La demolición del edificio de la biblioteca nacional o la destrucción del patrimonio cultural

Resulta contradictorio que el mismo Estado que ha dictado medidas de protección sobre el edificio que albergaba la Biblioteca Nacional es el encargado de violar o vulnerar sus mismas resoluciones de protección sobre el inmueble.

El edificio de la Biblioteca Nacional era un Bien Cultural cuya protección se encuentra reflejada en, al menos, un Decreto Legislativo y dos resoluciones del Ministerio de Cultura. El primero es el Decreto No. 680 de la Asamblea Legislativa, de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho y publicado en el Diario Oficial en fecha veintiuno de agosto del mismo año, mediante el cual se declara como Centro Histórico una zona delimitada dentro de la cual se encuentra el edificio donde hasta hace poco se albergaba la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia y que actualmente se encuentra siendo demolido. Por otra parte, está la resolución interna MP-001/2016 de la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial de fecha  19 de octubre de 2016, contiene “Medidas de protección para el Centro Histórico de la ciudad de San Salvador, Municipio y Departamento de San Salvador”, localizándolo en la manzana A-7. Finalmente, la resolución RD-0899/2019 del actual Ministerio de Cultura, refleja que a dicho edificio le fue asignado número de Inventario de Bienes Culturales Inmuebles A-7, Inmueble 2 del Centro Histórico de San Salvador, y que el inmueble que albergaba la Biblioteca Nacional poseía, por razones que se explican en la misma resolución,  “valor histórico y de antigüedad”, “valor urbano”, “valor social”, “valor de uso”,  y “valor simbólico”, declarando que el terreno es de “Interés Social Cultural”. 

A pesar de todas estas medidas de protección, el actual Gobierno está demoliendo el edificio que albergaba la Biblioteca Nacional para construir un edificio “moderno”, según algunas declaraciones y publicaciones. Esto quiere decir que el mismo Estado que ha dictado medidas de protección sobre ese y otros inmuebles del Centro Histórico es el encargado de violar o vulnerar sus mismas resoluciones de protección sobre el inmueble. Al hacerlo, el Estado no solo ha vulnerado sus mismas resoluciones sino también ha vulnerado la “Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador”, toda vez que el inmueble es un Bien Cultural de conformidad al Decreto y a las resoluciones ya mencionadas. Aún más, la demolición también hará incurrir a las autoridades del Ministerio de Cultura en el delito de “Infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de Bienes Culturales, tipificado en el Artículo 223 del Código Penal, cuya pena es la prisión de uno a dos años. 

Es contradictorio que bajo el afán de “modernizar” el edificio que albergará la Biblioteca Nacional se destruya el patrimonio cultural debidamente protegido, el cual este mismo Gobierno ha declarado que tiene distintos “valores”, convirtiéndose en el principal violador de sus mismas directrices. 

Pero no es de sorprenderse, pues bajo el argumento de la refundación de toda la historia salvadoreña para reescribir una historia bajo una narrativa totalmente falaz, se están destruyendo, más allá de edificios, instituciones democráticas. 

Por otra parte, el centro histórico de cada país se caracteriza precisamente por la preservación de su antigua arquitectura. Ese es su atractivo turístico: poder viajar a través del tiempo a la antigua urbe, al antiguo epicentro donde convergían, la mayoría de las veces, la religión y los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Así se creó la gran mayoría de ciudades en Latinoamérica, bajo la influencia del eurocentrismo, y esa es precisamente el atractivo de los centros históricos: permanecer y persistir a pesar del tiempo. De manera tal que resultará contradictorio y hasta repulsivo tener un edificio moderno en un centro histórico, pues va en contra del mismo concepto de “centro histórico”. 

En lugar de destruir, hay que reconstruir. Si la estructura ya no era apta para visitas, entonces se debió apuntalar todo aquello que estuviera deteriorado. Y no solamente me refiero a colocar “parches”, sino a reconstruir el edificio manteniendo todos los “valores” que el mismo Gobierno le había adjudicado. Con todos los millones que se tienen para este proyecto, fácilmente se pudo haber mantenido el mismo valor arquitectónico del edificio otorgándole la mayor seguridad a sus visitantes. Destruir el edificio y colocar uno de corte moderno es contrario a los conceptos de “centro histórico”, pero también constituirá, precisamente por moderno, un verdadero lunar dentro del centro histórico de San Salvador. En todo caso, si la intención era dotar a la Biblioteca Nacional de un nuevo edificio, nada costaba construirlo fuera de la zona protegida del Centro Histórico, y destinar lo que fue el edificio de la Biblioteca Nacional, una vez restaurado, a un museo de la memoria histórica, por ejemplo, que tanta falta le hace falta al Estado.

*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA.