En Chalchuapa urge una comisión internacional

El hallazgo de una fosa con más de una docena de cadáveres en el domicilio del exagente policial Hugo Ernesto Osorio Chávez y la existencia confirmada por funcionarios de Seguridad de al menos siete fosas más en los alrededores plantean un reto investigativo para el Estado salvadoreño, una prueba que ni los investigadores policiales, ni los fiscales, ni las instituciones a las que pertenecen, son capaces de superar.

Lo anterior no es más que una aseveración lógica, al tener en cuenta los precedentes investigativos de la corporación policial y de la Fiscalía General de la República, instituciones cuestionadas en el pasado y en el presente por la falta de legitimidad de sus titulares. Pero, más aún, por la extrema lentitud de sus procedimientos, por la falta de especialistas independientes en materias útiles para investigar delitos y por la limitada disponibilidad de recursos materiales que les permitan obtener conclusiones y certezas, basadas en la ciencia y en la experiencia, y que luego sean sostenibles ante el Órgano Judicial.

Esta limitada capacidad de las autoridades para investigar, acusar y probar los ilícitos cometidos acompañó buena parte de la transición desde los Acuerdos de Paz, y lo sigue haciendo, fomentando la impunidad, que es otra de las causas que incentivan la migración. En el caso del asesinato y violación de la niña Katya Miranda, representantes del Ihduca solicitamos en el 2003 a la representante diplomática de los Estados Unidos la formación de un equipo de investigadores del FBI que viajara a nuestro país para colaborar con las autoridades, que, por entonces, también anunciaban “grandes resultados” en la investigación de tan sonado caso, y que luego sería otra investigación frustrada y truncada, debido al mal manejo de la escena del delito, a la incompetencia de la mayoría de funcionarios involucrados y a la protección que se les brindó a varios de los familiares que acompañaban a la víctima el día de los hechos.

Aquella propuesta de organizar una misión policial de apoyo se truncó, no por la falta de receptividad entre los funcionarios de la embajada, quienes expresaron su disponibilidad a apoyarla desde un principio, sino que, más bien, debido al rechazo del gobierno de entonces, que se negó a formalizar, por los canales diplomáticos, una petición de ayuda. Esto dejó en entredicho su publicitada voluntad de llegar a la verdad del asunto al impulsar el castigo para los culpables.

Recordando este caso, es difícil no traer a cuenta la oportunidad perdida de trabajar con una Cicies, pues hoy es cuando esta podría desplegar su capacidad de apoyo técnico a la Fiscalía, enfrentada a una investigación de asesinatos y violaciones como los que se cometieron en Chalchuapa, y que, de acuerdo con los mismos involucrados, como lo destaca Revista Factum en su investigación, involucraría a por lo menos once cómplices, entre los que se incluye un soldado, agregándose a esto que: “Según una fuente de Medicina Legal consultada por Factum, han extraído quince solo de la primera fosa ubicada en la casa del exagente. Según los peritos de la Fiscalía, son siete fosas en total donde podría haber más cadáveres…”.

Esto representaría, entonces, una cantidad de víctimas que podría alcanzar el mismo número de muertos de los que se tuvo cuenta en Ayotzinapa, México, donde no fue sino hasta que se constituyó un “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” (GIEI) formado por juristas y médicos, entre los que se encontraba la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, que logró realizar una investigación paralela a la oficial, con los más altos estándares científicos, para echar luz sobre los acontecimientos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la comunidad de Iguala (estado de Guerrero), donde 43 jóvenes estudiantes fueron baleados y luego desaparecidos con la complicidad de policías y militares, protegidos luego por una “verdad histórica”, diseñada por el gobierno mexicano de entonces.

En mala hora, el presidente Bukele encontró la excusa perfecta para dar por terminada la misión de la Cicies, sobre todo ahora que comienza a revelarse más información sobre la magnitud de la matanza en Chalchuapa y la suma de los involucrados. Si como lo revela la investigación del periodista Bryan Avelar, de los dos expedientes abiertos por las autoridades, la única prueba que los sostiene es el testimonio de uno de los asesinos, queda en evidencia —otra vez— que se sigue privilegiando la prueba testimonial, con base en un criterio de oportunidad otorgado sobre bases éticas y legales cuestionables, sin que se tenga por el momento mayor aporte de prueba científica, por más que anuncien la realización de futuras pruebas de ADN, que, de nuevo, es posible cuestionar por adelantado, con base en experiencias de casos de violación a derechos humanos en el pasado.

A este paso, es posible que avance con mayor rapidez el proceso disciplinario iniciado por el fiscal general contra el único criminólogo con el que cuenta el Ministerio Público, antes de que se tengan resultados plausibles sobre la autoría, las complicidades directas e indirectas, y la totalidad de los medios utilizados por los asesinos de Chalchuapa. Mientras tanto, sus familiares y la misma comunidad que rodea las diferentes escenas del delito viven la zozobra de no saber el tiempo que esta investigación va a durar, y si la totalidad de los involucrados ya han sido detenidos. A la vez, decenas de padres y madres se acercan al lugar, buscando identificar los cadáveres de sus familiares desaparecidos, algunos desde los lugares más lejanos, en medio de la desesperación palpable por dar sepultura a sus deudos.

En Chalchuapa se necesita urgentemente el trabajo de una comisión internacional, formada por expertos en diversas disciplinas, que no esté atada a las mediciones de popularidad, ni a la conveniencia política de los funcionarios o al éxito de los planes de seguridad en curso. Se requiere de expertos internacionales cuyas diligencias se orienten exclusivamente a revelar la verdad de lo ocurrido, a identificar con certeza el nombre de las víctimas, la fecha aproximada y la causa de cada muerte, así como la autoría de las agresiones.

Un esfuerzo de este tipo no compromete ni la soberanía del país, ni las atribuciones constitucionales de la Fiscalía. Ya existen precedentes en el territorio con resultados concretos, como lo fue la misma Comisión de la Verdad en 1993, o el Grupo Conjunto que investigó la existencia de “grupos armados ilegales con motivación política”, en 1994. En la región se sigue esta misma tendencia cuando de combatir la impunidad se trata, pues a la experiencia mexicana se suma el pedido hecho hace pocos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que organice en Colombia un grupo de expertos que documenten, de manera detallada, todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el llamado paro nacional.

*Roberto Burgos Viale es abogado y catedrático salvadoreño.