Varios son los intentos del presidente Nayib Bukele de revertir el orden democrático de nuestra República, como la toma de la Asamblea Legislativa el 9F, en la que trató de sustituir el orden democrático “por Dios”, pero el dios que se expresa a través de él. También el irrespeto a la separación de poderes, ante la que se ha negado en varias ocasiones, él y sus funcionarios, a obedecer las órdenes de los otros poderes del estado; el uso de las fuerzas armadas y de la Policía Nacioal Civil el 9F; y el enfrentamiento con la Fiscalía y la represion contra ciudadanos. Otros intentos son impedir la libertad de expresión y el derecho a la información, negando acceso a los archivos de El Mozote, divulgando noticias falsas, coaccionando a periodistas, y ha usado el estado para fines partidarios y personales, lo que ha conllevado falta de transparencia y ausencia completa de rendición de cuentas. Estos son solo algunos ejemplos.
La Constitución legisla contra todo esto. “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos (artículo 6); los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente, pero colaborarán entre sí (artículo 86); todos los funcionarios y empleados públicos estan en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos será obligatoria (artículo 132); la Policía Nacional Civil será ajena a toda actividad partidaria (artículo 159); son obligaciones del presidente (artículo 168): dar a la Asamblea Legislativa los informes que esta le pida (numeral 7), conducir a la Policia Nacional Civil con estricto apego a los derechos humanos (numeral 17); los magistrados y jueces son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes (artículo 172); los funcionarios y empleados públicos están al servicio del estado y no de una fracción política determinada (artículo 218).”
Estos y otros artículos de la Constitución son los pesos y contrapesos de nuestra carta magna para poner límites al Ejecutivo, para restringir a todos, sin excepciones, del abuso del poder y garantizar la democracia. La Asamblea, que no la controla el presidente, ha frenado varias actuaciones incorrectas del órgano ejecutivo, negándole aprobaciones o enfrentando sus vetos. Paró la aprobación de un presupuesto mal elaborado, técnicamente injustificable, y que pondría al país en una situación todavía más delicada. La Asamblea también superó el veto del presidente para poder financiar el Fodes y el Fomilenio, logrando así financiar a las alcaldías y salvar una significativa donación extranjera.
En esa última resolución de la Asamblea para superar el veto presidencial, tambien emitió un aviso a la Fiscalía de un posible delito y una petición de auditoría a la Corte de Cuentas. Reconoció así la Asamblea que el auditar y controlar al ejecutivo es importante, pero que no son sus funciones, que se deben respetar la leyes. Pero la Asamblea es también un órgano politico. Los diputados son partidarios, lo que nos recuerda la importancia de una Asamblea independiente del control político del ejecutivo.
La Fiscalía entró a varios ministerios para recabar información por existir dudas del buen uso de fondos que les fueron asignados para controlar la pandemia. La Fiscalía también seguirá un proceso contra Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía, a quien el presidente había nombrado viceministro para que gozará de impunidad con el fuero que se les otorga a estos funcionarios. Pero, de nuevo, nadie está por encima de la ley, peor en una situacion en la que podría existir malversación de fondos que fueron asignados para ayudar a los más pobres, especialmente castigados por la crisis. Esto refuerza la relevancia de la separación de poderes del estado para que unos controlen a otros. Pero estamos todavía pendientes de oír de la Fiscalía.
Lo anterior demuestra la importancia de los pesos y contrapesos que dan la Constitución y las leyes. Pero lo que verdaderamente salva a la República contra las agresiones antidemocráticas del presidente Bukele son las acciones ciudadanas. Acciones ciudadanas que se han dado por funcionarios, por instituciones de la sociedad civil, por funcionarios e instituciones extranjeras solidarias. Acciones ciudadanas que refuerzan y agilizan la democracia. Ciudadanos que cumplen con la Constitución, que dice en el artículo 241: “Los funcionarios públicos, civiles o militares que tengan conocimiento de delitos… deberán comunicarlo a la brevedad”.
Esos fiscales y jueces que han tomado esas decisiones de hacer cumplir la ley, esos magistrados que enfrentan a los que deben por cumplir con su deber, ese presidente del Banco Central de Reserva que fue despedido por cumplir la ley, esos periodistas que arriesgan todo por su obligación de decir la verdad, ese militar que renuncia a su estatus por no poder respaldar la decisión de su superior, esos militares que se oponen al uso indebido de las fuerzas armadas, esas instituciones de la sociedad civil que denuncian, que levantan la voz y advierten de peligros son los que salvan a la República en estos momentos.
Esos ciudadanos superan la mejor arma que han tenido los regímenes reperesivos: el miedo. Muchos de esos valientes descubren después de tomar esas decisiones difíciles que lo más doloroso no es el castigo que imparte el statu quo y con el que tanto amenazaban, sino el miedo que se tenía antes de tomar la decisión de actuar. Para la mayoría de ellos, después de actuar se hace real el que no hay nada que temer, más que el miedo mismo.
También descubren esos valientes el peso de sus acciones, cierto que en muchos casos ellas van acompañadas de costos, pero esos costos se quedan pequeños comparados con el alto valor del significado de sus acciones. Muchas veces esas acciones tienen un alto costo personal, pero van acompañadas por el gran valor que como signo tienen para la sociedad. De allí nuestro reconocimiento a ellas. Que la Patria os lo premie.
*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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