Los hijos de los desaparecidos en la guerra piden investigar casos

Son más de 10, 000 personas desaparecidas durante el conflicto interno, pero sus casos nunca fueron investigados. Hoy sus hijos no piden monumentos, reparaciones económicas ni condenas;  quieren que  el Presidente de El Salvador cree una comisión nacional y que por fin se sepa qué hicieron con sus padres.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El pasado 16 de enero, durante el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que velaría por “la verdad, la justicia y el perdón” a las víctimas de violaciones derechos humanos durante el conflicto armado. Esta promesa ha sido retomada por una delegación de familiares de las víctimas de desaparición forzada, quienes el viernes 27 de enero se reunieron con el mandatario para presentarle una propuesta de decreto ejecutivo para la creación de una comisión nacional de búsqueda. Sus casos nunca fueron investigados. Por eso quieren saber qué pasó con ellos; conocer la verdad.

La propuesta proviene de  la Fundación Mauricio Aquino Chacón, con sede en California (Estados Unidos), que nació en 2014 partir de la iniciativa de los hijos e hijas de los desaparecidos. Ese año lanzaron la campaña “Los huesos de nuestros padres”, que ha logrado el apoyo de 22 miembros del Congreso de los Estados Unidos y que ha reunido a cientos de salvadoreños bajo la misma causa.

El congresista estadounidense James McGovern ha sido invitado a acompañar esta delegación, junto a activistas y académicos, con el objetivo de lograr que se desclasifiquen los archivos secretos de su país que contengan información sobre la desaparición de al menos 10,000 salvadoreños entre 1979 y 1992.

“Esto no se trata de abrir heridas pasadas, se trata de curar heridas que nunca han sido sanadas y es importante que se haga de la forma correcta. Mi gobierno, me entristece decirlo, proporcionó financiamiento para muchas cosas que sucedieron durante la guerra civil en este país (…) Así que espero que apoye financieramente esta propuesta y también en la desclasificación de cualquier documento secreto para encontrar la verdad sobre lo que pasó con los familiares de estas personas”, señaló McGovern.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, durante la guerra se registraron al menos 5,000 casos de desaparición forzada; sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas han logrado documentar, a la fecha, otros 5,000 casos más.

La propuesta presentada al mandatario plantea que la comisión nacional cumpla con las siguientes cinco características: ser una institución autónoma formada por comisionados que gocen de credibilidad y experticia para actuar de manera independiente; contar con facultades para investigar, recibir denuncias, requerir información y elaborar un plan nacional de búsqueda; brindar atención integral a las víctimas; y poseer capacidades genético-forenses para la creación  de un registro nacional de personas desaparecidas  en coordinación con otras instituciones públicas. Además deber tener un presupuesto propio con fondos del Estado, sin excluir la posibilidad de recibir donaciones nacionales e internacionales.

Entre los requerimientos de información, la delegación contempla la apertura de los archivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Anteriormente, la negativa o declaración de inexistencia por parte del ministro de la Defensa, David Mungía Payés, ha sido motivo de polémica por incumplir con las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública  (IAIP) en los casos de masacres cometidas por la FAES durante el conflicto armado, así como la orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal como publicó La Prensa Gráfica.

Pero los  integrantes de la fundación niegan cualquier interés político y rechazan tomar acciones legales a pesar de la reciente derogatoria de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que permite investigar los crímenes cometidos durante el conflicto.

“Los hijos e hijas y familiares no están buscando revancha, no están buscando persecución criminal ni compensación económica, quieren la verdad, ya es tiempo que sepamos la verdad, a dónde están y cómo podemos darle sepultura”, indicó Silvia Rosales Fike, cofundadora de la Fundación Mauricio Aquino.

La propuesta de decreto ejecutivo pretende abarcar al total de la población afectada por los casos de desaparición forzada a manos de los cuerpos de seguridad en ese periodo. Además se retomará la experiencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno, creada en 2010 y que a la fecha ha logrado reencontrar a 27 jóvenes, de los 284 casos registrados.

Los padres de Sara Aguilar y Omar Corleto fueron desaparecidos durante el conflicto; ambos eran maestros. Ellos viven ahora en Estados Unidos y son los impulsores de la campaña “Los huesos de nuestros padres”.

Sara tenía un año y medio de edad cuando su padre, Rodolfo Mauricio Aguilar, fue desaparecido: “Mi papá era profesor de filosofía y estudiaba en la universidad nacional, daba clases en el Centro Universitario de Oriente, en San Miguel. El 17 de septiembre de 1981, cuando yo solamente tenía un año y medio, lo desaparecieron. Fue a una reunión y nunca regresó (…) Lo que más quiero es saber qué pasó con él, para seguir en ese proceso de sanación, porque todos llevamos esta pena y poco se habla de este dolor, porque es demasiado. Ya es tiempo de empezar este diálogo”.

Omar recuerda el empeño con el que han buscado a su padre, desaparecido en Usulután el 15 de octubre de 1981: “Mi padre se llamaba Fidel Emiliano Corleto, para mi madre todavía es, ella cree que no ha muerto y que por ahí va a estar. Él era subdirector del colegio Centenario, en Usulután. Una noche, estando con otro profesor, Guillermo Martínez, fueron arrestados y se lo llevaron, de acuerdo a la información que teníamos en ese momento, a la Policía Nacional de Usulután. Yo tenía apenas 12 años y con mi madre recuerdo perfectamente esa noche (…)”.

Este sábado 28 de enero se desarrollará un foro en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sobre la desaparición forzada durante el conflicto armado. Esta actividad  contará con la presencia de la delegación estadounidense de los hijos e hijas de padres desaparecidos durante la guerra civil, así como otras víctimas provenientes de diversas zonas del país.