El anuncio de la administración Trump sobre una última extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) cambiará las vidas de decenas de miles de personas. El DHS informó este lunes 8 de enero el fin del beneficio, luego de considerar que las condiciones en El Salvador que generaron la apertura del programa -los estragos de los terremotos de 2001- ya no existen más. El gobierno salvadoreño, dice el canciller Hugo Martínez, buscará una solución en el Congreso estadounidense para dar estabilidad migratoria a alrededor de 200,000 tepesianos. Lo hará, eso sí, con el camino cuesta arriba: el Partido Republicano, más afín a la derecha salvadoreña que a la izquierda, tiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso.
Foto FACTUM/Archivo | Nota actualizada a las 2:18 pm del 8 de enero de 2018
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció que el TPS para los salvadoreños ha llegado a su fin. El gobierno norteamericano decidió una última extensión del programa que durará otros 18 meses y terminará por completo en septiembre de 2019.
El DHS, en un comunicado de prensa, determinó que las condiciones que movieron al gobierno estadounidense para otorgar el estatus temporal a decenas de miles de salvadoreños desde 2001 se han desvanecido.
“Después del terremoto de 2001, El Salvador recibió una cantidad significativa de ayuda internacional para ayudar en sus esfuerzos de recuperación, incluidos millones de dólares dedicados a la asistencia de emergencia y de largo plazo. Muchos proyectos de reconstrucción han sido completados. Las escuelas y hospitales dañados por los terremotos han sido reconstruidos y reparados, las casas han sido reconstruidas, y se ha proporcionado dinero para agua y saneamiento y para reparar carreteras y otras infraestructuras dañadas por el terremoto. La interrupción sustancial de las condiciones de vida causadas por el terremoto ya no existe”, dice el informe para la prensa.
La decisión de finalizar el TPS para los salvadoreños se tomó en medio de posicionamientos de fuertes sindicatos de la construcción en Estados Unidos -sobre la pérdida de puestos de trabajo que ocupan los salvadoreños- e incluso de una a exhortación de la exembajadora en El Salvador Mari Carmen Aponte.
El DHS sin embargo dejó una puerta abierta para que los salvadoreños amparados al beneficio migratorio busquen una salida legal y definitiva: “Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la falta de un estatus migratorio legal perdurable de aquellos actualmente protegidos por TPS que han vivido y trabajado en los Estados Unidos por muchos años. La terminación diferida de 18 meses le dará tiempo al Congreso para diseñar una posible solución legislativa”.
El fin del TPS para los salvadoreños será el 9 de septiembre de 2019.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, brindó una conferencia de prensa momentos después del anuncio. Lo hizo acompañado por la embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes. Martínez llamó a la calma y dijo que el gobierno buscará garantías para la estabilidad migratoria de alrededor de 200,000 tepesianos. El gobierno salvadoreño, representado por el partido político FMLN, de izquierda, tiene cuesta arriba el camino para la solución legislativa, con una mayoría del Partido Republicano en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos.
La embajadora Manes, en su intervención durante la conferencia, enfatizó que El Salvador debería preocuparse por mejorar sus condiciones para que sus ciudadanos no necesiten migrar.
Una decisión anunciada
Kirstjen Nielsen, la secretaria de seguridad interna de Trump, se reunió el viernes pasado con líderes comunitarios y activistas pro-migratorios en la sede central de DHS en Washington para discutir algunos elementos de la decisión sobre el futuro del TPS que beneficia a unos 187,000 salvadoreños, la cual por ley debe tomar a más tardar este lunes 8 de enero. Dos personas que estuvieron presentes confirmaron la reunión.
En el encuentro, Nielsen se cuidó de anunciar la última decisión al respecto, pero avanzó algunos elementos que permiten prever que DHS abordará el futuro del TPS para los salvadoreños como lo ha hecho en los casos de beneficiarios hondureños y haitianos: habrá una extensión final antes de que el programa quede descontinuado definitivamente.
Un escenario probable, de acuerdo con las conversaciones, es que si existe esa extensión final pueda ser por 18 meses, aunque una renovación más corta, de medio año, también es posible.
Una fuente diplomática consultada en San Salvador, familiarizada con las gestiones de Relaciones Exteriores en pro del TPS, aseguró que una última extensión de 18 meses es el escenario que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén ve como el más probable. El jueves pasado, Nielsen y el mandatario salvadoreño mantuvieron una conversación telefónica en la que Sánchez Cerén le pidió no terminar con el TPS. En la reunión del viernes, de acuerdo con dos de los presentes, la secretaria dijo que su relación con el gobierno salvadoreño era buena.
Una de las personas que estuvo en la reunión, y quien habló con Factum desde el anonimato por no estar autorizada a abordar públicamente la conversación, aseguró que Nielsen insistió en que el TPS siempre fue concebido como un beneficio temporal, un argumento que ya han utilizado otros funcionarios estadounidenses como John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca y antecesor de Nielsen en DHS, o Jean Manes, la embajadora de Washington en San Salvador.
#TPS Fuentes comunitarias que se han reunido con @DHSgov en Washington hablan de dos posibles escenarios para salvadoreños: ampliación final por 6 o 18 meses o que la decisión se posponga, como sucedió con los hondureños, con lo que habría una prórroga automática de 6 meses.
— Revista Factum (@RevistaFactum) 4 de enero de 2018
Nielsen se hizo acompañar a la reunión de sus asesores más importantes, entre ellos el secretario asistente para asuntos internacionales, el director del servicio de ciudadanía y migración, el consejero general y el secretario asistente de asuntos públicos de acuerdo con una minuta a la que esta revista tuvo acceso.
Durante el encuentro Nielsen recordó, además, que las prórrogas a los TPS tienen que estar basadas en el estudio de las condiciones que provocaron la concesión del beneficio a un grupo nacional concreto, que en el caso salvadoreño fueron las generadas por los terremotos de 2001.
“Quedó la idea de que DHS no está considerando otras razones aunque estas sean estructurales o sistémicas, como la violencia que vive el país”, dijo a Factum una de las personas que estuvo en la reunión.
Muchos funcionarios y políticos que en Washington han instado a la administración Trump a no finalizar los TPS para hondureños, haitianos y salvadoreños han argumentado que las condiciones de violencia y pobreza en los tres países no permitirán a sus gobiernos lidiar con el retorno masivo de sus nacionales, quienes cancelado el tratado son sujetos a deportación.
Una de esas funcionarias es Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco, quien en junio pasado alertó sobre las amenazas que una decisión abrupta sobre el TPS podría implicar para la seguridad regional: “Sabemos que hay muchos niños y jóvenes buscando refugio aquí por la violencia. Decir que mandaremos a 300,000 personas de regreso es ir en reversa”. El canciller salvadoreño Hugo Martínez también consideró en noviembre pasado durante un evento público en Washington que eliminar el TPS sería “una decisión disruptiva” de Estados Unidos.
Los pasos que los salvadoreños deberán de seguir para renovar sus permisos de trabajo y su estatus, en caso de haber una última extensión, dependerán de los detalles que DHS revele el lunes 8 de enero. El caso de los tepesianos hondureños da algunas pistas.
Cuando se venció el plazo para decidir sobre el TPS a los hondureños, en noviembre pasado, Nielsen no había sido confirmada como secretaria por el senado; fue Elaine Duke, la secretaria interina, quien decidió postergar la decisión final, lo que dio a los de Honduras una prórroga automática de seis meses. En principio, de acuerdo con funcionarios del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN, en inglés), no estaba claro si era necesario que los beneficiaros pagaran los 410 dólares que cuesta la renovación de un permiso.
Tal como se perfila, para los salvadoreños esta extensión sería la última, como ocurrió en el caso de los beneficiarios de Haití. En abril de 2017 DHS decidió terminar con el TPS para los haitianos y en noviembre informó que la última extensión para ellos es de 18 meses.
En un memorándum firmado el 20 de noviembre de 2017 sobre el caso haitiano, la secretaria interina Duke escribió: “La decisión de terminar el TPS para Haití se tomó tras revisar las condiciones en las que se basó la designación original para este país y en revisar si esas condiciones extraordinarias pero temporales impedía a Haití manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales. Basados en la información disponible… se determinó que esas condiciones causadas por el terremoto de 2010 ya no existen. Por ello, bajo el estatuto aplicable, la designación actual de TPS debe de ser terminada”.
“Por definición el TPS es temporal, está destinado a ser temporal y nunca estuvo previsto que durara para siempre”, había dicho Kelly, el jefe de gabinete de Trump, en 2017. Y, como han asegurado las fuentes consultadas por Factum en las últimas horas, fue un argumento que la semana pasada la secretaria Nielsen hizo suyo en la reunión con activistas y líderes comunitarios que han abogado por la extensión del TPS en Washington, DC.
Fotografías generales del proceso de llegada de los deportados salvadoreños al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Foto FACTUM/Archivo
Abel Núñez, director de CARECEN en Washington, ha participado en algunas de las conversaciones con la administración Trump y asegura que si DHS da por terminado el TPS la decisión no va a ser una sorpresa para muchos de los beneficiarios. “Saben del ambiente tóxico; no pierden la esperanza, pero muchos están preparados para lo peor”, dice.
El TPS es solo un elemento en la hostil conversación migratoria durante la era Trump
Los avisos de que el TPS y los tepesianos podrían estar entre las primeras víctimas de la agenda anti inmigrante del presidente Trump llegaron en febrero de 2017 al Congreso, cuando el nuevo inquilino de la Casa Blanca apenas se asentaba en el despacho oval. Asistentes legislativos consultados entonces sabían que más pronto que tarde Trump haría valer la plataforma de ataque a los migrantes con la que había seducido a sus votantes más radicales. No estaba claro entonces cómo eso ocurriría.
La primera gran acción de Trump fue terminar, por decisión ejecutiva, con DACA, el programa con el que la administración de Barack Obama protegió de la deportación a jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo muy pequeños y en compañía de sus padres.
Al acabar con DACA, el presidente dijo que apoyaría negociaciones en el Congreso encaminadas a brindar una protección más permanente a los jóvenes, conocidos en Estados Unidos como dreamers. La semana pasada, sin embargo, el periódico The New York Times reveló que Trump pretende negociar en el congreso apoyo a los dreamers a cambio de que los demócratas aprueben un paquete de 18 mil millones de dólares para financiar la construcción de un muro en la frontera con México.
Por su parte, Jeff Sessions, el fiscal general de Trump, ha insistido en que otras herramientas legales que han abierto el camino a la residencia permanente a decenas de miles de indocumentados, como el asilo o las peticiones de reunificación familiar, han sido abusadas por los peticionarios. El mismo Trump se ha referido ya a las peticiones de reunificación como “migración encadenada” y ha insinuado que es algo con lo que su administración terminará.
Una de las personas que estuvo presente en la reunión que la secretaria Nielsen presidió el viernes pasado dijo que DHS ya ha empezado a conversar con activistas, abogados pro-migrantes y líderes comunitarios sobre los escenarios que la administración Trump prevé en el tema migratorio; en el menos desfavorable para los migrantes, dice un líder comunitario, solo se salva DACA, a costa de otros programas de reunificación vigentes.
La administración, dice uno de los activistas que ha participado en las conversaciones con DHS, no descarta entrar en discusiones con el congreso para buscar puntos en común en alguna de las cuatro iniciativas de ley introducidas en favor de los beneficiarios del TPS.
Por ahora, sin embargo, todos los anteriores parecen escenarios complicados en el ambiente tóxico del que habla Abel Núñez, el director de CARECEN. Y por ahora lo más urgente para las vidas de decenas de miles de migrantes que llegaron de El Salvador en los días previos y posteriores a los terremotos de 2001 es el anuncio que DHS hará en las próximas horas.
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