Las casi 200,000 personas salvadoreñas que han vivido en los Estados Unidos de América (EUA) desde cuando menos principios del 2001, y que han sido beneficiarias de la Protección Migratoria Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), recibieron un respiro de esperanza el jueves 10 de noviembre de 2022. Ese día, el gobierno de los EUA anunció una extensión automática en la validez del TPS hasta el 30 de junio de 2024. Hace unas semanas, estas personas experimentaron un sentimiento de incertidumbre como consecuencia de rumores que circularon en torno al rompimiento de la mediación que se había venido dando entre demandantes y demandados en el caso Ramos vs. Mayorkas, y las posibles consecuencias adversas para su protección migratoria de tal suceso.
La decisión del gobierno de Biden es el resultado de la presión constante que Alianza Americas y muchas otras organizaciones de sociedad civil que apoyan los derechos de los inmigrantes hemos venido impulsando y que ha urgido al gobierno de Biden a usar el poder que la ley le otorga para mantener protegidas a las personas que han sido beneficiarias de TPS por muchos años.
Como era de esperarse, el gobierno de Honduras, como el de El Salvador, se apresuraron a tomar el crédito por esta decisión del gobierno de los EUA. Se trata de un caso clásico de querer lucir bien, mayormente con sombrero ajeno. Sin desestimar sus esfuerzos diplomáticos, el crédito se les debe a las organizaciones comunitarias que nunca bajaron el dedo del renglón sobre la importancia de mantener vigente la protección temporal, mientras seguimos presionando al Congreso de los EUA para que apruebe los cambios de ley necesarios para que las personas que han sido beneficiarias de TPS por mucho tiempo puedan contar con un mecanismo legal que les permita solicitar visas de residencia permanente y así superar la condición de precariedad jurídica que significa el TPS.
La decisión del gobierno de los EUA de extender el TPS es una decisión unilateral, y no una imposición de los acuerdos legales en el marco del caso Ramos vs. Mayorkas. La extensión automática permitirá que esta demanda legal siga su curso en las cortes, y que, dependiendo de su desenlace final, pudiera derivar en una prolongación del TPS que hoy por hoy estará vigente hasta junio del 2024.
Desdichadamente, ni la extensión del TPS recién anunciada, ni el desenlace que pudiera tener la demanda legal Ramos vs. Mayorkas, podrán resolver la demanda más importante de las personas que, como los salvadoreños beneficiados de TPS desde el 2001, han vivido por tanto tiempo en los EUA: Poder solicitar residencia permanente a razón de los años de vida autorizada que llevan en los EUA. Desdichadamente, alcanzar esa meta implica cambiar la ley de inmigración. Ese cambio solo lo puede aprobar el Congreso de los EUA.
Las elecciones legislativas recién concluidas en los EUA indican que a partir de enero próximo, el Congreso de los EUA seguirá siendo un cuerpo muy dividido. El Partido Demócrata seguirá teniendo el control, aunque por un margen sumamente limitado (51 versus 49, en el mejor de los casos), mientras que el Partido Republicano, que ya aseguro los 218 curules mínimamente necesarios para tener control de esa cámara, seguramente tendrá también una escasa mayoría en el próximo Congreso. Esto sugiere que las posibilidades de conseguir cambios favorables para personas migrantes serán sumamente limitados y, de poder gestarlos, requerirán de mucha creatividad y destreza. Todo esto indica que el plano de gestión administrativa continuará siendo muy importante, aun cuando el máximo beneficio de ese tipo de gestión seguirá siendo la continuación de las protecciones temporales.
La extensión otorgada por la administración Biden para las personas salvadoreñas y de otras nacionalidades que han sido beneficiarias de TPS debe servir como un periodo para reforzar los esfuerzos organizativos de las comunidades migrantes mismas. Parte de esa labor organizativa incluye la construcción de alianzas amplias en función de multiplicar las fuentes de presión que permitan mantener protegidas a quienes ya son beneficiarias de TPS, ampliar estos beneficios para nuevos solicitantes, y buscar soluciones legislativas que ayuden a que estas personas puedan eventualmente solicitar residencia permanente, a razón de sus años de presencia autorizada, aun cuando técnicamente temporal, en los EUA.
El gobierno de El Salvador, al igual que otros gobiernos cuyos connacionales se han beneficiado del TPS, tienen la oportunidad de impulsar iniciativas diplomáticas más concretas en función de apoyar los esfuerzos de protección de sus nacionales que residen en los EUA. Desde principios de la década de los noventa, la labor de apoyo concreto para sus respectivas comunidades residiendo en los EUA ha sido inadecuada, insuficiente e inconsistente; aun si esto implica complicar sus estrategias de mercadeo político de los gobiernos.
Para un gobierno como el salvadoreño, es contradictorio reconciliar sus esfuerzos de proyección de un país exitoso en el ámbito económico y social y por el otro lado abogar a favor de mantener protegidos a los salvadoreños que viven en los EUA, que indirectamente implica admitir que El Salvador sigue siendo un país incapaz de garantizar empleo, niveles de ingresos económicos adecuados, el ejercicio pleno de libertades democráticas y el bienestar social para todas las personas salvadoreñas. Sin embargo, las personas salvadoreñas que residen en los EUA seguirán siendo uno de los factores más importantes para el bienestar de El Salvador, principalmente por su rol como los más grandes financiadores del bienestar familiar de cientos de miles de hogares salvadoreños por medio del envío de remesas.
El aseguramiento del bienestar de las personas salvadoreñas y de otros inmigrantes de origen latinoamericano que residen en los EUA seguirá siendo la tarea más importante para las organizaciones comunitarias, muchas de ellas agrupadas en Alianza Americas. A pesar de los desafíos políticos obvios en los que vamos a seguir operando, las organizaciones comunitarias seguirán jugando el rol clave de liderazgo en el diseño e implementación de estrategias de protección y de progreso integral de la comunidad inmigrante salvadoreña y otros inmigrantes latinoamericanos en los EUA. Estos esfuerzos incluirán la búsqueda de espacios de colaboración con los gobiernos latinoamericanos que deberían jugar un mejor papel en aras de asegurar el bienestar de sus nacionales que residen en los EUA. Los inmigrantes latinoamericanos en los EUA se merecen eso y mucho más.
*Óscar Chacón es cofundador y director ejecutivo de Alianza Americas. Antes de su designación en 2007 en su función actual, ocupó cargos de liderazgo en la Alianza Heartland para las Necesidades Humanas y los Derechos Humanos, con sede en Chicago; la Coalición del Norte de California para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados; Centro Presente, con sede en Boston, y varias organizaciones de desarrollo comunitario e internacional.
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