La MS13 llega al Senado en la era Trump

El miércoles 24 de mayo el comité de seguridad interna y asuntos gubernamentales de la cámara alta del Congreso en Washington pidió a tres jefes policiales de Maryland, Nueva York y Massachusetts que explicaran cómo han lidiado con la pandilla centroamericana y su renovada brutalidad. Los tres policías y varios senadores volvieron a decirle al partido republicano que las medidas anunciadas por la administración Trump son una receta para el fracaso. Uno de los policías atribuyó la nueva violencia a la tregua salvadoreña pactada entre 2012 y 2013.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

La abogada, desde su asiento, interroga al testigo con lógica implacable.

—Lo que queremos hacer no es solo arrestar al malo, queremos procesarlo y condenarlo en una corte… Y la única manera de hacer eso es con pruebas sólidas…

Pausa antes de la pregunta.

—¿Está de acuerdo en que las políticas de ICE (siglas en inglés de la Agencia de Migración y Aduanas de los Estados Unidos) han tenido un efecto devastador en la confianza que necesitamos de la comunidad para lograrlo?

El testigo, un policía, asiente desde donde está sentado, con su uniforme azul enmarcando una cabeza retocada por una melena canosa, completamente blanca. El policía lleva ya varios años en el asunto de investigar y perseguir a las pandillas centroamericanas.

— Lo creo, responde el comisionado.

La abogada cierra su argumento con cifras, dirigiéndose esta vez más a la audiencia presente en el salón que al testigo. Es una pregunta retórica.

—¿Sabe que después de marzo, cuando ICE empezó sus redadas, en el condado de Los Ángeles las denuncias por abuso sexual en las comunidades latinas bajaron un 25%…?

El policía responde con el relato de un hecho reciente que ocurrió en su jurisdicción.

—Un hombre estaba golpeando a una mujer adentro de un carro. Dos jornaleros que estaban cerca los vieron… No preguntamos por su situación (migratoria), pero uno la puede inferir. Cuando los patrulleros llegaron, los jornaleros no se fueron, sino que hablaron con ellos (los agentes) en español. Si no hubiéramos tenido buena reputación, no hubieran hablado con nosotros.

La abogada se llama Kamala Harris. Fue fiscal distrital de San Francisco, California, y recién fue elegida senadora de los Estados Unidos por el partido demócrata. El policía se llama J. Thomas Manger y es jefe en el condado de Montgomery en Maryland, aledaño a Washington, DC, desde 2004.

El intercambio entre senadora y jefe policial ocurrió en la audiencia sobre la pandilla MS13 que el comité senatorial de seguridad interna, presidido por el republicano Ron Johnson, convocó el miércoles 24 de mayo. La audiencia es una de 25 convocadas hasta ahora para discutir la seguridad fronteriza de los Estados Unidos.

Antes de aplicar su lógica de fiscal en la audiencia, la senadora Harris había resumido su posición respecto a la política instaurada por la administración del presidente Donald Trump respecto a la MS13, que incluye, según han explicado sus funcionarios, privilegiar las deportaciones y la represión policial, además de asociar los actos criminales de la pandilla con migrantes indocumentados procedentes del norte centroamericano.

“Una de nuestras mejores herramientas es la confianza de la comunidad. Si se rompe la confianza el esfuerzo de nuestras policías y fiscales se rompe…”, considera Kamala Harris. Para entender del todo la frase, no obstante, hay que retroceder al menos una hora y media en la audiencia senatorial, cuando el republicano Johnson la abrió con un golpe de efecto.

El comisionado Timothy Sini, de Nueva York; el detective Scott Conley, de Massacusetts; y el comisionado Thomas Manger, de Maryland, en audiencia sobre la MS13 en el Senado de los Estados Unidos. Foto Factum/Héctor Silva Ávalos.

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El senador Ron Johnson cumplió, primero, con las formalidades. Agradeció la presencia de los comisionados Manger y Timothy Sini, del departamento de policía del condado de Suffolk en Nueva York, y la del detective Scott Conley, de la policía de Chelsea en Massachusetts. Luego procedió a juramentarlos como testigos.

Acto seguido, la sorpresa.

El martes por la noche, a pocas horas de la audiencia, Johnson había firmado un documento oficial en el que denunciaba, basado en datos proveídos por un informante anónimo (whistleblower, lo nombró en inglés), que agencias del gobierno federal habían sido negligentes a la hora de detectar la presencia de miembros de la MS13 entre menores indocumentados sin compañía detenidos por la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) en Nogales, Arizona, en 2014.

El 5 de julio de 2014, justo en el clímax de la crisis generada por el aumento en las detenciones de menores indocumentados provenientes de Centroamérica, agentes del CBP observaron graffitis pandilleros en los baños del centro de detención de Nogales. Al menos 16 jóvenes, contó el informante al senador Johnson, aceptaron ser miembros de la MS13.

Otro documento, sigue la carta de Johnson, certifica que los jóvenes fueron transferidos a centros de detención juvenil en los estados de Virginia, Washington, Texas y Oklahoma.

Parte de la documentación presentada por el senador Ron Johnson en la audiencia sobre la MS13 en el Senado de los Estados Unidos.

“Estos documentos parecen demostrar que el gobierno federal, con conocimiento, trasladó a miembros de pandillas de Nogales, Arizona, a centros en comunidades a lo largo del país. Como se sabe, es común que los UAC (menores indocumentados sin compañía) sean liberados de los centros de detención mientras esperan por sus citas en las cortes (migratorias)”, asocia sus ideas Johnson. Luego, no obstante, admite que ni él ni su informante saben si los menores protagonistas de su carta fueron liberados.

Para cerrar su argumento, Johnson también acude a las cifras.

De los 188,000 UAC detenidos entre 2012 y 2016, el 68% son hombres entre 15 y 17 años, los cuales, dice Johnson, son el grupo más vulnerable al reclutamiento por la MS13. En esto último policías consultados por Factum dan la razón al senador. Los datos del republicano, sin embargo, no incluyen cifras exactas de UAC relacionados con pandillas.

La lógica del jefe del comité apareció, en la audiencia senatorial, alineada con la narrativa de la administración Trump. Tanto el presidente como su fiscal general, Jeff Sessions, han dicho que el repunte en homicidios atribuidos a la MS13 en ciudades de la costa este de los Estados Unidos tiene que ver, en parte, con la migración reciente de UAC desde el Triángulo Norte de Centroamérica. La opinión de los policías citados es mucho más sofisticada y, en esencia, refuta esa presunción.

El comisionado Conley, de Suffolk, dice de los menores indocumentados sin compañía que llegan a comunidades estadounidenses tras ser detenidos en la frontera: “La mayoría son chicos buenos que vienen buscando una vida mejor, pero son vulnerables al reclutamiento. Nosotros, no la pandilla, debemos proveerles el apoyo”.

Manger, de Maryland, coincide: “Los UAC son una oportunidad perfecta de reclutamiento para la pandilla; son jóvenes que no tienen ninguna de las redes de apoyo social que nosotros hemos tenido, la familia, la escuela, la iglesia…”

La senadora Claire McCaskill, demócrata de Misuri y segunda al mando del comité, también refuta a su colega republicano. “Están (los menores indocumentados) en nuestras comunidades y lo que hacemos con ellos impacta la voluntad de la gente para denunciar a los que son criminales”, dice. Y, sobre las revelaciones de su colega republicano, añade: “Quiero que seamos muy cuidadosos con documentos que hemos publicado y hemos hecho parte del discurso público sin saber exactamente de qué se trata”.

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El 27 de marzo, agentes del FBI arrestaron a cuatro jóvenes latinos en Central Islip, Nueva York. Fiscales del distrito este de ese estado los acusan de participar en los homicidios de Kayla Cuevas y Nisa Michkens, dos adolescentes que estudiaban en una secundaria de Brentwood, en Long Island, un suburbio de la Gran Manzana. En total, 14 personas, tres de ellas vinculadas a la MS13, están en custodia por los homicidios.

Los asesinatos de Long Island son argumento esencial en la retórica de la administración Trump que aboga por utilizar las deportaciones como herramienta principal contra la pandilla.

El comisionado Sini, presente en la audiencia del miércoles, es uno de los policías que ha investigado los homicidios de Kayla y Nisa, así como otros más recientes de cuatro jóvenes, atribuidos también a la MS13. No parece, de entrada, un hombre que profese simpatía alguna por los asesinos de la pandilla. El suyo, sin embargo, no es un enfoque que incluya criminalizar a la comunidad en el que la MS13 está incrustada. Al contrario, para este comisionado, buena parte de su éxito depende de la confianza que sus agentes sean capaces de despertar entre los latinos.

Los arrestos en los casos de Kayla y Nisa le sirven para explicar su tesis.

Sini es parte de una fuerza de tarea especial formada desde el FBI para atender el problema de la pandilla en el área de Long Island. Buena parte de las investigaciones de ese task force, incluidas las que llevaron a los arrestos por los homicidios de las dos chicas asesinadas, están basadas en inteligencia proveída por la comunidad.

Fue esa relación con la comunidad la que permitió, en primer lugar, asociar el asesinato de Kayla Cuevas con la MS13. “La investigación nos indicó que Kayla había tenido una discusión en la escuela con alguien de la pandilla”, afirma Sini.

Es la inteligencia policial, dice Sini, la que les ha permitido identificar a los pandilleros, a los líderes, y asignarles agentes que los investigan contrarreloj para “generar evidencia” que sirva para condenarlos en las cortes.

Tanto Sini como sus dos colegas, Manger de Maryland y Conley de Massachusetts, ponen a la relación comunitaria como punto esencial en sus estrategias antipandillas. En el caso de Suffolk la estrategia ha sido exitosa si, dice Sini, se aprecia la baja sostenida en homicidios atribuidos a la pandilla en los últimos años; Manger habla de algo similar en Montgomery.

Pero hoy, en la era Trump, el asunto de la relación con las comunidades es por demás difícil.

Es, de nuevo, la senadora Kamala Harris quien con su lógica de litigante pide a los policías de Maryland y Nueva York que expliquen las consecuencias de que sus respectivos condados se hayan negado a cumplir los lineamientos de la administración Trump en asuntos migratorios relacionados con los indocumentados centroamericanos y la MS13. La clave está en tres números y una letra: 287G, identificación de la provisión legal emitida por ICE que permite a las policías locales atribuirse la potestad de identificar y arrestar indocumentados.

Miembro de la MS13 deportado a El Salvador. Foto Factum/Archivo.

La Casa Blanca ha dicho con claridad que los condados y ciudades que no se apeguen a estas políticas pueden perder el financiamiento que reciben del gobierno federal, lo cual, dicen los jefes policiales, sería devastador para sus respectivos departamentos.

“Tenemos que crear un ambiente de confianza con la comunidad para ser exitosos… Seguir la 287G lastima nuestra habilidad de ganar confianza y hacer casos fuertes con los fiscales”, explica el comisionado Manger.

El policía de Maryland sabe de lo que habla. En 2007, cuando él ya tenía unos tres años de ser jefe policial en el condado de Montgomery, las investigaciones de sus agentes y del FBI permitieron a fiscales distritales condenar a dos decenas de miembros de la Mara Salvatrucha acusados de homicidios, posesión de armas y venta de drogas. Uno de los acusados en ese caso federal es Saúl Ángel Turcios, alias Trece y miembro del liderazgo de la MS13 encarcelado en El Salvador.

Parte de la audiencia sobre la MS13 en el Senado de los Estados Unidos (el vídeo está en inglés).

Scott Conley, el policía de Massachusetts, puede hablar de una experiencia similar. El año pasado, gracias en parte a sus investigaciones, fiscales distritales de su estado acusaron a 61 personas, la mayoría asociadas a la MS13, de 6 homicidios y 20 homicidios tentados.

En ambos casos, Maryland y Massachusetts, los fiscales aplicaron la ley contra el crimen organizado (RICO, en inglés) para lidiar con la pandilla, lo cual les exigió trabajar mucho en las pruebas de los crímenes, pero también en las que hablaran de la estructura criminal y de la participación de los implicados. Para eso, delinea Conley su estrategia: “desarrollar fuentes humanas… que su inteligencia sirva a los fiscales”.

Hacerlas de policías migratorios, dicen los tres jefes que llegaron el miércoles al Senado, no les ayuda a combatir a la MS13.

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San Salvador está a poco más de 5,000 kilómetros del edificio Dirksen del Senado en Washington, en cuyo salón SD-342 se realizó la audiencia sobre la MS13. Pero los ecos que llegaron hasta aquí de la pandilla, de su versión centroamericana, son fuertes.

En sus testimonios, los jefes policiales, delinearon la evolución más reciente de la pandilla en la costa este de la Unión Americana.

La tregua salvadoreña de 2012, dicen, mejoró la comunicación entre los jefes presos en El Salvador y miembros de la pandilla en ciudades como Washington, Boston y Nueva York. A diferencia de lo que ocurre en la costa oeste, donde la MS13 responde a otras organizaciones como la eMe o Mexican Mafia, en el este no hay liderazgos definidos, por lo que la palabra de la ranfla salvadoreña es más fuerte.

“La tregua entre la MS13 y el gobierno de El Salvador provocó un aumento de la violencia aquí”, aseguró el comisionado Manger de Maryland. Es una afirmación que los policías estadounidenses, locales o federales, no suelen hacer con ligereza. Desde El Salvador han llegado, entre otras, instrucciones de ampliar el reclutamiento en estas ciudades, tal como reveló Factum.

“Por primera vez estamos viendo una conexión directa de los jóvenes pandilleros en El Salvador, Guatemala y Honduras con los líderes de la costa este”, dijo el comisionado Sini de Suffolk al comité senatorial. Conley explicó que, en Massachusetts, la mayoría de miembros de la MS13 no están tatuados y tienen trabajos. “Alguna vez, cuando hemos ido a arrestar a alguno a algún restaurante sus jefes se han mostrado extrañados y nos han dicho que son buenos trabajadores”, contó el policía.

Conley y Sini coincidieron en que la MS13, en la costa este, no está definida por actividades criminales como el narcotráfico o la trata de personas. Para estos pandilleros, dice el detective de Chelsea, la violencia es muchas veces un fin en sí mismo y no un medio para ejecutar alguna acción criminal.

Sini explica así esta particular naturaleza de la pandilla según él la ha visto en los suburbios de Nueva York: “Existen para generar lealtades, si es necesario macheteando gente […] Cometen los actos más horribles […] decapitaciones […] en parte para mantener su reclutamiento activo”. El policía, no obstante, adelanta que es muy posible que en un futuro cercano clicas más fortalecidas en la Costa Este busquen mayor participación en empresas regionales de narcotráfico.