A lo largo de los últimos doce meses, los resultados de distintos sondeos realizados por el Iudop de la UCA, en los que se indagó la opinión ciudadana sobre el régimen de excepción, ya habían mostrado que los salvadoreños evalúan mejor esta medida cuando no han tenido experiencias ni conocimiento de primera mano sobre algunas de las graves secuelas que esta ha acarreado, como las detenciones arbitrarias de personas inocentes, o los abusos por parte de elementos militares y policiales. Sin embargo, la más reciente encuesta de este instituto dejó entrever otro factor que hace variar las opiniones sobre algunos aspectos del régimen, y este es el “nivel de conocimiento” de las personas sobre los derechos y garantías que el régimen de excepción ha dejado suspendidos, y sobre el significado de algunos aspectos básicos de la vida política.
En esta línea, los datos de la encuesta revelaron que considerables proporciones de ciudadanos conocen muy poco o nada sobre estos temas: 76 de cada 100 de ellos no están al tanto de cuáles son los “derechos y garantías” que el régimen de excepción mantiene suspendidos desde hace más de un año. Asimismo, 53 de cada 100 no supieron precisar qué es la “democracia”; 55 de cada 100 desconocen qué son los “derechos humanos”, y un tercio de ellos (31.2%) no logró precisar en qué consiste la “justicia”.
Para efecto de este análisis, se conformaron dos grupos con las personas encuestadas: uno con las que indicaron desconocer los cuatro aspectos antes mencionados (este correspondió al 14.2% de personas) y otro grupo con las que sí tenían conocimiento sobre esos cuatro temas (10% de las personas encuestadas). De entrada, se observan claras diferencias sociodemográficas entre las personas de estos dos grupos: el grupo que sí conoce los derechos suspendidos por el régimen, y que además logra definir la democracia, los derechos humanos y la justicia, registra un promedio de 12-13 años de educación formal. Una alta proporción de las personas de este grupo (81.1%) reside en las áreas urbanas del país y 6 de cada 10 son hombres. En cambio, el grupo que indicó no tener conocimiento sobre los cuatro temas mencionados reportó un promedio de 6.65 años de educación formal. Poco más de la mitad de las personas de este grupo (51.1%) reside en áreas rurales y 6 de cada 10 son mujeres.
Fue llamativo encontrar que, a pesar de las diferencias en el nivel de conocimiento sobre las garantías que actualmente están suspendidas y sobre los conceptos antes señalados, estos dos grupos fueron muy similares en sus opiniones sobre algunos aspectos específicos del régimen de excepción. En particular, aproximadamente 80 de cada 100 personas de los dos grupos dijeron sentirse seguras con el régimen de excepción y, en ambos grupos, más del 65% afirmó que con el régimen la población salvadoreña está muy protegida frente a la delincuencia. Asimismo, ambos grupos registraron promedios altos en el nivel en que se sienten beneficiados con el régimen y ambos grupos le otorgaron a esta medida notas de aprobación superiores a 7. Estas similitudes se muestran en el gráfico siguiente.
En cambio, estos dos grupos tuvieron opiniones muy distintas en otros temas vinculados al régimen de excepción. Por ejemplo, este sondeo del Iudop en que se evaluó el primer año de implementación del régimen les planteaba a los encuestados una situación hipotética, en la que ellos o alguien de sus familias eran detenidos injustamente, y se les preguntaba qué tanto confiaban en que las distintas instituciones de seguridad y justicia les ayudarían a aclarar su inocencia. El grupo con mayor nivel de conocimiento fue el que expresó un menor promedio de confianza en que la policía y la fiscalía iban a ayudarles a esclarecer su inocencia, y menor nivel de confianza en que serían liberados por el juez asignado a su caso. En otras palabras, quienes sí están al tanto de que el régimen ha suspendido ciertas garantías logran dimensionar con mayor exactitud la situación de desprotección en la que las personas se encuentran, en caso de sufrir una detención injustificada.
Los grupos con mayor y menor conocimiento también difieren en sus opiniones sobre qué tan conveniente es continuar prorrogando el régimen de excepción, y sobre su eficacia a largo plazo. Al respecto, en el grupo con menor conocimiento, solo el 32.8% afirmó que es necesario buscar medidas diferentes al régimen en lugar de prorrogarlo; mientras que en el grupo con mayor conocimiento esta proporción ascendió a un poco más de la mitad de personas de ese grupo (51.2%). Además, en el grupo con menor conocimiento, muchas personas (71 de cada 100) piensan que el régimen puede ser la solución definitiva al problema de las pandillas; en cambio, en el grupo que tiene más conocimiento hay menos optimismo: en este caso, 56 de cada 100 personas piensan que esta medida es una solución definitiva.
Finalmente, uno de los resultados más llamativos al comparar estos dos grupos fue que un bajo nivel de conocimiento sobre las garantías suspendidas por el régimen y sobre los conceptos de derechos humanos, justicia y democracia no se tradujo en una aceptación mayoritaria de varias de las injusticias que han ocurrido a partir del régimen. En esta línea, tanto en el grupo de encuestados con mayor conocimiento como en el que tiene menor conocimiento, aproximadamente 60 de cada 100 personas no están de acuerdo con que el régimen de excepción suspenda el derecho de defensa ni con que se recapture a personas que ya tenían cerrados sus procesos penales. Asimismo, en ambos grupos, 70 de cada 100 ciudadanos están en desacuerdo con que las autoridades realicen capturas sin una orden judicial y 90 de cada 100 están en desacuerdo con que las autoridades no informen sobre las muertes ocurridas en las cárceles a los familiares de los detenidos.
Estos resultados de la encuesta del Iudop indican que un amplio sector de salvadoreños no cuenta con las herramientas suficientes para comprender a cabalidad las graves implicaciones del régimen de excepción; este hecho no se le puede atribuir solamente a un desinterés por parte de la población para informarse sobre ciertos temas, sino que también es reflejo de las desigualdades que existen en el acceso a oportunidades formativas y de las carencias que enfrenta el sistema educativo nacional. Indudablemente, la falta de conocimientos podría impedir que brote una mayor indignación ante lo que el país pierde en aras de mantener indefinidamente esta medida. Sin embargo, resulta esperanzador que el conocimiento limitado sobre las garantías actualmente suspendidas y sobre algunos aspectos de la vida política no sean impedimento para que los ciudadanos tengan cierto sentido de justicia, distingan las prácticas cuestionables en la implementación del régimen y expresen su desacuerdo con estas. Muestra de ello es que la mayoría de salvadoreños, sin importar su nivel de instrucción, rechaza las decisiones arbitrarias, los abusos contra personas inocentes y los graves fallos cometidos por el Estado salvadoreño en el debido proceso de las personas detenidas, todas ellas realidades que se han vuelto cotidianas en el marco del régimen de excepción.
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