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La absolución de los Morales, un delito sin culpables

Este lunes 19 de agosto se conoció la sentencia del caso Botín Registro de la Propiedad. El resultado recuerda a los casos de corrupción anteriores a 2015: peces menores condenados y figuras públicas importantes absueltas o con sentencias mínimas. Entre los absueltos están Jose Morales y Samuel Morales, el hijo y el hermano del presidente de Guatemala.  

Foto/Bill Barreto

Luego de la caída del gobierno de Otto Pérez Molina en 2015, procesado por el caso La Línea, y de buena parte de la estructura del Partido Patriota (PP) que lo llevó al poder por numerosos casos de corrupción, el 2016 parecía el año de la consolidación de la lucha contra la corrupción en Guatemala. En medio de la vorágine de procesos judiciales contra diputados, empresarios y exministros una nueva causa apareció en el panorama: el caso Botín Registro de la Propiedad.

Tras una primera fase de investigaciones por plazas fantasma en el Congreso de la República, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) recibió denuncias de anomalías en la gestión del Registro General de la Propiedad, a cargo de la exdiputada del PP, Anabella de León. El análisis de la información de la institución, sin embargo, pronto condujo a dos personajes insospechados, José Manuel Morales Marroquín y Samuel “Sammy” Morales, el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales.

“EI Registro General de la Propiedad (RGP), al igual que varias instituciones del Estado durante la gestión del Partido Patriota, no escapó de ser utilizado como un botín para quienes estaban al mando”, detalló el comunicado de Cicig luego de las primeras capturas.

Los primeros indicios de los investigadores apuntaron a documentar al menos 16 plazas de trabajadores que nunca se presentaron a laborar. Estas “plazas fantasmas” representaron durante la gestión de De León alrededor de Q3 millones ($381 mil) en honorarios.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía para fundamentar la existencia de “plazas fantasmas” se incluyó, por ejemplo, los reportes de actividades de Ernesto Suray Vásquez, contratado para revisar los informes de actividades de los empleados. Sin embargo, Suray es no vidente. Su supuesta jefa y compañeros declararon nunca conocerlo y la Unidad de Archivo de Documentos a la cual fue asignado no contaba con ningún registro en braile que permitiera su trabajo.

El “oficinista fantasma”, y no vidente, cobró alrededor de Q200 mil ($25,455) entre 2012 y 2015 mientras estuvo vigente su puesto.

El caso, sin embargo, fue más allá de los contratos por plazas fantasma y abarcó a pagos por servicios y compras anómalas de la institución. Una denuncia de la Contraloría General de Cuentas por la compra de 564 desayunos en 2013 disparó las alarmas.

No había registros de la realización de un desayuno para la evaluación de desempeño de los trabajadores de la institución. El rastreo de los fondos, sin embargo, condujo a que estos recursos fueron utilizados para  la compra de canastas navideñas por Q90 mil ($11,455), registradas con una factura de la empresa Fulanos y Menganos (Carnes y ensaladas S.A.), las indagaciones  de los fiscales llevaron a los proveedores reales de las canastas: los padres de la exnovia de José Manuel Morales, el hijo del presidente.

En total se pagaron Q170,975 ($21,761) por servicios de alimentos que no se prestaron con la simulación de dos eventos en la institución.

Samuel «Samy» Morales, el hermano del presidente de Guatemala, tras el fallo que le absolvió. Foto/Bill Barreto

Punto de quiebre

Jimmy Morales Cabrera ganó las elecciones presidenciales 2015 con el partido Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, luego de la crisis política que condujo a la renuncia del presidente Pérez Molina. Los casos de corrupción que salpicaron al gobierno del PP allanaron el camino para que Morales, un ex comediante sin ninguna experiencia en cargos públicos, ganará la presidencia con el slogan “ni corrupto, ni ladrón”.

Al iniciar su gestión en 2016 Morales mantuvo, inicialmente, su promesa de campaña de respaldar el trabajo de la Cicig en el país. Designó como ministro de Gobernación a Francisco Rivas, un ex fiscal del Ministerio Público que dio apoyo a la comisión; además el mandatario acompañó públicamente la iniciativa de Cicig de impulsar una reforma constitucional en el área de justicia.

Pese a las dudas sobre el entorno de militares de línea dura que acompañaban al mandatario, y que formaron el partido FCN antes de la llegada de Morales a la agrupación, el Ejecutivo logró mantener una actitud equidistante de la Comisión mientras esta tocaba aún a estructuras del anterior gobierno.

Este punto de equilibrio se rompió en septiembre de 2016 cuando se producen las primeras capturas del caso Botín Registro y José Manuel y Samuel Morales se enteran de que estaba siendo indagado el evento de compra de canastas navideñas en las que ellos intervinieron.

Las hostilidades se habían abierto entre el gobierno de Morales y Cicig. Las tensiones continuaron subiendo de tono, más adelante entre el partido oficial y el MP, cuando en marzo del 2017 el MP giró una orden de captura contra el secretario general del partido oficial y diputado, el coronel Edgar Ovalle, acusado de crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado interno.

Una hostilidad que se volvió franca lucha por la sobrevivencia luego de dos solicitudes de antejuicio contra el presidente Morales por delitos relacionados con financiamiento electoral ilícito de su campaña en 2015.

La ruptura de Morales con la Cicig y sus señalamientos contra el MP se multiplicaron durante el 2017, hasta que el 27 de agosto de ese año el mandatario declaró “no grato” al comisionado Iván Velásquez de Cicig, y un año más tarde el Ejecutivo dio por terminado el acuerdo entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, por lo que la comisión terminará sus labores el próximo 3 de septiembre.

Condenas mínimas y absoluciones

De regreso a 2019: la “Megasala”, una sala de audiencias del Organismo Judicial con capacidad para 300 personas, se va llenando con familiares, amigos y abogados de los 25 acusados en el Caso Botín Registro. Después de casi tres años de las primeras capturas, y 719 días de iniciada la fase de debate del juicio, finalmente hay una sentencia.

El resultado recuerda a los casos de corrupción anteriores a 2015: peces menores condenados y figuras públicas absueltas o con sentencias mínimas.

En total once de los acusados fueron absueltos y catorce condenados con penas mínimas. Entre los condenados la propia exregistradora, Gladys Anabella de León Ruiz, condenada por peculado culposo con una multa de Q5 mil ($636).

Entre los absueltos José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera. Morales Marroquín enfrentaba hasta seis años de prisión por fraude de forma continuada, mientras que su tío se arriesgaba a pasar 11 años de prisión por fraude y lavado de dinero.

Ambos, no obstante, llegaron frescos y sonrientes al tribunal.

Su absolución surgió de una decisión divida del Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal. La presidenta del tribunal, Edna Maxía, aseguró en su voto razonado que encontró elementos suficientes para establecer la existencia de delitos. Sus compañeros, los jueces Jaime González y Juan Aceituno, por el contrario, votaron por la absolución de los Morales.

Previo a la lectura de la sentencia en su parte resolutiva, el juez Jaime González leyó una contradictoria fundamentación de la misma. El juez por una parte reconoció “la participación de funcionarios en el fraccionamiento de la compra de canastas (para no sobrepasar los Q90 mil -$11,455- que permite la Ley de Compras y Contrataciones para compras directas)”.

También indicó que los funcionarios “cambiaron conceptos de los servicios a contratar como el desayuno para 564 personas que nunca se realizó”.  González reconoció el fraccionamiento de las compras en la fundamentación de la sentencia, así como la inexistencia de algunos servicios, pero no advirtió en esto un fraude.

El hecho de Morales Marroquín creara dos entidades falsas para participar en un concurso de licitación, JM3 Eventos y Spectacular, tampoco fue un indicio suficiente para el juzgador. Como no lo fue el depósito del dinero, cobrado por uno de los eventos de compra, en la cuenta de Morales Cabrera, quedándose únicamente con el 12 por ciento para el pago del IVA.

Lo más irónico de la resolución es que la fundamentación de la sentencia se basó en un informe de un investigador de Cicig que responsabilizaba a Morales Marroquín y Morales Cabrera, pero para los juzgadores este informe no fue concluyente y la acusación de la fiscalía “confusa”.

Como único castigo, el hijo del presidente se llevó una reprimenda de la jueza Maxía, presidenta del tribunal, durante la lectura de la sentencia: “Al señor José Manuel Morales le queda la moraleja de que vender, prestar o regalar facturas es un ardid que contribuye a ser negociaciones ilícitas y no se debe hacer». Le dijo la juzgadora en referencia al programa cómico de su padre: Moralejas.

Mientras que a Samuel Morales le recordó que no debía prestar sus facturas, aún a un familiar “porque no se sabe que pueden hacer con ellas”.

«Fue un error haber aceptado o participado. El derecho al trabajo sí, pero para trabajar para el Estado hay requisitos. Hubo avaricia para no dejar ir el negocio. Decir que todo es correcto es decirles que sigan haciendo esos procesos amañados», les indicó la jueza.

La justicia no fue tan benévola para 11 de los acusados de plazas fantasma, a quienes sentenció a cuatro años de cárcel, por los cuales pueden pagar Q20 diarios ($2.45) para no cumplir la pena, y una multa de Q30 mil ($3,818).

Entre los absueltos se encontraba, además, el trabajador no vidente de la Unidad de Archivo de Documentos del RGP.


*Este reportaje fue publicado originalmente por No Ficción, y se reproduce con autorización como parte de la Red de Investigación periodística de Centroamérica.

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