El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) denunciarán las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías en El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia servirá, según los denunciantes, para alertar sobre la ineficiencia del sistema de justicia y la pobre labor investigativa de la Fiscalía en estos casos, así como el aumento de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
El Idhuca y el SPASS han señalado en numerosas ocasiones su preocupación por el repunte generalizado de la violencia durante los últimos años, así como el aumento de las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado a partir de la entrada en vigencia de las medidas extraordinarias de seguridad, aprobadas por decreto ejecutivo en abril de 2016.
A partir de las denuncias recibidas, el Idhuca documentó 10 casos que recibieron entre noviembre de 2016 y agosto de este año. Estos casos serán utilizados para ilustrar esta problemática en la audiencia temática con la CIDH que se realizará el próximo 5 de septiembre en Ciudad México. También se sustentará la denuncia en las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), diversas notas periodísticas, testimonios y referencias explícitas a la complicidad de instituciones como la Fiscalía y el sistema judicial en los casos citados, detalló Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del Idhuca.
Revista Factum y El Faro han denunciado recientemente amenazas y acoso a partir de las publicaciones de reportajes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía, especialmente a raíz de la investigación de esta revista titulada “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”. El Idhuca se solidarizó con ambos medios por estos hechos .
“Exigimos que las amenazas se frenen, no puede ser que periodistas y defensores de derechos humanos se vean amenazados por realizar su labor”, expresó el padre José María Tojeira, director del Idhuca.
Tojeira señaló, sin embargo, que el trabajo del instituto universitario en detectar las ejecuciones extrajudiciales es anterior a las publicaciones en medios de comunicación: “Antes del caso de San Blas habían habido otros enfrentamientos donde la versión oficial decía que un grupo mayoritario de mareros emboscaba a la policía; la policía se defendía y morían cinco o siete mareros y ningún policía quedaba herido. (…) Tratamos de insistir que se arreglara a través de la investigación interna de la policía, pero nos hemos dado cuenta que nunca fueron investigados adecuadamente, solo cuando periodistas han investigado previamente”.
Manuel Escalante, asesor e investigador de Idhuca; P. José María Tojeira, Director del Idhuca;
Arnau Baulenas, Coordinador Equipo de Procesos Judiciales del Idhuca. Foto FACTUM/Gerson Nájera
Dado que las instituciones del Estado no están resolviendo ni evitando las denuncias por graves violaciones de derechos humanos- según el análisis de estos expertos-, el Idhuca no descarta interponer denuncias contra las instituciones si no se comienzan a ver mejoras.
“No está respondiendo adecuadamente a la situación actual, prestándose a modalidades de mano dura, lentitud en las resoluciones, plegamiento ante una policía en ocasiones abusiva; y una Fiscalía que acepta sin crítica las denuncias policiales con nulas o escasas pruebas y demasiadas veces con testigos criteriados con poca credibilidad. De seguir así las cosas habrá que denunciar también al sistema judicial y la Fiscalía como violadores frecuentes de los derechos humanos”, sentenció Tojeira.
Otro aspecto que alarma a esta institución universitaria es el uso del lenguaje violento por parte de algunas autoridades, en lugar de apegarse a los objetivos de persecución del delito, prevención de la violencia y rehabilitación del Plan El Salvador Seguro, que el propio Idhuca integra y apoya.
“Manifestamos nuestro desacuerdo con el vocabulario de las autoridades que en lugar de hablar de persecución del delito hablan de guerra contra los delincuentes, lluvia de fuego, represión, etc. (…) El lenguaje inadecuado respecto al Plan El Salvador Seguro y la Constitución, así como la insistencia en la represión, facilita la violación de derechos humanos, detenciones ilegales, tratos crueles y degradantes e incluso desapariciones forzadas y tortura”, expresó Tojeira.
Los crímenes de lesa humanidad no son exclusivos de los periodos de guerra, declaró Manuel Escalante, asesor y abogado del Idhuca, para incidir en la importancia de prevenirlos y evitar volver a un contexto similiar al conflicto armado interno que vivió El Salvador durante la década de los 80.
“Al parecer estamos ante el resurgimiento de ejecuciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas y desplazamieno forzado; es urgente fortalecer al sistema judicial, a la Fiscalía y a los órganos de control del sistema de seguridad para garantizar que no repitamos la locura de hace 30 años, ni la de hace 70 años. Todavía consideramos que estamos a tiempo”, señaló Escalante.
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