Los grilletes invisibles de las visas de trabajo

Hace meses, visité un campamento de migrantes agrícolas en Nueva York. Cuando nos imaginamos “el sueño americano”, pensamos en oportunidades, en trabajos dignos, en disfrutar de las bondades de Estados Unidos. Sin embargo, esa no es la realidad que viven muchos trabajadores agrícolas cuando llegan a este país. Los migrantes que conocí aquella vez vivían en aislamiento total, en un campamento, en la zona rural, en medio de la nada. Era la clara expresión de cómo un país explota la fuerza laboral de campesinos y a cambio los condena a la exclusión y desolación. Esos campesinos habían llegado a Estados Unidos bajo la visa H-2A, la misma con la cual han viajado ya algunos salvadoreños.

Cuando leí en las noticias sobre el convenio del gobierno de El Salvador para enviar a salvadoreños con visas laborales, pensé que era un avance muy positivo. Pero también pensé en las difíciles condiciones que nuestros compatriotas podrían enfrentar y, por tanto, de lo que deberíamos estar alerta.

De acuerdo con los medios de comunicación, el 19 de diciembre del 2019 partieron hacia Misisipi 50 salvadoreños para trabajar de manera temporal en Estados Unidos. Los campesinos estarían laborando en agricultura y jardinería, de tres a cuatro meses. Posteriormente, retornarían a El Salvador. Ganarían un promedio de 500 dólares semanales, y, como es común en el programa H-2A, el empleador cubrirá los costos de vivienda y alimentación. Para ser seleccionados, el Ministerio de Trabajo llevó a cabo un proceso inicial y, posteriormente, el empleador en Estados Unidos habría seleccionado a los 50 trabajadores finales.

El programa de visas temporales para trabajadores agrícolas es un acierto del gobierno de El Salvador, en un país donde la migración irregular ha sido la salida para buscar mejores condiciones de vida. La cooperación con Estados Unidos para promover migración regular es necesaria, como una solución a la migración indocumentada que inevitablemente pone en riesgo a los salvadoreños y separa familias de manera permanente. Además, este tipo de programas estaría beneficiando la economía de familias campesinas, al permitirles tener ingresos mayores a los que tendrían en nuestro país. La deuda de soluciones para salvadoreños desplazados y huyendo de la violencia sigue pendiente, pero al menos este convenio brindaría oportunidades de trabajo a los migrantes.

Sin embargo, el programa de visas laborales H-2A no es un cuento de hadas. Habiendo dicho cuán beneficioso será el convenio, es un tema de ética y responsabilidad visibilizar cuáles son las verdaderas condiciones a las que se podrían enfrentar los salvadoreños. Este análisis resulta más completo al revisar un poco el contexto del programa de visas y la historia de convenios similares en Estados Unidos.

En palabras de la organización Farmworker Justice, basada en Estados Unidos: “La historia nos ha demostrado que los trabajadores extranjeros con un estatus restringido (como el caso de la visa H-2A) son vulnerables a abusos en el lugar de trabajo”. Entre 1942 y 1964, el gobierno de Estados Unidos impulsó el “Programa Bracero”, que llevaba trabajadores agrícolas desde México para laborar en agricultura. El programa fue reconocido por las sistemáticas violaciones de derechos humanos, la explotación, el racismo y la discriminación infringida por los patronos estadounidenses contra los campesinos extranjeros. El “Programa Bracero” llegó a su fin en 1964, en parte por la preocupación sobre los abusos laborales y el maltrato a los trabajadores extranjeros.

Históricamente, el sector agrícola de Estados Unidos ha requerido de trabajadores foráneos. Y el programa H-2A se ha triplicado en los últimos años. Pasó de tener alrededor de 80,000 posiciones laborales certificadas en el año fiscal del 2008, a más de 240,000 posiciones en 2018. Para poder contratar a un campesino extranjero, los empleadores tienen que demostrar que han sido incapaces de encontrar suficientes empleados dentro de Estados Unidos, y, por tanto, tienen que recurrir a mano de obra extranjera. Se dice en Estados Unidos que los inmigrantes no roban los trabajos a los estadounidenses, sino que toman los trabajos que nadie quiere hacer. Esta expresión podría explicar, en parte, por qué para el sector de agricultura se requiere tanto trabajador extranjero.

Deberíamos preguntarnos, ¿por qué personas en Estados Unidos no están dispuestas a tomar estos trabajos? La respuesta debería hacernos sospechar de las condiciones laborales y la remuneración de estas. El Farmworker Justice en su informe “No Way to Treat a Guestsostiene que los empleadores en Estados Unidos recurren a trabajadores agrícolas extranjeros como una alternativa barata y explotable ante la opción de la contratación de trabajadores nacionales que disfrutan de más protecciones legales. Por ejemplo, por cada trabajador con visa laboral H-2A, los empleadores se ahorran el pago de Seguridad Social o el Impuesto de Desempleo. El informe documentó que muchos trabajadores reciben salarios menores a los que les prometieron antes de viajar y se encuentran con viviendas deterioradas, condiciones de trabajo peligrosas e incluso trabajo forzado, y hasta pueden ser víctimas de esclavitud laboral.

Pero, ¿porqué estos migrantes laborales son tan vulnerables? Ser un inmigrante latino ya los pone en una situación de desventaja, pero la principal razón nace de la estructura del programa. Existe un total desbalance de poder entre los empleadores “que los importan” y los campesinos, quienes llegan a zonas aisladas, desconocidas, sin hablar el idioma y viviendo bajo la jurisdicción del patrono. Estos migrantes no gozan ni siquiera de la capacidad de cambiarse de trabajo, incluso si son maltratados, puesto que sus obligaciones son con los empleadores que los seleccionaron. Muchos no se sienten en confianza de denunciar los malos tratos y abusos que viven, por miedo a no ser seleccionados nuevamente para viajar durante otra temporada. Otros temen sufrir represalias de sus patronos que controlan sus salarios, sus viviendas, su transporte y hasta su alimentación. El Southern Poverty Law Center concluye que la mayoría de los migrantes con visas H-2A trabajarán hasta los límites de la resistencia humana para mantener a sus empleadores felices y temen demasiado las represalias como para hablar de condiciones de trabajo duras o ilegales.

La ilusión de cumplir “el sueño americano” puede tornarse una experiencia muy dura. De estos migrantes se explota su fuerza laboral, pero no se les incluye en una dinámica comunitaria ni social. Están aislados geográfica y socialmente. El mensaje es claro: me sirve tu fuerza laboral, pero no me interesas como persona. En una conversación que tuve con un migrante agrícola en Nueva York, me contó lo difícil que era vivir esta situación y la frustración que implicaba no poder ir ni siquiera al supermercado, pues no tenía cómo movilizarse por sí mismo y en el lugar no había servicio de transporte público. Tenían que pagar altas sumas de dinero a otros migrantes para que los transportaran. Cuando lograban salir, la barrera del idioma y la discriminación que vivían dificultaba aún más la situación.

Alguien podría opinar que los migrantes que han viajado posiblemente ya vivían condiciones lamentables en El Salvador, pero ahora, al menos, tendrán un mejor salario. Pero eso no es una justificación para tolerar abusos laborales, ni menos para que el gobierno de El Salvador esquive su responsabilidad de velar por la dignidad de los trabajadores que envía. En esta etapa piloto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, podría tomar el liderazgo para evaluar el proyecto, con la intención de mejorarlo, y brindarles mejores protecciones a los campesinos. Para ello, podría aliarse con organizaciones internacionales y de sociedad civil en Estados Unidos que durante años han trabajado en el tema.

Esta columna de opinión tiene la intención de poner sobre la mesa otros elementos que la historia y el presente nos dicen sobre el programa de visas laborales H-2A y que nuestro gobierno no nos está contando. Podría ser que esta no sea la experiencia de los salvadoreños que han viajado, o probablemente sí lo sea. Celebremos por las oportunidades que se han abierto, pero asumamos la responsabilidad de evidenciar lo que debe mejorar. Nos debemos a las manos que nos dan de comer. Esas manos son las de los campesinos salvadoreños que están trabajando la tierra de Estados Unidos, sembrando los alimentos que los estadounideses tendrán en su plato, para así poder llevar el sustento a sus propias familias en El Salvador.


*Karla Castillo es salvadoreña. Estudia Administración Pública en Cornell University, New York. Trabajó en la Agencia de la ONU para los Refugiados y colaboró con la organización Border Angels, en la frontera sur de Estados Unidos. Esta columna refleja exclusivamente su opinión individual.

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