Luego de las elecciones del 28 de febrero del 2021, entre los ganadores se destaca la noción de haber conseguido una oportunidad de oro. Aunque la idea está relacionada más al ámbito fiscal, quiero hacer una reflexión personal.
Al leer la opinión de Horacio Castellanos Moya y de Héctor Lindo, recordé un debate filosófico sobre la democracia como forma de gobierno. Los críticos de la democracia procedimental argumentaban que la pérdida de legitimidad, cierto grado de anarquía y corrupción de los actores políticos y el rol utilitarista de las élites económicas socavan cualquier intento de convivencia democrática en los países como los de la Centroamérica histórica.
Y los argumentos son sólidos.
Décadas después de que Samuel Huntington incluyó a varios países de la región en la tercera ola democratizadora, Costa Rica, Panamá y El Salvador son clasificados como democracias incompletas. Por otro lado, Guatemala, Honduras y Nicaragua son regímenes híbridos.
Todos los países registran descendentes apoyos a la democracia, indiferencia entre vivir en un régimen democrático y uno no democrático, además de latentes crisis de legitimidad democrática que, junto a fenómenos como el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción, se combinan con la emigración, el desempleo y la pobreza.
Según el Estado de la Región Centroamericana (2016), el índice de democracia para el año 2015 ubicó a Costa Rica en la posición 23, a Panamá en la 45 y El Salvador en la 61. Las tres naciones fueron catalogadas como democracias imperfectas. Honduras, Guatemala y Nicaragua, que concentran la mayor proporción de la población regional, fueron incluidos en el grupo de regímenes híbridos, al ocupar los puestos 80, 84 y 95, respectivamente. Entre 2006 y 2015, solo El Salvador mejoró su valor en el índice, pero sin cambios en el régimen en que fue clasificado. En los demás casos, los resultados empeoraron. Guatemala y Honduras se consideraban democracias imperfectas y pasaron a la categoría de regímenes híbridos; y Costa Rica, que hasta 2014 se identificaba como democracia plena, en 2015 pasó a ser democracia imperfecta (Estado de la Región, 2016, página 255). Sin contar la nueva ola de cambios políticos entre los años 2017 y 2021.
En cuanto al apoyo a la democracia, el Latinobarómetro (2018) para el caso de Guatemala registró en el año 1996 un 50 por ciento de apoyo y en el año 2018 bajó a 28 por ciento. Para El Salvador, en 1996 tenía un apoyo de 56 por ciento y en 2018 fue del 28 por ciento. En el caso de Honduras, en 1996 se apoyaba en un 42 por ciento y en el año 2018 fue de 34 por ciento. En Nicaragua, en 1996 se apoyaba en un 59 por ciento y en 2018 fue de 51 por ciento. Para Costa Rica, en 1996 la democracia era apoyada en un 80 por ciento y en 2018 fue de 63 por ciento. Y en el caso de Panamá, en 1996 era de 75 por ciento y en 2018 registró 42 por ciento.
El mismo informe muestra la indiferencia de la población al elegir vivir entre un régimen democrático y un régimen no democrático. Para El Salvador, registró un 54 por ciento, seguido de Honduras, con un 41 por ciento. Luego aparecen Panamá y Guatemala, con 34 por ciento. Nicaragua registra un 25 por ciento y Costa Rica dice ser menos indiferente en un 18 por ciento.
En el caso de nuestro país, la evidencia histórica nos muestra y advierte. Por ejemplo, las tentaciones del poder absoluto con la dinastía de los Meléndez Quiñonez (1913-1927); el golpe de estado de la cúpula militar y la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez (1932-1944); la sucesión golpista, los fraudes electorales a la voluntad popular, la represión y terrorismo de estado vividos en el período de la dictadura militar (1945-1979). Con la guerra civil y el fin de la dictadura vinieron otras formas de gobierno híbridas como el caso del gobierno de guerra de José Napoleón Duarte (1984-1989); el gobierno de plutócratas de Alfredo Cristiani (1989-1994); el gobierno de tecnócratas con Armando Calderón Sol (1994-1999); el gobierno autoritario y punitivo de Francisco Flores (1999-2004); el gobierno populista (y corrupto) de Antonio Saca (2004-2009); el gobierno reformista pero trunco de Mauricio Funes (2009-2014); y el gobierno de regentes en el caso de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Ante tal desoladora evidencia, no debemos olvidar los hechos que fueron parteaguas en nuestra historia reciente: la guerra civil, la Constitución Política de 1983, los Acuerdos de Paz de 1992 y las reformas constitucionales a raíz de los compromisos firmados (judiciales, electorales y de seguridad pública), que sentaron las bases de una democracia procedimental. Todo esto nos llevó a respetar los resultados de las urnas y silenció los fusiles.
Esta democracia procedimental en teoría debía dar sus frutos, reproduciendo más y mejores conductas democráticas, renovando o creando una cultura democrática. No sucedió.
Las élites creyeron que la economía era la única pieza clave. Se abrazaron a las ideas neoliberales y aplicaron, a rajatabla en algunos casos, el Consenso de Washington: la austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados. No necesitaban ciudadanos, sino mano de obra barata. El rebalse del crecimiento económico sería la pomada mágica para dar solución a las demandas sociales (educación, salud y seguridad) de la población. En cuanto a las demandas históricas de justicia, verdad, reparación y no repetición, estas fueron vetadas, silenciadas y olvidadas.
La demonización de la oposición política ante la opinión pública, el hiperpresidencialismo, la aritmética legislativa, el veto al pluralismo en la Corte Suprema de Justicia y otros órganos judiciales y el reparto de la cosa pública y de las instituciones de control entre los partidos políticos poco a poco degeneró la democracia procedimental y aumentó el descrédito ante la población.
La cooptación del estado para beneficiar a la élite económica, la captura de las políticas públicas, las redes clientelares que asolan la estructura burocrática del estado (judicial, legislativo, ejecutivo), junto a la corrupción y la pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos, son elementos estructurales, forjados a través del tiempo, que limitan a los agentes.
La pobreza multidimensional, la desigualdad material, económica y espiritual, junto a la exclusión política de grandes contingentes de personas, contrasta con islotes de opulencia, derroche de recursos y desconexión social de grupos y estamentos privilegiados.
El cambio generacional, demográfico y cultural también se refleja en el patrón de empleo, consumo y educación de la población en edad laboral. Los salvadoreños, en promedio, son jóvenes, viven en zonas urbanas, su nivel educativo se estanca en la educación media en el área urbana y en educación básica en lo rural. Sus costumbres y prácticas culturales están asociadas al consumo. Su perfil es conservador en sus creencias religiosas, intolerante y con un núcleo de valores patriarcal. Somos, en su mayoría, una sociedad iliberal, violenta, consumista, capaz de cruzar tres fronteras y asumir sus peligros, pero incapaces de exigir a los actores y al sistema político derechos elementales de educación, salud, seguridad y trabajo. Son los agentes incapaces de reconocer las estructuras que los limitan.
Por otro lado, las minorías, educadas o con cierta riqueza financiera, también poseen múltiples agendas o valores contrapuestos, algunas liberales o progresistas y otras claramente conservadoras. Somos un país fragmentado.
La victoria electoral de Nayib Bukele en 2019 y del partido Nuevas Ideas en 2021 son síntomas claros de un cleaveage histórico. También, dados los resultados, una oportunidad de oro.
En términos democráticos, la oportunidad de oro es la jubilación de los viejos políticos que degeneraron la democracia procedimental y socavaron los intentos de crear una democracia sustantiva.
La oportunidad de oro para reformar y crear una nueva institucionalidad que se apegue al estado de derecho, que liquide las viejas prácticas corruptas y clientelares en el estado.
La oportunidad de oro es la regeneración política de los viejos partidos y la nueva propuesta democrática de los noveles partidos políticos para dar solución a las demandas de la ciudadanía.
La oportunidad de oro es retomar las banderas por los derechos económicos, sociales, culturales y políticos para las nuevas generaciones (de todas las ideologías), tanto para reformar las estructuras como para iniciar el proceso de cambio cultural de los agentes.
Oportunidad de oro para que la Universidad de El Salvador sea una voz activa, crítica y protagónica en el quehacer democrático del país. Que asuma, junto a la docencia, la investigación y la extensión universitaria, como función esencial, el preservar la memoria histórica de la sociedad.
La oportunidad de oro de la juventud y las mujeres en primera instancia para asumir el liderazgo y la responsabilidad de construir lo que sus padres no lograron: una democracia sustantiva para todas y todos.
La oportunidad de oro para los movimientos sociales y los sindicatos de la esfera civil, coartados por viejas taras, pueden impulsar sus agendas sectoriales y nacionales. Protección ambiental, derecho humano al agua y la alimentación, salarios mínimos justos, agenda paritaria, derechos reproductivos, protección social universal, protección previsional sin mercantilización, etcétera.
La oportunidad de oro para que las organizaciones de la sociedad civil puedan, sin compromisos partidarios, impulsar las reformas al aparato del estado en pro de mayor rendición de cuentas y transparencia.
La oportunidad de oro es reconocer la necesidad del cambio social para cumplir los derechos humanos de la población, cuyo camino debe ser democrático, justo, legítimo, legal, transparente, honesto y, sobre todo, pluralista.
Finalmente, recuerdo que aquel debate sobre las formas de gobierno se zanjó con una frase contundente que a todo ciudadano o ciudadana debería hacer reflexionar en los tiempos que se avecinan: “Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”.
Referencias
García, J. (27 febrero 2021). El País. Entrevista a Castellanos Moya: “En Centroamérica nos gustan los caudillos”. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2021-02-27/en-centroamerica-nos-gustan-los-caudillos.html
Lindo, H. (11 marzo 2021). El Faro. “Los peligros del poder sin barreras”. Recuperado de: https://elfaro.net/es/202103/columnas/25328/Los-peligros-del-poder-sin-barreras.htm
Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2016). Quinto Informe Estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible. PEN San José, Costa Rica.
Latinobarómetro (2018). Informe 2018. Corporación Latinobarómetro, Santiago de Chile.
*Willian Alirio Martínez es economista. Sus opiniones son a título personal, amparado en el derecho a la libertad de expresión, según el artículo 6 de la Constitución Política de El Salvador del año 1983.
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