Cuando un Estado decide soberanamente hacer parte del concierto de naciones, no sólo ratifica tratados que luego deberá desarrollar en leyes nacionales, sino que también se une a mecanismos multilaterales, en donde su cancillería, por medio de sus funcionarios, le representará en sus intereses. Pero además adecua su lenguaje al lenguaje propio del concierto de naciones: la diplomacia.
No es tan complicado; hay reglas escritas y no escritas. Una regla no escrita, pero básica, es el lenguaje mesurado, técnico y respetuoso.
Llevo más de 20 años viendo a los Estados de las Américas someterse al escrutinio internacional cuando se violan los derechos humanos en los países. En ese contexto, he tenido el gran privilegio de acompañar a víctimas en Nicaragua, Venezuela, Jamaica, Canadá, Chile, Paraguay, Uruguay, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, México, El Salvador, Argentina, Ecuador, Perú, entre otros, en diversas audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero lo que vi en la audiencia del 11 de marzo de 2026 sobre la “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción” no lo había visto antes. Hubo de todo, menos diplomacia, por parte del Estado salvadoreño.
Vamos a poner un poco en contexto: defender a un Estado de violaciones a los derechos humanos no debe ser una tarea fácil. Pero se puede hacer con aplomo, dignidad y argumentos técnicos. Y sí, he visto a Estados en la región hacerlo; claro, son los menos. Sin embargo, desde el gobierno de Francisco Flores, independientemente del gobierno de turno, la representación de El Salvador nunca se ha caracterizado por argumentos sólidos y técnicos, sino más bien por una defensa básica y limitada. Aún recuerdo la primera vez que vi, en una audiencia, a El Salvador defenderse en el año 2003. Yo, siendo aún estudiante de derecho y, de paso, en la CIDH, sentí una suerte de vergüenza ajena, o quizás no tan ajena porque soy salvadoreña.
Pero ¿qué pasó en la audiencia del 11 de marzo? Quiero empezar señalando que fue una audiencia poco convencional, pues la CIDH unió dos solicitudes de audiencia que, a mi criterio, merecían su propio espacio: la situación de las personas defensoras en el país y la comisión de crímenes del derecho internacional en el territorio nacional en el contexto del estado de excepción.
Pero además, contó con la participación de la Relatora de Naciones Unidas para personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, quien señaló el deterioro de las condiciones para defender derechos humanos en El Salvador, desde la llegada al poder de Nayib Bukele. También resaltó la desaparición forzada de corta duración de Ruth López, el arresto de Fidel Zavala y la Ley de Agentes Extranjeros, como manifestaciones de lo que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el país. La delegación salvadoreña estuvo encabezada por Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.
En esta audiencia, el segundo vicepresidente de la CIDH, José Caballero, le preguntó al Estado sobre la implementación de las medidas cautelares de Ruth López y Enrique Anaya. Pedro Vaca, el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, ante la afirmación del Estado de que los criterios de calidad democrática o del cierre del espacio cívico no dependen del parecer de un número de organizaciones, señaló que las credenciales democráticas tampoco pueden sólo depender de las afirmaciones del Estado, sino que deben basarse en criterios como el acceso a la información y la transparencia. Pues a más poder de un gobierno, mayor debe ser su acceso a la información.
Lo que no esperaba -y creo que nadie- era la respuesta por parte de la vicecanciller, en la que acusó a la relatora de Naciones Unidas de contribuir a narrativas distorsionadas de la realidad del país, señalando que Ruth López no estuvo desaparecida, pese a que así lo determinaron los expertos de Naciones Unidas. Además, señaló que los informes del Estado no estarían siendo valorados de forma ética por los mecanismos internacionales.
Cuando pensé que la situación ya no podría ser peor, la vicecanciller respondió de forma displicente al Comisionado Caballero, en el sentido de que la representación estatal ha enviado la comunicación en tiempo de las medidas cautelares de los defensores de derechos humanos López y Anaya, y que, por tanto, le solicite a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH que le proporcione la información. Nada más alejado del lenguaje diplomático que debe tener un Estado.
No es la primera vez que una alta autoridad de la cancillería se presenta ante una audiencia de la CIDH desde que Nayib Bukele es presidente. En julio de 2024, la canciller Hill lideró la representación estatal en la audiencia sobre “Situación general de derechos humanos en El Salvador”, pero sí es la primera vez que veo este nivel de arrogancia frente a un mecanismo internacional.
Quiero pensar que cuando los argumentos no alcanzan, no nos queda más que la displicencia y la altanería, para no entrar a las credenciales de quienes representan a El Salvador ante el escrutinio internacional. En muchos países del mundo y de la región, ser parte del servicio exterior no sólo requiere una carrera universitaria, dominio de idiomas y la aprobación de varios exámenes que acrediten su conocimiento en ramas como el derecho, la economía, las relaciones internacionales y la historia, etc.; sino también de un concurso público de oposición, pues representar a un Estado no sólo requiere diplomacia sino mucho conocimiento técnico.
Lo que vimos el miércoles 11 de marzo en la audiencia de la CIDH es una muestra de cómo los argumentos se agotan ante lo denunciado: en El Salvador se cometen crímenes del derecho internacional, en particular crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción.
*Abogada con más de 20 años de experiencia en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Ha trabajado en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Vietnam. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, posee un postítulo en Derechos de las Mujeres por la Universidad de Chile y una Maestría en Prácticas de Derechos Humanos por las universidades de Göteborg, Roehampton y Tromsø.
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