Muchas son las formas en que el Ejecutivo pisotea a la ciudadanía y al Estado. Recientemente, ese pisoteo se ha incrementado y se hace de una forma que no solo insulta al ciudadano, sino que tambien violenta la democracia y la institucionalidad del Estado. Noticias falsas, uso del paro en el pago de salarios a varias instituciones públicas, negarse a cumplir órdenes de otros poderes del Estado, uso partidario de la comunicación y asistencia oficial, falta de rendición de cuentas sobre los gastos públicos, manejo irresponsable de las finanzas públicas, uso de las instituciones del Estado para amedrentar, irrespeto a la libertad de expresión, adjudicación de contratos a familiares o partidarios, y utilización de cargos públicos para proteger a allegados son solo algunos ejemplos de ello.
El Ministerio de Defensa recibe una orden judicial que lo obliga a entregar los archivos de El Mozote. El presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada, dice que ya entregó lo que se puede. El resto no se puede ver porque va contra la seguridad nacional. Se utiliza a la Fuerza Armada en la invasion de la Asamblea. El director de la Policía Nacional Civil entra en desobediencia contra el poder judicial. Ese actuar viola la separación de poderes y los controles establecidos en la institucionalidad del Estado para garantizar el buen desempeño de un órgano estatal por otro. Se viola la ley al no cumplir la orden de un juez.
Se reparten subsidios y canastas alimentarias sin ningún plan y listado de población a beneficiar. Se hace por zonas y muchas de ellas no son de las más pobres. Ello se hace utilizando el aparato del Estado con insignias de partidos politicos y fotos de funcionarios. Varios ciudadanos se niegan a recibir la ayuda pues consideran que no la merecen y saben que no la necesitan. Sin embargo, sí se cobra al erario público por ello, sin rendir cuentas, sin saber con exactitud cuánta ayuda se repartió, a qué costo, cómo se otorgaron esos contratos y a quiénes. Se violan todas las reglas de transparencia, se hace uso indebido de los fondos públicos. Se utiliza al Estado para fines partidarios.
El Ministerio de Hacienda no paga salarios a funcionarios e instituciones de otras dependencias estatales, no hace transferencias a los municipios, a lo cual está obligado por ley. Daña así la efectividad del gobierno. Viola la ley. Hacienda se utiliza para amedrentar a críticos del Ejecutivo con auditorías que se ordenan sin criterios claros y que se ejecutan excediendo normas técnicas solo con el fin de complicarle la vida al que los critica. Gobierna la regla de que “estás conmigo o contra mí”. Se viola la libertad de expresión, pilar de la democracia. Se daña a las instituciones del Estado, desviándolas de sus funciones principales y utilizándolas para otros fines que no les corresponden.
El Ministerio de Hacienda presenta un presupuesto desfinaciado y con supuestos irreales que, de aprobarse, obligará a incrementar sustancialmente la deuda. En la elaboración del presupuesto y su presentación para aprobación a la Asamblea, el ministro no cumple con lo establecido en la ley. El nivel de riesgo del país sube y así lo hacen los intereses, todo lo cual deja al país con una deuda que limitará nuestro desarrollo e hipoteca nuestro futuro.
Se utilizan fondos del Estado para montar su aparato publicitario. Se crea el periódico El Salvador utilizando instituciones autónomas para evitar el control que vendría si fueran instituciones públicas, pero sin ningún ente que lo regule y sin ninguna obligación de transparentar su función o uso de fondos. Se contrata un equipo publicitario de gran tamaño, que excede todo lo que se había dado en el país, para manipular la opinión pública con noticias falsas, con respuestas inescrupulosas que atacan a los críticos, confunden a la opinión pública y violan la ética profesional del periodismo.
Varias instituciones de gobierno se utilizan para fines populistas e incluso partidarios. Se utiliza a Bandesal como un banco de primer piso para otorgar préstamos directamente a usuarios en condiciones favorables subsidiadas. Con ello se degenera el uso de una institución que hasta ahora había cumplido su función de apoyar a las Mypes y a la actividad económica indirectamente. Bandesal financiaba a instituciones del sector privado, con y sin lucro, para que ellas, como instituciones especializadas, prestaran y recuperaran los préstamos a los micro, pequeños y medianos empresarios. Con ello se evitaba la utilización partidaria o personal de fondos públicos y se aseguraba mayor eficiencia en el sector financiero microempresarial. Ahora se le autoriza para hacerlo directamente. Se repite el modelo que utilizó ALBA en su línea de créditos, con total ineficiencia y uso partidario y personal y que la llevo a la quiebra. Al hacerlo e introducir altos subsidios, crea competencia injusta al sector privado que trabaja en esa área. Se daña a otra institución pública desviándola de su función principal y utilizándola para otros fines.
Se utiliza al Ministerio de Salud para realizar cercos sanitarios en poblaciones enteras. Ello se hace sin mayor justificación y menos explicación a la población. Durante esos cercos sanitarios se realiza propaganda partidaria. Se distorsiona el uso de esa institución pública. Se le desvía de su responsabilidad y objetivo para el cual fue creado: garantizar la salud de la población.
Las grandes obras del Estado sufren retrasos o deficiencias, las cuales el Estado no aclara a la población. Seguimos sin saber por qué esos retrasos, cuál es el plan para corregir esas obras y cuál sera el costo de hacerlo. El “mejor hospital del mundo” para combatir la pandemia, que iba a estar listo hace unos cuatro meses, sigue todavía sin paredes, lejos de terminarse; eso sí, se anuncian sobrecostos. El puente que se ordenó construir a principios de la administración Bukele, que la ministra respondió “cumpliremos sus órdenes, presidente”, se dañó, no se puede utilizar. Y seguimos sin saber por qué, si va a reconstruir, cuánto costó, cómo se adjudicó. ¡Falta total de participación básica y de transparencia por parte del ministerio responsable de la participación comunitaria!
Todos los ejemplos anteriores tiene varias características, muchas de las cuales se repiten en varios de ellos: falta de transparencia, mal uso de los fondos públicos, signos de corrupción, irrespeto a las leyes, daños al sistema democrático y ataque a la institucionalidad del Estado. Mucho de esto se había dado ya en gobiernos anteriores, pero no en esta magnitud, con ese irrespeto a los derechos más básicos de la población, dejándola desinformada, mintiéndole e incluso tratando de callar a aquellos otros que la mantienen informada.
Nuevo tambien es la forma abierta y grave con que se utilizan las instituciones del Estado. Ello puede tener daños permanentes en varias de ellas. Se retrocede en los logros de gobiernos anteriores que mucho costaron, de mayor transparencia, mantener informada a la ciudadanía, ordenar poco a poco las finanzas públicas, planificar el quehacer del Estado, fortalecer sus instituciones y garantizar la libre expresión y el diálogo ciudadano.
La pandemia nos enseña que se deben repensar y mejorar las instituciones públicas. Para ello hay que empezar por respetarlas, no manipularlas. Se debe aprovechar la crisis para desburocratizar y despolitizar las instituciones públicas y, especialmente, que estas recuperen la confianza de la ciudadanía.
La esperanza de que este gobierno corrija rumbo se ha perdido. Ello es muy grave. Pero a falta de ello están surgiendo, cada vez con mayor fuerza, voces ciudadanas, individuos, funcionarios públicos e instituciones valientes que, a pesar de las amenazas, se organizan, exigen y, ojalá, luchen cada vez con mayor ahínco por sus derechos, abran canales de diálogo, se mantengan informados y exijan el respeto a la institucionalidad, las leyes y la democracia.
Es de resaltar las instituciones que mantienen sus objetivos y responsabilidad institucional claras y, a pesar del amedramiento y amenazas, siguen cumpliendo su misión. El Faro y Factum, voces diferentes, confiables, que denuncian y mantienen la lucha contra la oscuridad, responden y aclaran las acusaciones y amenazas, y acuden a sus aliados, sobre todo en el extranjero, para mantener su integridad institucional. La Corte de Cuentas confirma irregularidades en actuaciones del presidente y algunos de su equipo en sus funciones como alcalde. Ciudadanos han restablecido su confianza en mecanismos de denuncia y control como la Sala de lo Constitucional y presentan ante ella lo que consideran violaciones a la Constitución. Colegios de profesionales, universidades, asociaciones de empresarios y tanques de pensamiento hacen oír sus voces, señalan peligros, denuncian violaciones a leyes y Estado de derecho y llaman a la unidad para la reconstrucción y el diálogo.
Todo esto es, como ciudadanos, nuestro derecho, pero también nuestra obligación.
*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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