Dania González, la donación de Luxemburgo y los objetos perdidos del Injuve

Un premio de 25 mil dólares del gobierno de Luxemburgo para empresarias centroamericanas fue ganado por la encargada de los emprendimientos de mujeres jóvenes del gobierno de El Salvador. En julio de 2020, de entre una treintena de concursantes, el Sistema de Integración Centroamericana favoreció a Dania González, quien era subdirectora de empleo juvenil del Injuve y ahora es diputada de Nuevas Ideas. El beneficio para González fue antecedido por un cuestionamiento por una extracción de recursos del Injuve, sin autorización, por casi 13 mil dólares.

Ilustración: Victoria Delgado

El día en que a Dania González le donaron 25 mil dólares del gobierno de Luxemburgo para su negocio privado, ya había pasado una semana y media desde que había sido elegida como candidata a diputada por su partido Nuevas Ideas.  Ese miércoles 29 de julio de 2020, nadie notó ese detalle en el acto oficial de entrega del dinero. Y ella tampoco lo mencionó. Mucho menos mencionó que, aparte de ser nominada para diputada, también era funcionaria del gobierno de El Salvador: era la subdirectora para la promoción de empleo juvenil del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve).

Así, sin objeciones, ese día una funcionaria salvadoreña se hizo de dinero público para sus asuntos privados.

En medio de la pandemia por Covid-19, las restricciones para evitar los contagios obligaron a que el acto de entrega de los 25 mil dólares se hiciera en una reunión por videoconferencia. En los monitores aparecieron el encargado de negocios de la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua (la única en Centroamérica y recientemente cerrada), Joe Geisbusch; la representante de la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Olinda Salguero; y el director de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de El Salvador y directivo del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Cenpromype) del SICA, Paul Steiner.

Los funcionarios se felicitaban por respaldar a cuatro empresarias centroamericanas que habían ganado los fondos de Luxemburgo para impulsar sus negocios dentro del proyecto llamado Empresarialidad Femenina. El aporte fue de 25 mil dólares para cada una, de los que luego tendrían que rendir cuentas.

En medio de las congratulaciones, de los breves discursos, de las exposiciones de cada emprendimiento, uno dominicano, uno costarricense y dos salvadoreños, todos liderados por mujeres, nadie dimensionaba lo que sucedía con una de esas ganadoras, con Dania González en específico: sucedía que una institución regional, que se financia con el dinero público de los centroamericanos y con donaciones de otros países, le estaba dando dinero de los impuestos de un país extranjero a una política y funcionaria salvadoreña para su negocio privado.

O visto con mejor detalle: la encargada del gobierno salvadoreño de velar por el empleo y los emprendimientos de los jóvenes, hombres y mujeres, había participado y ganado en un concurso para impulsar, con dinero extranjero, su propio negocio.

Dania Abigaíl González Rauda, subdirectora de empleo juvenil del Injuve desde septiembre de 2019 y elegida para diputada por Nuevas Ideas desde el 19 de julio de 2020, había pasado al menos tres meses en una campaña por doble partida: había concursado, como empresaria, para ganar dinero donado para mujeres emprendedoras de Centroamérica, y había concursado, como política, para ganar la candidatura a una diputación.

Ella empujó sus dos proyectos personales siendo funcionaria de gobierno. Y en los dos prosperó.

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Dania González es uno de los rostros más conocidos en la nueva Asamblea Legislativa que gobierna el presidente Nayib Bukele desde el órgano ejecutivo. Fue elegida el 28 de febrero de 2021 como diputada por San Salvador de Nuevas Ideas. Dentro de la Asamblea, ella es la presidenta de la comisión financiera.

El jueves 3 de marzo de 2022, la diputada González informó sobre el inicio de un foro de “inclusión financiera para mujeres”, que calificó como “un pilar muy clave en la economía de las familias salvadoreñas”. “Queremos que nuestro país tenga todo un ecosistema de innovación financiera y económica”, dijo la legisladora.

El foro fue acompañado de una miniexposición de emprendimientos de mujeres que González ayudó a organizar dentro de la Asamblea Legislativa. Gracia Aldana, una pequeña empresaria que estuvo en la expo por parte del grupo Lidera Business Woman, dijo que “los productos que cada una de estas mujeres salvadoreñas laboran día a día, con mucho esfuerzo, son para hacer crecer a sus familias económicamente”. Aunque las emprendedoras que estaban en aquella exposición no contaron con respaldos de decenas de miles de dólares como los tuvo Dania González con los 25 mil dólares donados por Luxemburgo. Tampoco ninguna de esas emprendedoras es funcionaria de gobierno, como lo es González.

Las tres dimensiones en que se movió Dania González durante 2020 se pueden definir como funcionaria, emprendedora y política. La actual diputada no separó su función pública de sus negocios privados, como sucedió con el caso de la donación extranjera.

Dania González, la funcionaria, entró en el gobierno del actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 4 de septiembre de 2019, cuando fue nombrada como subdirectora para la promoción del empleo juvenil del Injuve. González llegó a sustituir en el cargo al antiguo subdirector, Gerardo Granados Ferrufino, quien había anunciado su renuncia desde el último día de agosto de ese mismo año.

En la sesión en que nombraron a González, uno de los directivos del Injuve, Néstor Ismael Ventura, mencionó que ella era una persona idónea para el cargo, pues tenía “experiencia en el tema del emprendimiento” y aseguró que anteriormente ella había representado al país en ese tema. De esas palabras quedó constancia en el acta 06/2019 de la sesión de junta directiva del Injuve.

Copia del acta de la sesión del Injuve cuando se decidió el nombramiento de Dania González como subdirectora para el empleo juvenil.

González, de hecho, según su expediente laboral, ya había trabajado desde agosto de 2018 hasta agosto de 2019 en la Conamype con el cargo de “técnica de emprendimientos”. La Conamype, donde ella trabajó durante un año, es miembro del consejo directivo de Cenpromype. Y la directiva de Cenpromype, a su vez, le aprobó los 25 mil dólares de Luxemburgo para su negocio.

Dania González, la emprendedora, se ha involucrado en proyectos de jóvenes dedicados a la política o a las empresas. Pero también, y eso no está escrito en ninguno de sus currículos públicos, es gerente para El Salvador de la empresa Negocio Mejor, que tiene sede en San Pedro Sula, en Honduras.

Dania González es gerente para El Salvador de la empresa Negocio Mejor, con sede en Honduras.

Fue, de hecho, Negocio Mejor la empresa con la que Dania González se presentó en el concurso de Cenpromype en 2020. Lo hizo a título personal, como todas las demás concursantes.

NegocioMejor.com es un emprendimiento hondureño que ofrece la transformación digital de los negocios de sus clientes. Fue fundado por Mauricio y Andrea Talbott, Norma Urrea, Bladimir Grajea y Gabriel Guevara. Dania González es, dentro de esta empresa, “country manager” o gerente de país para El Salvador.

Para el concurso de Cenpromype, González participó en calidad personal, con el nombre de esta empresa hondureña bajo el brazo. Los fondos públicos de Luxemburgo fueron entregados a González dentro del programa de Empresarialidad Femenina, aunque el CEO de esta empresa es un hombre, Mauricio Talbott, como se presenta en el sitio en internet de este negocio.

Para enero de 2021, en medio de la campaña electoral para alcaldes y diputados, Dania González continuaba en el Injuve. El 28 de febrero siguiente, fue elegida como legisladora por Nuevas Ideas. González no dejó el cargo público hasta entrado el mes de mayo, cuando ya había asumido la diputación.

Un año antes, González, la política, resultó elegida por las bases de Nuevas Ideas como candidata a diputada por San Salvador. La convocatoria para las elecciones primarias de todos los partidos políticos que iban a competir en las elecciones del siguiente año se había lanzado más de tres meses antes, a finales de marzo. De esa manera, los precandidatos de todos los partidos iban a tener tiempo para montar sus campañas internas.

Dania González, durante la campaña interna para una candidatura a diputación de Nuevas Ideas, en junio de 2020. Personal del Injuve fue utilizado por el gobierno para repartir las bolsas solidarias en la cuarentena dictada por Bukele ante la pandemia. Foto: Facebook de la diputada

Nuevas Ideas lanzó su convocatoria y puso como fecha de sus elecciones primarias el 12 de julio de 2020. Más adelante, pospuso la fecha al 19 de julio. Este partido, dirigido por Xavi Zablah Bukele, primo del presidente Nayib Bukele, decidió que sus elecciones se harían con voto electrónico. Esa decisión provocó el descontento de algunos militantes, ya que el día de la elección hubo denuncias de fraude: afiliados a Nuevas Ideas reclamaron que sus identidades fueron suplantadas y que ya habían sido registrados sus votos sin haberlo hecho.

En medio de esos reclamos por implementar el voto electrónico con resultados que despertaron dudas entre los militantes, el partido anunció el mismo día a sus 24 elegidos para ser candidatos a diputados por San Salvador. Entre ellos estaba Dania González, que a su vez era subdirectora de empleo juvenil del Injuve y que, a su vez, recién había ganado 25 mil dólares del gobierno de Luxemburgo para su negocio privado.

González, funcionaria de gobierno, emprendedora y política, todo a la vez, ganó de entre casi una treintena de mujeres centroamericanas que querían optar por el dinero de Luxemburgo para mejorar sus emprendimientos. Recibió 25 mil dólares de un gobierno extranjero por medio de una institución pública adscrita al SICA para su negocio privado. Para ello, su propuesta fue aprobada por Cenpromype, donde uno de los directivos es el presidente de la Conamype salvadoreña, Paul Steiner.

Steiner fue nombrado por el presidente Nayib Bukele en la Conamype en junio de 2019, por lo que fue jefe de Dania González un poco más de dos meses, hasta septiembre de ese año, cuando ella fue nombrada para encargarse de la subdirección de empleo juvenil del Injuve. Steiner, sin embargo, aseguró para este reportaje que él no conocía a González hasta el día de la videoconferencia en que presentaron a las ganadoras del certamen.

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Para comprender el entramado de cómo Dania González logró concursar y ganar dinero público extranjero para su negocio privado siendo una funcionaria de gobierno, encargada de promover emprendimientos de jóvenes, es necesario dibujar la estructura que utilizó para lograr su fin.

Conamype, en donde trabajó González de 2018 a 2019 como técnica de emprendimientos, es una institución autónoma del estado salvadoreño. Aunque el nombramiento de su presidente le corresponde hacerlo al presidente de la República. A la Conamype se le encarga el trabajo de “fomentar, proteger y desarrollar” a las micro y pequeñas empresas del país. Su actual presidente es Paul Steiner, un seguidor fiel del presidente Bukele que antes de ser trasladado a la Conamype fue asesor del gobierno bukelista.

Conamype, autónoma del gobierno salvadoreño, a su vez, es parte de la junta directiva de Cenpromype. Esta última institución tiene la misma misión que la Conamype salvadoreña, solo que a escala regional de Centroamérica y República Dominicana. Cenpromype está adscrito al Sistema de Integración Centroamericana (SICA). La junta directiva de este centro está integrada por los encargados de gobierno de las micro y pequeñas empresas de todos los países del SICA. El directivo de Cenpromype por El Salvador es, de hecho, Paul Steiner.

Cenpromype, financiado por el SICA y que recibe cooperación extranjera de países como España, Estados Unidos, Taiwán y Luxemburgo, es responsable de promover micros y pequeñas empresas de ciudadanos de los países del SICA. Uno de los proyectos que promueve es el de Empresarialidad Femenina, para el que ha contado con los aportes financieros de Luxemburgo.

En 2020, Cenpromype abrió el certamen de Empresarialidad Femenina, en el que cuatro mujeres de Centroamérica y República Dominicana iban a disponer de 25 mil dólares cada una para hacer más fuertes sus emprendimientos. Esos 100 mil dólares en total iban a ser donados por el Gran Ducado de Luxemburgo. A la convocatoria acudieron treinta mujeres que presentaron sus proyectos.

En el proceso de selección se hicieron presentaciones de las aspirantes, que debieron completar requisitos como, entre otros, tener al menos una socia. Las emprendedoras que ganaron los 25 mil dólares fueron la dominicana Lidia Díaz, de Plant Powered; la costarricense Rebeca Mora, de Grupo Wimo; y las salvadoreñas Lorena González, de Línea Rosa; y Dania González, de NegocioMejor.com.

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El SICA no tiene reglamentos internos que prohíban que los políticos y los funcionarios de cualquier país sean beneficiarios de sus programas. Esto lo ratificó Paul Steiner, quien respondió a Revista Factum sobre el certamen. “Las bases del concurso no tenían ningún tipo de restricciones para que funcionarios públicos de los países miembros pudieran participar en el mismo, y no es práctica que el consejo directivo de Cenpromype sea notificado de concursantes de los diferentes proyectos”, dijo Steiner.

Un funcionario del SICA, que accedió a hablar sin que se publique su identidad, asegura que si bien no existen prohibiciones expresas, “no es costumbre” que políticos ni funcionarios gubernamentales se beneficien de programas que están dirigidos a los ciudadanos centroamericanos.

Pero si bien Dania González no tenía restricciones para participar de un concurso del SICA, aunque se trate de una institución pública regional financiada con impuestos, las leyes en El Salvador sí tienen prohibiciones para estos escenarios. La Ley de Ética Gubernamental, de la que es sujeta Dania González al menos desde 2019, prohíbe a los funcionarios beneficiarse con dinero que no provenga de sus cargos públicos. Asimismo, la ley prohíbe a los funcionarios atender actividades privadas mientras ejercen su labor como empleados públicos.

También es prohibido, por ejemplo, que el encargado de la salud pública se aproveche de su cargo para mejorar sus negocios privados en salud. O que el encargado de las obras públicas tenga una empresa que gane los proyectos gubernamentales de obras públicas.

El abogado Roberto Burgos, usuario del Tribunal de Ética Gubernamental, asegura que existe la figura de la “información privilegiada” que puede tener un funcionario gracias a su puesto y de allí aprovecharse sobre la falta de información de los demás ciudadanos. “Esa es una ventaja que no es legítima. Así, hemos visto cómo funcionarios envían a sus hijos a becas que ofrecen gobiernos extranjeros que originalmente son para ciudadanos comunes, o crean empresas para ganar licitaciones de las que ya saben cómo son los pormenores. Todo esto configura un claro conflicto de interés”, manifiesta el abogado.

Burgos recuerda que la ley también prohíbe que los funcionarios tengan otros ingresos o beneficios económicos aparte de su salario. Además, indica que “la Ley de Ética Gubernamental prohíbe expresamente que los funcionarios se dediquen a labores privadas durante la función del cargo público”.

En el caso de Dania González y el dinero de Luxemburgo, ella participó como ciudadana de El Salvador. Sin embargo, ella también era funcionaria activa del gobierno, desde la convocatoria del concurso hasta el desembolso en julio de 2020. De hecho, era la subdirectora de empleo juvenil del Injuve, encargada de promover los emprendimientos de jóvenes. Pero fue el negocio que ella representaba el que ganó el certamen de Cenpromype, de cuya junta directiva es miembro un correligionario y exjefe suyo.

Steiner se desliga de responsabilidades sobre la elección de González para ser acreedora de los 25 mil dólares. Asegura que fue “un panel de tres expertos internacionales” el que garantizó la integridad del proceso y que las concursantes no tuvieran “conflictos de intereses”. “Yo personalmente no conocía de Dania Abigaíl González Rauda hasta el día en que fui notificado a participar en la presentación del premio (…). Ni las directivas de Cenpromype o países miembros participaron en las evaluaciones o selección de ganadores”, dijo Steiner.

Dania González conversa con el presidente de Conamype, Paul Steiner, en un evento en 2022. Él asegura que no conocía a González cuando ella era subdirectora de empleo juvenil del Injuve y ganó el concurso del SICA. Foto: Facebook de la diputada

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Para este reportaje, Revista Factum consultó con la actual diputada Dania González sobre la donación extranjera que recibió siendo funcionaria. También se consultó con la empresa NegocioMejor.com en Honduras, en específico con su CEO, Mauricio Talbott. Ninguno respondió los cuestionamientos.

A González se le pidió aclarar por qué no mencionó a ninguna autoridad de Cenpromype que ella era subdirectora en el Injuve cuando recibió el dinero de Luxemburgo para su negocio. Y también se le pidió que respondiera acerca de si liquidó el dinero donado con facturas, recibos y cualquier comprobante que diera fe de los gastos que ella hizo de los fondos.

La empresa de los Talbott en Honduras no contestó si la actual diputada sigue siendo su “country manager” para El Salvador, pese a haber sido subdirectora de empleo juvenil del Injuve y ahora diputada, y si tuvieron conocimiento de que González haya liquidado los 25 mil que recibió a título personal para mejorar el funcionamiento de NegocioMejor.com.

Dania González es la presidenta de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Foto: Facebook de la diputada

El dinero del que nadie quiere hablar

La Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua era la única máxima autoridad diplomática de ese país en Centroamérica. Regados en la región hay consulados de Luxemburgo, incluso en El Salvador. El 31 de diciembre de 2021, esa embajada anunció su retiro de Nicaragua. El encargado de negocios de la embajada, Joe Geisbusch, quien estuvo en la entrega de los 25 mil dólares para Dania González, terminaría su trabajo el 30 de enero. No hubo explicaciones del retiro.

El contexto temporal de la salida de Luxemburgo en Nicaragua, sin embargo, describe un desencuentro con el gobierno de Daniel Ortega, según periódicos internacionales. De hecho, el Parlamento Europeo, del que es miembro Luxemburgo, calificó de “farsa electoral” los comicios de noviembre de 2021 en los que Ortega se reeligió una vez más en ese país, en medio de acusaciones por graves violaciones a los derechos humanos de los opositores a su régimen.

Luxemburgo fue el primer país europeo en abandonar Nicaragua, a los días en que Ortega volvió a asumir la presidencia para un nuevo período. Todos los asuntos de la Embajada de Luxemburgo en Nicaragua se trasladaron a Washington.

El 16 de febrero pasado, la Embajada de Luxemburgo en Washington recibió un correo en el que Revista Factum le pidió información para este reportaje. A esa sede diplomática se le preguntó por los informes de liquidación de los cuatro proyectos de empresarialidad femenina que financió desde julio de 2020 a través de Cenpromype. Pero no hubo respuesta.

Una semana después, el 22 de febrero, otro correo electrónico fue enviado a Cenpromype, a la Embajada de Luxemburgo en Washington y al Centro de Fiscalización Regional del SICA. Era una solicitud para conocer si las cuatro emprendedoras, entre ellas la actual diputada Dania González, habían liquidado los fondos que recibieron. Se les hizo saber la consulta de por qué le donaron dinero a una política salvadoreña. Y tampoco hubo respuesta.

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Las mujeres que ganaron el concurso de Cenpromype no solo pasaron por un control rígido para obtener el dinero para impulsar sus negocios. También tuvieron que liquidar los fondos y comprobarlos al Cenpromype.

Lidia Díaz, de República Dominicana, confirmó para este reportaje que ella dejó constancia de todos los gastos y los presentó como rendición de cuentas. Lo mismo hizo Lorena González, de El Salvador, quien aseguró en una entrevista para este reportaje que en el informe a Cenpromype se debían presentar facturas de cada gasto, para comprobar que el dinero de Luxemburgo se había utilizado de forma correcta, como lo habían propuesto las concursantes en sus carpetas.

La empresaria salvadoreña recalcó que los fondos debían liquidarse en un año a partir de su desembolso y que cualquier excedente de los fondos no podía ser invertido en otras áreas. En todo caso, el dinero no liquidado debía ser devuelto. Y, luego, se debió rendir el informe con facturas.

“En las finanzas liquidamos todo, cada centavo, porque al final es nuestra buena experiencia lo que les va a abrir el paso a las demás. Nos enseñaron el formato de cómo íbamos a liquidar, qué podíamos hacer y qué no. El fondo que nos dieron se tuvo y se manejó en una cuenta independiente, para liquidar posteriormente ese proyecto, es decir, aquí están los gastos, aquí están las facturas, aquí están los recibos y listo”, dijo la empresaria de Línea Rosa.

Al cierre de esta publicación, ni Cenpromype ni Luxemburgo respondieron sobre las liquidaciones de los proyectos y guardaron silencio sobre si sabían que una de las concursantes de su convocatoria en 2020 era una funcionaria de gobierno y candidata a diputada.

Una noticia publicada por el Injuve en noviembre de 2020, cuatro meses después de la entrega de los 25 mil dólares, podría echar luz sobre esa incógnita: Luxemburgo financió un convenio entre el Injuve, la Fundación para el Desarrollo y la Alcaldía de Guatajiagua, en Morazán, para capacitar jóvenes y entregarles capital semilla para sus ideas de negocios. En la firma de ese convenio estuvieron presentes, entre otros funcionarios, Dania González, como subdirectora de empleo juvenil del Injuve, junto a Denis Pigot, representante de la cooperación de Luxemburgo en El Salvador.

Una mancha en el Injuve

Dania González arrastra consigo un antecedente de mal manejo de recursos públicos en el Injuve como subdirectora de empleo juvenil. González tuvo problemas con la directora general, Marcela Pineda, ahora compañera suya en el grupo parlamentario de Nuevas Ideas. González, según consta en el Acuerdo 3 del Injuve, con fecha del 14 de julio de 2020, fue señalada por Pineda por la pérdida de 176 bienes del Injuve, entre sillas, archivadores, equipos de sonido y otros, valorados en 12,980 dólares, que habían sido “donados” por la subdirectora de empleo a “organizaciones juveniles” sin autorización previa.

En ese Acuerdo 3 del Injuve, Marcela Pineda detalló que González tomó sin autorización bienes que se encontraban en una sede cerrada del programa Gobierno Joven y los trasladó a destinos desconocidos. Al cuestionarla, respondió que todo fue donado a organizaciones juveniles. Sin embargo, Pineda le hizo ver que esa acción era ilegal, puesto que no tenía autorización y que esos bienes no podían ser regalados a este tipo de organizaciones particulares.

González entonces cambió su coartada. Dijo que había donado los bienes a centros escolares adscritos al Ministerio de Educación. Los encargados del departamento de activo fijo del Injuve le exigieron a la subdirectora de empleo juvenil que presentara las solicitudes de esos centros escolares en los que pedían esas donaciones, así como el listado de bienes entregados a cada escuela para detallarlo en los inventarios.

Dentro del Injuve, le exigieron a Dania González de enero a julio de 2020 que dijera dónde estaban los bienes que extrajo y le advertían que debía reembolsarlos en caso de que no se lograran ubicar.

Fue entonces que el 14 de julio, Pineda detalló que González solo pudo devolver 18 bienes y que quedaban 176 pendientes de los que no se sabía su destino. Por ello, y advirtiendo que González iba a tener problemas con la Corte de Cuentas, resolvió informar el suceso a Casa Presidencial, en específico al secretario privado de la Presidencia, que en ese momento era Ernesto Castro.

Ni Marcela Pineda, ni Ernesto Castro ni Dania González respondieron a los cuestionamientos acerca del documento. Pineda no contestó cómo en el Injuve constataron que fue González quien extrajo los objetos y los destinó a otros lugares sin autorización. Tampoco aclaró qué otros procedimientos administrativos tomaron contra González. Castro, por su parte, no respondió qué hizo la Secretaría Privada de la Presidencia cuando tuvo conocimiento del Injuve sobre lo ocurrido con los recursos extraídos.

Cinco días después de la resolución del 14 de julio de 2020 del Injuve contra Dania González, ella, Marcela Pineda y Ernesto Castro fueron elegidos como candidatos a diputados de Nuevas Ideas por San Salvador. Diez días después del anuncio de las candidaturas, González recibió dinero extranjero para su negocio privado.

No se supo más del caso de los bienes del Injuve extraídos por González.

En 2021, el 28 de febrero, González, Pineda y Castro fueron elegidos diputados de la Asamblea Legislativa. Los tres ahora son compañeros en el grupo parlamentario de Nuevas Ideas. Castro, de hecho, es el presidente de la Asamblea. Cuando fue nombrado en ese cargo, el 1 de mayo de 2021, y momentos antes de que la bancada de Nuevas Ideas destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusiera un nuevo fiscal general, Castro atravesó la alfombra al centro del Salón Azul. El nuevo presidente legislativo, con una mascarilla en su rostro, caminaba y saludaba chocando los puños con los diputados que, de pie, lo flanqueaban en su recorrido a la silla presidencial del parlamento. En su paso estaba, también de pie, Dania González. Con ella no chocó puños. A ella la abrazó.

Copia del documento remitido por Marcela Pineda, entonces directora del Injuve, a Dania González, subdirectora de empleo juvenil, para pedir explicación por bienes perdidos en la institución.

La directora del Injuve, Marcela Pineda, decidió informar a la Presidencia de la República sobre la pérdida de bienes por la que cuestionaban a Dania González.

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La declaración de patrimonio de inicio de funciones que Dania González le entregó a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia omite sus salarios antes de su diputación. No hay registros públicos de los ingresos de la diputada antes de asumir el cargo. No detalló su salario como subdirectora de empleo juvenil del Injuve, ni los ingresos de su negocio. El informe solo detalla su salario de diputada, bienes y deudas. Tampoco están reflejados los ingresos de los 25 mil dólares de Luxemburgo que debió liquidar en 2021.

Nadie notó el conflicto de interés de entregarle fondos de un país extranjero a una funcionaria y política salvadoreña para sus asuntos privados, puesto que la ley nacional que la rige se lo prohibía, y ninguno de los involucrados se preocupó de cuidarse de que el sistema centroamericano fuera usado para ese fin.

El dinero público de una nación que, desde el Parlamento Europeo, rechazó la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua fue utilizado para beneficiar a una política salvadoreña que, ya siendo diputada, votó por el desmantelamiento democrático al destituir a la Sala de lo Constitucional y nombrar a un fiscal general obediente a los intereses individuales del presidente.