El Salvador tiene desde el 7 de septiembre de 2021 una nueva moneda de uso legal: el bitcóin. Veinte años antes había sucedido algo similar, tras la entrada en vigencia del dólar. Pero la criptomoneda no llegó sola. Para su funcionamiento fue necesaria la creación de un ecosistema financiero que incluyó cajeros, desarrollo de una aplicación para usar en teléfonos inteligentes, adecuación del software de conexión con entidades bancarias públicas y privadas. Y contratos, múltiples contratos.
Pero todo eso ha sido adquirido a espaldas de la población. El Gobierno salvadoreño se ha empeñado en ocultar de forma sistemática los costos en los que ha incurrido para cada uno de esos procesos, así como las irregularidades que conllevaron el uso de la aplicación Chivo Wallet, la billetera digital desarrollada para el uso del bitcóin.
Revista Factum pone a disposición los contenidos publicados relacionados a la implementación del bitcóin en el país.
Un error en el sistema de Chivo Wallet facilitó que un grupo de personas movilizara decenas de miles de dólares desde la aplicación gubernamental para el uso de bitcóin, hacia sus cuentas bancarias personales sin tener la disponibilidad de fondos para ello. Al menos cinco fueron arrestadas y procesadas bajo un fuerte hermetismo por los delitos de hurto informático y lavado de dinero.
Los costos incluyen el software de Chivo Wallet, la puesta en funcionamiento y mantenimiento de 255 cajeros y puntos de venta para pago en bitcóin. El software fue adquirido a una empresa colombiana cuyos ingenieros trabajaron en el país durante cuatro meses. Otros costos derivados del ecosistema bitcóin permanecen ocultos, pero el CEO de esa empresa revela detalles nunca antes conocidos.
Documentos internos de la Policía y el Ministerio de la Defensa comprueban que el cuido de los 200 cajeros Chivo fue planificado como un punto fundamental en los planes de seguridad desde inicio de 2022, y ambas instituciones priorizaron personal para cuidarlos durante las 24 horas del día.
—Arley Lozano, empresario colombiano que estuvo a cargo del desarrollo de Chivo Wallet
$360 mil dólares mensuales paga el Gobierno de El Salvador por mantener los cajeros Chivo, casi en desuso.
La adopción del bitcóin en El Salvador un año atrás dejó un vacío legal que permite el movimiento de este criptoactivo sin que las autoridades fiscales lo regulen. Una fuente dentro de la Fiscalía General, cuyo trabajo es investigar casos de lavado de dinero, reconoció que el ministerio público no tiene mecanismos para rastrear esta moneda digital. La FGR no reporta investigaciones de lavado de dinero en bitcoines, una moneda a la que se le ha invertido millones de las finanzas públicas y que vive su caída más importante. Y mientras tanto, El Salvador ha decidido salir del Grupo de Acción Financiera del Caribe, según organizaciones, como una medida para evitar controles.
Horas después de que decenas de personas marcharon en las calles de San Salvador para protestar por la implementación del bitcóin como forma de pago, a 40 kilómetros de la capital, un selecto grupo brindó por la criptomoneda en el Hotel Acantilados. Mientras ellos celebraban, El Salvador perdía $2.7 millones por la volatilidad del criptoactivo. Revista Factum constató la opulenta fiesta en un país donde el 36.4 % de los salvadoreños quedó en pobreza debido a la pandemia.
Un abogado reclamó que el tiempo en que se aprobó la Ley Bitcóin fue “irracional” y que no hubo debate público. La Sala de lo Constitucional declaró improcedente su demanda porque, según los magistrados, el fundamento es deficiente.