Un violador, y un sistema que revictimiza, en tu camino

Una joven que fue víctima de violación narra la doble agresión que sufrió: una física, porque uno de sus mejores amigos abusó de ella; y la otra psicológica, porque el proceso legal para conseguir justicia le causó repercusiones en su salud mental al punto de obligarla a migrar. En El Salvador, apenas uno de cada diez casos de violencia sexual terminan en una condena.

Fotos FACTUM/Natalia Alberto

Mayela Zelaya fue víctima de violación sexual cuando tenía 19 años. La madrugada del sábado 14 de abril de 2018, David Alejandro Menéndez, su entonces amigo, abusó sexualmente de ella. Maye, como prefiere que la llamen, interpuso una denuncia dos días después. Su agresor fue condenado a seis años de prisión tres años más tarde. Pero para llegar hasta allí, ella tuvo que pasar por otro tipo de agresión: la de un sistema que no está preparado para atender a víctimas de delitos sexuales.

Los últimos tres años no fueron nada fáciles. Mientras atravesaba el proceso judicial, asegura que recibió intimidación por parte de amigos de su abusador y, por ello, en agosto de 2018 decidió dejar el país por seis meses, mientras atravesaba problemas de depresión, ansiedad y las secuelas de un intento de suicidio. 

Mayela califica todo el proceso como “revictimizante y cero empático”. La revictimización se da cuando el sistema de justicia somete a una víctima a una situación casi de tortura emocional y estrés. Según explica la psicóloga Gloria Valenzuela,  ocurre cuando la víctima acude a las instituciones para que su agresor reciba un castigo, y le toca  revivir una y otra vez el hecho porque tiene que explicar varias veces cómo sucedió la agresión.

La joven volvió al país en febrero de 2019 y, al no confiar en cómo una fiscal y una jueza llevaban su caso, decidió buscar ayuda en la colectiva feminista Amorales. La organización la contactó con Las Mélidas, donde le asignaron una psicóloga que la acompañó por algunos meses y una abogada que estuvo pendiente del proceso judicial. “Yo necesitaba que alguien me asesorara o me acuerpara. Ellas me acompañaron varias veces a mis reuniones con mi fiscal”, cuenta Mayela.

Quiso abandonar el proceso varias veces, pero la rabia que siente por las injusticias contra las mujeres le dio el valor para seguir luchando con sus propios medios dentro de un sistema de justicia en el que pocos casos de violación terminan en condena. De 2018 hasta junio de 2021, se registraron 20,575 denuncias de violencia sexual. Y solo 2,570 obtuvieron sentencias condenatorias, es decir, solo hubo condena en el 12.5% de los casos, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA). Unicamente uno de cada diez casos de violencia sexual termina en condena, según estas cifras.

“Él era un amigo muy cercano en ese entonces. Estudié con él tres años en bachillerato y hablábamos casi todos los días, y teníamos muy buena comunicación”, cuenta Mayela, quien   asegura que hubiera sido aún más difícil enfrentar la situación sin el apoyo y compañía de sus amigas, su mamá y colectivos feministas que le brindaron ayuda profesional.

La madrugada del sábado 14 de abril de 2018, Mayela fue agredida sexualmente por David Alejandro Menéndez, quien fue condenado el 12 de mayo de 2021 a seis años de cárcel por el delito de violación sexual por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. 

“Fue un impacto muy grande para mí, más que nada porque lo hizo una  persona de quien nunca imaginé que sucedería algo así”, dice  Mayela. Ser víctima de violación sexual a sus 19 años y lo que sucedió posteriormente, la marcaron inevitablemente. “Por ahora estoy en proceso de reconstruirme. Estoy en busca de cómo seguir después de todo lo que viví”, relata. 

Denunciar abuso sexual en El Salvador

Al inicio, presentar una denuncia no era una opción para ella. Creía que las autoridades no tomarían en serio su caso. “Pensé que quizá no lo tomaría como delito. Ni siquiera sabía si se catalogaba como una violación como tal. La idea de las personas es que cuando ocurre un delito como este tiene que haber un forcejeo o cierta violencia, como lo representan los medios. Pero ese no fue mi caso… Creo que denunciar es el paso más difícil”, dice Mayela.

El mismo día  de la violación y, aún desconcertada por lo que le había sucedido, les contó a sus amigas y luego a sus padres lo que había ocurrido. “A partir de ahí fue que empecé a tomar ciertas decisiones sobre qué hacer al respecto. Porque en ese momento no tenía ni idea de cuál era el proceso de denuncia, ni nada por el estilo”, recuerda. 

Tenía muchas dudas y miedo. Unas amigas estudiantes de derecho le explicaron que el delito de violación ocurre cuando no hay consentimiento para un acto sexual, sin importar si hay forcejeo o no. “Al saber esto me animé a denunciar”, dice. 

Era de noche cuando Mayela y sus padres salieron a interponer la denuncia. Ella no sabía a dónde tenía que ir, o si las instituciones toman denuncias de noche. Alguien les explicó que debían ir a la Fiscalía General en Santa Tecla. Cuando llegaron vio un salón con cubículos bastante cercanos entre sí. “No había privacidad, casi podías escuchar lo que la otra persona estaba diciendo y eso me puso nerviosa”, recuerda.  

La persona que la atendió fue un hombre que la interrumpió a la mitad de su relato y de manera tajante le preguntó dónde ocurrieron los hechos. Ella dice que le  explicó que fue en Mejicanos y él le respondió que su denuncia debía ser interpuesta en ese municipio, no en Santa Tecla. No pudo denunciar en esa ocasión.

“Las denuncias se tienen que poner en la Fiscalía del municipio donde ocurrieron los hechos, pero eso no quiere decir que un ente fiscal de otro municipio no pueda atenderte y simplemente hacer un papeleo y enviar  tu denuncia a la sede correspondiente”, considera Mayela. 

En otra sede de la Fiscalía, por fin pudo poner su denuncia. La atendió un hombre que en el momento la refirió a Medicina Legal y ordenó que le hicieran peritajes psicológicos y físicos. “Siendo algo tan delicado, no me parece pertinente que sean hombres quienes están atendiendo de primera mano a la víctima. Este hombre que me atendió trató de ser lo más respetuoso posible, eso sí. Pero hay tantas mujeres profesionales de la salud, abogadas y psicólogas, y no entiendo por qué no pueden ser ellas las que atiendan este tipo de víctimas”, cuestiona.

La abogada Verónica Larín, especialista en derechos humanos y violencia basada en género, recuerda que existen unidades de atención de casos de  violencia contra las mujeres. “Ahí un equipo multidisciplinario de mujeres, porque no pueden haber hombres, atienden la situación; en primer lugar, con los primeros auxilio psicológicos. Ellas le toman la declaración a la víctima, ellas las atienden de manera cálida. De forma tal que la mujer no sienta que está en una situación de estrés”, asegura la profesional. 

Larín afirma que no es recomendable que sean hombres quienes atienden a las víctimas, ya que algunas mujeres se sienten incapaces de hablar con ellos. “Las mujeres nos sentimos muchísimo más cómodas en espacios con otra mujer […] No es porque tengamos algo en contra de los hombres, sino porque es un instinto natural entre nosotras sentir confianza por otra mujer. Y cuando la violencia ha venido de un hombre, cuando la violencia ha sido violencia machista, es obvio, es natural”, dice la abogada.

Mayela pensó que la peor parte ya había pasado, pero luego sintió que estaba equivocada: “El sistema se encarga de revictimizarte. Te atienden hombres: policías, doctores, investigadores…Te hacen repetir una y otra vez la historia hasta el cansancio. Pero ‘por suerte’, en ese momento sentí que todas las partes hacían su parte para ayudarme, a pesar de la nula preparación en atención a víctimas de abuso sexual”, afirma. 

Sin acompañamiento para las víctimas

En 2021 ocurrieron 3,284 casos de violencia sexual en El Salvador, según el observatorio de ORMUSA construido con datos de la Fiscalía General de la República. Gloria Valenzuela, psicóloga en ORMUSA, explica que en la mayoría de casos “el sistema procesal se enfoca nada más en el aspecto punitivo del delito y se desvincula por completo de la víctima. Ahí es cuando la víctima se siente completamente desplazada, porque el sistema procesal se está centrando en las investigaciones y la ha dejado completamente de lado”. Y aunque la revictimización no es intencional, para ella, es igualmente dañina. 

El agresor de Mayela fue detenido en junio de 2018, dos meses después de la denuncia. Su caso es uno de los pocos que llegan a ser judicializados. En mayo de 2018, Mayela conoció a la fiscal de su caso y eso le dio mucha tranquilidad. “Me sentí un poco mejor porque era una mujer. Estaba muy sensibilizada con el tema y sí me hizo sentir bastante cómoda”, relata. Sin embargo, luego de la primera audiencia asignaron a otra fiscal y esto le  generó muchas dudas. “Me hizo sentir un poco insegura, pero supongo que fue una cuestión de suerte también lo que ocurrió”, dice. 

Recuerda sentirse confiada al saber que tanto la fiscal y la jueza de su caso eran mujeres; sin embargo, “estas dos mujeres no fueron exactamente las más empáticas, fueron bastante negligentes con su trabajo”, señala. La fiscal, según dice, tenía muy poca comunicación con ella. La joven recuerda que no recibió asesoramiento de su fiscal para la etapa testimonial, que es indispensable para el proceso. 

Mayela muestra la sentencia condenatoria contra su agresor afuera del centro judicial Isidro Mendéndez. Foto FACTUM/Natalia Alberto

Buscar justicia, pero ¿a qué costo?

Nunca se imaginó que al denunciar y que su agresor fuera detenido vendrían simultáneamente más problemas para ella y su familia. “Por un momento creí que sentiría paz, pero todo fue lo contrario. Empecé a vivir con miedo de que me hicieran algo por haber metido preso a David”, dice. 

Se dio cuenta que uno de los amigos de su agresor le comentó a otra persona que tenía las intenciones de mandar a golpearla para que no siguiera con el proceso. “Cuando regresaba a mi casa del trabajo ya me los había encontrado, tomaba el bus cerca del call center donde ellos trabajaban. Saber que existía la posibilidad todos los días de encontrarlos era una pesadilla horrible”, relata.

Captura de pantalla obtenida por Mayela Zelaya de una conversación donde los amigos de su victimario se refieren a ella.  Foto: cortesía

A raíz de todos estos eventos, tenía planeado irse del país en agosto de 2018. Pero días antes la situación empeoró. Tuvo una discusión fuerte con su familia. Le reclamaban porque se sentían amenazados ellos también. “Mientras hacía mis maletas estábamos discutiendo y solamente pensé en que ya no quería seguir con esto, sentí que ya no valía la pena”, cuenta Mayela. 

Sintió que ya no quería vivir. Tomó un puñado de pastillas que le habían recetado  para controlar la ansiedad y la depresión. Un día y medio después despertó y fue internada en el Hospital Psiquiátrico por seis días.

“Se les menciona que deben de buscar atención psicológica ya sea van a una vista pública (juicio) o a una audiencia. El juez le puede decir: ´mire, usted, lo que tiene que hacer buscar atención psicológica´, pero solo lo mencionan, no la refiere a una institución gubernamental o no gubernamental que brinde este servicio”, señala la psicóloga Valenzuela.

Ni este evento impidió que Mayela continuara con su plan. Estuvo seis meses fuera del país. En febrero de 2019 regresó para seguir con el proceso judicial. “Estar tan cerca de la muerte cambió un montón mi perspectiva en mi vida. Volví a El Salvador para buscar justicia. Volví luego de haber encontrado mi voz en otras mujeres. Estaba decidida que callarme no iba a ser opción, nunca más”, relata.

Sin embargo, el proceso se fue alargando porque, según cuenta, se frustraban las audiencias constantemente. Para ese tiempo, el Gobierno había declarado estado de emergencia en los Centros Penales  y por ello no se permitían las salidas de reos. 

El 25 de febrero de 2020, fecha de la audiencia preliminar, Mayela llegó a la sala de audiencias. Y recuerda que la fiscal le pidió hablar en privado. “Me dijo que la defensa acaba de presentar una petición para poder tener un proceso abreviado”, cuenta . Un proceso abreviado se da cuando  el imputado se declara culpable y, al hacerlo, se le concede el beneficio de que su condena se reduzca hasta dos tercios de la condena mínima por delitos de violación establecida por la ley, la cual es de seis años. A Mayela, a cambio, le ofrecieron $2000, el doble de lo que había ofrecido inicialmente por daños y perjuicios.

“De entrada dije que no, que no quería. No me importó que tuviera que llegar hasta las últimas instancias, pero yo no estaba de acuerdo. Que te ofrezcan una suma mayor de dinero la verdad es una bofetada en la cara”, expresa.  

Regresó a la sala de audiencias. La fiscal le comunicó a la jueza la decisión de Mayela. “¿Por qué no quiere aceptar el proceso abreviado?” le cuestionó la jueza, según recuerda Mayela.  “¿Qué es lo que no le parece para aceptarlo? De todos modos, al final quienes decidimos cuál es la condena somos nosotros los jueces, no usted la víctima. Independientemente de que usted se vaya hasta la vista pública, él puede o no ser condenado. Al final nosotros decidimos, no usted”, asegura Mayela que le dijo la jueza.

Cuando terminó la audiencia, Mayela dice que escuchó otras  palabras de la jueza: “Ay, pobrecito este muchacho, ya va para los dos años”, dice recordar que dijo la jueza. “Me sentí tan vulnerada. Fue horrible ¿Cómo puede hacer un comentario así enfrente mío? Fue increíble, surreal, pero pasó”, afirma Mayela. 

No fue posible contactar a la jueza que conoció el caso en esa etapa. Según una lista difundida por La Prensa Gráfica, ella fue una de las afectadas por el decreto 144 que jubiló a jueces mayores de 60 años en 2021.

Las aliadas en el feminismo

Mayela Zelaya durante su participación en la marcha del 8M en marzo de 2022. Foto FACTUM/Natalia Alberto

En junio de 2020 se cumplieron dos años de la detención de David Menéndez, el abusador de Mayela. La legislación salvadoreña ordena liberar a los procesados cuando han pasado 24 meses y no tiene una condena firme. “Es parte de uno de los principios de los derechos humanos, una persona no puede pasar más de dos años detenido sin tener una condena. Yo eso lo entiendo, sé que es algo que difícilmente se puede cambiar. Entonces sería ilegal seguirlo deteniendo durante ese tiempo, pero la cuestión es que a mí nunca me notificaron de que lo habían dejado en libertad”. 

Una amiga le llamó para decirle que había visto que Menéndez había vuelto a las redes sociales. Mayela no sabía nada, nadie le dijo que su abusador estaba libre. “Yo recuerdo que cuando colgué esa llamada no paraba de llorar”, dice.

En ese punto, la escasa confianza que tenía en el proceso judicial se había esfumado. Llena de dudas e incertidumbre decidió buscar ayuda externa. “Cuando por un momento sentí que no sabía qué iba a pasar con mi caso tuve que acudir a las (Colectiva) Amorales y ellas me llevaron con Las Mélidas. Ellas fueron las que me asignaron a una abogada y una psicóloga para poder acompañarme durante mi caso”, dice.

La abogada le dio seguimiento al proceso judicial. La acompañó tanto en las audiencias como en las citas con la fiscal. “Ella hacía una especie de contraloría en el caso. Estaba pendiente de todo lo que estuviera sucediendo con la Fiscalía. Se aseguraba de que el proceso estuviera bien, que no estuviera viciado”, cuenta.

Y tras tres largos años de espera, el 12 de mayo de 2021, David Acosta fue finalmente sentenciado a seis años de cárcel. 

La Fiscalía General de la República informó en sus redes sobre la condena de David Menéndez.

Mayela comenta que recibió apoyo por parte de la Colectiva Amorales. El día de la vista pública, la organización estuvo fuera del Juzgado Isidro Melendez en San Salvador. Hicieron una convocatoria de prensa y asistieron algunos medios. “Cuando sintieron que ellas estaban ahí, los de la Fiscalía publicaron en redes que sí se había hecho justicia a mi caso. ¿Qué tal si ellas no hubieran estado ahí?”, se pregunta Mayela, quien cree que sin la presión y el acompañamiento de la organización feminista, su caso hubiera quedado en el olvido. 

El 22 de noviembre de 2021 la Fiscalía allanó las oficinas de Las Mélidas por sospechas de peculado. A Mayela le parece injusto cómo el gobierno está tratando de desarticular a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. “Yo he recibido ayuda directa de ellas, y eso me parte en dos”, expresa.

Muchas veces pensó en abandonar el proceso, pero la rabia que sentía por el sistema la hizo continuar a pesar de todo. “Pensaba en que quizá podría llegar a sentar un precedente, porque las cifras de casos que llegan a  judicializarse no eran muy alentadoras. Pero, a pesar de todo, yo intenté hacerlo de la mejor forma que pude y con los medios que tuve”, dice. 

La revictimización, según explica la psicóloga Gloria Valenzuela, hace que las mujeres lleguen a perder  la fe en el sistema legal y procesal, pues sienten que están perdiendo el tiempo y no solo hay consecuencias psicológicas, sino que también económicas. “Hay mujeres que para estar al pendiente de los procesos legales tienen que pedir permiso en sus trabajos para ir a las instituciones […] Todo eso llega a generar frustración, impotencia e incertidumbre en ellas”, afirma la psicóloga.

El resurgimiento

“La gente dice ´al menos ya ganó el caso´, pero hay tantas secuelas después de esto, una queda tan rota después de un proceso así. Es desgastante tanto mental, física, y emocionalmente. Es sumamente desgastante”, afirma Mayela.

Mientras estuvo fuera del país, dice que no sabe cómo, pero reunió el valor hablar en sus redes sociales de  su violación y el proceso judicial. Al día siguiente de haberlo hecho, su bandeja de mensajes colapsó. Eran alrededor de 50 o 60 mensajes de mujeres que le compartieron su testimonio. 

“Me empezaron a contar con suma confianza lo que a ellas también les había ocurrido. Eso me hizo ganar un montón de sensibilidad respecto a ese tipo de situaciones. Pensé que si hablaba de lo que me había pasado, esto iba a alentar a más mujeres a hacerlo. Y estaba dispuesta a asumir cualquier tipo de consecuencias con tal de que otras mujeres se sientan seguras de poder hablar de sus abusos”, afirma.

Aunque ya había tenido acercamientos con el feminismo, fue a raíz de esta experiencia que se acercó a más mujeres activistas. “Se me hizo algo muy mágico el sentir de que se puede  empatizar con las mujeres de forma tan profunda a raíz de un problema que nos concierne a todas. Entonces ahí entendí que la comunidad y la colectividad al menos estas redes de mujeres son las que ayudan un montón dentro de esta sociedad capitalista e individualista”, reflexiona Mayela. 

El 8 de marzo del 2020, el último Día Internacional de la Mujer antes de la pandemia, Mayela subió a una tarima, tomó el megáfono y gritó consignas en la Plaza Cívica, que rebalsaba de mujeres que se manifestaban junto a ella. “Nunca pensé en tener siquiera el valor de gritar. Pero estar en la tarima y hacer el performance de un violador en tu camino significó un montón”, dice Mayela.

Mayela participó en la marcha del 8M en 2021. Se subió a la tarima en el centro de San Salvador. Foto FACTUM/Natalia Alberto

Hoy en día, lidera la colectiva feminista “Majes Emputadas”, un esfuerzo que nació el 21 de agosto de 2019 mientras Mayela aún enfrentaba el proceso judicial. En este espacio las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia pueden denunciar de forma anónima. “Junto con otras colectivas feministas desarrollamos un protocolo de atención a este tipo de denuncias. Es una versión un poco más sensibilizada de ciertos aspectos que no se toman en cuenta cuando una va a denunciar, que es precisamente una de las razones por las que muchas mujeres no ponen una denuncia formalmente”, explica. 

Mayela concluye en que no existe una sensibilización real hacia víctimas de violencia y las víctimas no quieren seguir sintiéndose mal  encima de la violencia que ya vivieron. 

“Ya hemos discutido con otras mujeres que han sido víctimas como yo que, las razones por las que no han querido denunciar es por el miedo de revictimización y el maltrato por parte del Estado”, dice Mayela.

Mayela Zelaya, víctima de violación sexual, luego de tres años de pasar por un proceso judicial para obtener justicia. Foto FACTUM/Natalia Alberto

La atención en “Majes Emputadas” va más allá de solo generar un reporte y que este sea un número, sino que intentan entender qué es lo que busca la víctima. “Si bien denunciar es necesario, una víctima no siempre quiere hacerlo formalmente por todo lo que conlleva este proceso. Entonces tratamos de priorizar la decisión de cada víctima, ya que cada una procesa la violencia diferente. Entonces si la víctima quiere asesoramiento legal, acompañamiento de otras mujeres, o si quieren atención psicológica nosotras las referimos ya que tenemos convenios con otras colectivas que brindan estos servicios”, explica.

En “Majes Emputadas” también recogen datos de violencia, que al no ser denunciados formalmente no se ven reflejados en los reportes del Estado. “Sabés que esta es responsabilidad del Estado, pero como sabemos es deficiente entonces nos toca a nosotras hacer este trabajo y si bien los datos estatales nos dan una idea, no reflejan el número real de víctimas que existen”, afirma. 

Mayela fue víctima de violación y también se siente víctima del sistema de justicia salvadoreño. Le parece surreal que su caso haya llegado tan lejos con las “desesperanzadoras” cifras del sistema .“Me tuve que mover, tuve que pedir ayuda externa; si no, a las instituciones le valés, no hacen nada. Hay que estar haciendo presión y yo me pregunto…si yo logré esto haciendo presión con ayuda y asesoría ¿cómo será para otras mujeres que no tienen estos privilegios?”, se pregunta.