El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos envió al Registro Federal sus últimas decisiones sobre los beneficiarios del TPS, basadas en la orden preliminar de la Corte Federal de California. En el caso de que la resolución judicial sea negativa para los tepesianos, El Salvador tendrá 245 días extras en comparación con los demás países para abandonar Estados Unidos, debido a la cantidad de personas suscritas al programa.
El gobierno de Estados Unidos validará permisos de trabajo hasta el 4 de enero de 2021 para 408,036 personas de seis países que fueron beneficiariasdel Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que la actual administración de Donald Trump decidió no renovar. Salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, haitianos, sudaneses y nepaleses podrán tramitar la revalidación de sus permisos de trabajo de los que gozaron como producto del TPS, como consecuencia directa de una medida preliminar dictaminada por la Corte Federal de California.
Este viernes 1 de noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) envió al Registro Federal (diario oficial) la notificación gubernamental en la que se especifica la nueva fecha perentoria de los permisos de trabajo para los tepesianos de los seis países.
La medida, como lo refleja el documento al que Revista Factum ha tenido acceso, tiene su origen en la medida preliminar de la corte californiana dentro del caso Ramos versus Nielsen, por el que la demandante, Crista Ramos, una joven estadounidense de 15 años, denunció que el fin del TPS podría significar la separación de ella y su madre, Cristina, una salvadoreña suscrita al programa y que llegó a Estados Unidos con solo 12 años. Cristina, en entrevistas con medios de comunicación estadounidenses, ha declarado que ella no tiene ningún vínculo con El Salvador y que en realidad sería perjudicial para ella separarse de su hija. La corte, mientras estudia el caso de Crista y su mamá, emitió unas medidas preliminares que tienen vigencia hasta que exista una resolución definitiva sobre el caso.
Entre esas medidas se encuentra la validación y vigencia de permisos de trabajo para todos los beneficiarios del TPS que la administración Trump finalizó, mientras no exista una resolución en firme sobre el juicio. Por ello, de forma automática, el gobierno estadounidense se ha visto obligado a anunciar una nueva fecha perentoria de los permisos de trabajo para los tepesianos, para dar espacio temporal a que la corte delibere y decida.
En el caso de El Salvador, el documento del DHS, que será publicado en el Registro Federal de Estados Unidos este próximo lunes 4 de noviembre de 2019, da cuenta de que se estableció un período de gracia de 245 días extras para que los tepesianos abandonen el país, en el caso de que la resolución del juicio Ramos versus Nielsen sea negativa para los tepesianos. De hecho, el fallo de la corte, pese a que se trata de un caso individual, será efectivo para toda la comunidad beneficiaria del programa de los seis países. Es decir, que de la demanda de la joven Crista Ramos depende la permanencia en Estados Unidos de casi medio millón de personas.
El período extra de 245 días para que los salvadoreños tepesianos abandonen Estados Unidos, en el supuesto de que la resolución le dé la razón al gobierno, fue concedido por la administración de Donald Trump, según el documento del DHS, por la gran cantidad de salvadoreños adscritos al programa. Los salvadoreños, de hecho, son la comunidad mayoritaria que está bajo el TPS. Esos 245 días se suman a los 120 días de plazo que el gobierno deberá dar a todos los países, por orden de la Corte de California, que es otra de las medidas preliminares. En total, los salvadoreños tendrían un tiempo fijo de 365 días para abandonar el país si la corte lo decide.
“DHS provee este tiempo adicional para los beneficiarios salvadoreños del TPS en parte porque hay casi cien mil beneficiarios salvadoreños más que las poblaciones beneficiadas juntas de los otros cinco países”, dice el documento oficial, y recalca que “el período adicional de 245 días, más allá de los 120 días, permitirá una transición ordenada para que los salvadoreños beneficiarios del TPS regresen a su país”.
En El Salvador, el discurso del gobierno de Nayib Bukele tiene tonos de haber logrado una victoria sobre la situación migratoria de los tepesianos. Los adscritos al programa, en todo caso, lo que han buscado durante años en una solución que les permita tramitar la residencia en Estados Unidos, como lo han expresado activistas de la protección de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. La esperanza de los tepesianos salvadoreños, y la de los otros cinco países, descansa en la resolución positiva a sus intereses que pueda emitir la Corte de California.
El Salvador, que ahora tendría 245 días más para que sus tepesianos abandonen Estados Unidos en caso de una resolución judicial negativa, en cambio ha concedido a Estados Unidos disposiciones que podrían significar una intervención estadounidense en la soberanía salvadoreña. Una de las primeras concesiones que ha hecho el gobierno de Nayib Bukele al gobierno de Donald Trump es que El Salvador sirva de “refugio” para solicitantes de asilo a Estados Unidos, para que esperen todo el trámite de su petición en territorio salvadoreño. El gobierno también ha destinado dinero público para la creación de una “patrulla fronteriza” bajo la versión oficial de evitar el coyotaje y la trata de personas. El gobierno de Bukele también concedió que el servicio aduanero de El Salvador sea asesorado por autoridades estadounidenses y, además, el gobierno de Estados Unidos podrá tener acceso a datos personales biométricos de ciudadanos salvadoreños.
El triunfo anunciado por el gobierno de Bukele, luego de todas estas concesiones, se traduce en 245 días extras para que los salvadoreños tepesianos regresen al país. “Trump quedó bien con el gobierno de El Salvador, pero con algo que estaba obligado a conceder, independientemente de los arreglos con el gobierno de Nayib Bukele”, dijo Óscar Chacón, de Alianza Américas, una organización que durante años ha procurado la protección de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Consultado por Factum, Chacón aseguró que el objetivo principal de los tepesianos es encontrar una solución definitiva que les permita ser residentes en el país norteamericano.
Las esperanzas de beneficiarios del TPS, en todo caso, no se agotan con el caso Ramos versus Nielsen. Chacón comentó a Factum que a la fecha hay otras dos causas judiciales en Estados Unidos que están a la espera de activarse y cuyas demandas se enfocan en la violación de derechos de los tepesianos con la conclusión del programa sin ningún salvoconducto legal para tramitar su residencia.
“Uno de los casos se conoce como Centro Presente versus Trump, que se está ventilando en la Corte Federal de Massachusetts, y el otro se conoce como Casa de Maryland versus Trump, en la Corte Federal de Maryland. Ambas demandas desafían la legalidad de la cancelación del TPS y han estado en patrón de espera, pendientes del desenlace del caso Ramos versus Nielsen”, reveló Chacón. Estos dos juicios podrían derivar, también, en nuevas medidas preliminares que obliguen al gobierno estadounidense a no deportar a los adscritos al programa mientras buscan soluciones legales a su situación migratoria.
El reporte anual del DHS al Congreso de Estados Unidos sobre el TPS, dado a conocer el 1 de mayo de 2019, da cuenta de que en la actualidad hay 251,445 salvadoreños amparados al programa, 80,570 hondureños, 56,114 haitianos, 14,594 nepaleses, 4,508 nicaragüenses y 805 sudaneses. Todos mantendrán sus permisos de trabajo vigentes hasta el próximo 4 de enero de 2021 mientras esperan la resolución de la Corte en California.
Foto principal/Fibonacci Blue, con licencia Creative Commons. Un grupo de migrantes protesta contra las políticas del presidente Trump. St. Paul, Minnesota, enero de 2018.
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