Cuando el director de una cárcel dice a un grupo de migrantes venezolanos que “llegaron al infierno” y que de ahí “solo salen en una bolsa negra”, no estamos hablando de un sistema de seguridad, sino de un centro de tortura pagado por el Estado. Las investigaciones que hemos conocido esta semana, tanto de Human Rights Watch y Cristosal, como la del New York Times, lo dejan claro: el CECOT es un infierno, y quien gobierna El Salvador es su dueño.
El colmo del cinismo es cómo los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos vendieron este horror. A estos 252 venezolanos, muchos huyendo de la represión de Maduro o buscando un futuro mejor para sus hijos, los tildaron de “terroristas” sin pruebas creíbles. La evidencia muestra que muchos no tenían antecedentes penales en ningún lado. Eran migrantes, no terroristas, pero los trataron peor que animales.
No es el primer informe que muestra los abusos en las cárceles del régimen. Cristosal o Socorro Jurídico Humanitario ya han documentado numerosos casos de tortura contra salvadoreños, y al menos 450 muertes de personas privadas de libertad en custodia del Estado.
Pero este informe sobre los presos venezolanos va más allá por la abrumadora cantidad de testimonios y evidencia. No se trata de incidentes aislados; se trata de una política y una práctica institucionales de tortura. Estamos hablando de gente sometida a abusos físicos y psicológicos prácticamente a diario. Los metían a celdas de castigo, “la Isla” la llamaban, donde la brutalidad no tenía límites: golpizas constantes, obligados a arrodillarse esposados en la “posición de requisa”, amenazas de que “nunca saldrían con vida”.
El sadismo institucional va más allá. Las fuentes documentaron cómo un hombre fue agredido sexualmente por guardias encapuchados, mientras que a otro le metieron la cabeza en un tanque de agua “para simular que se ahogaba”. ¿Y cuando pedían ayuda? Una médico le dijo a un detenido enfermo: “‘Resígnate, ya es hora de que te mueras’”, tal como reportó el Times.
El país de la sonrisa es ahora el de la tortura. Un país en el que la tortura ya es material de exportación. Sin aranceles, por supuesto.
No podemos quedarnos solo con el drama de los venezolanos, porque la realidad es que esta crueldad está institucionalizada. La tortura y los malos tratos son violaciones sistemáticas que parecen diseñadas para someter, humillar y disciplinar, afectando a cualquiera que caiga dentro.
Y en esa caída están, por supuesto, los propios salvadoreños.
El informe nos recuerda un detalle importante: el 15 de marzo de 2025, junto al vuelo de venezolanos, las autoridades estadounidenses expulsaron a 23 salvadoreños que, al parecer, permanecen detenidos en El Salvador. Al igual que los venezolanos, sus familiares no han podido comunicarse con ellos ni confirmar su paradero.
Desaparición forzada de tus propios ciudadanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó “medidas cautelares” para un ciudadano salvadoreño cuyo paradero se desconocía tras ser expulsado en ese mismo vuelo.
A estas vejaciones hay que sumarle la hipocresía máxima del gobierno salvadoreño. Pagados con 4,76 millones de dólares de Estados Unidos, para tener a estos migrantes en condiciones inhumanas, limpiaban todo a la carrera—dando jabón, colchones y buena comida—justo antes de que llegara la secretaria Kristi Noem, la Cruz Roja o cualquiera que se preste para ser mobiliario de este cruel espectáculo. ¿Para qué? Para esconder los golpes y las condiciones asquerosas de celdas sin ventilación, con agua amarilla y con gusanos.
El Salvador, con su megacárcel, no ha exhibido justicia, sino una violación sistemática de los derechos humanos. El gobierno no puede seguir escondiendo esta barbaridad bajo la alfombra del “régimen de excepción.” Se requiere una investigación seria e independiente, y que los responsables, desde los guardias encapuchados (como “Satán” o “Vegeta”) hasta los oficiales de alto rango, como Osiris Luna, el ministro Villatoro y Bukele, rindan cuentas. Especialmente porque ellos, al exportar la tortura han abierto la llave, también, para que se les juzgue por delitos contra la humanidad cuando esto acabe.
Si El Salvador quiere tener dignidad, tiene que dejar de ser la pesadilla de los migrantes. Tiene que dejar de ser infierno.
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