A los procesos de transparencia y de combate a la corrupción no suele irles bien cuando ARENA es mayoría en la Asamblea Legislativa, sobre todo cuando el partido de derecha ha utilizado sus votos, en alianza con otros partidos pequeños, para hacerse con el control del Judicial o de instituciones como la Fiscalía General de la República.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Sobre los hombros de ARENA recaerá el liderazgo en la selección de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Corte de Cuentas. Es difícil albergar muchas esperanzas si se revisan las hojas de vida de los funcionarios a los que ARENA empoderó frente a estas instituciones entre 1989 y 2009 o el comportamiento de los bloques de derecha en asuntos relacionados con la transparencia del Estado.

El asunto es así. Los areneros necesitarán de las bancadas de GANA y del PCN para alcanzar la mayoría absoluta con la que pueden bloquear iniciativas, préstamos y presupuestos en la recta final de la presidencia Sánchez Cerén, o para, por ejemplo, interpelar a ministros del gobierno efemelenista. Estos pactos, según se desprende de los usos políticos de la derecha salvadoreña, pasan por esconder la basura de unos y otros debajo de la alfombra.

¿Ejemplos? Como cuando la Asamblea presidida por Ciro Cruz Zepeda, del PCN, y cuyo vicepresidente era Walter Araujo, de ARENA, aprobó la dolarización de la economía en noviembre de 2000. A cambio de los votos del PCN, ARENA desistió de celebrar un antejuicio al diputado Francisco Merino, quien, ebrio, había disparado meses antes a una policía. (Merino fue reelegido como diputado el domingo 4 de marzo; esta vez, su campaña estuvo vinculada a Juan Umaña Samayoa, ex alcalde de Metapán, prófugo de la justicia por lavado de dinero y señalado como líder del Cártel de Texis).

Antes, en 1997, ARENA ya había cerrado filas para proteger a Roberto Orellana Milla, entonces presidente del Banco Central de Reserva, señalado entre otras cosas por actuar como juez y parte en el escándalo de las financieras Finsepro-Insepro, que despojó de sus ahorros a miles de salvadoreños.

Por el caso Finsepro-Insepro hubo una interpelación a la Asamblea, que concluyó con una recomendación de destitución de Orellana Milla que el Ejecutivo de Calderón Sol desoyó. La presión pública y privada de la derecha para proteger a Orellana también llegó a través de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de ABANSA, la asociación de banqueros, que entre otras cosas alegaron que destituir al presidente del BCR comprometía “la estabilidad del país”.

El cinismo de la derecha siempre fue saludable. Funcionarios de todas las administraciones de ARENA sin excepción, de Cristiani a Saca, justificaban los desmanes calificándolos de necesarios para “garantizar la gobernabilidad”. Eso, en política salvadoreña, ha solido implicar componenda: votos a cambio de protección política, como con Merino, como con Orellana Milla.

Hace menos tiempo, durante la administración de Francisco Flores, la derecha política controlaba todos los poderes del Estado y las oficinas relacionadas con la contraloría y la transparencia, en forma directa o a través de pactos con el PCN.

Fue en esos años que la Fiscalía dirigida por Belisario Artiga malogró la investigación sobre el asesinato y violación de la niña Katya Natalia Miranda. Entre los principales sospechosos de cometer y encubrir esos crímenes estaban el padre de la niña, miembro del Estado Mayor Presidencial y Godofredo Miranda, uno de los oficiales de Policía preferidos durante las administraciones de ARENA.

Francisco Flores. Foto Factum/Archivo.

Y, luego, durante la administración de Antonio Saca, que llegó a la presidencia aupado en esencia por los mismos poderes políticos y económicos que han financiado a ARENA durante cuatro décadas, dos fiscales nombrados con el apoyo de la derecha política, Félix Safie y Ástor Escalante, engavetaron o dieron salida exprés a investigaciones relacionadas con vínculos entre operadores areneros y el crimen organizado.

Tales son los casos de las sospechas que pesaban sobre Herbert Saca, principal operador político del gobierno en aquellos años, o el del suicidio de Adolfo Tórrez, el político arenero que controlaba territorios en el departamento de San Salvador y cuyos vínculos con la banda de narcotraficantes Los Perrones están bastante documentados.

Durante las administraciones de Flores y Saca, la Corte Suprema, presidida por Agustín García Calderón, redujo al mínimo las capacidades de su sección de Probidad, encargada de detectar posibles enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos. García Calderón, cercano al PCN, era parte de la cuota de gobernabilidad.

¿Será que esta vez ARENA, a la hora de escoger a su candidato para la Fiscalía, pensará en un hombre o mujer con valor suficiente para investigar a todos los diputados y funcionarios sobre los que pesan señalamientos de la sección de Probidad de la Corte Suprema? Uno de esos diputados es Guillermo Gallegos, el líder de GANA, quien como pintan las cosas será esencial para dar a ARENA la mayoría que tanto ansía en la Asamblea. Gallegos aún tiene que justificar un crecimiento patrimonial sospechoso de 3 millones de dólares.

Gallegos es, también, una de las últimas personas que vio con vida a Adolfo Tórrez, el operador político vinculado con Los Perrones, pero la Fiscalía nunca la entrevistó. Y Gallegos fue, también, una de las personas más cercanas a Herbert Saca.

¿Será más bien que Gallegos volverá, como el hijo pródigo, al redil arenero, de donde salió luego de que ARENA perdió la presidencia a manos de Mauricio Funes y el FMLN?

Cuando ARENA se mire en el espejo el próximo 1 de mayo, día en que sentará a una de las bancadas más numerosas de su historia en la Asamblea Legislativa, verá una imagen salpicada por varias manchas y sombras. No suena probable que eso la asuste mucho: el partido que fundó Roberto d’Aubuisson parece envalentonado por los resultados del domingo 4 de marzo.

El ex presidente salvadoreño Antonio Saca a su lllegada a los Juzgados en San Salvador, donde se presentará el requerimiento por los delitos de peculado, asociaciones ilicitas y lavado de dinero. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Es bien fácil que la derecha política se atragante con la victoria electoral. Le ha pasado antes. Es muy fácil que los areneros piensen que los salvadoreños les han trasladado un mandato, que es como suele llamarse en política a una victoria clara, de mayoría absoluta. Eso no ha pasado: como ya explicó Factum, la victoria arenera tiene más que deber a la debacle del FMLN que a méritos propios; de hecho, a ARENA le votó hoy menos gente que en elecciones pasadas.

Aun así, y debido sobre todo a la sangría de votos en el FMLN, la victoria de ARENA es incontestable en términos prácticos. Y es aquí donde las luces rojas y amarillas vuelven a encenderse: atendiendo a su historia política reciente es posible afirmar que el partido de derecha ha utilizado sus alianzas y mayorías legislativas para obstaculizar incipientes procesos de limpieza en instituciones del Estado, para afianzar fiscales generales que le son afines y que han antepuesto intereses partidarios a los intereses del colectivo y, en general, para borrar las líneas entre los poderes del Estado.

En pocas palabras: las mayorías sirvieron a ARENA para poner al Legislativo y al Judicial a disposición del Ejecutivo. Lo mismo que intentó el FMLN, sin éxito, durante el quinquenio de Mauricio Funes, su primer presidente.

Otros monstruos que se asoman al espejo arenero

Son muchos y espantan. Algunos:

• Politizar la investigación criminal. Primero fue la administración Cristiani, que insistió en llenar la Policía Nacional Civil con oficiales cuestionados provenientes de los viejos cuerpos de seguridad. Luego fue la de Calderón Sol, que permitió la creación de un cuerpo de investigación paralelo al mando del comisario Víctor Rivera, alias Zacarías y de origen venezolano, quien fue asesinado en 2008 en Guatemala, donde fue acusado entre otras cosas de organizar grupos de exterminio y obstaculizar la justicia. Durante la administración Flores, el publicista Mauricio Sandoval, antiguo jefe de la inteligencia del Estado, se hizo cargo de la PNC y afianzó en puestos clave a oficiales que terminarían vinculados con narcotraficantes, sicarios y estafadores. Con Antonio Saca el asunto llegó a un nivel superior: el crimen organizado copó a la Policía a través de oficiales como Ricardo Menesses, director policial en ese quinquenio.

• Cuando en 2010 la abogada Zaira Navas, entonces inspectora general de la PNC, abrió expedientes contra 20 oficiales acusados de complicidad con el narcotráfico, corrupción, violencia sexual y otros crímenes, la derecha legislativa liderada por ARENA, y quienes se perfilan como sus principales aliados en la legislatura 2018-2021, intentó bloquear las investigaciones a través de una comisión especial. (Al final la Corte Suprema resolvió que la comisión era ilegal, y fue el mismo jefe de Navas, el presidente Mauricio Funes del FMLN quien deshizo el trabajo de la inspectora).

• La mano dura. Nació como una operación política durante la administración Flores que culminó como un ejemplo hoy universal de política pública fallida en materia de seguridad. La mano dura, reconocen ahora algunos de sus primeros defensores, fue un fiasco: “Esos planes fueron pura paja”, le dijo Hugo Barrera, ex ministro arenero, al periodista Roberto Valencia de El Faro en 2012. El manodurismo no hizo más que convertir a las pandillas Barrio 18 y MS-13 en las máquinas letales que son hoy.

• Luis Martínez. El ex fiscal general de la República, preso e investigado por delitos de corrupción, también es hijo político de ARENA. El partido de derecha dio sus votos en 2012, cuando fue electo, y varios de sus diputados y financistas pujaron hasta el final para que fuese reelegido en 2015.

A partir del 1 de mayo próximo, con al menos 38 diputados -podría sumar uno más en el escrutinio final-, los diputados de ARENA son mayoría. Alianzas con viejos conocidos como GANA, el PCN o el PDC, cómplices en varias de las andanzas descritas en este texto, le bastarán para lograr mayorías simple y calificada.

Una de las primeras encrucijadas que enfrentará ARENA es, de hecho, la elección del jefe de la Fiscalía. El dilema volverá a ser el mismo: ¿interés de grupo o de nación? ARENA ha solido inclinarse por lo primero. En esta ocasión, cuando ya es posible pensar que el hastío por la corrupción flagrante tuvo algo que ver en la debacle del FMLN, ARENA debería de ser cuidadosa.

De la derecha, y en particular de ARENA, depende en gran medida el futuro de las instituciones que persiguen el crimen en El Salvador. La única esperanza del país, muy tenue, es que cada vez ARENA se parezca menos a sí misma.