El pasado 23 de diciembre, mientras el aparato de propaganda inundaba las redes con luces, villas navideñas y una felicidad prefabricada, en los pasillos del Hospital Rosales se entregaba un regalo muy distinto. No eran canastas, ni bonos. Eran cartas de despido. En la víspera de la Navidad, decenas de trabajadores sanitarios fueron purgados de uno de los hospitales más importantes y saturados del país.
No hubo piedad, ni tacto, ni humanidad. Fue un trámite burocrático ejecutado con la frialdad de quien se sabe intocable.
Esta semana, apenas un mes después de aquella tragedia laboral, el personal sanitario continuó mendigando para que sus derechos no se esfumen, para que les paguen sus indemnizaciones. Pero, afuera de la Asamblea Legislativa, donde los diputados de Nuevas Ideas no se asoman, las denuncias de los despedidos son peores. También denuncian la muerte de una de las trabajadoras despedidas, algo que no entrará en los informes del Ministerio de Salud. Es la evidencia física, palpable y dolorosa de que las decisiones de este gobierno matan.
Pero lo que está ocurriendo en el Rosales es, además, el espejo más nítido de la hipocresía que gobierna El Salvador. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Se acuerdan de los discursos grandilocuentes, de los spots pagados con nuestros impuestos que hablaban de una “nación de héroes”? Nos vendieron la idea de que el personal de salud era sagrado. Los aplaudieron, los usaron para la foto. Pero en el manual del bukelismo, la gente tiene una fecha de caducidad: sos útil mientras sirves a la narrativa. Cuando las cámaras se apagan y la prioridad cambia, el “héroe” se convierte en basura, en material desechable.
Y no nos engañemos sobre el origen de esta purga. Esto no es “reingeniería” ni “optimización”. Esto es que se acabaron el dinero. Le vendieron el alma al Fondo Monetario Internacional y ahora toca pagar la fiesta. El país está ahogado en deuda y el FMI exige recortes. Pero la “medicina amarga” de la que tanto hablan nunca se la toma Casa Presidencial.
No vemos recortes en la opulencia del poder, ni en los esquemas de seguridad privada de los funcionarios, ni en el ejército de asesores y creadores de contenido que parasitan el Estado. Ni, los veremos nunca, en el pegamento de esta dictadura: el brazo militar y policial que mantiene el régimen de excepción. El sacrificio lo ponen siempre los mismos: los de abajo, los trabajadores del Rosales, los que sostienen el sistema con las uñas.
Lo más aterrador de este escenario no es solo el despido, es el silencio. Por conveniencia, por apatía o por temor. Hace veinte años, cuando el gobierno de Francisco Flores intentó privatizar la salud, las “Marchas Blancas” paralizaron el país. Los médicos y trabajadores, acuerpados por la ciudadanía, le doblaron el brazo al poder. ¿Dónde están hoy esas marchas? No existen. Y no existen porque el movimiento sindical ha sido sistemáticamente descabezado o comprado. El Ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Rolando Castro, ha funcionado más como un capataz de finca encargado de cooptar voluntades que como un garante de derechos. Los sindicatos que antes gritaban, hoy callan, convertidos en apéndices del oficialismo.
Pero hay una razón más profunda y oscura para este silencio: el terror. El Régimen de Excepción es el instrumento definitivo de control social. El mensaje ha calado hondo: si protestás porque te quitan tu trabajo, si reclamás tus derechos, o si simplemente alzás la voz, el destino es la cárcel. O la muerte.
Muchos salvadoreños prefirieron mirar hacia otro lado, pensando que la dictadura solo iría tras los “malos”. Esperaron a estar dentro de la olla hirviendo para darse cuenta de que el agua también era para ellos. Hoy, la tragedia del Hospital Rosales nos grita una verdad que ya no podemos ignorar: en este El Salvador, el silencio y la sumisión tal vez te compren un poco de tiempo, pero ya no te garantizan la vida.
Opina