La malacrianza machista

Las tres adolescentes de octavo grado quedaron embarazadas con pocos meses de diferencia. Las tres abandonaron sus estudios en el centro educativo de Cojutepeque este año. La presión social y la discriminación las hizo tomar la decisión: se retiraron del centro educativo.

Una de sus compañeras comentaba que una de las jovencitas era igual que la madre. El embarazo de la adolescente de 14 años provocó todo tipo de comentarios por parte de estudiantes del mismo centro educativo. Su reputación y la de su madre fueron cuestionadas, así que ella optó por dejar de estudiar. Ya estaba acompañada con su novio, un joven de unos 17 años quien sí continuó estudiando.

Mientras tanto, en un centro educativo de Chalchuapa, una madre menor de edad casi tuvo que entablar una demanda legal para que la dejaran formar parte de la banda de paz. El argumento para no aceptarla es que quienes ya son madres no pueden ser un rostro visible del centro educativo.

En otra escuela de Chalatenango, una estudiante ya no podía vestir las mismas calcetas que sus compañeras “porque ya no era una niña”. Tal cual fuera una letra escarlata que debían de portar, estas prácticas discriminatorias no son exclusivas de los centros educativos, pues suceden en otros espacios como la familia, la comunidad y la iglesia.

A la discriminación y violencia de género que experimentan a temprana edad las menores de edad embarazadas, se suma el hecho de tener que abandonar sus estudios. De acuerdo con el estudio: “Maternidad y unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos”, realizado entre adolescentes de 10 a 17 años, quienes tuvieron un parto en 2012 en instituciones de salud pública, “se identificó que aproximadamente el 40 % de estas adolescentes estaban estudiando al momento del embarazo y tres de cada cuatro adolescentes abandonaron sus estudios con un promedio de escolaridad de 5,7 años”, cita el informe publicado en 2016. El estudio revela también que solo la cuarta parte de las niñas y adolescentes que abandonan la escuela a causa del embarazo retorna a sus estudios después del parto. Este estudio reporta que seis grados es el promedio de escolaridad de las niñas y adolescentes de 10 a 17 años que tuvieron un parto en 2012.

En 2016, el Ministerio de Salud (Minsal) registró un promedio de 55 embarazos al día en adolescentes de 10 a 19 años (20 mil 241); en ese mismo período de tiempo, el Instituto de Medicina Legal registró 1,844 niñas y adolescentes violentadas sexualmente (alrededor de cinco casos diarios). En el 80 % de estos casos, las violaciones fueron perpetuadas por un familiar o conocido.

En este artículo de opinión no recojo las frases y comentarios que he escuchado sobre menores de edad embarazadas porque considero que reproducirlos no es la manera de resolver el problema; sin embargo, entiendo el propósito del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) al lanzar el 16 de noviembre una campaña de choque #DOYELROSTROPORELLAS que busca concientizarnos sobre la discriminación que sufren niñas y adolescentes embarazadas en nuestro país. Los mensajes que aparecían en mupies y pantallas digitales eran fuertes, tan fuertes; sin embargo, han sido normalizados y reproducidos infinidad de veces. Yo los he escuchado en tantas ocasiones desde que tengo uso de la razón, y últimamente en mi trabajo de campo en centros educativos continuó escuchando esa herencia maldita, misógina, de boca de adultos, profesores, líderes religiosos, madres, padres, familiares de las embarazadas y de personas menores de edad. Esa herencia que impide reconocer que una víctima de violencia sexual es una víctima y que tener relaciones sexuales con personas menores de edad es un delito en todas sus formas.

Esta campaña que indignó a varias personas en las redes sociales trajo a cuenta una discusión que obviamos y que postergamos: necesitamos reeducarnos. Necesitamos una convivencia sana y prevenir la violencia basada en género. Sí, esa violencia por la que cada cuatro horas y 42 minutos una persona es violada en El Salvador; esa violencia que en cifras indica que el 79 % de las víctimas de abusos sexuales son menores de 17 años; y que indica que dos de cada tres mujeres sufra violencia física o sexual. De acuerdo con ONU Mujeres, en algunos países del mundo hasta una tercera parte de las adolescentes afirma que su primera relación sexual fue forzada.

El estudio del UNFPA recoge que “en El Salvador entre las niñas de 10-12 años, el 22 % de los nacimientos fueron producto de agresiones sexuales de un familiar; mientras que, entre las de 15-17 años es menor al 1 %. El 38 % de las niñas entre 10-12 años reportó expresamente que fue obligada a mantener relaciones sexuales, proporción cuatro veces superior al del grupo de 15-17 años. Entre los principales perpetuadores de estas violaciones destacan padrastros y primos”.

A la violencia sexual podemos seguir sumando más estadísticas que deberían de darnos escalofríos. Cifras que deberían indignarnos. El Salvador es el país de América Latina que registra más homicidios —cometidos con armas de fuego— contra mujeres. De enero a octubre de 2017 hubo 395 feminicidios. Es decir, uno cada 18 horas. Sin embargo, en junio una mujer fue asesinada cada 16 horas, esto de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal (IML).

Los feminicidios, en su mayoría, fueron cometidos por las parejas de las mujeres. El Observatorio de violencia de Ormusa revela —de acuerdo con datos registrados en el monitoreo de medios— que 13 mujeres fueron asesinadas por sus parejas de enero a octubre. Y más de la mitad de las mujeres asesinadas (53.98 %) tenía entre 15 y 34 años. En 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el victimario era su compañero sentimental o un miembro de la familia.

Las cifras indican que los feminicidios van al alza. En 2016, 524 mujeres fueron asesinadas; mientras que, en 2015, fueron 574. En 2015, los departamentos que reportaron las tasas más altas de muertes violentas por cada 100 mil mujeres fueron Cuscatlán (28.1); San Salvador (23.4) y La Paz (22.9), de acuerdo con el “Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres. El Salvador”, elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). Y los únicos departamentos que reportaron tasas menores a 10 muertes violentas por cada 100 mil habitantes fueron Morazán (6.7) y Chalatenango (8.5). Las estadísticas de 2015 también revelan que el 75.8 % de los feminicidios fue cometido con arma de fuego.

El informe recoge además una constante con respecto al grupo etario más letal: el 41.11 % de las mujeres asesinadas en 2015 eran jóvenes entre los 15 y 29 años.

“Los datos revelan que el riesgo de muerte para las mujeres se mantiene durante su edad productiva y las cifras no dejan de ser considerables para las mujeres adultas mayores. Sin embargo, las estadísticas muestran que a medida que aumenta la edad de las mujeres, el riesgo de muerte tiende a disminuir”, se analiza en el documento.

Hoy, domingo 10 de diciembre, celebramos el Día de los Derechos Humanos. Este coincide con el cierre de los 16 días de activismo naranja que se realizan a nivel mundial para llamar la atención sobre la violencia de género. La campaña que arrancó en el marco del 18 aniversario de la celebración del día internacional y nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas pretende despertarnos de ese mutismo que indica que una de cada tres niñas y mujeres experimenta episodios de violencia a lo largo de su vida…somos demasiadas. Para el caso de El Salvador, el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres realiza una campaña para llamar la atención de la sociedad salvadoreña sobre la situación del #Feminicidio en el país. El feminicidio constituye la máxima expresión de discriminación, violencia y la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres, ya que tiene consecuencias en las familias, las comunidades y el país, además de ser un problema social, económico y político que alcanza proporciones escandalosas en El Salvador.

Al igual que al GASC de ONU Mujeres, me preocupa la nada honrosa posición de El Salvador por su alta tasa de homicidios violentos contra las mujeres: somos la tercera nación a nivel mundial, solo superados por Siria y Lesotho, de acuerdo con el informe de la oenegé The Small Arms Survey 2016. Me preocupan todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, que amenazan con convertirse en un signo infinito. Abogo por un día utópico en que dejemos de leer en los periódicos que el asesino deja una nota a la par del cadáver que dice: “Por infiel te mato”, como en el caso de Marleny Canales, quien fue estrangulada por su pareja en La Unión, en noviembre de 2015.

Estas cifras deben alarmarnos.

Coincido con Ricardo Valencia  en que: “la lucha contra la violencia que mata a miles de hombres salvadoreños al año no implica renunciar a la lucha por que las mujeres no sufran de vejámenes y acoso que pocos hombres han experimentado o sufrido”. No creo que debamos de esperar a que las cifras de feminicidios aumenten para considerarlas el problema real que ya es. Tal y como explica Bernardo Kliksberg, sociólogo y economista, la única manera de frenar la violencia de género es mediante la rebelión de hombres y mujeres. “Todo hombre que tiene ética debería empezar por aplicarla con las mujeres que tiene en derredor, sin las cuales no existiría, directamente. La discriminación de género no se va a mover si no hay rebelión, si no hay indignación y lucha de hombres y mujeres, siempre no violenta”.