Un presidente joven con viejas ideas en seguridad

El plan de seguridad de Bukele no rompe con las prácticas de los dos gobiernos del FMLN que militarizaron la seguridad pública y no depuraron a la Policía. Pese a las autoproclamaciones, el presidente no ha confirmado su gabinete de seguridad.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


El plan Cuscatlán dedica 75 páginas a la estrategia de seguridad del presidente electo, Nayib Bukele, que contienen más de 100 medidas o propuestas para hacer frente a cuatro problemáticas nacionales: la “gran corrupción”, el narcotráfico, la evasión y elusión de impuestos, y los grupos criminales. El plato fuerte del plan se centra en los grupos criminales y su control territorial, donde solo se nombra directamente a las pandillas o maras en cinco ocasiones. Esta parte concentra la mayoría de medidas y las divide en tres líneas de acción: prevención, combate al crimen y reinserción a la vida productiva.

Las nuevas ideas de Bukele pasan por retomar las prácticas en prevención de la violencia del gobierno saliente, como la recuperación de espacios públicos del Plan El Salvador Seguro, la Escuela Inclusivo de Tiempo Pleno y el programa Jóvenes con Todo. Sin embargo, entre sus numerosas propuestas, queda patente que también reforzará el rol de vigilancia y control de las instituciones que más vulneran los derechos humanos de los jóvenes en el país, las principales víctimas de la delincuencia en general, y de la represión a manos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

Expertos y defensores de derechos humanos consultadas por Revista Factum ven con preocupación este excesivo control y vigilancia que se pretende dar a los cuerpos de seguridad en el ámbito educativo, social y comunitario.

Más militares y policías por todas partes

Jeannette Aguilar es investigadora en temas de seguridad ciudadana en El Salvador y exdirectora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP-UCA). Tras revisar el plan de seguridad de Nuevas Ideas, su principal crítica es que se mantenga y refuerce a la Fuerza Armada en labores de seguridad pública y el fortalecimiento y expansión de la Policía Nacional Civil como una forma de “imponer un vigilantismo policial”.

Por ejemplo, el plan Cuscatlán amplía las funciones de la Fuerza Armada con la creación de un batallón de policía militar penal, a pesar de que el Comando San Carlos ya se encarga de la vigilancia del perímetro de las cárceles desde 2010.

Estas labores del ejército en seguridad pública fueron aprobadas durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y prorrogadas vía decreto hasta el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, el artículo 168 de la Constitución establece que solo se debe disponer del ejército de forma excepcional para el mantenimiento de la paz interna.

Aguilar considera que una novedad sería que el presidente electo retirara a la Fuerza Armada de la seguridad pública porque su participación en estas labores, desde el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), no ha logrado mejorar la situación del país: “No ha habido ningún resultado positivo asociado a la salida de milicias a las calles en más de dos décadas. Entonces, ¿por qué insistir en ello? Contrario a ello, su presencia en las comunidades se ha traducido en abusos, malos tratos e incluso en ejecuciones extralegales y desapariciones de jóvenes”.

Agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador fueron presentados el pasado 14 de febrero de 2018, como la nueva Unidad Policial que sustituyó al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), que estuvo involucrado en faltas disciplinarias durante una fiesta navideña que terminó en con una agente administrativa desaparecida y un elemento activo como prófugo.
Foto FACTUM/ Bryan Avelar

El plan menciona la creación de un programa de formación militar para la niñez y la juventud, que para Aguilar se trata de un “desatino” y una idea que ya planteó el ministro de Defensa, David Munguía Payés, al inicio de la administración Funes. “Es la lógica retrógrada que prevaleció el siglo pasado que la formación y la disciplina militar en los jóvenes forjaban buenos ciudadanos”, concluye.

“Darle tanto poder y visibilidad a la Fuerza Armada es además complicado en un período en que se ha visto involucrada en señalamientos de corrupción y hechos delictivos como tráfico de armas, narcotráfico, estructuras de exterminio y estructuras paralelas de inteligencia”, señala Aguilar.

El plan Cuscatlán tiene una fuerte presencia de la Policía Nacional Civil en las tres líneas de prevención, el combate a la delincuencia y la rehabilitación y reinserción. Además de modernizar sus equipos profesionales, las condiciones de trabajo y el uso de tecnología como propone Bukele, también se aumentaría su presencia en las escuelas, comunidades y el transporte público. Por eso Aguilar considera que tal como está formulado, “se vislumbra una policialización de las políticas sociales”.

Sin ideas para depurar a la Policía Nacional Civil

La Policía Nacional Civil es históricamente la institución más demanda ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Además, ha sido investigada y señalada internacionalmente por los abusos cometidos contra la población y las presuntas ejecuciones extrajudiciales a cargo de grupos clandestinos conformados por agentes y soldados en labores de seguridad.

La relatora especial para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, visitó el país en 2018 y en su informe final recomendó reducir paulatinamente la presencia de militares en labores de seguridad pública, así como mejorar la eficacia de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil para llevar a cabo investigaciones independientes sobre todos los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes.  Sin embargo, los juicios contra policías involucrados y finalmente condenados no han logrado que se reconozca de manera oficial la existencia de ejecuciones sumarias en El Salvador.

La inversión que plantea Bukele para mejorar las condiciones de trabajo de la policía es necesaria para profesionalizar sus labores, considera Verónica Reyna, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, tras revisar el plan de seguridad de Nuevas Ideas. Pero la depuración de malos elementos también es primordial, y de eso no dice nada el plan.

 “Sí, hay que ser responsable y cuidar cualquier institución gubernamental, pero sobre todo hay que ser responsable y depurar a la Policía Nacional Civil. Nadie, nadie, ha podido depurar a la Policía –enfatiza Reyna-. Todo el mundo tiene miedo a los grupos que están adentro, dominando la institución y que por eso se reactivan de vez en cuando los grupos de extermino y ciertos vínculos con el crimen organizado”.

El plan Cuscatlán incluye reformas a la Ley de la Carrera Policial, para facilitar los ascensos y la renovación del personal, pero no hace mención alguna a la necesidad de depurar a malos elementos, a los involucrados en delitos como los que llamaron la atención de la comunidad internacional durante los últimos años del gobierno de Sánchez Cerén, cuando comenzaron las medidas extraordinarias de seguridad por decreto y una mayor represión contra el crimen en las calles.

Un camión del ejército salvadoreño transporta a un grupo de soldados frente al Palacio Nacional en el centro de San Salvador, como parte de un despliegue de seguridad por las amenazas de las pandillas. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

La propuesta del presidente electo sí propone la prevención de la infiltración del crimen organizado en la PNC, al “robustecer los protocolos de seguridad, con la colaboración de entidades y personal de carácter multidisciplinario para reducir la infiltración de delincuencia organizada y grupos criminales en instituciones encargadas de aplicar ley (PNC, FGR, sistema judicial)” . Sin embargo, no menciona nada sobre la remoción de elementos ni reconoce la existencia de estructuras criminales que, para Jeannette Aguilar, ya están “enquistadas en distintas áreas de la cartera de seguridad”.

“Estamos frente a un problema mayúsculo: la policía está delinquiendo bajo la justificación de que está persiguiendo el delito. La actuación policial se ha convertido en un factor de inseguridad en muchas comunidades. El plan tiene un problema de origen: en ningún caso propone acciones para depurar a los malos elementos y desmontar estas estructuras”, concluye Aguilar.

La formación en derechos humanos para policías, como propone el plan de Nuevas Ideas, entre otros campos de formación técnica, tampoco es la solución ni una novedad pues ya forma parte del pénsum de la Academia Nacional de Seguridad Pública donde se forman los futuros agentes desde los Acuerdos de Paz.

“Ellos (policías) saben sobre el uso de la fuerza, cómo debería ser una intervención apegada a la ley, lo saben, te lo recitan de memoria. Y el ministro lo sabe, la Policía sabe cómo lo debe hacer. ¿Cuál es el problema? – pregunta Reyna-. Al momento de llegar a la delegación, hay una cultura policial de encubrimiento, de actuar al margen de la ley, de intimidación en las comunidades donde hay presencia de pandillas. Y en algunos casos como ya hemos visto, de participación de actividades criminales”.

Las fórmulas trilladas para prevenir la violencia

El observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, que dirige Verónica Reyna, conoce muy bien la realidad de los jóvenes de zonas urbanas de San Salvador. Cada año presentan un informe de violaciones de derechos humanos en varios municipios, entre ellos Mejicanos, donde la mayoría de víctimas son jóvenes de barrios populares que sufren a diario el acoso de las pandillas, policías y militares.

Para Reyna, el modelo de prevención del plan de Bukele recurre a las mismas fórmulas gastadas de los planes de gobierno anteriores: deporte, canchas y recuperación de espacios públicos. Para ella son una forma de entretener a los jóvenes, sin ofrecerles participación política en los temas de su interés.

“Pareciera que el problema es que el joven que se mete a la pandilla es porque no tiene nada que hacer, entonces hay que entretenerles, hay que tirarles una pelota, jugar un rato. Eso es una estupidez, no sos un mimo, no podés tener una política que esté permanentemente ocupando el tiempo del joven para que no se convierta en el delincuente potencial que ya ves en él (…) Se trata de cómo lo hacés para recuperar el tejido social y para recuperarlo tenés que trabajar en varias líneas. Hay un actor central que todos hablan y no hablan y que son las pandillas”.

La primera meta en prevención del plan Cuscatlán es “elaborar estrategias de alianzas con organizaciones de la sociedad civil para el logro de intervenciones programadas y sostenibles que reduzcan las condiciones causales de violencia, marginación y de factores de riesgo que impactan en la sociedad”. Sin embargo, nadie del equipo de Bukele se ha acercado a hablar con las 28 organizaciones que los invitaron a conocer su propuesta en prevención de la violencia.

El pasado 18 de enero de 2019, cinco días después de la publicación del plan Cuscatlán, 28 organizaciones de la sociedad civil presentaron sus lineamientos estratégicos para abordar el problema de violencia e inseguridad en El Salvador. Al acto fue invitada la fórmula de Gana y Nuevas Ideas, junto al resto de candidatos, pero finalmente sobre estuvo presente Hugo Martínez del FMLN, recuerda Reyna.

“Una semana después estábamos tocando la puerta de la sede de Nuevas Ideas, la entregamos al partido (la propuesta) – recuerda la representante del SSPAS-. Vamos a hacer un intento para acercarnos, tenemos que buscar mecanismos de diálogo y que los espacios de participación se mantengan como espacios de contraloría social. Esperamos que nos brinde una audiencia”.

Para Reyna, una propuesta novedosa en relación a la prevención sería aumentar el presupuesto destinado a este trabajo en seguridad pública y dejar de realizar detenciones masivas que, además, producen hacinamiento en los centros penitenciarios.

También sería novedoso el aumento de la asignación presupuestaria para la prevención. La Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC), un impuesto especial creado para financiar el Plan El Salvador Seguro, solo destina del cuatro al seis por ciento para atención a víctimas, del 20 al 30  por ciento para prevención de la violencia, “y el resto es puro bono para policías, militares, compra de aire acondicionado para la Fiscalía…”- señala Reyna -“mover el presupuesto a un 70 u 80 por ciento para prevención sería súper novedoso, que es lo que está en el Plan El Salvador Seguro pero nunca se hizo”.

La abogada que quiere ser ministra y el diputado que no rechaza el ministerio

Mientras el presidente electo y sus colaboradores más próximos no dan información sobre los próximos funcionarios de seguridad pública, algunos personajes cercanos a Bukele ya se han mostrado interesados.

El primero fue Guillermo Gallegos, diputado y dirigente del partido Gana, quien dijo durante una entrevista televisiva el pasado 17 de enero que no había pedido ser el próximo ministro de seguridad, pero que sí está interesado en el combate a la delincuencia.

“Sí me gustaría (un puesto en el gabinete) por el tema de la delincuencia, pero no estoy desesperado por eso, tengo mi cargo dentro de la Asamblea Legislativa, no lo descarto ni lo afirmo”, dijo el diputado durante la entrevista en Noticiero Hechos.

La posibilidad de que Gallegos llegue a un puesto en seguridad pública ha estado cargada de polémica, precisamente por su posición a favor de la pena muerte y a armar a grupos de autodefensa ciudadana para combatir a las pandillas. Gallegos ha defendido estas acciones desde su cuenta personal de Twitter y las define como “defensa propia”.

“Aquí ha habido demasiado proteccionismo, de quererlos proteger (a los pandilleros) y velar por ellos, y se olvidan de los policías (…) pero matan a un pandillero y sale un coro de gente diciendo que se han violado los derechos humanos. ¿Cuántos policías hay procesados hoy en día por enfrentamientos donde terminaron heridos o le dieron muerte a un pandillero?”, dijo Gallegos durante la entrevista, para luego hacer referencia a su agenda parlamentaria que incluye mejoras en las condiciones de trabajo de los policías.

Bertha Deleón confirmó a Revista Factum que le ha pedido la cartera de Seguridad al presidente electo y que ella se enfocaría en el diálogo con las pandillas. Deleón es abogada particular y ha sido defensora de Nayib Bukele en varios casos penales. También ha trabajado como fiscal y en la defensa de los derechos humanos como abogada en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y actualmente con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

“Yo le he dicho (a Nayib Bukele): puedo colaborarte en el tema que te interesa, en seguridad. Creo que estoy capacitada. Trabajé en los juzgados de lo Penal, en la Fiscalía durante siete años, es decir, sé lo que es, cómo intervienen en una comunidad, las ilegalidades y los delitos que muchas veces cometen contra los civiles…”

La abogada Bertha DeLeón, al centro en la imagen.  Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Sin embargo, Deleón es consciente de que su principal apuesta en seguridad, el diálogo con las pandillas, es demasiado impopular y por eso tampoco le extraña que no esté en el plan de seguridad de Nuevas Ideas. Pero critica que el documento no reconozca a las pandillas como un actor político fuerte que adquirió esa categoría desde la tregua gestada en 2012, durante el gobierno de Mauricio Funes. “Cualquier plan que se quiera poner en marcha con el tema de la seguridad tiene que comenzar por asumir que el diálogo es urgente, y es necesario”, sostuvo Deleón.

Por su parte, Gallegos no rechaza el diálogo, pero tampoco lo propone como una solución: “La única manera que yo le recomendaría (a Bukele) de poder dialogar con pandilleros es que acepten dejar de cometer delitos y acepten responsabilidades y para que cumplan una pena. (…) Yo no comparto mucho eso, son situaciones hipotéticas”, dijo el diputado durante la entrevista televisiva.

Aunque el plan de seguridad del presidente electo no incluye el diálogo ni acabar con las medidas extraordinarias en los centros penales que se aplicaron para combatir a las pandillas, Deleón mantiene su interés en ser parte del gabinete. Ella quiere tener el poder de tomar decisiones dentro de esa cartera y dice estar dispuesta a asumir el riesgo al fracaso si no funciona la estrategia.

“Si ya probaste todas las formas represivas posibles, si ya has tenido grupos de exterminio en la policía, que todavía hay ¿verdad?, y los enfrentamientos, y no lográs controlarlo…Yo creo que vale la pena experimentar con esas medidas de dialogar. Y por supuesto que tenés que tener a gente capaz al frente de ese diálogo y hacerlo de forma transparente”, asegura la abogada.

Si el contenido del plan de seguridad de Nayib Bukele tal como ha sido publicado, queda en firme para empezar un nuevo gobierno en junio próximo, y logra llevar adelante el fuerte componente policial, con mayor presencia en escuelas, zonas rurales y ámbito comunitario, este sería – según Aguilar- el pronóstico de un quinquenio donde se repetirán los abusos contra jóvenes y las violaciones de derechos humanos en zonas dominadas por pandillas.

“Sin duda que se prevé un aumento de abusos en contra de un segmento de la población que constituye el principal blanco de abusos y malos tratos policiales y militares. Lo único que se puede deducir de estas propuestas, es que no ha hecho un diagnóstico desde la perspectiva de los intereses de la población o que la perspectiva está sesgada al ser principalmente, de autoría policial”.

¿TE HA GUSTADO EL ARTÍCULO?

Suscríbete al boletín y recibe cada semana los contenidos en tu email.


Deja un comentario

Your email address will not be published.

3 Responses to “Un presidente joven con viejas ideas en seguridad”

  • «Lo único que se puede deducir de estas propuestas, es que no ha hecho un diagnóstico desde la perspectiva de los intereses de la población» Esta última parte es importante porque dice que desde la perspectiva de los intereses de la población, pero es muy ambiguo, no dice a qué población se refiere, si a la población honrada o la población delincuente. Porque estoy cien por ciento seguro que para la mayoría de la población honrada su único interés es que los pandilleros sean suprimidos a como dé lugar si es con pena de muerte mejor. Entonces si los intereses de las mayorías son esos, ¿ustedes seguirían criticando igual? Por supuesto ya sabemos de qué va este períodico «independiente».

  • Me gustó el comentario de revista FACTum pero quien lo narra al parecer vive en un conglomerado urbano y es lamentable que nadie se ponga en los zapatos de otro, habla mucho de derechos humanos, represión policial y militar de depurar los cuerpos de seguridad… Pero quien vive mejor de cerca los problemas de inseguridad por ambos bandos es la gente de clase baja, estamos a la espectativa o incertidumbre de como se desembolverá el próximo gobierno en área de seguridad y los felicito por tocar tan delicado tema… Pero nadie está exento de la delincuencia ni aún en el país con tecnología de última generación y si tan solo pudieran vivir tan solo un mes en mi colonia y ver todos los movimientos delincuenciales a vista de policías sin poder hacer algo me digeran con certeza qué soluciones propucieran al respecto.

  • Muy dificil el tratamiento del tema por un nuevo gobierno. Sobre todo cuando se sabe que muchos de los votos con que salió electo, provienen de manera directa de pandilleros y sus familiares en todo el país, que votaron con la esperanza de disminuír el aislamiento y el endurecimiento en los penales que se aplica actualmente a sus familiares detenidos y condenados. Y es que el tratamiento no debe darse como exclusivo de seguridad policial o militar, debe ser una propuesta mucho mas integral, con economía novedosa incluída, formación y educación en un formato nuevo fuera de la institucionalidad actual de la escuela formal, incorporación de tecnología y comunicaciones para nuevas formas de desrrollo, buscando con ello un impacto mucho mayor en la sociedad buscando la integración real que hasta ahora no ha existido como tal. Con los planes propuestos dirigidos a «prevenir» la incorporación de los más jóvenes al mundo de las pandillas, simplemente se estaría haciendo más de lo mismo. Creo que urge un debate mas amplio sobre el tema, que por supuesto involucra a los destinatarios mas que a cualquier otro grupo participante.