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Nuevas ideas o nuevas acciones

De acuerdo con las autoridades gubernamentales y algunos medios de comunicación, el llamado Plan Control Territorial está empezando a reportar resultados atendibles, en particular en materia de homicidios. Se ha instalado la convicción de que las cifras de este delito se están reduciendo de un modo sensible, a niveles vistos solo durante “la tregua” iniciada en marzo de 2012. Dado que el planteamiento oficial en general no es de conocimiento público y sus contenidos se van descubriendo paulatinamente y por partes, no hay más alternativa que tratar de “adivinar” los fundamentos clave de la estrategia del actual gobierno.

Todo parece indicar que, al menos hasta hoy, al Plan Control Territorial le subyacen “principios” tales como: 1) Focalización de áreas geográficas críticas; 2) Saturación territorial de policías y militares; 3) Recuperación de comunidades con inversión social, y 4) Provisión de tecnología y equipamiento policial. Todas estas ideas son más viejas que andar a pie o que Matusalén. De manera separada e inconexa, han figurado en documentos de política pública desde que existía el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), creado en 1996, pasando por los postulados de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura (incluyendo los programas Mano Amiga y Mano Extendida). Y además aparecieron, de forma más integrada u holística, en las dos versiones de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia (2009-2014 y 2014-2019), la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV) y, por último, el Plan El Salvador Seguro (PESS). Así, en cuanto a ideas no se advierte nada nuevo o inaudito. Ya se verá si la cuestión cambia más adelante y los “expertos en innovación” dicen esta boca es mía.

Cada uno de esos antecedentes documentales estaba atiborrado, casi fatalmente plagado de objetivos, estrategias, ejes, resultados, acciones, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual dificultaba su ejecución concreta, o como mínimo la volvía mucho más compleja. Por ejemplo, el PESS estaba estructurado en cinco ejes de intervención, los que reunían un total de 21 resultados y 124 acciones de corto, mediano y largo plazo. Nada menos que 124 acciones. Asimismo, priorizaba la atención de 50 municipios, cuya cobertura sería gradual y estaría distribuida en tres etapas. Y, por si fuera poco, su implementación exigía un presupuesto global estimado en 2,100 millones de dólares y demandaba la participación de un amplísimo conjunto de actores y sectores aglutinados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). En suma, el PESS era cualquier cosa, menos una estrategia operativa y pragmática.

Si lo que se está buscando son “ideas”, el PESS sin duda fue un banco o catálogo decente, ordenado e integral, con un buen repertorio. Aún lo es. Sin embargo, como la principal evaluadora de la teoría es la práctica, no al contrario, es complicado averiguar y determinar qué tan útil resultó ese instrumento en realidad.

En lo tocante al diseño de políticas públicas, es mejor guiarse por el “principio KISS” (“Keep It Simple, Stupid!”, expresado en inglés), es decir: “¡Mantenlo sencillo, estúpido!”. Es preferible (muchísimo más) un diseño simple e implementable que uno complejo e inviable. La sencillez no necesariamente es un vacío o error, puesto que abona a la practicidad. Siguiendo a Pareto, el desafío estriba en identificar e intervenir los factores “vitales” (que son pocos) y no malgastar recursos actuando sobre los aspectos “triviales” (que son muchos). Es consabido que a eso suele llamársele “mirada de acupunturista”.

En palabras de Cohen Saavedra: “El inteligente no es aquel que lo sabe todo sino aquel que sabe utilizar lo poco que sabe”. En caso de que se confirme que la disminución de homicidios es un hecho, manteniendo la metodología empleada en administraciones anteriores para fines de comparabilidad, lo que se demostraría es que no se requería de brillantes o grandilocuentes “ideas”, sino de decididas y claras “acciones”. La novedad radicaría en lo que se hace, no en lo que se dice. Y la voluntad de actuar habría sido, en ese hipotético escenario, la gran ausente en los años recientes.

No faltará quien arguya que quizás sí se han reducido los homicidios, pero regatee que la violencia persiste en otras manifestaciones. Si se usa como argumento descalificatorio, esto no revelaría más que ignorancia o mezquindad. Si en efecto han bajado las muertes violentas y con el paso del tiempo se establece una verdadera tendencia, eso tendría un valor per se y constituiría una notable variación en el panorama de inseguridad. Conviene esperar para sacar las cuentas. Es demasiado temprano para hacer evaluaciones y extraer conclusiones.

Nadie sostiene que el homicidio es el único problema de criminalidad en el país, pero tampoco puede esgrimirse que no reviste ninguna importancia o que no significa nada. Podría haber un logro que ameritaría reconocimiento y un riguroso análisis, libre de prejuicios, si se es intelectualmente capaz y honesto. Un serio e interesante punto de reflexión debería ser el rol que las mismas maras o pandillas pudiesen estar teniendo en la autorregulación de la delincuencia. Hay que recordar que “el rival también juega”.

Ahora bien, permanecen cuando menos dos interrogantes válidas: 1) ¿Cómo se relaciona el Plan Control Territorial con el Plan Cuscatlán?, y 2) ¿Los probables resultados iniciales serán sostenibles? El Plan Cuscatlán, como collage de ideas, proponía la activación del Plan de Seguridad Pública (PSP), el que supuestamente estaría organizado en tres líneas de acción: prevención, combate al crimen y rehabilitación y reinserción. El Plan Control Territorial, según se rumorea, está compuesto por siete fases, las cuales se irán conociendo en el camino, ojalá que no de manera improvisada. Talvez ocurre que este último sustituye al primero, o que lo subsume. Quién sabe. Queda la duda.

Y la respuesta a la segunda pregunta, en un sentido más práctico, dependerá de un desarrollo balanceado de las medidas impulsadas y, en especial, de “completar la oferta” de conformidad con la cadena de valor en la seguridad ciudadana y justicia, así como del constante fortalecimiento de los equipos de trabajo en campo. En el pasado ya se han registrado lapsos con reducción de homicidios que después se interrumpen bruscamente, e incluso luego se alcanzan números superiores a los de períodos previos, en una suerte de “efecto búmeran”, tal como sucedió con los Mano Dura y Súper Mano Dura o “la tregua”. No hay que cantar victoria todavía. También sería equivocado asumir triunfalismos tan pronto.


*Luis Enrique Amaya es consultor internacional e investigador en materia de seguridad ciudadana, asesor de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional; experto en análisis y gestión de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia.

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