“Estamos en una dictadura desde el 1 de mayo de 2021”

Uno de los jueces que ha liderado una resistencia ante la cooptación del sistema judicial habla de todo lo acontecido en El Salvador desde el 1 de mayo de 2021 a la fecha. El país está bajo una dictadura, dice, porque una sola persona toma todas las decisiones y lo hace sin límites y sin que nadie lo controle legalmente.

En el primer aniversario de la destitución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por decisión de los diputados del presidente Nayib Bukele, el juez Antonio Durán, cree que muchos de sus colegas se han convertido en “pasapeles” del gobierno. Otros, de hecho, recién han sido nombrados como jueces y magistrados para cumplir esa función.

Durán ha sufrido los embates del régimen bukelista desde el poder judicial: por sus opiniones públicas contra el gobierno, fue trasladado del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador al Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca. No lo destituyeron del cargo, dice, porque le deberían una indemnización de cientos de miles de dólares. Pero, pese al traslado, no ha dejado de ser perseguido. Denuncia que militares han preguntado por él en su vecindario.

Durán comparte en esta entrevista los acosos y temores de sus colegas. El silencio que han tenido que asimilar para mantener sus trabajos. El miedo que no solo sufren los funcionarios judiciales, sino también sus familias. “Es un año nefasto”, empieza diciendo al calificar el primer aniversario de la toma del poder judicial por el bukelismo, que coincide con el primer año de la legislatura de Nuevas Ideas. Un saldo completamente negativo para la independencia judicial.

Si tuviera que ponerle un título al año que se cumple el 1 de mayo, desde que la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General fueron removidas por la Asamblea Legislativa de Nayib Bukele, ¿qué título le pondría?

Hay tantos… Un año nefasto. Es un año de deterioro de la democracia sustancial y sobre todo el desbordamiento institucional del Estado de Derecho y la cooptación de las instituciones de control judiciales. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? Primero, no ser objeto de control. Segundo, controlar. Ahora, ¿controlar para qué? Si le tuviéramos buena fe al gobierno y dijéramos: bueno, el gobierno solo quiere hacer cosas buenas y solamente quiere facilitarse las cosas para ejecutar su plan de gobierno, que ni siquiera lo dio a conocer nunca, ni aún así le podríamos dar el beneficio de la duda. Porque se está saltando la transparencia, la rendición de cuentas y el control. Entonces, es un año nefasto, en el sentido de que lo fastuoso es lo feliz, lo alegre, y lo nefasto es lo que no es alegre. Es un año terrible, terrible para los salvadoreños.

Hagamos un recuento de los de los daños: ¿Qué perjuicios al sistema judicial se han producido desde el 1 de mayo de 2021?

El primer y más grande perjuicio es la remoción de la Sala de lo Constitucional. Eso ha sido catastrófico. Hay que recordar que durante la pandemia fue la sala la que controló todos los abusos del Ejecutivo y eso es lo que no les gustó. Para algunos, esta sala había sido muy lenta, despersonalizada, con falta de carácter, porque veníamos de la sala del 2009-2018, que fue muy activista, y esta otra no tenía ese perfil, pero aún así se comportó de manera independiente. Los hábeas corpus a favor de las gentes privadas de libertad en los centros de contención de manera ilegal, sin haber cometido delito, sin base legal. Los privaron de libertad sin base legal y además sin juicio. Y así como así como los capturaron, así los pusieron en libertad, y sin abrirles un proceso disciplinario, ni siquiera administrativo. Entonces ha habido delito de privación de libertad. Ahí en toda esta gente hubo contagios, hubo muertes, gente a la que que no le llegó su medicina a tiempo, que padecían alguna enfermedad crónica. Y el otro hecho, el de los varados. A la gente no se le permitió el ingreso al país y mucha gente quedó fuera seis semanas, dos meses, hasta que la sala, en amparo, ordenó que se les permitiera el ingreso.

Y los jueces en específico, ¿cómo se han visto afectados desde el 1 de mayo de 2021?

Ha habido de todo. Primero, hubo mucho miedo. La censura, también, de parte de los golpistas. A una colega la regañaron, no sé si fue presencial o por llamada, pero la regañaron porque le dio un like al comentario que puse en Facebook: “Golpe de Estado en El Salvador”. Entonces ha habido mucho control, mucha censura y muchos colegas se han prestado para esto. Han sido oportunistas, hay que decirlo, se han prestado, se han plegado al poder para servir de orejas y ponededos. Como que eran de verdad de estructura delictiva que llegaban a amedrentar a los compañeros jueces, los llegaban a amenazar que no dijeran nada, que se sometieran. Y eso porque los colegas jueces nos lo han dicho. Los que han participado en estos actos han sido oportunistas. Quizás la tercera categoría es la de los oportunistas, porque vieron allí su oportunidad de ascender. “No vamos a decir nada mejor”. “Estoy bien con ustedes”. Nombraron magistrados luego de la remoción de un tercio de los jueces y estos han sido los oportunistas. Aprovecharon la oportunidad, porque de lo contrario difícilmente hubiesen podido ascender en otra coyuntura. Así que aparte de eso, muchos abogados, empleados judiciales, fiscales hoy están ocupando cargos de jueces y dan pena. Los litigantes se quejan de que no saben manejar audiencias, que no tienen ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las aptitudes para ser jueces. Ya no digamos estos jueces ad hoc nombrados para el régimen de excepción que no tienen conocimiento. Hay otros tibios que no se han aprovechado, pero que tampoco se han pronunciado, y estos prefieren mejor mantenerse al margen y no decir nada y pasar desapercibidos. Y otros, los menos, somos los que hemos levantado la voz. Hoy me tocó a mí ser la voz de los jueces. Pese a que somos más, somos bastantes, pero hay muchos que no quieren opinar. No quieren exponerse, porque tampoco quieren perder su trabajo o que los trasladen lejos. En fin.

¿Pero acaso la independencia judicial no estaba garantizada anteriormente? Es decir, las reformas a la Constitución al final de la guerra para que el sistema judicial no se plegará nunca más al Legislativo ni al Ejecutivo.

 Cuando le dan el golpe a la sala, se viene abajo toda la forma de poder controlar y servir. Hay que recordar, pues, que el gobierno no solamente es el Ejecutivo. El gobierno está distribuido en tres gobiernos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Judicial es un gobierno que ejerce poder, y es un poder que le toca controlar a los otros poderes. Entonces es un contrapoder, pero además de ser contrapoder, es contramayoritario, porque le toca ir en contra de las mayorías. Entonces esa característica del judicial la estaba ejerciendo la sala y de allí que la decapitaron. Es muy criticado el comportamiento de los cinco que quedaron, que se plegaron a los golpistas. Porque si se hubieran plegado a los golpeados, igual muy probablemente los hubieran destituido, pero hubiese sido más evidente la aberración y se hubiera puesto más en evidencia esta situación. Pero a los colegas también les faltó coraje.

¿Y el trabajo día a día de los jueces cómo se desarrolla ahora?

Hay mucha “mandada a decir”. No voy a decir el nombre, pero por ejemplo a mí me dijeron que me iban a echar a la “m”. Y entonces dije yo: que lo hagan. Yo dije que un favor me iban a hacer si me quitaban, porque la indemnización era de 400,000 dólares. Entonces decidieron no tocarme. A partir de eso, la segunda “mandada a decir” es que me había ganado una verguiada. Así, en esa coyuntura, a ese nivel. Estoy hablando de presión. Lo que pretenden es amedrentar y quebrantarlo a uno. Pero uno no puede dejarse. Y mire, hemos tratado con otros delincuentes en otras coyunturas y hemos sufrido también presiones similares. Y al final la judicatura ha salido adelante. Yo esto lo veo con mucho optimismo. Creo que vamos a salir fortalecidos de esto con la intervención de los organismos de derechos humanos. Creo que la judicatura va a salir fortalecida no solo a nivel nacional, sino en el sistema interamericano, porque aun cuando ya hay otros precedentes, nunca se dio un caso tan aberrante, tan espantoso, como el de la remoción de un tercio de los jueces. Siempre se fueron contra los magistrados, contra la Sala de lo Constitucional, siempre fue con ellos específicamente, pero no contra un montón de jueces. Están menospreciando la experiencia, con tal de manipular y poner jueces dóciles, sumisos, miedosos, genuflexos e incluso corruptibles al poder. Al poder no le interesan los jueces independientes. Al poder no le interesan los límites ni los controles. El poder es insaciable y el poder quiere dominarlo todo. El Estado de Derecho no le conviene al poder. Y ahora no tenemos Estado de Derecho. Lo que tenemos es una ley de la selva y la ley de la selva es la ley del más fuerte. Aquí solo sobrevive el más fuerte.

Antonio Durán, juez de El Salvador. Foto FACTUM/Natalia Alberto

Al salvadoreño de a pie todo esto que hablamos le sigue sonando muy en las nubes. Aunque ahora ya está constatando la realidad de primera mano. La puede palpar. Pero parece que aún no hay una comprensión profunda. ¿Cómo el salvadoreño puede verse afectado con que un juez de Paz, Instrucción o Sentencia no pueda ser independiente?

Claro, esta es una cuestión bastante abstracta para la mayoría de gente, porque no le afecta el bolsillo, no le afecta su día a día. Para comprender esto se requiere mucha formación cívica, educación cívica, y es donde tenemos un enorme déficit. La sala hizo lo suyo en su momento queriendo hacer una actividad de divulgación de la cultura constitucional. Pero, aún así, a la gente todavía no le termina de cuadrar esto. Pero hoy con el régimen de excepción la gente se ha dado cuenta, pero aún así sigue confiando en el proyecto del gobierno, porque la propaganda y la publicidad ponen énfasis en los logros y no en las afectaciones. El nivel de afectación es enorme, pero el equipo de propaganda y de publicidad enfoca todo en el éxito y no en los atropellos que se están cometiendo. La gente no debería morir por palizas del ejército o de las pandillas dentro de las cárceles. El régimen de excepción no implica que el artículo 20 de la Constitución está suspendido y andan haciendo allanamientos ilegales. Así como se están saltando el 24 de la Constitución con el espionaje informático. Todo el régimen está en función de violentar derechos, de violentar garantías. Y es para los fines de propaganda, porque quieren cifras, no por la eficacia. Tampoco es por combatir la delincuencia en general, porque hay mucha corrupción del propio gobierno. Él dijo que al que tocara un centavo él lo iba a meter preso. ¿Dónde están los presos de este gobierno que han tocado más de un centavo? No hay ni un preso del gobierno. Y corrupción ha habido y sigue habiendo. Eso de la estafa de Chivo Wallet es otro saqueo, es otra forma de saqueo. Entonces es un asunto gravísimo y sobre todo en el tema de la proyección electoral para 2024, con la pretensión de reelección y que ya dijimos que es inconstitucional y que los magistrados han prevaricado al permitirlo. El punto es que así como manipularon la base de datos del padrón electoral para la distribución de los 300 dólares para la pandemia y para bajar la Chivo Wallet de gente que nunca la bajó, así van a hacer con el voto electrónico.

Ya está comprobado en la práctica que los diputados de Bukele solo son funcionarios que aprueban lo que se les ordena desde Casa Presidencial. Muchos los llaman “aprietabotones”. Pero también hay quienes dicen los jueces ahora son “pasapapeles” de lo que se le antoje al gobierno, a través de la Fiscalía. ¿Hay jueces pasapapeles?

 Efectivamente es así.

¿Cómo se evidencia eso?

Mire, desde el principio, la legitimidad del funcionario viene desde su nombramiento. Y hay jueces y magistrados con nombramientos anómalos e ilícitos porque no han venido de ternas del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces tienen un origen inconstitucional. Luego, en el tema de su desempeño y en el resultado de su actuación, vemos a la sala avalando la reelección presidencial, a jueces que con el régimen de excepción no se toman ni la molestia de analizar cada caso individual. Y por mucho que los abogados les presenten constancias laborales, tiempo de trabajo que están cotizando en el Seguro y presentan declaraciones juradas, testigos, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen casa, los encierran. No están cumpliendo el rol que debería cumplir un juez. Y es que no son jueces, son operadores políticos, son operadores jurídicos. Y el juez que decida cumplir con el deber de juez, pues lo van a quitar así como le pasó al licenciado Godofredo Salazar, así como le pasó a la licenciada Violeta Flores, así como le pasó a la licenciada Gladys Margarita Salgado. Estos jueces que han tenido la valentía de ejercer su trabajo conforme a la exigencia constitucional y los estándares internacionales, pues sencillamente estorban al régimen, los mandan por allá y ponen a otros jueces que van a actuar conforme al designio que diga Casa Presidencial.

Antonio Durán, juez de sentencia de El Salvador. Foto FACTUM/Natalia Alberto

Ahora en día un ministro de Seguridad o un fiscal general, incluso un auxiliar fiscal, puede acusar a un juez en público de estar a favor de criminales, decirlo con total impunidad. ¿Cómo afecta esto la independencia judicial?

Es una forma de presión indebida, porque según los estándares internacionales, ningún funcionario debe cuestionar las decisiones de los jueces, si no es a través del método de recursos. Nada más. Pero, ¿qué es lo que hacen con esto? Propaganda. Nosotros somos los buenos y estos son los malos. Hay una campaña sistemática de desprestigio, como lo fue contra la sala antes del golpe.

Bien, y ahora, con todo este contexto de lo que hemos hablado, ahora sí, le vuelvo a preguntar: ¿Por qué al salvadoreño le debe preocupar que ya no haya independencia judicial?

Porque la independencia judicial le garantiza los derechos al salvadoreño. El juez es el que le puede servir de contención frente a los atropellos y frente a los abusos de poder. En el Estado de Derecho, el poder está sometido al derecho, es un equilibro. Aquí no hay Estado de Derecho.

El exjuez Jorge Guzmán denunció recientemente acoso en su vivienda. ¿Ha continuado el acoso para usted o para otro funcionario judicial?

Ya no, pero sí lo hicieron en dos ocasiones, una en mi casa y otra donde mi suegra, que llegaron a preguntar por mí. Según me dicen, eran seis militares. Preguntaron dónde es que vivía el juez Durán. Le digo, uno tiene que estar siempre alerta. Puedo estar dispuesto a pagar el precio que me toque pagar como juez independiente, pero esto afecta a la familia y a la gente que no ha vivido, que no vivió el conflicto armado, que no vivió entre balas, que no le tocó meterse debajo de la cama durante un bombardeo o un enfrentamiento, o que no lo bajó la guerrilla o el ejército y lo pusieron boca abajo. El problema es que afecta a la gente que no ha vivido eso, porque uno no es que esté curtido, pero, en alguna medida, pues, ya lo vivimos. Entonces uno como que tiende a revivir aquello y ponerse en estado de alerta y actuar y mantener la calma. Pero a otra gente esto la ha afectado psicológicamente. Hay paranoia. Yo caía dormido en la cama y mi esposa estaba aterrorizada con cualquier ruido en la casa. Me ha pedido que renuncie. Me ha pedido que pida asilo. Me ha pedido que deje de pelear en las redes sociales. Es duro. Porque afecta a las personas que uno ama.

Traslados y jubilaciones obligatorias. ¿Cree que hay algo más por ver contra los jueces?

Sí, falta. Creo que falta. Creo que puede haber destituciones. Se corre el riesgo de eso.

¿Riesgo de perder la vida?

Sí, sí, sí. No solo por el aparato estatal, sino por el montón de fanáticos. La verdad es que esta es una coyuntura difícil. Creo que es la peor desde los Acuerdos de Paz. Pero igual yo creo que toda crisis también genera oportunidades. Creo que tenemos una oportunidad de mejorar el sistema judicial y después de restaurarlo, poder recibir apoyo internacional, ayuda, para formar más y mejores jueces, formarlos bien. Porque la formación implica conocimientos, habilidades y aptitudes. Hay gente que puede tener conocimientos, pero no habilidades. No tiene destrezas para desarrollar una audiencia. Y hay gente que tiene conocimientos y habilidades, pero no las aptitudes para ser juez. Entonces, precisamente la formación que tuvimos desde la década de los noventa, y luego en los dos mil, fue para prepararnos para esta coyuntura, no para ponernos de rodillas, no para prestarnos al poder. Los jueces somos el equilibrio del Estado de Derecho y somos la contención del poder. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario.

¿Cuál debería ser el papel de la Sala de lo Constitucional actual frente a tanta denuncia de violación de los derechos constitucionales?

Yo creo que ellos son usurpadores. Están usurpando sus cargos constitucionalmente. Son usurpadores y son golpistas. Han participado en el golpe y creo que su deber es cumplir con el mandamiento judicial: ellos están obligados a renunciar a sus cargos y hacer que se sienten en esa silla los magistrados legítimos. Ese es el único papel que deberían cumplir. Lo único que tienen que hacer. Si quieren pasar a la historia como buenas personas, deben dejar esas plazas vacantes y los magistrados que fueron removidos deben regresar para que ocupen esa función. Por ahora, de esa sala no hay ninguna legitimidad en sus expresiones.

Es interesante su respuesta, porque hay quienes han reclamado eso mismo, pero a la vez aplauden algunas resoluciones como la del tema de identidad de género que dictaminó esa sala…

El que resolvió eso fue Casa Presidencial. Es que no se mueve la hoja de un árbol si no es por voluntad del presidente. Esta sala no se iba a disparar haciendo esto. Antes de eso, incluso hubo otra inconstitucionalidad de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, en la que se declaró inconstitucional la prohibición del juez, del funcionario juez, para ser presidente del consejo. Entonces, esto es lo que a mí me preguntaron en un evento, que qué opinaba de eso. Mire, es como llevarle un ramo de rosas a una persona que acaba de golpear. ¿Con qué alegría se va a recibir ese ramo de rosas si antes ha habido un daño tremendo? Pero bien, todas estas actuaciones son porque llevan el aval de Casa Presidencial. Mire lo que ocurrió con las extradiciones que ya estaban votadas y eran votos a favor. Y un funcionario de Casa Presidencial que ocupa uno de esos despachos fue el que desarmó la decisión y la sometió otra vez a votación bajo la excusa de la Convención de los Derechos del Niño. Pero hoy reforman leyes para que los niños también sean juzgados como adultos y con penas de adultos. En fin, la hipotenusa.

¿Por qué les interesa a los regímenes autoritarios estar basados en leyes o en institucionalidad? Por ejemplo, vemos la dictadura venezolana, que sigue teniendo su asamblea nacional, su poder judicial, su poder electoral. ¿Por qué les gusta montarse en aparatos institucionales republicanos para aparentar independencia de poderes cuando en realidad todo radica en las decisiones de una sola persona?

Porque ningún poder se legitima contemporáneamente si no es a través del derecho. Todo poder se legitima en el derecho. Todo el poder económico, la propiedad privada, la libertad de expresión necesita al derecho. Alegan que hay relación entre el derecho y el poder. Entonces el poder necesita del derecho para legitimarse y venderse ante los ojos del mundo como que vivimos en el paraíso terrenal, porque funcionan las instituciones, porque el poder está distribuido, aunque eso no sea cierto. Entonces, en esa relación, que es una relación de amor odio entre el derecho y el poder, el pleito ocurre cuando el derecho le limita al poder sus alcances. Porque el derecho define el contenido de los alcances y pone los límites al poder. Y entonces, cuando el derecho establece límites y cuando lo controla, al poder le viene ya el tema del odio. Y entonces el poder se impone. Además, es por imagen, la falsa imagen de legitimidad, aunque esté operando de manera contraria. Y otro detalle es que también necesitan de una buena imagen en el sentido publicitario. Recuerde la dictadura argentina y el Mundial del 78, con todas esas madres de la Plaza de Mayo protestando, pero los argentinos vivieron su Mundial.

Hay académicos que cuando se les pregunta si estamos en un dictadura responden que no, porque se tienen que cumplir parámetros que vimos en las dictaduras militares del siglo XX. Le pregunto a usted: ¿Podríamos decir sin ningún miedo y con suficiente evidencia que estamos en una dictadura o no lo estamos?

Ya estamos en una dictadura desde el 1 de mayo de 2021. Estamos en una dictadura desde la remoción de los magistrados de la sala, porque se hace la voluntad de una persona sin controles legales, sin límites. Lo que caracteriza a las dictaduras es la imposición de la voluntad de un individuo o de un grupo de individuos por encima de la ley, por encima de las reglas, por encima de la Constitución. Y es lo que está ocurriendo. Aun cuando este Estado todavía formalmente tenga distribución de funciones, el presidente es el que dice si va a quitar los colchones para que los reos duerman en el piso. Él es el que decide todo. Él le da órdenes directas al fiscal general y le da orden directa a la Corte Suprema de Justicia. Y se hace lo que él dice. Entonces eso es una dictadura. No es esa dictadura militar al estilo del siglo XX. Por eso mucha gente no le llama así. Algunos por miedo. Otros usan eufemismos, utilizan otro tipo de expresiones. Le llaman “deriva autoritaria”, “autoritarismo”. Otros dicen que aún no es dictadura porque llegó de manera democrática al poder. Pero es que es una cuestión de conceptos: democracia formal, que es la plebiscitaria, y democracia sustancial, que es el ejercicio del poder. En el ejercicio del poder, es una dictadura.