Hay por lo menos dos lecturas de lo que originó el anuncio de esta semana de Nayib Bukele. La primera, poco realista, es que El Salvador, previo de la extracción de las supuestas toneladas de oro, ya vive una abundancia económica que le permite ocuparse de los gastos propios de millones de familias.
La segunda, con un poco más de sustento, es que el gobierno ha visto más allá de las narcisistas encuestas que miden la popularidad presidencial y se ha enterado -como novedad- de que afuera, en la vida real, las cosas no van tan bien. Que los millones en propaganda no suplen, ni con inteligencia artificial, a un plato de comida.
Hay que tomar con pinzas el anuncio de que en enero el gobierno pagará los recibos de agua y energía eléctrica del 95 % de la población. Primero, porque ningún funcionario, como es costumbre, ha explicado de dónde saldrán los recursos para hacer frente a ese millonario gasto. Y segundo, y no menos importante, porque la realidad ha demostrado que cualquier anuncio de Bukele hay que tomarlo como mentira o falsedad hasta que se demuestre lo contrario.
Vamos por partes.
La primera lectura es una ilusión. Y hay suficientes evidencias para sustentarlo. Las últimas semanas de 2024 marcaron la pauta para poder afirmar que la billetera gubernamental está plagada de telarañas. Que la situación financiera del gobierno está en números rojos.
Los miles de despidos del sector público, que según organizaciones de trabajadores podrían superar los once mil, es un dato apabullante para determinar que el dinero no está alcanzado. Y a ello se puede sumar los recortes a los presupuestos de salud o educación que la Asamblea de Nuevas Ideas aprobó para este año.
Otra más: el gobierno salvadoreño ha seguido metiendo mano al fondo de pensiones. A un ritmo de 88 millones de dólares cada mes, un cálculo hecho por El Diario de Hoy estima que el gobierno de Bukele ha tomado más de 2,000 millones de dólares hasta noviembre de 2024.
Si sumamos el reciente acuerdo logrado con el Fondo Monetario –esos 1,400 millones de dólares que el gobierno buscó desesperadamente por años– es fácil concluir que los agujeros financieros de esta administración son enormes.
¿Cómo un gobierno quebrado puede permitirse usar millones de dólares que no tiene para pagar el agua y la luz de la población? Simplemente no cuadra. Porque no alcanza.
Descartada la primera lectura, conviene analizar la segunda. Y esta es más sencilla: Más allá de supuestos alivios puntuales, como aparentar que se regala dinero –que en realidad le pertenece a todos los salvadoreños–, ¿Alguna vez el gobierno de Bukele ha demostrado que sus políticas han mejorado la situación económica del país?
La respuesta, además de desoladora, es clara. No, nunca lo ha hecho.
Conviene entonces analizar una tercera avenida de porqué el gobierno montó una conferencia para anunciar una medida para la cual, por lo que nos dicen las cifras de endeudamiento, no tiene dinero. Y aquí conviene recordar el contexto reciente.
Diciembre terminó y enero comenzó con lo mismo: incertidumbre y rabia. A la crisis económica, con precios disparados por la inflación, por la gentrificación, por la falta de medidas, se suma la incertidumbre por la aprobación de la ley de minería, una medida impopular en la población según las encuestas. Una ley que garantizará, porque es la única posibilidad, riqueza para pocos y el aumento de la contaminación para todos.
Y con la rabia de muchas personas por el incremento a las multas de tránsito. Ambas, incertidumbre y rabia, han generado un enorme ruido que afecta al gobierno. Que golpea su tan venerada popularidad, la única medición que les importa.
Entonces la única opción posible fue la populista. La vetusta fórmula de entregar entretenimiento cuando conviene, como las luces navideñas, y pan cuando urge. Como ha sido el caso. Pan y circo. El único problema es que el pan que el gobierno regala ya está pagado por el pueblo. Y los payasos, también.
Foto Factum/Natalia Alberto
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