Guatemala suma más de cien días en una profunda crisis institucional. El pasado 20 de agosto, sus ciudadanos dieron una sorpresa y eligieron como su futuro presidente a un sociólogo y exdiplomático, cuya promesa principal es combatir a las mafias que han saqueado al Estado por décadas.
Desde entonces, las élites políticas tradicionales, muchas vinculadas a grandes casos de corrupción, han intentado desconocer y revertir el resultado electoral. Ante esto, muchos ciudadanos guatemaltecos comprometidos con la democracia han reclamado que esto es un intento de golpe de Estado.
Para comprender más los alcances y significados de esta crisis, Revista Factum conversó con Edgar Ortiz Romero, abogado y analista político. Él ha interpuesto numerosos recursos para evitar que se consolide este golpe. Esto es lo que nos dijo:
Si tuvieras que explicarle a alguien, con las palabras más sencillas posibles, cuál es el último episodio del drama electoral de Guatemala, ¿Cómo lo harías?
Guatemala es un caso muy particular por muchas razones. No tenemos un líder carismático o un partido hegemónico que sea el protagonista de la trama. El segundo elemento es que Guatemala, a diferencia de tu país o de otros países de la región, no tiene partidos políticos de verdad. Por ejemplo, el presidente en funciones, Alejandro Giammattei, ha estado participando en elecciones presidenciales cuatro veces con cuatro partidos distintos.
Tenemos una coalición de partidos que hace mayoría en el congreso y es la que gobierna los últimos años y esa coalición hizo un cálculo de que uno de sus miembros podía ganar la elección presidencial (de 2023). Y ganó evidentemente Bernardo Arévalo, de Semilla, que es la oposición más férrea a esta coalición, y desde que ganó o desde que pasó a segunda vuelta, han intentado boicotearlo.
Intentaron muchas cosas: perseguir al partido, suspenderlo, acusarlos de financiamiento ilegal de campañas, y ninguna tuvo frutos. Entonces el viernes (8 de diciembre) vimos a la Fiscalía, que es la que ha atacado frontalmente la elección, decir que a su juicio hubo fraude electoral y exhibieron una serie de evidencias que no te aclaran muchas cosas, que tampoco explican por qué supuestamente hubo fraude y le piden al Tribunal Supremo Electoral que anule las elecciones. Ese es el último episodio de la trama. Un intento abierto y formal por anular las elecciones, ya que han perdido en las urnas.
Hablás al inicio de una coalición de partidos políticos. Pero luego decís que la Fiscalía es la que pide anular la elección, pero esta no es un partido político. ¿Por qué asume la Fiscalía este rol de pedir que se anule las elecciones?
Hay que retroceder a 2018. Recordemos que Guatemala tuvo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un experimento de Naciones Unidas que vino a Guatemala no como una fiscalía o “súper fiscalía”, sino como una auxiliar de la fiscalía. Y de 2007 a 2019, esta comisión, junto con el Ministerio Público, hicieron una lucha contra la corrupción que al final terminó mal, porque a la comisión la sacaron, tuvo algunos casos en los que quizá no fue tan contundente y eso le restó apoyos, y terminó saliendo.
Es en 2018 cuando la coalición se aglutina y dice: ‘esto no puede volver a pasar’. Cuando se cambia fiscal general en 2018, entra Consuelo Porras (fiscal general actual) y desde ahí se hace un esfuerzo consciente por desarticular todo lo que olía a CICIG y luego en 2022, la fiscal se reelige y la agenda cambia un poquito: se vuelve más en función de que ahora le toca la oposición política ser perseguida como los de la coalición gobernante fueron perseguidos durante la etapa CICIG.
La Fiscalía ha encabezado la persecución contra varios partidos, contra periodistas y por eso se volvió el arma más fuerte de esta coalición en este momento. Es el cañón que ellos tienen para poder lograr algún resultado y revertir la elección.
¿Es la Fiscalía la que tiene que determinar si hubo fraude? ¿Tiene alguna facultad para opinar sobre una elección?
No, no la tiene. Nosotros tenemos, como en El Salvador, un Tribunal Supremo Electoral. Acá el ingrediente interesante es que la ley del Tribunal Supremo Electoral, que es la Ley Electoral, tiene un rango especial que escribió la Asamblea Constituyente junto con la Constitución. Esa ley le da muchas garantías al tribunal precisamente por el pasado de dictaduras militares que tuvimos. Se supone que esa autoridad electoral es la única que puede pronunciarse sobre cuestiones electorales.
Lo que la Fiscalía hizo para buscarle la salida fue decir: “yo no estoy diciendo que yo voy a anular las elecciones, porque no tengo las competencias, pero le voy a pedir al tribunal, con base en mi investigación, que las anule”.
Esto técnicamente tampoco puede hacerlo la Fiscalía, porque no tiene funciones ni competencias para determinar o investigar fraudes electorales, que por cierto no lo hubo. Suponiendo que incluso lo hubiera, no es tarea de la fiscalía ni investigarlo ni pedirlo.
Pero saliendo del estado de derecho y del deber ser, parece que si quieren forzarlo, pueden hacerlo. Tienen a la Policía que haga capturas, la Fiscalía que ponga sellos a cualquier orden, ¿no?
Lo que creo que ellos tienen, y lo hemos visto en los últimos meses, es la fuerza bruta. Más que decir que van a ejecutar la anulación de las elecciones, pasó otra cosa: el Tribunal Supremo Electoral jugó un rol muy cuestionable por mucho tiempo. En la etapa de inscripción de candidaturas, por ejemplo, la gente decía que el TSE era parte de la coalición. Pero cuando gana Semilla y la Fiscalía trata de impedir que pase a segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral dice que no puede acceder a esas peticiones porque son ilegales.
Entonces la Fiscalía le presenta un caso por sobrevaloración de compra del software que utilizó el tribunal para transmitir los datos del resultado electoral. Entonces le dijo: “no vas a colaborar, pues te persigo. Y el día de hoy, 13 de diciembre, tenemos a cuatro magistrados propietarios del tribunal supremo electoral en el exilio, ya sin inmunidad, acusados de sobrevalorar la compra de software. Entonces ellos van a usar todas las herramientas y dicen: “si este Tribunal Supremo electoral no accede, pues aténgase a las consecuencias”.
Esa es la forma en la que han tratado de doblegar a cualquier órgano que se meta en su camino.
¿Estamos a un mes y un día de que deba asumir la presidencia Bernardo Arévalo?
Sí.
¿Cuál calculás que es la probabilidad de qué eso realmente suceda y él efectivamente tenga la banda de presidencial en ese momento?
Difícil hacer predicciones. Obviamente, por el deber ser sería 100%, pero por las condiciones actuales yo creo que hay un 60% que sí asuma y un 40% que no. La coalición tiene un menú de opciones para evitar que eso suceda, todas por supuesto fuera del marco legal, pero yo creo que los abogados tenemos que entender que la dimensión política importa. Las reglas son una cosa, pero el poder dicta otros tiempos. Lo que sí es cierto es que es un régimen muy preocupado de que todo lo que se haga aparente legalidad. Entonces, tienen un menú de opciones.
Una es decir que anula las elecciones, que insisto que es ilegal, pero ellos pueden revestirlo de legalidad diciendo que se lo pidieron al Tribunal Supremo, que el Tribunal dijo que sí, que lo revisó la Corte de Constitucionalidad y dijo que no había problema y que se anularan.
Otra opción es que digan que el partido está suspendido y no existe, y que entonces no existe un candidato al cual darle la posesión.
Cada argumento, por absurdo que suene, está en el menú de ellos. El tema es que si no hay transición el 14 de enero, Guatemala se vuelve un paria internacional, pero yo creo que a buena parte de la coalición que gobierna hoy no le importa y está dispuesta incluso a llegar a ese punto con tal de qué Bernardo Arévalo no asuma.
¿Tiene esta coalición tentáculos en el sector privado, en algunas organizaciones de sociedad civil? ¿Qué tan sólida es?
Otra característica de Guatemala es que nos gobierna una coalición absolutamente impopular y encabezada por un presidente muy impopular. Cuando uno ve el gráfico de Cid Gallup, donde por cierto sale tu presidente en primer lugar siempre en popularidad, el nuestro está en los últimos: incluso peor que Maduro u Ortega. Es un presidente muy impopular. El congreso, al igual que todos los de Latinoamérica, es muy impopular pero el nuestro es incluso más despreciado.
Por eso digo que lo único que la coalición en el poder tiene es la fuerza bruta, desde la política y desde los órganos de control, porque hay falta de garantías, no hay ningún órgano de contrapeso salvo en la Corte de Constitucionalidad en la que todo mundo tiene sus esperanzas depositadas de que esté en contra del golpe.
Yo diría que el sector privado no apoya a la coalición, está claro que debe haber una transición, salvo dos o tres personas probablemente. Yo diría que el 99.9% del sector privado lo tiene claro. La sociedad civil lo tiene claro, la academia lo tiene claro, salvo dos o tres universidades cuestionables.
La gran mayoría de los sectores sociales no apoya esto. Es una minoría fuerte que controla el Estado, que controla los partidos y los espacios formales de poder la que está dispuesta a usar la fuerza bruta. Es un experimento y una apuesta tonta, porque si no eres popular la calle va a responder. Y cómo vas a controlar eso, con la fuerza bruta, a lo Nicaragua, porque no hay base social que justifique lo que están haciendo.
¿Qué está en juego para la coalición que de verdad está dispuesta a inventarse cualquier cosa para evitar el resultado de las elecciones?
Hay de todo. Hay una parte importante de miembros de la coalición cuyo horizonte temporal y su mundo se acaba en la frontera con México, no ven mucho más allá. Es una clase política muy torpe, mediocre, ordinaria, vulgar en su mayoría. Para ellos, anular elecciones es como anular el partido del barrio, como si fuera una cosa tan sencilla.
Yo creo que hay un núcleo ideológico de gente que de verdad cree en estas cosas, pero es muy pequeño y muy marginal, pero existe también.
Además, creo que son más los negocios que pierde esta coalición lo que los motiva actuar, sumado a que no son una coalición que vea mucho más allá.
Cuando hablás de negocios, asumo que no solo son negocios lícitos…
Yo creo que se ha explorado muy poco la variable de si hay una parte importante del narcotráfico que también está interesada (en el golpe), pero el narcotráfico se ha vuelto un actor más invisible. En los noventas, en la primera década de los 2000, eran actores más grandes, más organizados. Ahora son un poco más grises, fantasmagóricos pero el narco también es un actor que juega y está ahí. No los ves en la mesa, pero sin duda están participando en este juego.
Para alguien que no está en Guatemala, ha sido sorprendente escuchar una palabra popular en Latinoamérica, pero que hace rato no escuchábamos: golpe de estado. Normalmente pensábamos en un grupo de militares sacando por la fuerza a un presidente. ¿Por qué Guatemala está hablando hoy de golpe de estado?
Desconocer una elección e imponer por la fuerza del legalismo a un presidente no electo es un golpe. Entonces la preocupación número uno hoy en Guatemala es que en enero no asuma el presidente que la gente eligió. De hecho, ni siquiera el congreso que la gente eligió y que se prorrogue el que ya está, y que digan que como no hay presidente electo porque se anularon las elecciones, van a nombrar el dedo a cualquier persona.
Y ese escenario es de facto, fuera del marco constitucional porque no hay forma de qué eso constitucionalmente ocurra. Es un golpe.
Ahora, como lo decían Levitsky y Ziblatt en su libro “Cómo mueren las democracias”, ya no mueren a golpe de cuartel sino en los tribunales, en los congresos y aquí sería una muerte judicial y legislativa.
Si muere el resultado electoral, ¿Qué más muere en Guatemala más allá de tener a Bernardo Arévalo como presidente?
La lucha no es Bernardo Arévalo. Yo siempre me confieso en espacios públicos y digo que no voté por Bernardo, pero mi preocupación como ciudadano y por la cual he emprendido algunas acciones legales es recordar que las reglas del juego son simples y dicen que quien saca más votos, gana.
Si él no asume, el problema no es Bernardo o Semilla, sino que la democracia se pierda en manos de un grupo de impresentables. Eso es trágico, porque demostraría que en Guatemala la fuerza bruta y los intereses espurios están por encima de cualquier cosa.
En términos no solo de democracia y democracia civiles, sino de inversiones y estado derecho, te volvés un estado paria, te “nicaragüizás”. Y entonces ya hay mucho más en juego, “cruzás el Rubicón” y entrás en otra dimensión por la que Guatemala no transitaba desde las dictaduras militares. Así de simple.
Dentro de este mapa de actores, uno mira a Semilla y a abogados interponiendo recursos, al Tribunal Supremo Electoral resistiendo y al Ministerio Público peleando, pero no vemos al presidente actual. ¿Dónde está él y qué rol juega?
Alejandro Giammattei es un personaje complejo y yo creo que está jugando al desmarque. Alza los hombros desentendiéndose de la jugada. Él públicamente dice que se respeta el resultado electoral, pero nunca he condenado las acciones de la Fiscalía que han sido un exceso, nunca ha condenado los experimentos abiertos por desconocer la elección.
Él juega un poco hacerse el bobo en la crisis, pero en el fondo nadie cree genuinamente que no sea parte o, al menos, no tolera lo que está pasando porque, insisto, una cosa es no actuar abiertamente a favor del golpe, pero también tiene una obligación institucional y no solo moral de representar la unidad nacional y decir que ya se pasó la línea roja. Y eso no lo ha hecho.
¿Él tiene algo que perder si se cae del poder esta coalición?
Aquí hay un miedo generalizado que no expliqué antes. Supongo que muchos miembros de la coalición temen persecución criminal por casos de corrupción. Una de sus figuras más cercanas, Miguel Martínez, fue sancionado recientemente por Estados Unidos.
A él le aplicaron la ley Magnitsky, que es una de las sanciones más duras. En el club de la fama, si te aplican Magnitsky ya estás en la ‘Champions de la corrupción’, y además en semifinales.
Creo que hay ese temor de que los allegados o los cercanos puedan ser perseguidos en caso de que cambie de manos el poder y en algún tiempo la Fiscalía. Y esa creo que es una motivación de muchos y probablemente de él también para actuar de esta manera.
Sólo para ofrecer un poco de perspectiva a quien nos lea o escuche en El Salvador, también hay funcionarios salvadoreños sancionados con Magnitsky, como el director de Centros Penales, Osiris Luna; el director de Tejido Social, Carlos Marroquín; y la jefa de gabinete del presidente Bukele, Carolina Recinos.
Estados Unidos sancionó 100 diputados, le han quitado la visa a bastante gente. ¿Eso le importa a esta coalición?
Es el problema. Cuando te hacía la caricatura o el perfil de los diputados y demás como vulgares, mediocres y cortoplacistas dentro de la coalición, decía que ellos no entienden esa sanciones. No dimensionan el problema.
En cambio sí lo ve el sector comercial, por ejemplo, que cree que si nos sancionan es terrible en términos de desempeño económico, o en términos de deuda pública. Una batería de sanciones que propone Estados Unidos nos tiraría la lona. Yo creo que lo percibe mejor el sector comercial. La coalición, de noche (no lo comprende). Tampoco ellos dependen de esto. Una carreterita por aquí o una plaza por allá y están contentos, y entonces pareciera ser que no les permea la amenaza de sanciones. Recordemos que la sanción no pretende castigar únicamente, pretende cambiar la conducta y esa esa parte todavía no vemos que tenga efecto.
Si las sanciones internacionales no les afectan, ¿Hay algo que sí puede hacer la comunidad internacional para presionar y cambiar esta conducta?
Hasta el momento, yo creo que sí. Yo también creo que sirve y es importante lo que hace especialmente Estados Unidos con la lista Engel, con Magnitsky y otras sanciones a su alcance. Creo que es un instrumento apropiado, pero no todo lo puede hacer la comunidad internacional. Y a veces es un poco injusto decir que los americanos no hacen más, pero ellos solo hacen lo que tienen en sus manos, y tienen un menú limitado de medidas que pueden tomar. Y las han tomado y sigue siendo importante.
Me parece que el problema que tenemos es la amenaza del siguiente nivel, que son sanciones económicas porque creo que hay más presión, aunque no lo entiendan por ordinarios. Además, complementa acciones de una población desorganizada que puede acudir a la calle cuando hay una violación grosera de las elecciones, ayuda tener ese respaldo de la comunidad internacional vía sanciones.
Yo creo que son instrumentos complementarios, pero la salida última depende de los guatemaltecos. Y no lo digo como eslogan de la soberanía, lo digo en serio: la comunidad internacional puede hacer muchas cosas, pero hay que tener pantalones desde muchos sectores sociales para plantarse.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución manifestando su preocupación por esta crisis y El Salvador se abstuvo de apoyarla. ¿Qué te dice que un gobierno como el de El Salvador no se sume a esta resolución?
Me sorprendió que fuera el único. Hay 29 votos a favor, una abstención de El Salvador y uno en contra, que obviamente es Guatemala. Que se abstenga El Salvador a mí me dice que es un poco ‘hoy por ti, mañana por mí’.
Es decir, ‘la reelección es un poco cuestionable y me imagino que en algún punto puede haber un tema de estos en la OEA y mejor no nos metemos’, y me parece que eso fue lo que pesó.
Obviamente, hay otros regímenes autoritarios como Nicaragua o Venezuela que no están en la OEA, están suspendidos y entonces no votan, pero supongo que si hubiesen votado, hubiesen hecho lo mismo.
En una Guatemala donde ya ni siquiera se respeta la Constitución, las leyes o lo que la gente decide en las urnas, ¿Qué más está en riesgo para el ciudadano de a pie?
Hay algo bien interesante de esta crisis y es que buena parte de los protagonistas de las protestas fueron integrantes y dirigentes de la comunidad, de los pueblos originarios. Cuando quien defiende la democracia es la gente que vive bastante al margen del Estado, porque el Estado no llega y no les da nada, uno piensa que tal vez no todo está perdido.
A diferencia de otros experimentos de la región donde te dicen que sacrificas libertades políticas a cambio de prosperidad o servicios públicos, aquí el escenario es mucho más gris, porque sacrificás tus libertades políticas a cambio de qué, de un régimen depredador, corrupto, mediocre, vulgar, ordinario, que no le importa nada.
El escenario para mucha gente es mucho peor. No es ni siquiera un intercambio entre libertad y prosperidad, es el peor escenario posible: sin libertad y sin servicios públicos, y sin prosperidad y signada.
Para mí el peligro más grande, y esta es la conclusión que yo saco, no es que no asuma Bernardo Arévalo. Es el vaciamiento institucional que va a sufrir Guatemala si el 14 de enero hay golpe.
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