Aplazado

Tenía mucho a su favor cuando empezó, tenía todo lo necesario. Y lo que le faltaba se podía lograr manejando bien los elementos a su favor. Nayib Bukele empezó su mandato con una victoria aplastante en las urnas, lo que se traducía en un apoyo político fuerte, ante una oposición debilitada, con un apoyo internacional robusto, una imagen sólida, un país con ganas de salir adelante ―de cerrar página y empezar una nueva época―, un sistema democrático sólido que acababa de ponerse a prueba, y finanzas públicas buenas aunque con una deuda alta, entre otros.

Empezó su gobierno con signos positivos, aunque muchos de ellos eran similares a los de gobiernos anteriores. Cambió el lenguaje para alejarse de la confrontación derecha-izquierda, lanzó la iniciativa del fin de la postguerra. Señaló lo malo de los gobiernos que le precedieron, especialmente la corrupción y el nepotismo ―sacó a familiares de los funcionarios salientes―, prometió total transparencia y fin a la corrupcion.

Prometió acabar con la partida secreta de la Presidencia. Se acercó a nuestros aliados claves, especialmente a Estados Unidos, México, la mayoría de Centroamérica, aunque se peleó o amenazó a otros. Envió un mensaje de respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas al quitar el nombre de Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería. Nombró un gabinete con más de la mitad de mujeres. Levantó su imagen todavía más ―se tomó selfies, se vistió informal, texteaba―. Se volvió el presidente cool. Dictó ordenes para empezar obras ―una calle aquí, un puente allá―, enviando una imagen de administrador eficiente. No interfirió con la empresa privada. Prometió reducir la burocracia del estado y empezó esa labor. Desintegró secretarías de estado completas, en papel nada más, aunque no en número de funcionarios.

Hoy evaluamos su primer año de labores y, como con otros gobiernos, nos volvemos a desilusionar. Aunque con este quizás la desilusión llegó antes y, sobre todo, con mayor preocupación. Como con otros gobiernos recientes, la corrupcion, la adulación y el endiosamiento hacia el caudillo y la polarización ya asomaban antes de un año, pero este gobierno suma a ello una profunda preocupación. Preocupación por la democracia, por un asalto a las instituciones que sirven para chequear y controlar su poder, por la separación de poderes entre los órganos del estado, por un mal uso de las fuerzas armadas, por una ineficiencia y falta de transparencia del estado, por las finanzas públicas, por la falta de planificación, por el irrespeto a los derechos humanos y por las condiciones económicas de la población.

Analizamos todo el año de gobierno, aunque el mismo se encuentra más afectado, como es natural, por las acciones del gobierno durante la pandemia. Aunque mucho del accionar del gobierno durante la pandemia obedece a signos que ya antes se perfilaban en el presidente y su gabinete.

Los primeros signos positivos se quedaron en eso, en signos. El gobierno no actuó en defensa de los derechos de la mujer cuando fue necesario, no actuó por la justicia que se pedía para las mujeres penalizadas por abortos que se dieron con condiciones atenuantes fuertes. Se abandonó Ciudad Mujer por ser proyecto insignia de los gobiernos anteriores, pero, en su mayoría, los avances en los derechos de la mujer logrados con ese proyecto no se rescataron. Se eliminó la Secretaría Técnica de la Presidencia y se perdieron sus funciones de planificación, monitoreo y evaluación. Esas funciones hacen gran falta ahora para orientar el quehacer del gobierno, el cual se hace más por textos y órdenes esporádicas y sin rumbo claro. Ello ha sido muy notable en la falta de estrategia para enfrentar la pandemia y para ejecutar las decisiones que se tomaron intempestivamente para combatirla, como el fracaso en la entrega de los 300 dólares. A pesar de esa desaparición de instituciones, el número de plazas para funcionarios no disminuyó. La burocracia y la administración pública no se han simplificado.

Los parientes y el círculo de amigos cercanos trabajando en la administración pública volvieron aparecer, solo que, por supuesto, con nuevos apellidos. Se terminó la polarización de derechas e izquierdas, pero se sustituye por una quizás más dañina: ensañamiento contra los empresarios, los ricos, los políticos (solo los de oposición) y otras instituciones del estado. Pocas veces el presidente busca consensos, gobierna enviando órdenes por textos, con un gabinete sumiso. Se utilizan noticias falsas, la mayoría de las decisiones de gobierno carecen de una base técnica y se manipula la opinión popular.

Las finanzas públicas están mal y con una deuda pública mucho mayor. La partida secreta de la Presidencia continua, bajo otro nombre, y se siguen ocupando las mismas artimañas: complementando salarios del gabinete con otros medios no transparentes y moviendo fondos entre partidas presupuestarias. Las partidas para comunicación, para levantar la imagen del gobierno, en diferentes instancias del estado, son más altas.

La política exterior sufre ahora. El acercamiento y la relación con Estados Unidos se volvió de sumisión. Se deterioraron las relaciones con varios de los países de Centroamérica y México, naciones claves para nuestro desarrollo. Los servicios a los ciudadanos en el extranjero no mejoraron y, en el caso de la pandemia, ha sido perjudicial dejar a los varados abandonados por meses. El gobierno ratificó su posición sobre las relaciones con aquellos países con los que hubo tensión inicial ―Cuba y China―, lo que fue una buena medida ya que han sido ellos de los primeros en asistirnos al enfrentar la crisis.

Al inicio, la pandemia se manejó bien, se actuó con rapidez y con la autoridad necesaria para evitar una propagación inicial, pero luego se cayó en muchos errores y la situación desmejoró rápidamente. La oposición a las políticas de estado y al presidente, y el deterioro de su imagen a escala internacional, han crecido rápidamente. No se han respetado las instituciones y las reglas de la democracia y pocos esfuerzos se han hecho para la búsqueda de consensos.

La transparencia dejó de existir en el estado de emergencia, a la vez que se hicieron las inversiones más grandes en el año de gobierno. Los miembros de la sociedad civil del comité fiscalizador de la deuda por 2,000 millones de dólares para enfrentar la pandemia renunciaron porque no existen las condiciones para asegurar la transparencia necesaria. Preocupan signos de corrupcion y de más nepotismo. Subió la deuda pública a niveles históricos y siguió bajando la calificación del país y, por tanto, elevando el costo de capital para la nación.

Se han utilizado mal las fuerzas armadas para imponer orden y seguridad, como en los viejos tiempos de los regímenes militares. Se cayó nuevamente en el circo de la política partidaria. Aumentó la propaganda del gobierno, directa e indirecta, lo que solo logra aumentar el rechazo de la población hacia los políticos, pero ahora incluyendo en ese rechazo al presidente y a su equipo. La estrategia gubernamental de comunicaciones, de echar la culpa a los demás, le ha empezado a fallar. Su credibilidad y popularidad han comenzado a caer.

En este primer año de gobierno, no ha existido ningún programa importante nuevo de infraestructura o de alivio a la pobreza. La publicidad de gobierno nos sigue enseñando con la colocación de primeras piedras, la inauguración de las pequeñas obras tradicionales ―otro puente, pedazo de carretera o alguna obra de beneficiencia. En el área de medio ambiente no hemos sabido de mayor avance, pero sí de dos problemas serios: la concesión de permisos para la depredación de áreas naturales a empresas constructoras y el problema de la distribución de agua contaminada que siempre afecta a los más pobres.

Las condiciones de los más pobres siguieron igual en los primeros meses y empeoraron rápidamente durante la pandemia. Seguimos sin planes específicos para enfrentar la crisis y cómo reabrir la economía.

Es mucho más lo negativo que lo positivo en este primer año de gobierno. Por ello, presidente Bukele, lo aplazamos, pero nos aferramos a la esperanza para los cuatro años que le quedan a su gobierno. Las últimas señales de diálogo y de respetar la institucionalidad del estado nos dan esa esperanza. En una democracia siempre hay conflicto y visiones diferentes, y la época postcrisis le da la oportunidad de abrirse al diálogo y buscar mayor unidad nacional en un plan para crear un país diferente. Todavía es tiempo para corregir el rumbo.

*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.