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Detrás de los megaproyectos, como las carreteras con múltiples carriles, los aeropuertos y los trenes, hay una realidad que muy pocas veces se cuenta. La de los que ven su mundo cambiar para que el supuesto progreso llegue. Las víctimas del desarrollo.
La Constitución de El Salvador permite la expropiación para fines públicos. Es decir, que una persona pueda perder sus propiedades -o parte de ellas- si una obra de interés público, y que supuestamente beneficiará a la población, lo demanda. Como una carretera, por ejemplo. Pero la Constitución, que se ha convertido en letra muerta, hace una enorme aclaración: el Estado puede expropiar siempre que entregue una indemnización justa.
Lo que está pasando con los megaproyectos durante el actual gobierno va en contra de la Constitución, y otro puñado de leyes. Pero eso ya no debería sorprendernos: el partido presidencial Nuevas Ideas viola sistemáticamente las leyes salvadoreñas, y quienes pagan los platos rotos siempre son las personas sin voz, quienes muy pocas veces se pueden beneficiar de las redes sociales -porque la PDDH desapareció- para que sus problemas existan.
Peor ahora cuando el régimen de excepción, diseñado para atizar el miedo colectivo, sepulta cualquier aspiración de protesta justa.
El caso de Surf City II es el más emblemático, pero también ha ocurrido con el aeropuerto y el tren del Pacífico. Cientos de pobladores de Jucuarán y Chirilagua han tenido que “donar” parte de sus propiedades para la construcción de una carretera de 12 kilómetros que mejorará, en principio, la conexión entre las playas de El Cuco y Punta Mango.
Una investigación de Factum reveló que muchos no tuvieron opción: fueron coaccionados para regalar parte de sus tierras, sin recibir compensación alguna. Quienes se atrevieron a protestar, a exigir lo que las leyes permiten, fueron demandados ante un juez de lo civil.
Los despojos han sido sistemáticos en las megaobras de oriente. El Estado robando. Usando la violencia de las amenazas para arrebatar tierras. El Estado comportándose como un matón. Un comportamiento que es una extensión de los funcionarios que se lo han tomado.
El desarrollo no es sólo posible sino deseable. Basta únicamente con cumplir las leyes. Una quimera para un gobierno cuyas políticas conocidas son la mentira, el engaño y el desprecio por las reglas. ¿Podemos confiar en un gobierno que no cumple las leyes?
¿Se nos revolverá el estómago cuando recorramos una carretera con luces led y un estúpid nombre en inglés que ha sido construida con robos, con violencia? Ojalá que sí.
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