El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ordenó el domingo 27 de agosto la expulsión del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, desatando una crisis de una magnitud similar a la de 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina terminó renunciando de su cargo. Morales buscaba frenar la solicitud de antejuicio hecha por la CICIG, que lo vinculó a un caso de financiamiento ilícito. En unas horas, tres ministros renunciaron de sus cargos y la Corte de Constitucionalidad pidió a las instancias correspondientes desacatar la petición de Morales. ¿Iván se queda? ¿Jimmy terminará su mandato?
La mañana del domingo, mientras los guatemaltecos se desperezaban y miraban sus teléfonos, la voz del presidente de la República sorprendió a muchos con un mensaje impactante, que tensaba, hasta casi romper, el fino hilo de la débil institucionalidad del país: “Declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”.
Para entender la envergadura de estas palabras, el riesgo para la institucionalidad y el Estado de Derecho, hay que ponerlas en retrospectiva y retrotraerse a hace una semana, cuando se hizo público que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se desplazaría a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En ese momento, se empezó a rumorear que su intención era solicitar a su secretario general, Antonio Guterres, la destitución de Iván Velásquez. Thelma Aldana, la Fiscal General guatemalteca, confirmó estos rumores al afirmar en su cuenta de Facebook que ella y Velásquez habían hecho un gran trabajo conjunto y que si él se iba, ella renunciaría también a su cargo.
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), llegó al país en 2012 desde Colombia. Allí ocupaba el puesto de coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de Colombia, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo. Entendía perfectamente la simbiosis entre estructuras criminales insertadas en el Gobierno, cómo funcionan y cómo estas merman el ejercicio democrático. Velásquez ya se había confrontado a un presidente, al mismo Álvaro Uribe. “Guatemala se demoró para expulsar a Iván Velásquez que hace de la Justicia un ejercicio político”, dijo el domingo Uribe al conocer la decisión de Morales.
Fue desde que él llegó al puesto como Comisionado, cuando la CICIG coordinó las investigaciones que supusieron un punto y aparte en la política reciente de Guatemala. La clave fue el caso de la Línea, la que llevó a la caída del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una estructura criminal de defraudación aduanera.
La lucha y hartazgo contra de la corrupción, que protagonizó la campaña electoral de 2015 fue, de hecho, la que llevó a que Jimmy Morales, un comediante televisivo, apareciera como una opción, ganara las elecciones y se convirtiera en el presidente de Guatemala. Su mensaje era claro: “ni corrupto ni ladrón”. Era el único de los candidatos que no había formado parte de ninguna institución del Estado y que, hasta el momento, nadie podía vincular a malas prácticas.
1. La CICIG imputa a la familia de Morales, la clave para entender la situación actual
La CICIG, sin embargo, después de los casos la Línea, no se quedó satisfecha y siguió tirando del hilo. Llegó al caso de Puerto Quetzal, al de Cooptación del Estado. En un momento, este hilo alcanzó un nuevo nudo, un caso clave para comprender la actual actitud de Morales. Se trataba del caso Botín en Registro de la Propiedad.
Según las investigaciones de la CICIG, el hijo del presidente, José Antonio Morales, y su hermano y compañero de fórmula como actor y mano derecha, Sammy Morales, fueron acusados de presentar facturas falsas para un contrato en el Registro de la Propiedad. El pasado 12 de agosto un juzgado aceptó las pruebas y concluyó que el caso pasara a juicio. Su hijo está acusado de estafa, su hermano de estafa y lavado de dinero. El presidente, según una fuente cercana que no quiso ser identificada, se vio profundamente afectado por este caso, lo que desató la solicitud de remoción de Velásquez.
2. Velásquez pide retirar la inmunidad a Morales; Morales pide expulsar a Velásquez
Mientras cancillería negó que el presidente fuera a solicitar la salida de Velásquez ante la ONU, y el portavoz presidencial solo omitía dar declaraciones, Jimmy Morales se trasladó a la sede de Naciones Unidas.
Un día antes, el 24 de agosto, la CICIG hacía público un nuevo caso financiamiento ilícito. “El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia en Guatemala”, dijo Velásquez en conferencia. Primero retiró solicitar la inmunidad a los secretarios generales de los partidos UNE y Líder, por omitir información sobre los financistas de campaña de su partido. El caso del Frente Convergencia Nacional (FCN), el partido que llevó al poder a Jimmy Morales, y del cual era el secretario general al momento de la campaña, se hizo público al día siguiente, en el mismo momento en que el presidente se encontraba en la sede de la ONU.
En conferencia de prensa, CICIG y MP dieron a conocer detalles sobre el financiamiento del partido e informaron que FCN no había entregado la información al Tribunal Supremo Electoral, y que no habían notificado sobre el origen de 6.71 millones de quetzales ($922,000). Esto le llevó al comisionado Velásquez, con voz temblorosa, mientras sabía que Morales estaba en Nueva York, a solicitar que se le retirara la inmunidad al presidente de Guatemala para poder iniciar con la investigación penal.
El colombiano Iván Velásquez, comisionado de CICIG, y la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, durante la conferencia de prensa en que revelaron que el caso conocido como La Línea salpicaba al expresidente Pérez Molina. Foto FACTUM/Archivo
3. La Corte de Constitucionalidad frena al presidente
Pero Morales decidió adelantarse. Y es cuando llegamos al 27 de agosto. Al mensaje de Jimmy Morales, despertando sorpresivamente a la nación un domingo soleado, diciendo que, para respetar el orden constitucional, ordenaba expulsar al Comisionado.
A Morales, sin embargo, ya le habían ganado la carrera dos jóvenes abogados, Álvaro Montenegro, representante de Justicia Ya, y Elwin Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP). Estos presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el sábado 26 de agosto.
“Un amparo se puede presentar ante una amenaza, y la amenaza era que se consumara el hecho. El Presidente podía tomar una decisión basada en intereses personales, y no basada en un interés de Estado. Porque él estaba siendo procesado. Y también era violatorio al debido proceso, porque según el Convenio de la ONU con Guatemala, deben propiciar el diálogo del presidente con la CICIG”, explicó Álvaro Montenegro, quien se encuentra cerrando la carrera de derecho.
La Corte de Constitucionalidad se reunió el domingo a las 8 am para dilucidar el amparo. Para ese momento, varios ciudadanos habían llegado a la puerta de la CC a manifestarse para reiterar su apoyo a Iván Velásquez. Las banderas azules y blancas, los carteles, los bombos, las consignas recordaron a los momentos en agosto de 2015 cuando la Plaza de la Constitución se llenó de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina después de que la CICIG solicitara retirar su inmunidad.
La CC resolvió. Y fue un primer paso para reforzar la confianza de los ciudadanos en la separación de poderes. “Esta Corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el Presidente de la República. En tal sentido, se debe notificar de inmediato de esta resolución a la ministra de Relaciones Exteriores, al ministro de la Defensa Nacional, al ministro de Gobernación, y al director de la PNC, para hacer de su conocimiento tal decisión y que, por consiguiente, se abstengan de acatar la decisión del presidente que quedó en consenso”, dijo Francisco de Mata Vela, presidente de la Corte de Constitucionalidad.
¿Podría Jimmy desacatar la decisión de la CC? Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, explicó que esto sería un delito. “Si cometiera el delito de no acatar la resolución incluso podría ser detenido por cometer un delito infraganti, sin necesidad de que le retiren la inmunidad en el Congreso. Hay que recordar el caso de Serrano Elías, cuando dio el golpe de Estado, la CC desconoció su acción de disolver el Congreso y la CSJ y emitió dos autos de ejecución para que se respete el orden constitucional”.
4. Comunidad internacional afirma apoyo a Velásquez
Mientras el número de personas delante de la CC aumentaba, al mismo tiempo que los ciudadanos que llegaban a la sede de la CICIG, organismos internacionales comenzaban a enviar mensajes de apoyo al Comisionado. Guterres, secretario de la ONU, comunicó estar “sorprendido”, y las embajadas internacionales en Guatemala enviaron un comunicado conjunto “lamentando” la decisión de expulsar al Jefe de la CICIG.
Patrick Leahy, senador del partido Demócrata, dijo que esto provocaría una “fuerte reacción en el Congreso de los Estados Unidos. Cualquier acción de los funcionarios del gobierno guatemalteco para obstaculizar la justicia, obstaculizar las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala o su comisionado, o la oficina del Fiscal General, provocaría una fuerte reacción por parte del Congreso de los Estados Unidos”, recordó.
También dijo que “la elegibilidad de los funcionarios guatemaltecos para entrar a Estados Unidos se encuentra en riesgo”.
Todd Robinson, embajador de Estados Unidos, dijo estar “decepcionado”. Preguntado en un programa televisivo nocturno si la decisión podría afectar las relaciones comerciales con Estados Unidos dijo que sí. “Sí, vamos a tener consecuencias, siempre hay consecuencias por las acciones y para las personas que no luchar con el resto del equipo en contra de la corrupción”, dijo el diplomático.
Pero la credibilidad del presidente Morales, con esta decisión, no solo afecta de cara al exterior. La Procuraduría de Derechos Humanos, el Arzobispado de Guatemala y la Universidad San Carlos, la universidad estatal, dieron una conferencia conjunta donde expresaron su apoyo al Comisionado Iván Velásquez. Solo la Alianza Evangélica de Guatemala, parte del llamado G-4, dijo que su papel era mediador y no se decantaban por nadie.
5. Jimmy se queda sin dos ministros y sin el presidente del Fomento Municipal
La decisión de Morales pasó factura dentro del Gabinete de Ministro. A primera hora de la mañana, al tiempo que emitía su comunicado, solicitó la renuncia del canciller Carlos Raúl Morales; Morales nombró a Sandra Jovel para sustituirlo. Unas horas más tarde, hizo efectiva su renuncia la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y sus tres viceministros, en un comunicado claro y contundente.
“Ante estas acciones prepotentes que parecen dirigidas a obstaculizar la justicia, consideramos que el plan de trabajo que veníamos desarrollando deja de ser ética y políticamente viable en un gobierno como el suyo”, escribió Mack.
También renunció el comisionado presidencial para modernización de puertos y aeropuertos y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Enrique Godoy.
“Siento que la clave de su política de gobierno es el combate a la corrupción, y quien lo había liderado era Iván Velásquez. Hacer eso debilita la posición de la CICIG y del combate a la corrupción”, dijo Godoy. Este, también analista político, fue preguntado por el escenario en las próximas semanas. “Hay muchas cosas en el proceso, hay casos que saldrán en las próximas semanas como Odebrech, que van a vincular a muchos diputados, y en el congreso habrá gente que se sienta atemorizada”, respondió.
Miles de guatemaltecos reunidos en la Plaza Central de la capital el 27 de agosto de 2015, exigiendo la renuncia del entonces presidente Pérez Molina. Exactamente dos años después, Guatemala se enfrenta a una crisis similar. Foto FACTUM/Archivo
6. El Estado de Sitio es descartado por el Ejército
Godoy también fue preguntado sobre el Estado de Sitio, que planeó durante todo el día en Guatemala. “Es una opción que tenían sobre la mesa y lo evaluarán en las próximas semanas”, dijo el exfuncionario.
Sin embargo, tras la reunión con su gabinete, el domingo en la tarde, Morales solo reconfirmó lo que había dicho en la mañana, seguía pidiendo la remoción del comisionado, de quien dijo que se había excedido en su mandato, y agregó que había cabildeado en el Congreso para aprobar las reformas en el Sector Justicia. Nada de Estado de Sitio.
El vocero del Ejército, el coronel Oscar Pérez Figueroa, dijo, al ser consultado vía telefónica, que no había ninguna disposición al respecto. “Se descarta el Estado de Sitio, porque no hay ningún rompimiento Constitucional. El Ejército es una institución obediente, y no beligerante. Las decisiones de Jimmy Morales son fundamentadas en ley, pero no nos han dado ninguna orden ni de reconcentrarnos, ni de cancelar descansos”, expuso.
7. Congreso dividido para retirar la inmunidad a Jimmy Morales
Así llegamos al Congreso. A los diputados, un aproximado de 70 actualmente en investigaciones penales. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia enviará al Hemiciclo la solicitud de antejucio y los diputados tienen tres días para integrar una comisión pesquisidora que realizará un informe para que el pleno decida. Son necesarias, según la Ley de Antejuicio, dos terceras partes de los votos del Congreso, es decir, 105 de los 158, para aprobar retirarle la inmunidad al presidente. Es decir, con más de 53 votos en contra, Morales no podría ser investigado.
De momento es difícil hacer cálculos. FCN, el partido de Jimmy Morales, cuenta con 37 diputados y otros partidos afines, como Alianza Ciudadana, cuenta con 14, y Movimiento Reformador con 18. Sin embargo, dentro de estos puede haber divisiones. Boris España, secretario general de Movimiento Reformador, dijo que hay división en la bancada. “Aunque la dirigencia del bloque son afines al presidente, pero nuestra decisión puede ser independiente”, aclaró.
En la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), a pesar de que la CICIG también solicitó retirar la inmunidad a su secretario general, Orlando Blanco, emitieron un comunicado en apoyo a Velásquez. Carlos Barreda, uno de sus diputados, dijo que cree que bloque va a votar de forma coherente, al tiempo que presentan los papeles ante el Ministerio Público para desvanecer las investigaciones de la CICIG.
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitía medidas cautelares a todos los trabajadores de la CICIG, Iván Velásquez seguía la noche del domingo atrincherado en la sede de la CICIG, resguardado por el equipo de seguridad que le da Naciones Unidas.
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