Saca y los gritones del Twitter

La acusación de la Fiscalía General salvadoreña contra Antonio Saca y su entorno ha activado la paranoia y los nervios de un grupo de políticos y analistas a juzgar por las diatribas que, tras el arresto del expresidente y tres de sus colaboradores más cercanos, han hecho públicas a través de sus cuentas de Twitter y Facebook.

Ternuritas… Como no pueden ganar elecciones, quieren que su fiscal les haga el trabajo sucio ???? Cc. @FGR_SV pic.twitter.com/fAiZzqzDP0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) 2 de noviembre de 2016

Quitemos la paja –que para eso está el periodismo– y tratemos de explicar, desde la retrospectiva o el recuento de algunos datos, primero, la importancia de Saca y su presidencia en los usos de la política nacional, para, luego, opinar sobre los nervios que inundan las redes sociales.

Y, aquí, es importante partir de una premisa: la acusación penal en este caso, al que la Fiscalía ha llamado “Destape de la corrupción”, así como las investigaciones de la Sección de Probidad en las que se basa buena parte de esa acusación, dan indicios de que Saca y su administración, su entorno, sistematizaron mecanismos de corrupción en Casa Presidencial mediante, entre otras cosas, el uso de un reglamento hecho para ocultar los desvíos de dinero. Fue, se entiende, dar a la vieja práctica del uso patrimonial y privado del recurso público categoría de política institucional; de convertirla formalmente y por escrito en asunto de Estado.

En todo esto la palabra entorno es muy importante. Los defensores recientes de Saca, parte de un grupo influenciado por él o que se benefició gracias a las decisiones de él, han dicho cosas como esta: que ese dinero sirvió, en buena medida, para pagar la gobernabilidad, es decir, para sobornar a otras instituciones y fuerza políticas en aras de garantizar la docilidad de otros órganos de Estado, por ejemplo, o la complicidad de la gran prensa.

El ex presidente salvadoreño, Antonio Saca a su lllegada a los Juzgados en San Salvador, donde se presentará el requerimiento por los delitos de peculado, asociaciones ilicitas y lavado de dinero.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Desde el principio de la vida política tras los Acuerdos de Paz de 1992, las elites políticas y económicas salvadoreñas entendieron que la democracia era útil siempre y cuando fuera, pasado el evento electoral, poco democrática. Esto es, en la práctica, que el grupo o partido en el poder controlase, en la medida de lo posible, todas las instancias encargadas de velar por el buen uso de los dineros públicos, al ente encargado de la investigación criminal y al sistema judicial.

La fórmula contemplaba, también, el uso indiscriminado de los aparatos de inteligencia del Estado, reunidos tras los Acuerdos en la OIE, el ejército y la PNC, para propósitos políticos y, en muchos casos, criminales. La OIE funcionó, desde muy pronto en la posguerra, como una especie de policía política no letal que se encargaba de perfilar y acosar enemigos internos. Este manual en particular tampoco se escribió en la administración Saca; su autor es Mauricio Sandoval, favorito de todos los presidentes areneros previos.

En su respuesta a las observaciones de Probidad, Élmer Charlaix, el secretario privado de Saca, dijo que buena parte del dinero desviado de la partida secreta presidencial se dedicaba para acciones de inteligencia, aunque no explicó cuánto de los 246 millones de dólares era para eso, o porque 116 millones fueron a parar a las cuentas personales de su jefe.

No fue Antonio Saca el que se inventó la fórmula de usar la inteligencia estatal como arma política o como tapadera para el desvío de fondos; tampoco inventó la fórmula para asegurar las elecciones de magistrados y jueces afines, de fiscales generales cómplices o inútiles, o de garantizar, vía dádivas o favores políticos, la mayoría simple en la Asamblea. Eso ya lo habían perfeccionado Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores; como he dicho antes, ese manual ya se había escrito en los despachos de la Alianza Republicana Nacionalista.

La opacidad que ARENA imprimió al ejercicio formal del poder ya existía cuando Saca juró como presidente de la República. Como bien dice Ricardo Valencia, académico salvadoreño radicado en Estados Unidos: “ARENA controlaba todas las instancias que podían investigarlos, la partida secreta era legal y no había ley de acceso a la información…”

Lo que Saca hizo, de nuevo, fue sistematizarlo todo, ordenarlo desde Casa Presidencial para que el desvío de esos fondos tuviera la apariencia de legalidad, pero sobre todo, según se entiende de la acusación fiscal, para hacerlo todo sin tropezar con la débil resistencia que aún podría poner el sistema de contra balances que se supone a una democracia. Tony Saca perfeccionó el manual arenero de la corrupción, no lo reescribió.

Y nadie dijo nada. Nunca. El silencio cómplice empezó, de nuevo, en las elites políticas, financieras y económicas. La Fiscalía dice, por ejemplo, que la banca privada fue cómplice en la corrupción que atribuye a la Casa Presidencial de Saca. Esas elites, cuyo brazo político era ARENA cuando Saca ascendió al poder, participaron y avalaron esas acciones, de una manera u otra.

Luego vino la escisión. A ARENA y esas elites les molestó que el guardián del manual se independizara y que, al hacerlo, incluso se apropiara de la estructura del partido. A esas elites no les simpatizó, en esencia, que Antonio Saca recogiera los beneficios políticos y económicos de la presidencia para sí mismo; les molestó dejar de ser el entorno del presidente.

Alejados los operados políticos de la ARENA pre-Saca, surgió un nuevo entorno. Charlaix y César Funes, dos de los imputados en el caso “Destape de la corrupción”, fueron miembros privilegiados de ese nuevo entorno, pero también lo fueron otros, funcionarios o no, que tomaban decisiones importantes en la presidencia de Saca, como René Mario Figueroa, el exministro de Seguridad Pública, o Herbert Saca, el asesor sin despacho más poderoso de ese quinquenio, quien además extendió su influencia hasta el periodo de Mauricio Funes.

Herbert Saca (izquierda, de camisa amarilla) es un operador político relacionado con el ex presidente Antonio Saca y el partido GANA. Juan Umaña Samayoa (izquierda, de pañoleta al cuello) es el alcalde de Metapán y uno de los señalados por lavado de dinero en informes de Hacienda. Foto de archivo de Factum.

Herbert Saca es importante en esta historia, no solo porque él también hacía uso de dineros de la partida secreta, a decir de varios exfuncionarios de la administración Saca con los que he hablado desde 2012, sino porque él fue quien armó la estructura territorial y financiera de la Gran Alianza Nacional (GANA), el partido que le sirvió al nuevo entorno de Tony para no perder peso político a pesar de su salida intempestiva de ARENA tras la derrota electoral de 2009.

A Herbert Saca pueden atribuírsele vínculos con individuos que han sido investigados o acusados de actividades relacionadas al narcotráfico y al lavado de dinero, como Élmer Bonifacio Medrano o Reynerio Flores Lazo, de la banda Los Perrones.

Y a Herbert Saca hay que atar, además, otros nombres, como el de Guillermo Gallegos, el diputado de GANA que hoy se prepara para ser presidente de la Asamblea. Saca, Gallegos y algunos de sus operadores políticos, como Ernesto Sanabria, sirven para entender cómo el entorno de Antonio Saca se diversificó y llegó a estar presente en expresiones políticas que, en principio, no estaban relacionados con la derecha que lo parió.

Herbert, como ya demostré en mi libro “Infiltrados”, también tenía relaciones políticas y personales con Mauricio Funes y su Casa Presidencial. Ernesto Sanabria, otrora miembro de los entornos de Herbert Saca y Guillermo Gallegos, fue pieza clave en la campaña electoral de Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de San Salvador por el FMLN en 2015 y actual jefe edilicio de la capital.

Todas estas relaciones permiten entender, en parte, las cosas que tuitean y postean algunos políticos o exfuncionarios relacionados con esos entornos de Saca, o al menos con alguno de sus miembros.

El alcalde de San Salvador escribió en su cuenta de Twitter: “Como no pueden ganar elecciones, quieren que el fiscal les haga el trabajo sucio”, en referencia a un largo post que había hecho antes en Facebook, justo tras el arresto de Tony Saca, en el que cuestionaba la labor del fiscal general, Douglas Meléndez, a quien acusó de avanzar la agenda política de ARENA.

Una acusación similar contra el fiscal Meléndez hizo en Washington el diputado del FMLN Blandino Nerio, quien, enviado por su partido a varias oficinas del congreso estadounidense, les pidió vigilar que la actuación de la Fiscalía General sea “balanceada” (Bukele usó el mismo término). Nerio, no obstante, se refería a posibles investigaciones a José Luis Merino, líder del partido señalado por vínculos con el empresario Enrique Rais, procesado también por corrupción. En este punto es importante entender que GANA, el entorno más importante de Saca tras salir de la presidencia, ha sido aliado del FMLN en la Asamblea Legislativa desde 2010.

Y, finalmente, Mauricio Funes, también investigado por enriquecimiento ilícito y corrupción (a diferencia de Saca, quien es acusado presente, Funes se fue a Nicaragua, donde es asilado político del gobierno de Daniel Ortega), quien tuiteó: “Si FGR afirma haber destapado estructura de corrupción por qué no investiga gobiernos anteriores de ARENA…” La relación de Funes y su entorno con Saca y su entorno ya está explicada.

Sobre la acusación repetitiva de que la Fiscalía no investiga a ARENA, y la sugerencia del alcalde Bukele –a quien esa Fiscalía también ha relacionado con una estructura de ataques cibernéticos– de que Meléndez es un operador político de la derecha, un par de apuntes.

Si FGR afirma haber destapado estructura de corrupción, por qué no investiga gobiernos anteriores de ARENA que según defensa actuaron igual? pic.twitter.com/47gdjhkE4b

— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 3 de noviembre de 2016

Los fiscales generales escogidos durante el dominio de la derecha en la Asamblea siguieron la norma de no hurgar nunca en los bolsillos de los políticos. Luis Martínez, el fiscal que la Asamblea eligió en 2012 y por cuya reelección bregaron, entre otros, el entorno de Saca (GANA), pero también miembros del FMLN y ARENA, sí hurgó, pero hoy sabemos que lo hacía en buena medida para avanzar su propia agenda de reelección (así lo dijo, por ejemplo, Jorge Velado, ex presidente arenero). El tiempo procesal para investigar delitos atribuidos a exfuncionarios areneros venció, en muchos casos, por la desidia de fiscales escogidos por los políticos, incluidos los del FMLN, para tapar entuertos, no para destapar cloacas.

La Fiscalía de Douglas Meléndez tiene, sí, problemas, lo cual se explica en gran parte porque los Ejecutivos y Legislativos, sin importar su color de fachada, se valieron del manual de la corrupción para hacerla un ente inservible, banal, como le gustaba decir a Luis Martínez. Y tiene problemas propios que no le vienen por herencia, como la dañina manía de presentar acusaciones flojas y mal sustentadas (Jaque, Rais-Martínez) o la de intentar ganar las batallas legales en los medios de comunicación y no en las cortes como tiene que ser. Pero de eso a decir que Douglas Meléndez trabaja para ARENA hay, me parece, un mar de paranoia e irresponsabilidad política. Hay mucho grito en Twitter, mucha batallita retórica que solo intenta sacudir la culpa propia, mucha irresponsabilidad.

Se entiende, claro, que la foto que retrata a Antonio Saca como imputado por corrupción ante los tribunales de la República tiene el poder de afligir a cualquiera de sus entornos. Tony fue, después de todo, el que perfeccionó el manual, el que construyó el puente que lo hizo trascender de la margen derecha a la izquierda del río político salvadoreño.