieron una nota favorable al régimen de excepción, registrándose un promedio global de 7.24. Una proporción igual declaró sentirse segura durante la vigencia de esta medida y un poco más de la mitad de la población sostiene que no hay presencia de pandillas en el lugar donde vive, una proporción superior al 26.6 por ciento registrado en la encuesta del Iudop de diciembre de 2021.
La lectura de esta pequeña parte de la encuesta pudiese converger con la lectura parcial de la realidad que hace el oficialismo, pero esta visión de los hechos es incompleta y sería irresponsable centrarse únicamente en la difusión de esa sección de los datos.
En primer lugar, es importante indagar qué variables influyen más para que una buena parte de la población salvadoreña apruebe una medida que ha suprimido garantías constitucionales por más de siete meses. Hipótesis iniciales podrían adelantar que hechos fácticos que afectan directamente a la población, como el hecho de haber sido víctima de delitos o conocer personas que han sido víctimas de delitos en el marco del régimen, preliminarmente, podrían ser considerados como los más relevantes a la hora de aprobar esta medida. Sin embargo, la evidencia empírica a partir de los resultados de la encuesta nos revela otra perspectiva: la aprobación ciudadana hacia el régimen depende más de variables abstractas que de hechos o sucesos que experimentan las personas en su día a día. Entre las variables que mayor relevancia tienen en la aprobación ciudadana hacia esta medida están la imagen que, hasta el momento, tiene la población del presidente y de los legisladores, así como la preferencia partidaria que la población declara.
Es claro que, hasta el momento, el oficialismo ha sido diligente en posicionar en el debate público y digital la efectividad de esta medida. Los argumentos triunfalistas de la administración Bukele son cuidadosamente salvaguardados tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales, lejos de la posibilidad de ser contrastados con información y datos sistematizados por organizaciones académicas y de sociedad civil que permitan a la ciudadanía amplificar su encuadre analítico sobre los efectos que ha desencadenado el régimen de excepción. La información divulgada por las autoridades se ha enfocado en anuncios sencillos y mensajes cortos, unidireccionales, replicados por personas externas que validan el régimen.
No es en vano que, a falta de un buen clima en la opinión pública en otras áreas, como la economía, las autoridades se mantengan aferradas a la disminución momentánea de los homicidios como su principal y, de momento, única herramienta útil para mantener su popularidad.
Bukele necesita apelar constantemente al régimen de excepción para que su popularidad se mantenga alta. Mientras que sus funcionarios, sin importar el órgano o dependencia del Estado de la que se trate, hacen lo mismo con el afán de aspirar a tener niveles de respaldo similares. El resultado es bastante obvio: desde su aprobación, el régimen ha sido y seguirá siendo, mientras continúe vigente, utilizado a discreción por todo tipo de funcionario público o dependencia oficialista que necesite mejorar su imagen.
En segundo lugar, es importante analizar con mayor detalle aquellas respuestas que también forman parte de la opinión de la población salvadoreña. El 96 por ciento de la población considera que las personas detenidas tienen derecho a saber la razón de su detención y a tener un abogado defensor; además, el 92.7 por ciento afirmó que todas las personas detenidas a las que no se les comprobara delito debían salir inmediatamente en libertad. Incluso, dentro del 26.7 por ciento de la población que señaló que su partido político de preferencia era Nuevas Ideas, 9 de cada 10 reconocieron que los detenidos debían conocer la razón de su detención, tener abogado defensor y que las personas a las que no se les había podido comprobar un delito debían salir en libertad inmediatamente.
En tercer lugar, a partir de los resultados de este estudio de opinión es posible encontrar evidencia que permite afirmar que la opinión pública también difiere con uno de los principales argumentos del oficialismo. La propaganda del gobierno emite anuncios publicitarios que advierten que están “a punto de ganar la guerra contra las pandillas” o que no descansarán “hasta capturar al último pandillero”; sin embargo, el 49.8 por ciento de de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción no resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas en el país.
Los datos muestran que la población no proyecta los resultados finales de la medida con la misma mirada optimista con la que propugnan los anuncios del Ejecutivo. Probablemente, el contacto cotidiano con su propia realidad comunitaria y las experiencias con el manodurismo de los gobiernos anteriores dan a las y los salvadoreños una perspectiva menos triunfalista y más aterrizada ante la forma en que ha evolucionado el fenómeno de las pandillas en el país. Lejos del simplismo de la publicidad gubernamental, la mitad de los salvadoreños sostiene que este problema no podrá ser solucionado únicamente a través de la represión.
Por último, tener una visión comparativa temporal de los sucesos es indispensable para amplificar el análisis. La aprobación del régimen de excepción descendió en cerca de 10 puntos porcentuales entre abril y septiembre, bajando del 84.8 por ciento al 75.9 por ciento. La proporción de personas que conocen el caso de detenciones injustificadas se duplicó, pasando de un 16.5 por ciento en el mes de abril a un 30.5 por ciento en este estudio. Este último dato no puede tomarse a la ligera. Son 3 de cada 10 salvadoreñas y salvadoreños al cierre de septiembre de 2022 los que saben el caso de al menos una persona inocente, capturada en el marco del régimen, que purgó o está purgando prisión por un crimen que no cometió.
La opinión pública no es estática, predecible, ni mucho menos homogénea; esta puede variar en el tiempo. Sin embargo, los propagandistas que hacen uso de ella insisten en afirmar que existe un respaldo ciego a las medidas del gobierno, pero a menudo olvidan que hay ciertos rasgos de la opinión pública que no se pueden conectar maliciosamente debido a que esta no es uniforme. Por ejemplo, el hecho de que 3 de cada 4 personas aprueben el régimen de excepción no quiere decir que automáticamente se apruebe que personas a las que no se les ha podido comprobar delitos sigan en prisión; tampoco significa que porque la mayoría de la población declare en este estudio sentirse segura o que haya visto una reducción en el accionar de las pandillas en sus colonias piense per se que el régimen sea la medida que va a solucionar de una vez por todas el problema de las pandillas, como intenta reproducirlo incansablemente la propaganda oficial. Los datos han evidenciado que las figuras públicas y, sobre todo, los funcionarios públicos deberían empezar a ser más responsables al utilizar la opinión pública para argumentar sus posturas.
Opina