Bukelazo

El principal empleado de los salvadoreños ha decidido erguirse como el máximo intérprete de la Constitución. Pese a la misma Constitución. Nayib Bukele, quien hasta el 9 de febrero fuera el presidente de El Salvador, decidió confiar en sus visiones -y en un Dios que aparentemente le habla- para dar un golpe a la Asamblea Legislativa. Y así, a la democracia.

El 9 de febrero de 2020 será recordado por las infames imágenes que nos llegaron desde la Asamblea Legislativa: militares con rifles y antimotines policiales entrando y rodeando las curules del Salón Azul. Fue la introducción que necesitaba Bukele para confirmar que se había tomado la Asamblea: «Está muy claro quién tiene el control de la situación», dijo Bukele, sentado en la silla que le corresponde al presidente del congreso.

En la noche de los Óscares, el señor Bukele montó un espectáculo patético e irresponsable, pero coherente con dos de sus objetivos: demostrar que puede manosear la Constitución para someter a otro poder del Estado y, no menos importante, lanzar oficialmente la campaña para las elecciones legislativas de febrero de 2021.

Los últimos días han sido caóticos en un país que juega a ser democrático pero que se siente más cómodo con los capataces de finca. Los ingredientes de este cóctel bananero tuvieron necesariamente que ser dos: militares y amenazas. Y todo por la voluntad divina, esa que desde el Antiguo Testamento hace que los ejércitos del bando correcto ganen las guerras.

El mensaje es terrible y es poco probable que Bukele no se dé cuenta de ello. Militarizar la Asamblea tendrá consecuencias. El uso arbitrario de la Constitución para chantajear tendrá consecuencias. Decir abiertamente y sin pudor que no quiso tomarse por la fuerza la Asamblea -pese a tener el botón- tendrá consecuencias. Rezar al lado de Gallegos no deja de ser un mal chiste, un absurdo dentro de un día absurdo, pero es una secuencia lógica en un esquema que busca desesperadamente no perder el apoyo popular.

Fuera de El Salvador, la foto que quedará será la de los militares inundando los pasillos legislativos. Afuera seguramente es conocida la facilidad de corrupción de nuestros políticos, pero también es cierto que en países menos fanáticos es fácil comprender que se puede condenar la corrupción y ser respetuoso del Estado de Derecho.

Puede que Bukele se esté dando cuenta de la metida de pata. Antes del mitin de este domingo, fue él, en su cuenta de Twitter, quien se encargó de incitar al derecho a la insurrección si los diputados no asistían a la convocatoria del Consejo de Ministros. Horas después del fin del mitin, la Secretaría de Prensa de la Presidencia divulgó un comunicado que decía que Bukele pedía calma ante la demanda de insurrección. Es difícil creer que los fanáticos más duros no se den cuenta de que su líder miente descaradamente, pero también es sabido que las lunas de miel suelen ser muy permisivas.

A este punto, y con la revelación de las intenciones electorales, está claro que el préstamo de $109 millones y la convocatoria del Consejo de Ministros eran meros accesorios. Un poco de contexto viene bien para recordar cómo llegamos hasta aquí.

Antes del 6 de febrero, El Salvador ya se había posicionado como el país más seguro del mundo. Con una reducción comprobada en los homicidios, el país mostraba una cara similar a Noruega gracias al Plan Control Territorial. La estrategia, dijo entonces Bukele, dependía ahora de la aprobación de un crédito por $109 millones para la tercera fase de su plan, un préstamo que por ley debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Una rareza, pues, urgir por esos millones cuando ya tus ciudadanos viven en el Edén.

Una salvedad importante: lo que la Asamblea debe votar en este momento es la autorización para que el Ejecutivo negocie ese préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir, el gobierno no obtendrá esos $109 millones en este momento; obtendrá la posibilidad de negociar por ellos.

El desglose de ese préstamo incluye $46 millones para la compra de helicópteros y un barco y poco más de $25 millones para videovigilancia. Este último dato fuera irrelevante de no ser porque ahora finalmente se sabe uno de los secretos mejores guardados por esta opaca administración: el viaje a México del director de Centros Penales, Osiris Luna, fue pagado por una cuestionada empresa mexicana, Seguritech. ¿Su giro? Videovigilancia, desde luego.

Tras las amenazas, el presidente de la Asamblea dio su brazo a torcer y se arrodilló ante el líder supremo. El diputado Mario Ponce convocó a plenaria este 7 de febrero y, tras el fracaso de la asistencia, nuevamente para el 10 de febrero. También le juró obediencia -y eso que no es ministro de la Defensa- con la promesa de aprobar el préstamo que el Ejecutivo necesita.

Es lo de menos. Este domingo 9 de febrero la intención, como las tarimas, los acarreados y la estupidez lo demostraron, no fue otra que montar un enorme mitin de cara a 2021. Sí, las estrategias comunicativas han demostrado ser más eficaces; lo burdo de las intenciones electorales no desaparece con el tiempo ni el gel.

Noruega aparte, lo cierto es que el Plan Control Territorial no ha sido el verdadero responsable de la reducción de los homicidios. Dos datos a tener en cuenta: las pandillas siguen gobernando las comunidades y las extorsiones, el principal sustento de estos grupos, incluso aumentaron en 2019.

Se sabe que Bukele no terminó sus estudios universitarios. Es un mal menor, si recordamos que su antecesor apenas podía hablar y los que antecedieron al Profe, también sin estudios, únicamente demostraron aptitudes para los negocios propios. Por desgracia, es normal en este país. Legal, incluso. Esa desventaja se soluciona con los asesores de la Presidencia.

No sabemos si la idea de invocar el 167 de la Constitución fue del secretario jurídico de la Presidencia, un tipo cuya hoja de vida se podría resumir por su paso como asesor de la Corte de Cuentas y gerente legal de la Alcaldía de San Salvador. Bueno, también fue parte de la junta directiva de los festejos patronales de la capital.

Lo cierto es que esa decisión del Consejo de Ministros ha sido cuestionada por organizaciones con, digamos, algo más de experiencia constitucional. ¿Qué han dicho exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, organizaciones de derecho constitucional u organismos internacionales que defienden el Estado de Derecho? Que los artículos 167 y 87 son para situaciones excepcionales, de gravedad, que la Asamblea Legislativa puede ser convocada de forma extraordinaria únicamente si no está sesionando, que el derecho a la insurrección es del pueblo y no de los gobernantes. Menos de quien fuera presidente frente a otro poder del Estado.

Lo último es particularmente decisivo en esta coyuntura. Bukele ha logrado erogarse la categoría de pueblo ante la pasmosidad, ingenuidad y apatía de una parte de la ciudadanía dispuesta a cederle sus derechos y su voz a un político mentiroso, ególatra y con mucha necesidad de atención.

La culpa, en gran medida, la han tenido los políticos extremadamente corruptos, que han podrido un sistema que pasó de ser gobernado por militares cavernarios y autoritarios a políticos desfalcadores y cínicos. Arena y el FMLN fueron la catapulta que Bukele necesitaba para venderse como el redentor de un país golpeado por sus gobernantes.

Las negociaciones de políticos y candidatos presidenciales de Arena y el FMLN con las pandillas, negociaciones que incluyeron miles de dólares a cambio de votos, solo han alimentado el falso dilema de las últimas horas: si estos negociaron con terroristas, está bien que el gobierno acabe con la Asamblea Legislativa.

Una cosa no quita la otra: Los vulgares que negociaron con las pandillas deben enfrentar a la justicia. Nadie está por encima de la Constitución. Ni Nayib Bukele.

Pero el adagio popular «mi corrupto es mejor que el tuyo» se ha apoderado de muchos de los seguidores del gobierno. Muchos que han decidido obviar que en esta coyuntura hay muchas cosas que el Ejecutivo quisiera ocultar:

-Que no solo Arena y el FMLN negociaron con las pandillas, sino también funcionarios de la actual administración.
-Que un juez, en un fallo judicial, consideró que debe investigarse a esos funcionarios (el ahora ministro de Gobernación es uno de ellos).
-Que el director de Centros Penales incumple la ley e incluso mintió para contratar en su dependencia a un falsificador de títulos.
-Que un nauseabundo trol de redes sociales es también, pagado con fondos públicos, secretario de prensa de la Presidencia.
-Que la Presidencia está encubriendo una irregular elección para el comisionado restante del Instituto de Acceso a la Información Pública.
-Que la Presidencia intentó tener toda la información de los ciudadanos que piden información pública.
-Que el nepotismo de antaño se renovó con las nuevas ideas.

El panorama es sombrío y lo de menos en esta discusión es la autorización que hará o no la Asamblea Legislativa. El mitin frente al centro de gobierno es la consolidación de la carrera a los objetivos de 2021, y la concentración absoluta del poder. No hay que menospreciar, en cualquier caso, la latente posibilidad de disolución de la Asamblea y la ruptura del orden constitucional.

La ceguera es peligrosa. Tanto o más que la apatía de los que, sentados, contemplan el nacimiento de un rey.


Foto FACTUM/Salvador Meléndez

*César Castro Fagoaga es periodista y jefe de Redacción de Revista Factum.

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