Un joven desapareció el 7 de enero de 2022. Desde esa fecha, sus padres han liderado una búsqueda que pone en evidencia el desinterés de las autoridades sobre la investigación de casos de personas desaparecidas en El Salvador. Hasta 2021, cuando los datos eran de acceso público, el Gobierno actual acumulaba más de 6 mil denuncias de desaparición.
Foto FACTUM/Natalia Alberto
Dos días antes de su desaparición, Óscar empeñó su teléfono celular para conseguir dinero y saldar una deuda con la pandilla que controlaba su colonia. Le dieron cuarenta dólares. Necesitaba 55.
“Por quince pesos me lo mataron”, dice con rabia, y con la mirada enrojecida, su padrastro, quien hizo las veces de un padre. Sentada junto a él, María Elsa Ruano, la madre de Óscar, intenta explicar la ausencia que habita en ella desde la desaparición de su hijo.
Óscar Arévalo, que ahora tendría 20 años, desapareció el viernes 7 de enero de 2022 en la colonia Cumbres de San Bartolo, del municipio de Tonacatepeque, en San Salvador, cinco meses antes de que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) colocaran una reserva a los datos de personas desaparecidas en El Salvador.
La madre de Óscar recuerda que el día de la desaparición encontró la ropa recién lavada de su hijo. Los platos donde desayunó Óscar seguían en la mesa. Todo en su casa le indicaba que lo que ahí sucedió fue súbito. Y, desde entonces, el tiempo se detuvo para ella. Lo relata de tal forma que parece que vive en ese momento, en ese segundo, en ese recuerdo, en medio de esas habitaciones donde Óscar ya no está.
Elsa lleva 558 días con un manojo de preguntas y pocas, muy pocas respuestas. Intenta llenar vacíos, y trata de recordar detalles de esa vez que volvió a su casa y no encontró a su hijo. Interpuso la denuncia por la desaparición de Óscar el sábado 8 de enero de 2022, alrededor de las seis de la tarde. Ahora cree que para ese momento, su hijo ya estaba muerto. Ha llegado a esa conclusión después de pasar investigando, casi siempre sola, sin policías ni fiscales, caminando una y otra vez por las calles de la colonia en donde su hijo desapareció.
“El Salvador es un Estado que no responde a las necesidades de las familias en todas las etapas, desde que se interpone la denuncia”, opina Idalia Zepeda, abogada y defensora de Derechos Humanos de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu), que acompaña a familiares de personas desaparecidas en los procesos para encontrar justicia y reparación.
En la colonia donde vivía Elsa y su familia permanecen estos carteles con la fotografía de Óscar en varios postes. Foto Factum/Natalia Alberto
La policía y la fiscalía han hecho muy poco para encontrar a Óscar. Lo dice su madre. Según ella, tan solo unos días después de interpuesta la denuncia, el investigador asignado al caso los citó para decirles que si se quedaban en esa comunidad, sus vidas también corrían peligro. Les dijo, según recuerda, que lo mejor era que se fueran lejos.
En una noche, la pareja tomó sus pertenencias y escapó. Desde hace 15 meses viven en la habitación de un mesón. Más de la mitad de sus ingresos los usan para la búsqueda de Óscar. Comer a tiempo ya no es una prioridad.
Elsa dice que cuando ella y su esposo marcan al celular de ese investigador, para conocer avances, él les corta la llamada, llevan meses sin poder contactarlo. La fiscalía, según ella, ha actuado de manera similar: ignora sus solicitudes de investigación, les pide que lleguen con más pruebas, incluso que busquen testigos.
A Elsa no le ha quedado otra opción que hacer su propia investigación. Comenzó pegando carteles en las paredes de la colonia en donde su hijo desapareció. Los vecinos del lugar la contactaron y así reconstruyó las horas previas a la desaparición.
Óscar fue visto por última vez caminando en Cumbres de San Bartolo, entre las 11 de la mañana y la una de la tarde del viernes 7 de enero. Dos días antes de desaparecer, empeñó su teléfono celular, le dieron 40 dólares. Los pagó.
Elsa estaba convencida de ir por buen camino. Intentó llevar esa información a las autoridades, pero dice que siguieron sin escucharla. Para mayo de 2022, según documentación consultada por esta revista, había presentado dos escritos a la fiscalía con sus hallazgos, pero le pedían más información. Entonces, siguió con sus campañas de pega de carteles.
Este es un dibujo de la ubicación del cementerio clandestino en donde Elsa y su esposo creen que Óscar se encuentra sepultado. Es parte de las pistas que la pareja presentó a la FGR cuando les solicitaban investigar el caso de desaparición de su hijo.
Se intentó obtener la versión de la Fiscalía General para conocer su versión sobre las diligencias de este caso, pero la unidad de comunicaciones no respondió a la solicitud de este medio.
A principios de 2023, en una esquina no muy lejos de donde Óscar desapareció, una mujer identificó el rostro de su hijo y la contactó. En una llamada telefónica, la mujer describió a Elsa que escuchó que los pandilleros de la zona condujeron al joven hacia un punto aislado de la comunidad en donde, según el relato, lo asesinaron y sepultaron su cuerpo en un cementerio clandestino.
Con esa nueva pista, fruto de su propia investigación, preparó un nuevo escrito, acudió a la fiscalía y, una vez más, nada pasó. A escondidas, en un acto de consuelo personal, Elsa y su esposo visitaron el lugar. De momento, dice, es lo único que les queda: creer que hicieron todo lo posible para llegar a la verdad.
Idalia Zepeda sostiene que históricamente el Estado salvadoreño ha dado la espalda a las víctimas de desaparición y el Gobierno actual no ha sido la excepción. Ella lo resume como falta de voluntad para mejorar las condiciones y procesos de las instituciones obligadas a investigar los casos y enfatiza en que han sido las familias de personas desaparecidas quienes han asumido el rol de búsqueda, exponiéndose a amenazas, extorsiones, revictimización y desplazamiento forzado, como en el caso de Elsa y su esposo.
El lunes 27 de marzo de 2023, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, planteó en una entrevista televisiva que las familias de personas desaparecidas tendrían que esperar a que el Gobierno terminara de capturar a todos los pandilleros, en el contexto de la implementación del régimen de excepción, antes de prestarle la atención debida a los casos de desaparición.
“Es algo que está considerado, sabemos que hay muchas familias que andan buscando a sus seres queridos. Llegará el momento en el que vamos a abrir esta búsqueda a nivel nacional, pero hoy por hoy tenemos el objetivo de erradicar a todos los miembros (de pandillas) en suelo patrio”, dijo.
Para Idalia Zepeda, de Asdehu, la inoperancia de la policía y la fiscalía tiene origen en los altos mandos del Gobierno salvadoreño y cree que es ahí en donde se encuentra la llave para la atención adecuada de los casos de personas desaparecidas. “Es Casa Presidencial la que debiera motivar a que todo el engranaje de justicia responda a las familias”, dice
Asdehu es una de las organizaciones impulsoras del Bloque de Búsqueda de personas desaparecidas, conformado por familiares de víctimas de desaparición, organizados para buscar “verdad, justicia, reparación y no repetición”, fundado en 2022 y que hoy cuenta con 35 casos abiertos, entre los que se encuentra el de Óscar Arévalo.
Más de seis mil víctimas
Óscar es parte de las 6,443 personas reportadas como desaparecidas entre 2019 y 2022, según un informe elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Del total de reportes, 2,397 personas, el 37.2%, siguen sin aparecer.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (Oudh) publicó en noviembre de 2022 un informe en el que detalló que durante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele se registró la tasa más alta de denuncias por desaparición en el período entre 2009 y 2021, con 43 desapariciones por cada 100,000 habitantes.
Además, la suma total de las denuncias por desaparición de los primeros tres años del gobierno del presidente Bukele (2019 a 2021) es mayor que el total de denuncias de todo el período presidencial de Mauricio Funes (2009 a 2013) y representa el 61% del total reportado en el período presidencial de Salvador Sánchez Cerén (2014 a 2018).
“El tema de las desapariciones siempre lo han querido desaparecer. Nunca ningún gobierno ha querido reconocer que hay desapariciones. No ha querido ponerse a trabajar para investigar quiénes son los responsables, ni tampoco ha querido sancionar a los que resultan responsables de la desaparición”, señala Henri Fino, director ejecutivo de Fespad.
Las estadísticas anuales sobre el delito de desaparición de personas en El Salvador fueron de acceso público hasta mayo de 2022, cuando se conoció sobre la reserva que la Policía Nacional Civil colocó a esos datos. Por su parte, la Fiscalía General declaró que esa información era inexistente, con lo cual colocaron un candado para analizar el fenómeno después de 2021.
La abogada Zepeda considera que la reserva tiene la intención de ocultar acciones negligentes en el reporte de casos.
Benjamín Cuéllar, investigador y consultor de uno de los informes de Fespad, afirma que la reserva de información significa una tortura para los familiares de desaparecidos y cree que es una acción revictimizante. Por esto es que, según él, los familiares deciden tomar la responsabilidad del Estado bajo su cargo.
Elsa sostiene una copia de una denuncia de la desaparición de su hijo. Foto Factum/ Natalia Alberto
Otro informe publicado por Fespad en abril de 2021 daba cuenta de la negligencia de las instituciones obligadas por ley a investigar. Detallaba, por ejemplo, que la PNC reportó dos cifras diferentes sobre casos de desaparecidos durante 2011.
En su portal de transparencia registraron 1,634 casos; mientras que respondieron a una solicitud de información hecha por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) con la cifra de 970 denuncias para el mismo período de tiempo, una diferencia de 664, el 40.63% del reporte original.
En la solicitud de información número 436-UAIP-FGR-2022 hecha a la Fiscalía General de la República, cuya fecha de resolución fue el 09 de diciembre de 2022, la institución declaró, una vez más, como inexistente la información referente a las víctimas del delito de desaparición de personas.
Elsa ha elaborado un altar con pertenencias y fotografías de Óscar. Agrega elementos semanalmente para conservar la memoria de su hijo. Foto Factum/Natalia Alberto
Elsa busca consuelo en un pequeño altar que ha elaborado con fotografías y recuerdos de Óscar. Sostiene que ella supo que su hijo estaba muerto desde un día después de su desaparición. Le consuela que no ha dejado de buscarlo. “Tengo miedo de dormir en lo oscuro, pero no le tengo miedo a la muerte. Si voy a morir, va a ser por mi hijo”, dice.
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