Por cada policía que murió en enfrentamientos armados en 2016 se registró el fallecimiento de 59 pandilleros. La cifra presentada por el SPASS ante la CIDH durante la audiencia temática realizada este 5 de septiembre en México denuncia que la proporción es excesivamente alta; parece más bien una estrategia letal, para aniquilar y no dejar apenas heridos, apuntó el comisionado de derechos humanos de la CIDH, James Cavallaro. De ser así, las acciones de exterminio contra pandilleros podrían considerarse más allá de una decisión personal en casos aislados– como justificó en la audiencia el viceministro de Seguridad, Raúl López- y ser una verdadera política de Estado para exterminar a los pandilleros.
Foto FACTUM/Archivo
La audiencia solicitada por el Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar presuntas ejecuciones extrajudiciales fue concisa, pero con mucha información y datos. Ambas instituciones documentaron casos a partir de informes oficiales de Seguridad, investigaciones periodísticas y denuncias de las víctimas durante los últimos tres años.
Verónica Reyna, del SSPAS, comenzó la presentación destacando tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2015 y con elementos comunes: todos fueron presentados como ataques armados donde la policía y la FAES actuaron por legítima defensa; la mayoría de las víctimas fueron presentadas como pandilleros incluso cuando no tenían antecedentes para vincularlos con estos grupos; y en los tres la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha concluido que hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad.
Reyna presentó también datos oficiales sobre el incremento de los enfrentamientos armados durante los últimos dos años, con el saldo de 1,415 personas fallecidas a manos de policías y militares, donde el 90 % de víctimas fueron pandilleros.
A partir de las estadísticas, la representante del SSPAS recalcó que, solo en 2016, se registró esta proporción: 59 pandilleros muertos por cada policía y militar que falleció en enfrentamientos. También mencionó la existencia de grupos de exterminio dentro de la policía y el ejército, como los casos documentados por Factum donde hay cuatro elementos de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) involucrados en ejecuciones extrajudiciales, fraude procesal por manipular escenas y agresiones sexuales a menores de edad. Además, recordó que la Fiscalía General de la República ya investiga tres casos de grupos de exterminio donde hay 14 policías y 15 militares involucrados.
El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López, presente en la audiencia ante la CIDH en representación del Estado salvadoreño, llegó a reconocer la posibilidad de abusos de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, aunque estos serían motivados por decisiones personales – expresó López – y no como una política de Estado.
El viceministro de Seguridad de El Salvador, Raúl López (derecha), durante la audiencia de la CIDH celebrada el 5 de septiembre en la Ciudad de México.
“No pretendemos afirmar que nuestro país se encuentra totalmente a salvo, en un clima de paz, sabemos que existe una crisis de violencia y que a veces pueden existir excesos como el mal proceder por parte de algunos miembros de la autoridad, pero eso hay que dejarlo claro: es una decisión personal, no una política del Estado”, dijo el viceministro López.
Sin embargo, los datos presentados por Reyna durante la audiencia parecen indicar otra cosa, observó James Cavallaro, el comisionado de la CIDH presente en la sesión, quien quiso saber más sobre la proporción de 59 muertes de pandilleros por cada policía y militar fallecido.
“La proporción entre personas muertas, cuando se trata de enfrentamientos reales, puede ser más o menos equivalente a dos o tres veces más en personas civiles que en policías, en función de la capacitación que se supone superior cuando se trata de policías. ¿Cinco veces más? ¿Diez veces más? Es muy, muy difícil… ¡¿Cincuenta veces más?! Yo puedo afirmar que no es posible que se trate de enfrentamientos, las cifras así se tratan de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución. Entonces, si esas cifras se repiten y ya hay muchos casos, ya estamos trabajando con un patrón de uso extremo y excesivo de la fuera letal por parte de los agentes del Estado”, expresó el comisionado Cavallaro.
El comisionado preguntó después sobre los datos de personas heridas en estos enfrentamientos armados para analizar la dimensión y proporcionalidad de los hechos, al explicar que “cuando hay más personas muertas que heridas es porque no son enfrentamientos”. Además, demandó al Estado que los proporcionara en la visita que la CIDH espera realizar próximamente para examinar la problemática desde el terreno.
Entonces, Reyna pidió la palabra y respondió. “Según una publicación del medio digital El Faro, entre enero de 2015 y agosto de 2016 se registraron 1,074 enfrentamientos armados que provocaron 693 muertes y 255 heridos, la mayoría de ellos supuestos pandilleros. El coeficiente de letalidad es de 2.72 cuando según expertos debe ser inferior a 1”, agregó la peticionaria.
La audiencia ante la CIDH cerró con la respuesta del viceministro López, quien descartó que exista una política de exterminio por parte de las fuerzas de seguridad: “Hemos conocido de casos donde algunos elementos de la PNC y la Fuerza Armada se han visto involucrados en violaciones de derechos humanos y los hemos investigado, los hemos procesado y los hemos sancionado. Como Estado no hemos dado instrucciones de que violen los derechos humanos de las personas, al contrario, la orden es que se sirva y se proteja a la ciudadanía respetando los derechos humanos, nuestra normativa interna y la Constitución de la República”.
Vea la audiencia pública completa: Denuncias de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador en 164 Periodo Extraordinario de Sesiones de la CIDH en México. Martes 5 de septiembre de 2017.
| Estos son los casos denunciados por Idhuca y SSPAS donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos determinó que se cometieron ejecuciones extrajudiciales:
– La masacre de ocho personas en una finca de La Libertad, caso finca San Blas, ocurrido el 26 de marzo de 2015; donde seis de las víctimas eran pandilleros. La mayoría de víctimas recibieron más de 10 disparos en el cuerpo, algunos en el cráneo y la espalda. – El segundo caso fue registrado el 30 de abril de 2015 en el cantón San Felipe de San Pedro Masahuat, donde fallecieron tres personas: una policía y dos supuestos pandilleros. Este es el caso de los esposos Óscar y Saidra Mejía, que recibieron numerosos disparos de bala en la espalda y no tenían vínculos con las pandillas. De hecho, Saidra era hermana de un agente policial. Su caso aún no ha sido investigado, señaló Reyna. – El tercer caso documentado sucedió el 15 de agosto de 2015 en el cantón Pajales, de Panchimalco, donde murieron cinco pandilleros, dos eran adolescentes. La PNC dijo que se trató de un enfrentamiento armado , pero la versión de varios testigos es que todos fueron asesinados por policías y militares. Una de las testigos desapareció a los tres días, otro testigo ha sido detenido sin justificaciones y está siendo procesado.
|
Opina